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Bruselas lanza su plan para poner en marcha un sistema de asilo común

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Un grupo de migrantes protesta este miércoles por el cierre de la frontera grecomacedonia en el campamento de Idomeni. BULENT KILIC AFP


  • La Comisión Europea propone una agencia federal que centralice las peticiones comunitarias

Claudi Pérez Bruselas 6 ABR 2016 - 21:02 CEST

La Comisión Europea presentó este miércoles una propuesta para poner en marcha un sistema de asilo común ante el fracaso de Dublín, la legislación actual, que ha sido incapaz de dar una respuesta europea a la altura de la crisis migratoria y de refugiados. En su versión más ambiciosa, el brazo ejecutivo de la Unión propone crear una agencia federal de asilo que centralice todas las demandas y las reparta entre los Veintiocho a través de un sistema de cuotas.

El vicepresidente de la Comisión, Franciscus Cornelis Gerardus Maria —más conocido como Frans— Timmermans, admitió de entrada que un sistema centralizado “no es realista a día de hoy”. Y apuntó que, como alternativa, Bruselas propone una especie Dublin Plus: mantener el statu quo —la tramitación del derecho asilo corresponde al país de entrada del solicitante, lo que pone una carga desproporcionada sobre socios como Grecia—, pero con una cláusula de emergencia que activaría el sistema de reparto a través de cuotas si el flujo aumenta abruptamente en uno de los Estados miembros.

“En ambos casos, al menos a partir de cierto umbral los solicitantes de asilo serán automáticamente redistribuidos, ante la necesidad de su sistema solidario y justo”, explicó el comisario de Emigración, Dimitris Avramopoulos.

Esas dos alternativas se convertirán en una propuesta en firme antes del próximo verano, tal y como avanzó este miércoles este periódico. “La crisis ha demostrado que el sistema actual no funciona, y no es sostenible poner la presión en solo una parte de los socios”, subrayó Timmermans ante la prensa. Junto con esos cambios, Bruselas insiste en la necesidad de armonizar el derecho al asilo en la UE, y en evitar a toda costa los “movimientos secundarios”, de refugiados que obtienen el asilo en un país pero se marchan a otro. En ese caso, “determinados derechos podrían quedar suspendidos”, para tratar de desincentivar esos movimientos.

Bruselas es consciente de la controversia que puede causar esa propuesta. Londres ha mostrado su oposición frontal a los planes de la Comisión Europea, y lo mismo hicieron este miércoles algunos socios del Este como la República Checa. Italia presiona a favor de los cambios introducidos, pero ni siquiera Berlín ha dejado clara su postura al respecto.

FUENTE:
El País.

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Bruselas advierte de que el “riesgo político” en España crea desconfianza

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Jean-Claude Junker con el presidente Mariano Rajoy, en Madrid en octubre de 2015.
Jean-Claude Junker con el presidente Mariano Rajoy, en Madrid en octubre de 2015. Uly Martín

  • La Comisión Europea reclamará un doloroso ajuste fiscal adicional al próximo Gobierno

Claudi Pérez. Bruselas 25 ENE 2016 - 09:28 CET
 

Bruselas reclama “estabilidad” en España desde el 20-D. La Comisión Europea ha mantenido una exquisita distancia desde las elecciones con el complicado panorama político. El brazo ejecutivo de la UE ha dejado claro que reclamará un doloroso ajuste fiscal adicional al próximo Gobierno, pero el informe España 2016, que se hará público en febrero y analiza los graves desequilibrios que aún arrastra la economía, resulta mucho más explícito y advierte “riesgos políticos” en el país. “Las dificultades para formar Gobierno podrían desacelerar la agenda de reformas y provocar una pérdida de confianza y un deterioro del sentimiento del mercado”, dice con inusual contundencia el borrador del texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

“Vulnerabilidad” es la palabra clave del informe España 2016, que la Comisión Europea hará público en unas semanas. Bruselas constata que la economía se recupera, vuelve a crear empleo y sus numerosos puntos débiles mejoran paulatinamente. Pero subraya los “enormes desequilibrios” que persisten, en particular los altos niveles de deuda —pública, privada y exterior— y paro. “El país es vulnerable a la volatilidad en los mercados”, resume el documento, cuyo principal mensaje es que la economía española empieza a cicatrizar sus heridas tras el rescate de mediados de 2012, pero quedaría expuesta ante una nueva andanada de crisis. Ese nuevo despertar de la crisis puede llegar por los emergentes y por la periferia del euro, con la banca italiana hecha unos zorros y Portugal y Grecia en dificultades. Más aún en un entorno de incertidumbre política en España.

El brazo ejecutivo de la UE se mete por primera vez en la política española tras el 20-D. Bruselas lleva un mes con un mensaje monocorde: “España necesita estabilidad política. Espero que esté a la altura”, dijo hace unos días el jefe de la Comisión, Jean-Claude Juncker. El informe va más allá y analiza los “riesgos a la baja” para el crecimiento a corto plazo: si remiten los vientos de cola que tiran del PIB español (las medidas del BCE, el desplome del petróleo), España sería “vulnerable” a un nuevo episodio de turbulencias.

Dudas en Europa

La primera fuente de vulnerabilidad es el legado de la crisis económica, con un empacho de deuda que aún no se ha digerido y hay que refinanciar. Pero la debilidad procede también de los “riesgos políticos”: el informe expone que las dificultades para armar una coalición estable “pueden provocar pérdida de confianza y un deterioro del sentimiento del mercado”.

Las alusiones a los mercados llevaban meses desaparecidas en Bruselas, desde que el BCE activó su programa multimillonario de compras de activos, que barrió las últimas dudas de los inversores hace justo un año. Pero España no está a salvo si vuelve el lío: el Tesoro tiene que emitir 400.000 millones de euros (casi el 40% del PIB) a lo largo de 2016.

Los riesgos políticos que emanan de las dificultades para formar un nuevo Ejecutivo “podrían desacelerar la agenda de reformas”, añade el estudio, con la Comisión preocupada por la posibilidad de que los partidos de izquierda reviertan la reforma laboral cuando el paro sigue por encima del 20% y la dualidad del mercado de trabajo presenta cifras preocupantes. Ese mensaje coincide a grandes trazos con el que ha venido lanzando en los últimos días el Gobierno en funciones, en especial el ministro Luis de Guindos.

Madrid sostiene que Bruselas tiene otras preocupaciones mucho mayores que España. Desde los comicios, Guindos ha entablado diversos contactos con el comisario Pierre Moscovici, con el vicepresidente Valdis Dombrovskis y con el jefe del BCE, Mario Draghi. Juncker habló también con Rajoy inmediatamente después de las elecciones. La Comisión —una suerte de coalición de centroderecha y centroizquierda con mayor peso del PP europeo— ha preferido mantener las distancias desde entonces: el informe, sin embargo, dice por escrito lo que era un secreto a voces. 
 
Por el lado fiscal, España necesita un ajuste del déficit que supondrá un desafío para el Gobierno que llegue, sea del color político que sea. Igualmente, Bruselas teme que se anule la reforma laboral y se paralice la agenda reformista, en punto muerto después de los dos primeros años de Rajoy. La Comisión “quiere unir, no quiere excitar” a la clase política española, según una alta fuente europea preguntada por las referencias del informe a los efectos de la inestabilidad política. “Pero está claro que el nuevo Ejecutivo no puede venir con un Presupuesto que vaya contra el semestre europeo, que revertir las reformas es peligroso y que la dificultad para formar Gobierno no es una buena noticia”, según la misma fuente, que no ve claras las posibles coaliciones.

El borrador del informe —90 páginas sobre la evolución reciente de la economía española— “está sujeto a cambios de última hora y a la inclusión de los últimos datos”, según las fuentes consultadas. “Se está revisando con lupa”, añaden. El estudio incluye una revisión a fondo de los desequilibrios económicos identificados en el mecanismo de alerta, y una evaluación de las recomendaciones de la Comisión. Pero Bruselas, más allá de la economía, lanza una advertencia explícita: la inestabilidad política es una mala señal para la confianza de los mercados. Puede descarrilar la agenda de reformas. 
 
Retrasa el necesario ajuste fiscal que deberá hacer el nuevo Gobierno. Y se enmarca dentro del nuevo episodio de posible agitación que se está larvando en la eurozona, ya sea por el impacto de los problemas en China y los emergentes, o por una reedición de los problemas en Grecia, que tiene que negociar una reforma de pensiones; Portugal, que acaba de presentar un presupuesto que debe ser analizado por Bruselas, y no ha solucionado sus problemas bancarios, y, sobre todo, Italia, que da los primeros síntomas de nerviosismo por la alta morosidad de su sistema financiero —el 17%— y un potencial ajuste en la banca que podría tener efectos sobre los mercados de deuda.

Draghi lo hace todo mucho más fácil”, resume una fuente europea, con medidas extraordinarias que han barrido las referencias a las primas de riesgo. “Pero en un momento en el que vuelve la incertidumbre, el problema es que los países más vulnerables no tienen instrumentos para atajar otra crisis”, según la misma fuente. Grecia está bajo el paraguas del fondo de rescate europeo, pero Italia, Portugal y España tienen menos colchón de seguridad.

Portugal y su Gobierno como indicador adelantado

C.P.

En Bruselas se ve a Portugal como una especie de indicador adelantado de lo que pueda suceder en España. El centroderecha ganó las elecciones, pero el socialdemócrata António Costa acabó formando un Ejecutivo en el que figuran los comunistas. Costa acaba de enviar el Presupuesto a Bruselas, con algunos recortes más de lo que parecía inicialmente. Pero Bruselas puede exigir ajustes adicionales.
Lo que haga la Comisión con ese Presupuesto supondrá un aviso a navegantes para la obligada actualización de las cuentas españolas. España no cumplió con el déficit en toda la pasada legislatura, y en 2016 tiene toda la pinta de reincidir: la Comisión prevé un déficit del 3,6% del PIB, frente a una meta del 2,8%, lo que obligaría a recortar en torno a 9.000 millones. Puede que esa cifra sea algo inferior, pero de entrada la Comisión no quiere renegociar el déficit, menos aún si se retira la reforma laboral.

Portugal tiene graves problemas en sus bancos y una economía que apenas crece a pesar de la sobredosis de reformas. España está mejor, salvo por dos detalles: el paro y el déficit serán los más elevados de Europa este año. La deuda privada se reduce, pero roza el 180% del PIB. La deuda pública ha tomado el relevo y asciende al 100% del PIB. España ha mejorado su balanza comercial, pero necesitaría superávits exteriores elevados y sostenidos (algo poco probable) para coger músculo, con una deuda exterior aún muy elevada “que deja a España vulnerable a shocks externos” y una deuda pública que es también “una fuente de vulnerabilidad, pese a la rebaja de los costes de financiación”. Vulnerabilidad, en fin, es la palabra clave de 2016: figura hasta 12 veces en el informe citado.

FUENTE: El País.

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Bruselas quiere incluir en sus bases de datos los antecedentes penales de ciudadanos no europeos

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La comisaria de Justicia, Vera Jourová
La comisaria de Justicia, Vera Jourová. JOHN THYS AFP

  • La comisaria de Justicia hará la propuesta formal el 26 de enero a los Veintiocho

Belén Domínguez Cebrián. Bruselas 19 ENE 2016 - 17:40 CET

La amenaza terrorista en la Unión Europea (UE) continúa marcando la agenda de sus dirigentes. Este martes, la comisaria de Justicia, Věra Jourová, ha propuesto en el Parlamento Europeo —reunido esta semana en pleno en Estrasburgo (Francia)— la introducción de los antecedentes penales de ciudadanos no comunitarios en las bases de datos de la UE.

"Los atentados de noviembre en París han confirmado la necesidad urgente de una cooperación judicial más sólida y sin fisuras en toda la UE", ha declarado la comisaria del ramo. El Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS, por su acrónimo inglés) está en marcha desde 2012 con la salvaguarda de que sólo se alimentaba con información de criminales de nacionalidad comunitaria dando igual, eso sí, el lugar del crimen, siempre y cuando fuera dentro del territorio de los Veintiocho.

"El punto importante", enfatizó Jourová, es que una vez la propuesta salga adelante, también los nacionales no comunitarios entrarán en el ECRIS. Así lo plasma también uno de los puntos de la agenda europea de seguridad aprobada por el Ejecutivo comunitario el pasado abril. "La lucha europea contra el crimen que supera nuestras fronteras es más grande que nunca", señaló en una breve introducción a la prensa.

Las huellas dactilares también formarán parte de los datos de información penal que se intercambien en el marco ECRIS, según los planes de Bruselas. De esta forma, Jourová pretende atajar el problema de las identidades falsas. "Como el atacante de la comisaría de París", ha ilustrado, "del que se supo que tenía siete pasaportes de siete nacionalidades diferentes".

Los Estados miembros intercambian cada año unas 288.000 solicitudes de información sobre condenas previas, según datos de la Comisión Europea. Este número, como es lógico, incrementaría al introducirse información penal sobre ciudadanos de terceros países ajenos a la UE, pero también habría un "ahorro" en administración y en tiempo de solicitud de información al Estado del que es nacional la persona de la que se está solicitando información, explica el brazo ejecutivo de la Unión. 

Jourová hará la propuesta formal el próximo 26 de enero ante los ministros de Interior y Justicia de los Veintiocho, que tienen previsto participar en una reunión informal en Ámsterdam, capital de Holanda, país que ostenta desde el 1 de enero y hasta el 30 de junio de 2016 la presidencia de turno de la UE. Una vez que los ministros hayan dado su visto bueno a la propuesta, esta deberá volver a debate al pleno de la Eurocámara y, finalmente, entrará en vigor un año después de haber sido publicada en el Diario Oficial de la UE.

FUENTE:
El País. 

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La UE cambia el sistema de reparto de asilados para propiciar hoy un acuerdo

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Un grupo de migrantes llega al puesto fronterizo entre Croacia y Hungría. / Jeff J Mitchell (Getty Images)


  • Los ministros debaten este martes un nuevo esquema para reubicar a 120.000 refugiados

Lucía Abellán Bruselas 22 SEP 2015 - 07:17 CEST

La UE ha reformulado el sistema de reparto de refugiados para evitar un nuevo fracaso en la principal herramienta que ha ideado con intención de aliviar la crisis migratoria. Los Estados discuten una nueva propuesta, que excluye a Hungría (por voluntad propia) del grupo de países desde los que se envían refugiados hacia otros territorios menos afectados. Se mantiene, eso sí, la cifra de 120.000 demandantes de asilo que los Estados miembros deben reubicar en los próximos dos años para compartir la presión de los países más expuestos. El bloque del Este solo aceptará el esquema si queda claro que es voluntario.

La diplomacia europea explora los límites del lenguaje para lograr un acuerdo que evite la imagen de desunión en uno de los mayores desafíos que afronta la UE. Los ministros del Interior se reúnen este martes en Bruselas con la esperanza de cerrar el acuerdo que dejaron pendiente hace algo más de una semana: un mecanismo que permita redistribuir por el territorio comunitario a 120.000 personas llegadas en los últimos meses a los países con mayor número de entradas. La clave reside en formular un compromiso que tenga apariencia de voluntario —para que puedan firmarlo los países del Este, fieramente opuestos a un esquema obligatorio—, pero que vincule a todos.

Para propiciarlo, ha hecho falta cambiar un elemento clave de la propuesta de la Comisión Europea. Como receptora de buena parte de los demandantes de asilo que pisan suelo comunitario, Hungría figuraba como país que más refugiados enviaba al resto (54.000), pero rehúsa participar. El motivo es que, a cambio de aceptar ese alivio, Hungría debería comprometerse a registrar, bajo supervisión de expertos comunitarios, a todo migrante que entrase a su territorio. Y este país, el más hostil hacia los refugiados, defiende que no es su responsabilidad identificarlos pues provienen originariamente de Grecia. Las reglas de asilo obligan a registrar a los solicitantes en el primer país europeo que pisan. Aunque la norma ha quedado superada por la realidad, Budapest defiende su vigencia mientras exista ese marco. 

Reticencias en el Este

El nuevo reparto colocaría a Hungría como receptora de refugiados de otros territorios, lo que rebajaría mínimamente la cuota asignada a cada Estado. Así, a España le corresponderían 14.588 (frente a los 14.931 inicialmente previstos), según se desprende de un borrador de acuerdo al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Para reubicar a esos 54.000 migrantes que ya no provendrán de Hungría, los Estados estudian crear una especie de reserva que puedan reclamar otros países “que se enfrenten a una situación de emergencia”. Por ejemplo, si Croacia recibe un volumen inusitado de refugiados, puede pedir reubicarlos a cuenta de esa cuota, aunque este país ya ha declarado su negativa a hacerlo por motivos similares a los de Hungría.

Respecto a la idea inicial de penalizar a los países que, por circunstancias excepcionales, no puedan asumir a los refugiados, los diplomáticos han decidido suavizar la propuesta y que simplemente se pueda aplazar unos meses la acogida de un 30% de los refugiados que correspondan.

Todas las opciones representan un remiendo al problema de fondo: la falta de un marco homogéneo de gestión del asilo en Europa. Los países miembros intentan borrar hoy la imagen de falta de solidaridad que ha emergido en esta crisis, pero está por ver que prospere. Los jefes de Estado y de Gobierno tratarán este miércoles más ampliamente las políticas migratorias.

Los seis países aún reticentes (Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Rumanía y Letonia) volvieron a reunirse este martes en Praga con el principal defensor de este acuerdo, Jean Asselborn, ministro de Exteriores de Luxemburgo, que asume la presidencia de turno de la UE. “Todos los participantes en la reunión se aferran a la idea de lograr una posición común”, resumió Lubomir Zaoralek, titular checo de Exteriores.

FUENTE: El País. 

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Schäuble propone limitar el poder de la Comisión Europea

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Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión, el 22 de julio. / FRANCOIS LENOIR (REUTERS)

  • El ministro alemán cree que Juncker da un giro demasiado político a la institución

Enrique Müller / Belén Domínguez Cebrián Berlín / Bruselas 30 JUL 2015 - 15:35 CEST

Wolfgang Schäuble, el poderoso ministro de Finanzas de Alemania, distinguido con el raro privilegio de ser el político más cuestionado de Europa a causa de su papel de duro en las negociaciones para resolver la crisis de Grecia, está camino de provocar un nuevo seísmo en el seno de la Unión Europea. El ministro propuso hace dos semanas a sus homólogos de la eurozona la reducción y el reordenamiento de las competencias de la Comisión Europea.

En una reunión del Eurogrupo (los ministros de Finanzas y Economía), Schäuble sugirió que la frenética actividad de la Comisión, presidida por Jean Claude Juncker, en las negociaciones para resolver la crisis griega habían sobrepasado su función original de guardiana de los tratados y supervisora del mercado común. Durante el encuentro Schäuble se opuso a la idea de crear una Comisión más política, tal como defiende Juncker, y destacó que ésta no sería compatible con las funciones originales del organismo.

El ministro alemán planteó la necesidad de trasladar las competencias iniciales de la Comisión a un organismo independiente calcado a la Oficina Federal Antimonopolios de Alemania. Schäuble asegura que su propuesta no está destinada a debilitar a la Comisión, sino a salvaguardar la independencia regulatoria del organismo en un momento en que la Unión Europea adquiere cada vez más una función política. "Es verdad que esta Comisión es más política, lo cual no quiere decir partidista", reconoció Andreeva quien justificó este giro argumentando que ahora Bruselas "está más atenta en lo que ocurre en los Estados miembros y las necesidades de sus ciudadanos". Y puso como ejemplo la recién estrenada estrategia de Inmigración y la del Mercado Único Digital.

La propuesta llega en un momento en que los ministros de Finanzas de la zona euro critican el papel desempeñado por la Comisión durante las negociaciones con Grecia. Varias veces, Juncker negoció directamente con Alexis Tsipras condiciones del paquete de rescate y apoyó el deseo de Tsipras de obtener un acuerdo para la concesión de nuevos créditos y una quita sobre parte de la deuda. Por eso, de acuerdo con el periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung, el ministro holandés y presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, aceptó incluir la redifinición de atribuciones de la Comisión en la agenda comunitaria durante la presidencia holandesa que se inicia a comienzos de 2016.

La propuesta del ministro alemán coincide con los deseos del primer ministro británico, David Cameron, de introducir reformas en los tratados para restarle poderes a la Comisión para impedir la salida del Reino Unido de la UE.

Aunque Schäuble siempre ha defendido la legitimidad democrática de la Comisión y se mostró a favor de la elección del presidente, el ministro cree que una Comisión más política perdería legitimidad para seguir ejerciendo de protectora de los tratados europeos.

