La Presidencia checa dirige la Unión Europea en un período de crisis sin precedentes, cuyas rápidas consecuencias son los despidos y las reestructuraciones en cascada. Con el fin de hacer frente eficazmente a las consecuencias sociales de esta crisis, con los riesgos de precarización de franjas cada vez más importantes de trabajadores y a un repliegue político nacional, una delegación sindical de la CES presentó una serie de propuestas al Primer Ministro checo, Mirek Topolànek, en el encuentro que mantuvieron en Praga el 28 de enero.

Monks, Secretario General de CES, declaró: “Con el fin de evitar una vuelta al nacionalismo y al proteccionismo, es indispensable adoptar medidas que respondan a las preocupaciones de quienes se vean afectados de lleno por la crisis o que puedan ser susceptibles de serlo, y eso sin perder tiempo.” La CES propone un “Nuevo Pacto Social” (New Social Deal) que favorezca verdaderamente la inclusión social y mantenga el poder adquisitivo. El objetivo de este “Nuevo Pacto Social” consistiría en actuar sobre el empleo, en ayudar a la gente en situación precaria y en hacer todo lo posible para que el mercado laboral no se precarice aún más. Los interlocutores sociales deben ser asociados a él. Este “Nuevo Pacto Social” deberá estar en coherencia con un “Pacto Verde” (Green Deal) que invertirá en la investigación con el fin de garantizar un desarrollo sostenible.

Recordemos también que las elecciones europeas tendrán lugar bajo la Presidencia checa con una renovación de los poderes legislativos y también ejecutivos de la Unión Europea. So pena de asistir a una escalada del euroescepticismo y un absentismo electoral importante, es importante ejercer presión en la promoción de un fuerte proyecto europeo con una orientación social clara. La respuesta a la crisis debe también ser europea. El mercado laboral se europeiza y las medidas sociales adaptadas deben existir o reforzarse si no se quiere ver aumentar los desequilibrios y las desigualdades. El riesgo es a la vez social y político .

La CES propone, en particular, incluir un protocolo de progreso social como anexo de los Tratados de la Unión Europea con el fin de reafirmar la primacía de los derechos fundamentales sobre las normas del mercado único e iniciar una refundición de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores.