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Una herramienta para bucear en la actividad de la Eurocámara

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  • El registro 'online' del Parlamento Europeo permite consultar medio millón de documentos
  • Los usuarios pueden buscar desde informes hasta la lista de asistentes al pleno

El País Madrid 15 OCT 2014 - 17:39 CEST




De los 93 eurodiputados que faltaron a la sesión plenaria del pasado 18 de septiembre, solo cuatro tuvieron una ausencia justificada: la socialdemócrata Evelyne Gebhardt; los conservadores Cláudia Monteiro de Aguiar y Aldo Patriciello, y Helga Trüpel, de los Verdes.

Una herramienta de la Eurocámara permite bucear en la actividad parlamentaria y localizar desde preguntas planteadas por los diputados a otras instituciones comunitarias, hasta informes de comisiones, pasando por las actas de cada sesión en Estrasburgo. El Parlamento Europeo dispone de un registro online de documentos con más de medio millón de entradas —más de tres millones, si se tienen en cuenta todas las versiones lingüísticas—. Las lenguas más utilizadas, tanto en las búsquedas como en los documentos, son el inglés, el francés y el alemán, aunque también hay información en castellano.

La mayor parte de los documentos pueden localizarse directamente en la página web del Parlamento Europeo. Una minoría ha de solicitarse por escrito. Existe un buscador y, además, una opción avanzada. Así, el usuario puede diferenciar entre tipos de documentos (la actividad parlamentaria, en la opción número uno; los estudios de la Eurocámara, en la dos; etc.), o realizar su consulta a partir del número de referencia en el que se agrupan todos los documentos relacionados con un tema en concreto (la referencia ha de indicarse, después de haber pulsado la opción de "más criterios", en la casilla de "otras referencias").

En 2013, la página del registro fue visitada 253.858 veces. Y los usuarios procedían mayoritariamente de Bélgica, Alemania, Francia, España, Reino Unido y Estados Unidos, seguidos de Holanda y China.

Los principales documentos consultados fueron respuestas a preguntas escritas (41,74%); preguntas escritas (18%); documentos de la Comisión (3,2%); textos aprobados (2,99%); informes parlamentarios (2,54%); proyectos de informe (1,97%); preguntas escritas prioritarias (1,71%); briefings (1,42%); preguntas orales (1,2%), y actas finalizadas de comisiones (1,17%).

FUENTE:
El País.

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Juncker amenaza con retirar su plan si la Eurocámara pone trabas

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El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. / EMMANUEL DUNAND  (Afp)

  • El Parlamento Europeo mantiene el pulso con la Comisión y rechaza que el fondo drene recursos ya asignados a infraestructuras e I+D

Claudi Pérez Bruselas 16 MAR 2015 - 00:01 CET

Antes de echar a andar, el plan Juncker de inversiones ha levantado ya 25.500 millones de euros en Alemania, Francia, Italia y en menor medida España, pero también ha cosechado un importante revés en el Parlamento Europeo acerca de su gobernanza y, sobre todo, su financiación. La Eurocámara mantiene un pulso con la Comisión Europea. Enmendó la semana pasada uno de los proyectos estrella de Jean-Claude Juncker: los eurodiputados quieren que los responsables del nuevo vehículo inversor, que aspira a tener una potencia de fuego de hasta 315.000 millones, rindan cuentas en sede parlamentaria, pero sobre todo rechazan que el plan se financie drenando recursos a los fondos ya destinados a infraestructuras de transporte y a política industrial y de I+D. La Eurocámara quiere que el plan inversor se financie rebañando los márgenes del presupuesto, año a año. Ese movimiento ha levantado ampollas en el brazo Ejecutivo de la UE, que enseña los dientes: Juncker amenaza con retirar su flamante plan si la Eurocámara no suaviza sus líneas rojas, según explicaron a este diario fuentes próximas al presidente de la Comisión.

La jugada tiene un componente de calculada estrategia, pero subraya asimismo el celo del ex primer ministro luxemburgués con uno de los proyectos clave para sacar a Europa de su interminable crisis. En una reunión a puerta cerrada con varios eurodiputados socialistas, Juncker ya expuso la semana pasada su ultimátum. Sin éxito: los eurodiputados siguieron adelante con las enmiendas más comprometidas. “La Eurocámara apoya en líneas generales el plan, pero arremete contra la piedra angular del proyecto: la financiación tiene que estar clara desde el primer día si Europa quiere convencer al fondo soberano de Noruega y a los inversores del Golfo o del Sureste asiático de que arriesguen su dinero. Sin ese dinero asegurado, no hay plan”, advierte el entorno de Juncker.

El Fondo Juncker contaba con 16.000 millones del presupuesto europeo: básicamente, garantías procedentes de fondos ya asignados para las citadas infraestructuras de transporte (el denominado Connecting Europe) y un plan de apoyo a la inversión industrial y la I+D, el Horizonte 2020, que se aprobó el año pasado tras meses de negociación. A esos 16.000 millones hay que sumarles 5.000 millones del BEI. Con el anzuelo de esos 21.000 millones, que serviría para sufragar las primeras pérdidas, el vehículo inversor se endeudará en los mercados y buscará inversión privada hasta totalizar 315.000 millones en tres años, con un elevado grado de apalancamiento e ingeniería financiera que ha provocado críticas. El Parlamento discute la mayor: esos 16.000 millones iniciales. Quiere que salgan de los márgenes del presupuesto, del dinero que no se gasta anualmente, lo que significaría rebañar cada ejercicio los fondos que no se usan. “Un instrumento tan ambicioso no puede depender de una negociación anual que no suele ser sencilla”, conceden fuentes europeas.

Es muy posible que el pulso se resuelva a favor de las ideas de Juncker: el debate dista mucho de estar cerrado. Fuentes comunitarias avisan de que las trabas del Parlamento “obedecen a la presión del potente lobby de transportes y de otros grupo de interés”. El brazo ejecutivo de la Unión no está dispuesto a transigir: "El esquema de financiación que plantea el Parlamento es difuso y dificulta la tarea de vender el plan a los inversores internacionales”. A su vez, la Eurocámara juega con las prisas de Bruselas: el plan tiene que estar listo ya en verano para dar comienzo a los proyectos más atractivos, y para eso, tras el visto bueno del Consejo Europeo, hace falta luz verde del Parlamento.

José Manuel Fernades, del PPE, destaca que el objetivo es “asegurar la máxima flexibilidad y garantizar el control democrático para evitar que los proyectos se elijan con criterios políticos”. El eurodiputado socialista español Jonás Fernández lamenta que el plan Juncker retire fondos a proyectos que ya tenían esos recursos asignados, pero admite que la Comisión debe garantizar la financiación para evitar dudas en el sector privado. “El proyecto acabará saliendo”, subraya Fernández.

Los Veintiocho han dado ya su aprobación a las líneas maestras del vehículo inversor diseñado por la Comisión. Hay contribuciones importantes de los bancos públicos de los grandes países del euro; otros Gobiernos, como el polaco o los bálticos, están cerca de inyectar fondos o diseñar plataformas de inversión para canalizar recursos. “Los primeros proyectos se están ya evaluando a falta de la aprobación definitiva del Parlamento, que tiene que llegar antes del verano, y los inversores internacionales han dado algo más que muestras de interés por participar. No es el momento de poner en duda la financiación pública del plan”, explicaron fuentes de la Comisión.

FUENTE: El País. 
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Luz verde a que colombianos y peruanos entren sin visa a Europa

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Diputados europeos votan en una sesión plenaria en Estrasburgo / EFE (Patrick Seeger )

  • La medida, aprobada por la Eurocámara, requiere el visto bueno de la Comisión y el Consejo, lo que demorará uno o dos años
  • Bruselas desbloquea la eliminación de visados para colombianos y peruanos
  • Juan Manuel Santos celebra la eliminación de visas
  • En Perú destacan la rapidez con que la UE adoptó el acuerdo

Ignacio Fariza Bruselas 27 FEB 2014 - 17:35 CET


Nuevo paso para facilitar la entrada de colombianos y peruanos a la Unión Europea (UE) sin necesidad de visado. El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves que los nacionales de estos dos países puedan permanecer hasta tres meses en territorio comunitario sin haber solicitado antes una visa, aunque la decisión final está condicionada a un examen de la Comisión Europea y a la negociación de los acuerdos bilaterales de reciprocidad entre las partes, por lo que aún podría demorarse entre uno y dos años. Además de Colombia y Perú, la normativa afectará a 16 países caribeños y del área del Pacífico, así como a Emiratos Árabes Unidos.

Pese a que la aprobación de la Eurocámara —con 523 votos a favor y 41 en contra— ha sido interpretada como un gran paso adelante, fuentes comunitarias advierten de que únicamente afectará a las visas de turismo —con una validez máxima de 90 días naturales— y califican la decisión de “señal puramente política”. La resolución definitiva, avisan, aún debe superar un duro proceso legislativo y técnico. Asimismo, la revisión incluirá nuevos criterios de consideración de entrada en lo relativo a los Derechos Humanos y a cuestiones relativas a su impacto económico.

En concreto, el Parlamento ha pedido a la Comisión Europea un análisis detallado de todos los países que serán beneficiarios de la medida en ámbitos que van desde la inmigración ilegal hasta la seguridad, pasando por el turismo o la situación económica. Una vez que el Gobierno europeo dé su visto bueno definitivo a todos los puntos estudiados, comenzará el proceso de negociación de los acuerdos bilaterales. Este procedimiento es el habitual cuando la UE abre un proceso de exención de visados, con una salvedad: Emiratos Árabes Unidos, que no necesitó ningún análisis de riesgo.

El nuevo reglamento de entrada al territorio Schengen incluye una cláusula de salvaguarda que permitirá a la UE reintroducir temporalmente las visas si las circunstancias así lo aconsejaran. Esta medida solo se activaría en caso de abusos por parte de terceros países y requeriría de un examen “a fondo” de las autoridades europeas.

Pese a las matizaciones, el propio Ejecutivo comunitario ha sido el primero en celebrar la decisión de la Eurocámara. “Es una muestra la voluntad de la UE de reforzar sus vínculos con otros países y desmiente que cada vez se pongan más trabas a la llegada de visitantes”, ha señalado Algirdas Šemeta, responsable europeo de Fiscalidad y Unión Aduanera. A su juicio, la nueva normativa contribuirá a que la política de visados sea “más coherente” con otros ámbitos de actuación de la Unión.

La propia ponente del informe, la conservadora Mariya Gabriel, ha invitado a la Comisión Europea a empezar a negociar el acuerdo con Colombia y Perú “a la mayor brevedad posible”. Por su parte, la responsable de Interior europea, Cecilia Malmstrom, ha calificado la moción como “un equilibrio justo entre el deseo de ofrecer peruanos y colombianos viajar a la UE sin visado y la necesidad de evitar riesgos migratorios” en Europa. El socialista Juan Fernando López Aguilar ha destacado el “intenso” impulso que España ha imprimido a las negociaciones sobre Colombia y Perú.

Fuente: El País.

Berlín amenaza con vetar el mecanismo de resolución si la Eurocámara lo retoca

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El ministro alemán, Wolfgang Schauble. / DANIEL ROLAND (AFP)

  • Schäuble viaja a Bruselas para advertir al Parlamento, que pide a la Comisión que defienda las instituciones europeas a solo cuatro meses de las elecciones

Claudi Pérez Bruselas 22 ENE 2014 - 09:17 CET

Batalla institucional por la unión bancaria, el que iba a ser el gran proyecto para mejorar la arquitectura institucional de la eurozona. Y a solo cuatro meses de las elecciones. El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, viajó el lunes a Bruselas ante la amenaza de veto del Parlamento Europeo a la propuesta de mecanismo único de resolución bancaria aprobado a finales de diciembre por el Ecofin y ratificado. Schäuble se reunió con el equipo negociador del Parlamento, según fuentes presentes en esa cita y según confirmó el Ejecutivo alemán, y a su vez profirió una amenaza: Berlín vetará la puesta en marcha del mecanismo único de resolución –para cerrar bancos—si se toca una sola coma del acuerdo alcanzado a finales de año.

La madeja se enreda cada vez más. El presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, ha enviado este martes una carta a José Manuel Durao Barroso en la que reclama que la Comisión Europea actúe para que el Parlamento no se quede fuera del acuerdo. “La decisión tomada por el Consejo en diciembre es más que dudosa”, según Schulz, que sustancia la advertencia de no dar luz verde al mecanismo de resolución en los plazos previstos, antes del final de la legislatura. Eso retrasaría todos los plazos de la unión bancaria y pondría aún más presión sobre los exámenes al sector financiero que debe hacer el Banco Central Europeo (BCE), erigido ya como supervisor bancario único. Sin el cortafuegos de ese mecanismo y el consiguiente fondo de resolución, el BCE puede tener problemas para hacer un análisis riguroso del estado del sistema financiero europeo.

Tras ese litigio hay una batalla jurídica y otra con mucha más enjundia, por el diseño de ese instrumento. Alemania presionó hace un mes para aprobar el mecanismo de resolución a través de un pacto intergubernamental —y no a través del tradicional método comunitario—, lo que deja fuera al Parlamento de esa jugada, sin demasiada capacidad de maniobra para peinar el acuerdo en busca de un mecanismo más ambicioso, menos del gusto de Berlín. Alemania sostiene, contra el criterio de los servicios jurídicos del Consejo, la Comisión y la Eurocámara, que los Tratados no permiten el impuesto a los bancos con el que el sector debe financiar el mecanismo de cierre de entidades.

Con esa premisa, Schäuble convenció a los ministros de Finanzas del Eurogrupo con el objetivo de buscar un encaje a través de un acuerdo intergubernamental, que evitara un cambio de tratados. Además, el Parlamento tiene serias objeciones sobre el mecanismo en sí, tanto por la toma de decisiones —muy compleja y dominada, una vez más, por los Estados miembros, con la Comisión en un papel testimonial— como por el diseño fondo de resolución, que durante 10 años sería apenas un fondo coordinado con compartimentos estanco para cada país, y que deja la mutualización ( si es que eso llega a producirse) para dentro de una década.

Reunión en Bruselas

Schäuble fue claro y directo en su reunión con el equipo negociador del Parlamento, encabezado por la eurodiputada portuguesa Elisa Ferreira: “La decisión es suya”, dijo, según fuentes de la reunión, “pero si el acuerdo de diciembre se modifica no habrá mecanismo de resolución”.

El ministro de Finanzas del gabinete de Angela Merkel logró a finales de diciembre que prevalecieran las tesis alemanas, con un FROB continental del que se reservaba la llave: a falta de la redacción final y de la luz verde del Parlamento, ese pacto otorgaba a las capitales de la zona euro la última palabra sobre la intervención de una entidad financiera en dificultades, y supeditaba la inyección de capital a un sistema de voto que reconoce el mayor peso de Alemania en la contribución al fondo, de unos 56.000 millones de euros en un plazo de 10 años. El sistema de voto ponderado se aplica siempre que el consumo del fondo supere los 5.000 millones de euros en un año, una cantidad insignificante que apenas llegaría para rescatar a la banca de Eslovenia, y que es apenas la quinta parte del rescate de Bankia.

“La decisión tomada en su día por el Consejo pone en peligro el método comunitario y tiene implicaciones que van más allá de la propuesta o incluso de la unión bancaria”, según la dura carta de Schulz. “Contradice completamente el principio de cooperación sincera entre instituciones”, dice la misiva, a la que ha tenido acceso este diario. Ante el disgusto evidente de la Eurocámara —“su legalidad es más que dudosa”—, Schulz avisa de que el acuerdo acerca del mecanismo de resolución antes del final de la legislatura es ahora mismo bastante difícil. “El resultado de las negociaciones es en este momento incierto”, según el presidente del Parlamento.

Fuentes del Parlamento indicaron que el acuerdo es imperfecto y criticaron el mecanismo intergubernamental aprobado con la presión alemana. Pero explicaron que al menos sienta el precedente de que es un primer paso hacia la mutualización –en un plazo de 10 años--, un paso de gigante en comparación con el habitual liderazgo diletante de Alemania. “El Parlamento puede sacar pecho si veta, con Schulz al frente en plena campaña electoral, pero quizá en ese caso Alemania salga ganando porque no habría mutualización si ese mecanismo no acaba aprobándose. De ahí que Schäuble pueda permitirse esas amenazas”, según esas fuentes.

Fuente: El País.

La UE alcanza un acuerdo sobre el mecanismo de cierre de bancos

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  • Alemania impone sus condiciones y rebaja la ambición de la unión bancaria
  • La Eurocámara pide que sea la Comisión quien cierre bancos
     
Claudi Pérez / Miguel Mora Bruselas / París 19 DIC 2013 - 01:13 CET

Segundo paso hacia la unión bancaria. Con Alemania como clara ganadora, a trancas y barrancas y después de 13 horas de intensas negociaciones. Pero acuerdo al fin y al cabo: los ministros de Economía de la UE alcanzaron a medianoche un pacto de mínimos sobre el mecanismo de resolución bancaria (en plata: de cierre de bancos) y sobre los fondos para sufragar las liquidaciones de entidades cuando se produzcan, que pagará el propio sector financiero.

Finalmente, serán los Estados miembros quienes aprieten ese botón nuclear —con la Comisión en un papel secundario—, tal como quería Berlín; los ministros, además, consiguieron simplificar el proceso de toma de decisiones para asegurarse de que un banco se pueda cerrar en un fin de semana: en un máximo de 24 horas. Habrá también un fondo de resolución común, si bien compartimentado durante un periodo de 10 años, de 55.000 millones de euros y con una mutualización muy limitada. De nuevo, tal como quería Alemania. Durante ese periodo se forjará el fondo común definitivo, que aún no está esbozado:

Berlín deja claro, una vez más, que el contribuyente alemán no pagará —en principio— por los desmanes que provocaron esta crisis. Alemania forcejeó hasta el último minuto para imponer su punto de vista, aunque finalmente ha cedido en algunos flecos menores. Si un país tiene que cerrar un banco y necesita acudir al fondo de resolución, primero tirará del fondo nacional (8.500 millones, en el caso de España). Ese fondo podrá pedir prestado en los mercados, y podrá también pedir prestado al resto de fondos nacionales. Y finalmente, si no hay más remedio, podrá acudir al mecanismo de rescate europeo (Mede), con las condiciones de rigor. Una vez transcurran esos 10 años, aún hay que definir cómo será el fondo de resolución común, pero la intención de los Veintiocho es que además de su potencia total de fuego (los 55.000 millones) pueda pedir prestado en los mercados con aval público. Se trata de una mutualización muy limitada, y de un cortafuegos con un acceso muy restringido al dinero público. El objetivo, en teoría, es que sea el propio sistema financiero quien pague por sus errores.

Alemania y sus satélites a un lado; el BCE, la Comisión, la Eurocámara, Francia e Italia al otro. La unión bancaria, la reforma más ambiciosa de la UE desde la creación del euro, venció finalmente esas diferencias, si bien terminó con una versión descafeinada —muy del gusto de Berlín— respecto al proyecto inicial, mucho más ambicioso.

El pacto tiene que pasar aún por el examen de los mercados, y a partir de enero por el del Parlamento Europeo, que en las últimas horas se ha manifestado con claridad —al igual que el BCE— en favor de un acuerdo menos germánico. Los ministros prefirieron un acuerdo de mínimos ante la constatación de que el tiempo se acaba: ese pacto debe ser ratificado por la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que empieza hoy, para que la Eurocámara dé su visto bueno antes de las elecciones europeas de mayo. El pacto permite seguir avanzando y deja los asuntos polémicos para más adelante, en el más puro estilo de los compromisos europeos.

El mecanismo de resolución único empezará a funcionar en 2016, y viene a completar el mecanismo de supervisión bancaria, reservado al BCE. Los países participantes (en un principio, los miembros de la zona del euro y aquellos que se unan voluntariamente) se comprometen a firmar un tratado internacional sobre el que se asentará el fondo de resolución, similar al que fue necesario para crear el fondo de rescate permanente de la zona del euro (Mede). El fondo de liquidación se nutrirá de aportaciones anuales de 5.500 millones de euros procedentes de la banca durante 10 años, y estará dividido en compartimentos estancos nacionales, hasta que en 2026 se haya alcanzado el total de 55.000 millones de euros.

Pese al acuerdo final, varios ministros acusaron a Alemania de torpedear con ese pacto la cumbre de junio de 2012, en la que se acordó poner en marcha la unión bancaria para eliminar el bucle diabólico entre los problemas financieros y los de deuda soberana y para acabar con la fragmentación bancaria. Los mercados hablarán en los próximos días, y la Eurocámara tomará la palabra en enero. Pero ni el BCE ni la Comisión se mostraban en las horas previas al Ecofin muy conforme con el acuerdo que se iba forjando.

Los expertos también son críticos al respecto: “No hay una verdadera unión bancaria con los elementos que están sobre la mesa”, resumió Paul de Grauwe, de la London School of Economics. “La toma de decisiones es un desastre, y la falta de un fondo común revela una vez más la desconfianza de Alemania respecto a los países del Sur. Nada termina de funcionar. Si esta unión bancaria hubiera existido antes de la erupción de la crisis, nadie hubiera notado la diferencia: los problemas serían los mismos”, cerró.

Fuente: El País.

La UE certifica la primera rebaja presupuestaria de su historia

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 La eurodiputada italiana Licia Ronzulli, con su hija, durante la votación de hoy. / VINCENT KESSLER (REUTERS)

  • La Eurocámara acepta una caída del 3,5% hasta 2020 a cambio de flexibilidad

Lucía Abellán Bruselas 19 NOV 2013 - 20:17 CET


La Unión Europea se adentra por primera vez en la senda de los recortes presupuestarios. Varios años después de que los países comunitarios comenzaran a aplicar la dura medicina de la austeridad, las cuentas de la UE para los próximos siete años no han podido escapar a esa tendencia. Han hecho falta, eso sí, nueve meses de intensa negociación para que el Parlamento Europeo dé su visto bueno a lo que en principio le parecía inaceptable: ampliar el espectro de sus políticas con menos recursos para desarrollarlas.

El voto final que este martes emitió la Eurocámara ha permitido desbloquear el marco presupuestario del periodo 2014-2020. Las grandes líneas ya las habían trazado los jefes de Estado y de Gobierno en una tormentosa cumbre de principios de febrero, pero los nuevos poderes que el Tratado de Lisboa otorga al Parlamento Europeo hacían imprescindible su aprobación. "El Parlamento Europeo hubiera preferido un marco financiero mucho más ambicioso", admitió el presidente de esta institución, Martin Schulz, que pese a todo celebró el acuerdo.

Los recursos disponibles hasta el año 2020 suponen un retroceso del 3,5% respecto a los que se han empleado en el periodo anterior, 2007-2013. El descenso ha sido una imposición de los Estados miembros, que llevan años restringiendo sus políticas de gasto y exigían lo mismo en el presupuesto comunitario. La Comisión Europea, partidaria al menos de mantener los fondos, argumentaba lo contrario: en un escenario de austeridad, el dinero de la UE puede dinamizar el crecimiento y el empleo. "Nosotros proponíamos financiar más Europa con el mismo dinero. Ahora nos enfrentamos a la realidad de tener más Europa con menos dinero", lamentó el comisario responsable de Presupuestos, Janusz Lewandowski. Sobre ese marco común (un techo de gasto de 960.000 millones de euros, un 1% del PIB europeo), el Parlamento y el Consejo deberán acordar las cuentas comunitarias para cada ejercicio.

Los entresijos del pacto permiten clamar victoria a todas las partes. Por un lado, los líderes comunitarios exhiben el gesto político de haber frenado el gasto en un periodo en el que a Bruselas se le van a exigir más competencias. Por otro, el Parlamento se agarra a las dos principales condiciones que ha arrancado miembros para dar su brazo a torcer. La primera es una mayor flexibilidad a la hora de asignar los fondos europeos, de forma que si no se gastan en el año previsto, puedan transferirse a las cuentas del siguiente e incluso asignarse a otras partidas. Hasta ahora, el dinero que no se gastaba revertía en los Estados miembros, lo que a la larga ocasionaba una brecha entre el gasto previsto y el gasto real, inferior al primero.

Pese a todo, también las cuentas de 2014-2020 encierran una trampa de ese tipo: los créditos comprometidos son superiores a los autorizados como gasto efectivo (908.000 millones), un desfase que deberá ser gestionado en algún momento pero que por ahora permite a cada parte interpretarlo de la forma más conveniente.

El otro compromiso que ha arañado la Eurocámara a los Estados miembros ha sido una revisión de este marco en 2016. Entonces podrán presentarse cambios en función de la situación económica. Con las cifras de partida actuales, España seguirá recibiendo más fondos de los que aporta, aunque la reconsideración de 2016 puede modificar el escenario.

El descenso presupuestario se concentra en las dos partidas históricamente más poderosas del presupuesto: política de cohesión y agricultura. A cambio, mejoran las ligadas a empleo y la innovación. También disminuyen los recursos destinados a la remuneración de funcionarios, una victoria de algunos Estados miembros, especialmente Reino Unido, que ayer se vio ratificada en el ámbito de la justicia europea. El tribunal de Luxemburgo ha quitado la razón a la Comisión, que había apelado por la negativa de los Estados miembros a subir el salario de los funcionarios europeos un 1,7% en 2011, como establecía la norma de revalorización. El tribunal de considera que corresponde a los países decidir si activan la cláusula extraordinaria que exime de aplicar ese aumento en momentos de crisis.

Fuente: El País.

La UE alcanza un acuerdo para el presupuesto de los próximos siete años

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  • Se repartirá casi un billón de euros hasta 2020.
  • La Eurocámara impone más flexibilidad en el manejo de las cuentas.
  • España recibirá unos 2.000 millones más de lo que aporte.

Javier G. Gallego (corresponsal) | Bruselas

Las tres grandes instituciones de la UE -Parlamento Europeo, Comisión y Consejo Europeo- han concluido las negociaciones del Marco Financiero Plurianual para los próximos siete años, que fija el presupuesto comunitario en el periodo 2014-2020 y establece las cantidades que aportará cada país, la dotación de cada partida presupuestaria y el techo de gasto en las cuentas anuales.

Este acuerdo da por concluidas unas negociaciones que comenzaron hace casi un año y que tuvieron como mayor hito las dos cumbres celebradas para tratar el reparto y la distribución de los gastos europeos. Tras un intento fallido en noviembre de 2012, los líderes europeos acordaron el pasado febrero aprobar un presupuesto plurianual de casi un billón de euros (960.000 millones de euros) a repartir en siete ejercicios. Ésta ha sido la primera vez que la UE reduce su presupuesto respecto al periodo anterior.

La austeridad impuesta por los países del Norte es precisamente lo que ha dificultado las negociaciones posteriores con la Eurocámara, que por primera vez, y como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, tiene en sus manos la decisión final. De ahí que el acuerdo haya sido negociado desde febrero entre la presidencia irlandesa de la UE -que representa los intereses de los estados miembros- y el Parlamento Europeo. Ahora el acuerdo obtenido hoy deberá ser ratificado por el Consejo y el pleno de la Eurocámara para obtener su validez definitiva.

A cambio de estas cuentas más austeras, el Parlamento ha conseguido que se incluya una cláusula de revisión para que en 2016 se evalúen las partidas presupuestarias, a fin de determinar si hace falta destinar más dinero hacia un objetivo concreto. Además, se incluye cierta flexibilidad en el manejo de los fondos europeos y se estudiará también a mitad de periodo cómo incrementar los recursos propios de la UE.

España logra un buen acuerdo

A pesar de que se trata de un presupuesto restrictivo, España ha conseguido volver a ser receptor neto de fondos europeos durante el próximo periodo presupuestario. Dicho de otro modo, la economía española recibirá más dinero de la UE del que aporte. En concreto, el saldo positivo será de alrededor del 0,20% del PIB -unos 2.000 millones de euros anuales- a pesar de que al inicio de las negociaciones España se perfilaba como un contribuyente neto.

Este saldo positivo se ha logrado gracias a que el presupuesto europeo será más pequeño y también a que se han reducido las compensaciones a otros países, entre ellos Alemania, Suecia y Holanda, y por tanto aportarán más a la 'hucha' común. En concreto, las contribuciones de España caerán en alrededor de 3.300 millones en todo el periodo, según los cálculos de Moncloa.

El resultado para España es especialmente meritorio porque ha conseguido mejorar su saldo en un presupuesto donde las dos partidas que más descienden -Cohesión y Agricultura- son las dos que más bajan en comparación con el actual marco presupuestario.

Los potenciales menores ingresos que recibirá España por tener un PIB superior al de hace siete años se compensan con varios cheques específicos acordados en la cumbre del pasado noviembre y en esta última. Habrá un 'sobre' para la cohesión de 1.824 millones de euros que se repartirá de la siguiente manera: Extremadura recibirá 500 millones; Castilla-La Mancha, Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, 624 millones; el resto de comunidades autónomas, 700 millones; y Ceuta y Melilla obtendrán 50 millones más.

Además, se mejoran las primas por parado que la UE paga a las regiones en transición. Éstas pasarán de 500 euros por desempleado a 1.100, lo que se traduce en una ayuda para España estimada en 900 millones de euros. Y, junto a ella, habrá otro fondo específico para combatir el desempleo juvenil que tendrá una dotación total de 3.000 millones y España recibirá el 30,4% (925 millones de euros).

Este fondo de solidaridad, que en total estará dotado con unos 7.000 millones, se había pensado inicialmente para distribuirse a lo largo de todo el periodo, pero las necesidades urgentes de luchar contra el desempleo juvenil harán que su desembolso se concentre en los dos próximos años (2014 y 2015).

Fuente: El Mundo.

ELECCIONES ITALIANAS: El presidente de la Eurocámara culpa a los recortes del resultado

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  • "Los ciudadanos están dispuestos a hacer sacrificios, pero solo si conducen a una mejora", dice Schulz
  •  Bersani logra en el Senado una victoria insuficiente

Lucía Abellán 26 FEB 2013 - 11:56 CET

El voto de los italianos refleja un rechazo claro de los "recortes unilaterales" y, sobre todo, pone en duda la idea de que esos recortes sirven para recuperar la confianza. El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha sido el primero de los responsables de las instituciones europeas en valorar lo ocurrido en Italia. "El pueblo ha expresado su insatisfacción con estas políticas", ha subrayado esta mañana Schulz, que traslada este mensaje a todos los líderes comunitarios: "Tomémonos esto en serio. Los ciudadanos están dispuestos a hacer sacrificios, pero solo si conducen a una mejora".

El mandatario socialdemócrata alemán es consciente de que buena parte del descontento de los electores —no solo en Italia— se dirige hacia Bruselas. "Las reglas europeas se han decidido con el apoyo de Italia y el presupuesto italiano se ha decidido en Italia, pero la percepción pública es que esto viene de Europa. Nos lo tomamos muy en serio. Debemos dialogar sobre cómo superar esta situación”, analizó Schulz, que ve "una especie de protesta" en la actitud de los electores.

Como respuesta, Schulz cree que Europa debe combinar mejor los recortes presupuestarios con las políticas que fomentan el crecimiento y el empleo, especialmente el de los jóvenes. "La mayoría del Parlamento ya ha pedido eso a la Comisión Europea y, sobre todo, a los Estados", añadió.

Porque lo expresado anoche en Italia no solo afecta a los italianos: "Estamos todos en el mismo barco. Todos los partidos políticos, también los socialdemócratas en el Parlamento [donde se encuadra el ganador de las elecciones —al menos aritméticamente—, el centroizquierdista Bersani] debemos hablar con nuestros interlocutores italianos". Schulz admitió la difícil situación que se ha creado en Italia, pero confía en que pueda formarse un Gobierno.

Pese a la crítica actitud que ha mantenido siempre hacia Silvio Berlusconi, Schulz recordó que ha cosechado un buen número de votos. "Tiene el apoyo de muchos italianos y todo el mundo debe respetar eso", concluyó.

Fuente: El País.

España da por hecho que recibirá de la UE más de lo que aporta hasta 2020

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  • España se beneficia de la propuesta del presidente del Consejo Europeo para aumentar la ayuda contra el paro juvenil
  • El saldo terminará siendo positivo en unos 1.500 millones

Lucía Abellán / Miguel González / Luis Doncel Bruselas 8 FEB 2013 - 13:14 CET


Mariano Rajoy, hoy en Bruselas. / GEORGES GOBET (AFP)

España seguirá siendo receptor neto de los fondos comunitarios –es decir, que recibirá más de lo que aporta a la UE— en el septenio 2014-2020, si prospera la propuesta de presupuesto que este viernes por la mañana están discutiendo los líderes europeos, según fuentes de Moncloa. Hasta ahora, se daba por sentado que España estaba a punto de convertirse en contribuyente neto de las arcas comunitarias, al engrosar el pelotón de los países ricos de la UE. El saldo financiero en las relaciones entre Madrid y Bruselas, tradicionalmente positivo para nuestro país, se ha ido reduciendo en los últimos años y sumó 3.700 millones en 2011.

Preguntado sobre la negociación, Mariano Rajoy se limitó a decir: "Va bien".

El cambio de signo en esta tendencia se debe, según las mismas fuentes, a que el recorte presupuestario que discute el Consejo Europeo incide menos en las partidas que más afectan a España (como fondos de cohesión y ayudas agrícolas) y también a que se han afeitado las compensaciones que reciben algunos contribuyentes netos, aunque se mantenga intacto el cheque británico. El Gobierno sostiene que España se ahorrará 3.400 millones en aportaciones al Presupuesto europeo en los próximos siete años, por lo que el saldo neto será “ligeramente positivo”; en torno a lo 1.500 millones anuales, un 0,15% del PIB español.

El balance de pérdidas y ganancias en el capítulo de ayudas europeas es mucho menos claro. España ha perdido 1.000 millones de los 2.800 que se le prometieron en la cumbre de noviembre pasado para desarrollo regional. Estos 1.824 se distribuyen de la siguiente forma: 500 para Extremadura, 624 para las regiones en transición (Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia) y 700 para las más desarrolladas.

Sin embargo, Moncloa sostiene que 925 de los 3.000 millones de “dinero fresco” que habrá para luchar contra el desempleo juvenil serán para España y que nuestro país, el más castigado por la lacra del paro junto a Grecia, obtendrá otros 900 millones del fondo social europeo al aumentar el peso del desempleo como criterio para la distribución del mismo. Además, agregan las mismas fuentes, España recibirá 500 millones suplementarios para desarrollo rural, lo que arrojaría una ganancia total de 1.325 millones respecto a noviembre.

En un borrador presentado a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión, el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, había propuesto reducir en un 35% el cheque específico previsto para España en el presupuesto de la UE de 2014-2020 cuyo objetivo es paliar el impacto de la crisis.

De esta forma, el preacuerdo presentado ahora por Van Rompuy, que están estudiando los líderes europeos, reduce el cheque español que se había ideado en la cumbre del pasado mes de noviembre de 2.800 millones a 1.800.

Con el triste récord que supone aportar el mayor número de parados de Europa (alrededor de seis millones), el Gobierno español confiaba en poder recibir alrededor de un tercio de ese fondo, unos 900 millones de euros de un instrumento que en principio podría arrancar con 3.000 millones para toda la Unión Europea. Pero más aún que la cifra, al Ejecutivo de Mariano Rajoy le preocupaba si se trataría de fondos nuevos o de reasignación de otros ya previstos. Es decir, si los 900 millones son netos adicionales o provienen de otras partidas asignadas (por ejemplo, de fondos de cohesión destinados a proyectos que Europa ya no cree prioritarios, como las infraestructuras).

Más allá de los datos, la solución que ha encontrado Van Rompuy para acomodar el resultado de la cumbre a los deseos de cada Estado es en buena medida contable. Todos los cálculos presupuestarios se hacen en función de los compromisos de gasto, no del gasto real, que siempre es inferior porque hay proyectos que no llegan a desarrollarse (o no en el plazo previsto) por diversos motivos. Para contentar a Alemania y Reino Unido, los Estados podrían acordar ahora un recorte mayor en el gasto real y menos acentuado en los compromisos, de forma que cada país se acogiera al resultado que más le conviniera para valorar lo conseguido.

Ese remedio cosmético entraña un riesgo: crear una brecha entre el horizonte de gasto asumido y el desembolso real que, en el momento en que los proyectos pendientes se materialicen, genere un déficit en las cuentas europeas, algo prohibido por ley. Es una de las advertencias que ha lanzado el Parlamento, muy crítico con el desarrollo de la negociación. En este caso, la visión de los eurodiputados no es retórica; por primera vez desde que existen cuentas comunitarias, la Eurocámara tiene derecho de veto sobre el marco presupuestario.

La otra clave de la negociación consiste en acentuar el recorte ya planteado para la función pública europea. Los 1.000 millones de euros menos que preveía la Comisión podrían quedar en el doble, según las fuentes consultadas, de forma que Reino Unido y Alemania pudieran exhibir ante sus opiniones públicas que la marea de la austeridad ha alcanzado también a la euroburocracia. Aunque se trata de cifras simbólicas —los gastos de administración apenas suponen un 6% de las cuentas comunitarias—, los recortes en ese capítulo se perfilan como la herramienta clave para cuadrar el círculo de las cuentas comunitarias.

Fuente: El País.

La Europa rica se conjura para recortar aún más el presupuesto comunitario

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  • La cumbre decide hoy las cuentas europeas hasta 2020, marcadas por la austeridad
  • Por primera vez en la historia de la UE, el Presupuesto será menor que en el periodo anterior
  • La mayoría de países apenas aspiran a limitar daños

Claudi Pérez Bruselas 7 FEB 2013 - 14:41 CET


Las cumbres son grandes espejos del estado de ánimo del proyecto europeo, que se reflejan en una abundante literatura de declaraciones. Alemania aseguró el miércoles que no piensa rascarse el bolsillo: la austeridad por bandera, una vez más. Reino Unido exige recortes, pero se ha asegurado que mantendrá intacto el cheque británico que negoció en su día Margaret Thatcher con aquel grito de guerra, “quiero que me devuelvan mi dinero”: la enseña de los británicos, y la de muchos otros, es ese manido qué hay de lo mío, la ausencia de solidaridad. Y Francia, que se declara a favor de las políticas de crecimiento, no ha conseguido que ni una sola de sus propuestas prokeynesianas tenga la más mínima tracción, lo que demuestra que esta es, ante todo, una crisis de ausencia de política.

Austeridad, falta de solidaridad y crisis política: la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno arranca este jueves en Bruselas para decidir los Presupuestos comunitarios de 2014 a 2020, marcados por esos tres principios. La Europa rica se ha conjurado para recortar, una vez más, los presupuestos, después de la fallida cumbre de noviembre. Esta vez el pacto es posible: todos, sin excepción, aceptan que el Presupuesto europeo no puede ser ajeno a la cultura del tijeretazo que impregna la política económica europea. Por primera vez en la relativamente joven historia de la Unión, el presupuesto será inferior al del anterior periodo, 2007-2013. Buena metáfora para reflejar el precario estado de salud del proyecto europeo.

El equipo del presidente del Consejo, Herman Van Rompuy, estuvo cerca de cerrar el acuerdo en noviembre. Presentó entonces un recorte de 80.000 millones respecto a la propuesta de la Comisión (en torno al billón de euros para los siete años, lo que equivale a un exiguo 1% del PIB europeo, veinte veces menor que el presupuesto estadounidense). A Alemania, Reino Unido, Holanda y Suecia les pareció poco. Por eso no se llegó a firmar el acuerdo y a ese recorte habrá que sumarle hoy otro adicional de al menos 15.000 millones. Tijera sobre tijera.

Con esos números, los presupuestos no pueden servir de impulso hacia ninguna parte: ni para luchar de veras contra el desempleo juvenil, a pesar de los parches que se preparan, ni para estimular el crecimiento, para lo que ya se aprobaron inútiles remiendos en junio y en octubre que no han tenido el más mínimo efecto. Los Veintisiete aspiran, como máximo, a salvar los muebles. Cada país, y España no es ni mucho menos una excepción, espera marcharse para casa limitando los daños al máximo. Nada más.

El teatro está asegurado: “Es hoy o nunca”, indica una alta fuente comunitaria. La reunión se prolongará hasta la madrugada, y previsiblemente finalizará con un acuerdo porque, pese a los recortes, el presidente Van Rompuy tiene lista una ristra de tiritas para unos y otros, para que casi todos los presidentes y jefes de Estado puedan volver a casa con algo entre las manos para defenderse ante su opinión pública.

Los presupuestos 2014-2020 son cualquier cosa menos sencillos, desde el mismísimo nombre (Perspectivas Financieras Multianuales) hasta un acrisolado conjunto de conceptos esotéricos solo aptos para eurócratas empedernidos. Estas son algunas de las claves que se discuten hoy:

España: que me quede como estoy




El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. / EFE

El principal objetivo de la delegación que lidera un debilitado (tras los últimos escándalos) Mariano Rajoy consiste en que España siga siendo receptor neto de fondos. Durante los últimos años ha recibido unos 13.000 millones anuales (básicamente, fondos agrícolas y estructurales), y ha aportado unos 10.000 millones. Esta vez recibirá sensiblemente menos que en el periodo anterior: España es relativamente más rica que antes, en parte por la ampliación de la UE al Este, pese a que paradójicamente se enfrenta a la peor crisis en varias generaciones. El Ejecutivo consiguió amortiguar el golpe en noviembre con un cheque de última hora, que entonces se denominó “el sobre español”: 2.800 millones para proyectos de cohesión y 500 millones para agricultura. A España le conviene la presión francesa en agricultura, y la alemana en proyectos de cohesión. Además, le beneficia una novedad: la cláusula de revisión, que consiste en modificar los presupuestos a lo largo del periodo, en función de cómo evolucione la crisis (en el caso español, previsiblemente a peor: eso le hará perceptor de más fondos). Pese a que probablemente le convendría un presupuesto mayor que apostara por el crecimiento, fuentes españolas explican que el recorte presupuestario tampoco viene mal: España pagará menos en un momento complicado para las arcas públicas.

La tijera adicional, en infraestructuras



El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy. EFE / EFE

Las tesis de los países ricos se imponen: en el tijeretazo adicional que prepara Van Rompuy, y que se conocerá en torno a las cuatro de la tarde del jueves, habrá fuertes recortes en infraestructuras (básicamente de telecomunicaciones y energía: las de transporte apenas sufrirán variaciones). Se trata de un capítulo denominado connecting Europe, que sufre una merma de 10.000 millones. El resto, 5.000 millones más, se concentrará en el discutidísimo servicio de acción exterior –condenado, aún más, a la irrelevancia ante la renacionalización de la política exterior comunitaria—y a los gastos de personal. Los eurofuncionarios preparan huelgas para resistirse a lo que parece un tsunami en Europa: el recorte de las estructuras institucionales. Reino Unido ha puesto todo el énfasis posible (y su formidable maquinaria de propaganda) en la reducción de la burocracia comunitaria, y en general ha sido uno de los países que más recortes ha exigido. Alemania no le va a la zaga: un diario alemán publicaba estos días que hay 4.000 funcionarios en Bruselas que cobran más que la canciller Angela Merkel, un dato prácticamente imposible de comprobar. La austeridad, sin embargo, no vale para algunas cosas, como el cheque británico, que permanece más o menos blindado: 3.000 millones de euros anuales. Algunas excepciones son intocables: el cheque permanecería intacto aunque no hubiera acuerdo entre los líderes. Cosas de Bruselas.

¿Qué pasa si no hay acuerdo?

Las perspectivas financieras multianuales, a un horizonte de siete años, tienen todo el sentido para poner en marcha proyectos europeos a largo plazo: inversiones que conecten territorios, que no se puedan concretar en un solo año, y que permitan al continente una cierta convergencia que ha desaparecido con la crisis. Pero por primera vez un fracaso en las negociaciones, pese a que acarrearía graves problemas, no se ve como una debacle: si no hay acuerdo, se elaborarán presupuestos anuales. En ese caso, España se vería perjudicada, como perceptora de fondos estructurales. Reino Unido mantendría –cómo no—su cheque, pero Alemania, Suecia, Holanda y Austria se verían también muy tocados, según fuentes europeas. El país mejor parado sería Francia, cuyos pagos directos en agricultura se prorrogarían.

El interés común y el posible veto de la Eurocámara




El Parlamento Europeo. / PATRICK SEEGER (EFE)

A pesar de la fanfarria, los presupuestos europeos han ido perdiendo importancia a lo largo del tiempo. No solo es que las cifras que se manejan no tengan prácticamente incidencia macroeconómica, más allá de las batallitas entre unos y otros y los parches de última hora que permiten salvar la cara en algunas capitales (el de este jueves, en el caso español, será con toda probabilidad un paquete de varios miles de millones de euros para el desempleo juvenil, apartado en el que España es, de largo, campeona europea). 

Las últimas negociaciones ponen de manifiesto que, una vez más, la austeridad será la clave de los presupuestos, sacrificando las políticas de crecimiento para preservar los intereses nacionales de los grandes países. Incluso en el caso de Francia, que en las ruedas de prensa pide políticas de estímulo pero que a la hora de negociar se resiste con uñas y dientes a rebajar el peso de la agricultura en el presupuesto, en torno a un 40% del total, cuando el sector supone apenas el 4% del PIB europeo. Cada vez más países piden cheques parecidos al británico, y si no soluciones ad hoc para salvar los muebles: “Es como si 27 Margaret Thatchers se sentaran alrededor de una mesa” para sacar lo máximo del presupuesto y aportar lo mínimo, aseguraba hace unos días Alain Lamassoure, presidente del Comité de Presupuestos del Parlamento Europeo, en Le Monde. La Eurocámara, por cierto, se reserva la posibilidad de vetar lo que salga de la cumbre si no le satisface el compromiso alcanzado. Es la primera vez que tiene esa opción, y amenaza con utilizarla si la tijera supera sus líneas rojas. Y no va a estar nada, pero que nada lejos de ellas.

Fuente: El País.

El Parlamento Europeo debate hoy la decisión del Gobierno argentino de expropiar YPF

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  • La decisión de Argentina es un movimiento 'ilegítimo', dijo Mayor Oreja.
  • La discusión pretende dar un paso más para aumentar la presión política.
Agencias | Bruselas

El pleno del Parlamento Europeo debate esta tarde con el Consejo y la Comisión Europea la decisión anunciada por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de expropiar la petrolera YPF, filial de la española Repsol. La discusión tratará sobre "la seguridad jurídica de las inversiones europeas fuera de la UE".

La petición ha sido liderada por el presidente del Partido Popular Europeo, Joseph Daul. El eurodiputado español del PP Jaime Mayor Oreja ha respaldado la petición de Daul para "defender la seguridad jurídica" de las empresas europeas en el exterior y ha dejado claro que la expropiación de YPF no debe ser entendida como un problema "exclusivo" de España, sino que sienta un "precedente peligroso" para "todos".

Mayor Oreja ha subrayado que la decisión anunciada por el Gobierno argentino es un movimiento "ilegítimo" porque se ha tomado de manera "arbitraria".

En el debate participará también un representante de cada grupo político con presencia en la Eurocámara y se espera que el viernes, último día de sesión, se someta al voto del pleno una resolución con la posición de los eurodiputados. Será importante ver el nivel de compromiso de la Comisión Europea y el apoyo que recibe la postura española.

Se trata de un paso más en la presión política que la Unión Europea ha lanzado, después de que el Gobierno español adelantara el lunes su deseo de que la Eurocámara se pronunciara.

La Comisión Europea ha tachado de "ilegal" la expropiación y ha anunciado que estudiará "todas las opciones posibles" de represalia contra la decisión de Buenos Aires, si bien fuentes comunitarias advierten de que la UE no dispone de instrumentos jurídicos específicos.

Fuente: El Mundo.