La Comisión Europea ha preferido restar credibilidad a las filtraciones de la prensa alemana y "no comentar sobre los ecos de rumores de otros", declaró la mañana del jueves Mina Andreeva, una de las portavoces del presidente del Ejecutuvo de la UE, Jean-Claude Juncker. "No hay ninguna declaración oficial [de Wolfgang Schäuble] al respecto y por tanto no sabemos lo que él piensa", añadió.

Bruselas quitó de un plumazo importancia a las supuestas declaraciones del polémico ministro de Finanzas alemán defendiendo que es un "europeísta convencido" y puso en duda, por tanto, dichas informaciones. "El presidente Juncker lo conoce [a Schäuble] desde hace décadas", sentenció la portavoz.

Andreeva agregó ayer que esta Comisión -creada en noviembre de 2014- tiene el claro mandato de poner en marcha "en profundidad" la unión económica y monetaria, algo que se puso ya de manifiesto el pasado 22 de junio en el informe de los cinco presidentes: el del Parlamento europeo, Martin Schultz, el del Consejo Europeo, Donald Tusk, el del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, el del Banco Central Europeo, Mario Draghi y el de la Comisión Europea, el propio Juncker.

FUENTE: El País. 
 
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La UE elude prometer la integración de Ucrania en el club comunitario

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De izquierda a derecha, Donald Tusk, Petró Poroshenko y Jean-Claude Juncker, el lunes en Kiev. / GLEB GARANICH (REUTERS)

  • El presidente Poroshenko reclama a Bruselas una señal para recompensar sus esfuerzos

Lucía Abellán Bruselas 27 ABR 2015 - 19:04 CEST

Ucrania forma parte de Europa, pero no del proyecto comunitario. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha evitado este lunes ofrecer esperanzas de integración al presidente ucranio, que se lo reclamó explícitamente. “Para mí, Ucrania es parte de la familia europea. No de la familia africana o subsahariana, sino de la europea. Por el momento, esta es la respuesta”, se ha limitado a responder en Kiev el líder del Ejecutivo europeo. En una respuesta anterior a la prensa, Juncker se había mostrado más ambiguo al concluir: “La adhesión no es una cuestión de actualidad inmediata”.

La Unión Europea y Ucrania han celebrado la primera cumbre bilateral desde el estallido de las protestas proeuropeas que derrocaron al Gobierno de Víctor Yanukóvich y desencadenaron el conflicto con Rusia. La ocasión era propicia para plantear del encaje entre ambos territorios; la guerra con los rebeldes prorrusos en el este del país y los recortes que aplica el Ejecutivo central minan la confianza de los ciudadanos ucranios, que encadenan el segundo año de recesión.

En este contexto, y con Juncker y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, como interlocutores principales, el líder ucranio, Petró Poroshenko, pidió sin ambages esa perspectiva de integración. “En cinco años habremos aplicado el acuerdo de asociación [con la UE] y habremos alcanzado las condiciones para pedir el ingreso”, confió el presidente ucranio, que admitió que el país tendrá que afrontar “un periodo de transformación doloroso y en ocasiones difícil”. En ese horizonte de sacrificios, el presidente apeló a Bruselas para que “dé señales de que esa dura batalla se verá correspondida con una integración en la familia europea”.

La Europa comunitaria ha ofrecido a Ucrania importantes muestras de adhesión, pero sin prometer nunca que esa cercanía derivará en una eventual candidatura al club. Juncker, además, ha asumido como compromiso de mandato mantener la UE con los actuales 28 miembros (en todo caso, la cuestión ucrania se plantearía a largo plazo).

Conscientes de que Bruselas necesita ver reformas radicales en una economía aún muy dependiente de los oligarcas y con un sector público lastrado por la corrupción, tanto Poroshenko como el primer ministro ucranio, Arseni Yatseniuk, aprovechan cualquier oportunidad para recordar todos los esfuerzos que están realizando en este ámbito. “Las reformas incluidas en el memorándum [el acuerdo firmado con la UE a cambio de ayuda financiera] han conseguido contener el déficit público y lograr lo que nunca se había logrado antes”, expuso Poroshenko ante la prensa.

Pese a todo, Bruselas le reclama más: una descentralización que dé más poder a las regiones, lucha contra la corrupción, la privatización de empresas públicas y una mayor independencia de los órganos reguladores, según explican fuentes del servicio diplomático europeo, que, no obstante, subrayan: “Nunca ha habido un Gobierno más consecuente al mando”.

Los representantes europeos dejaron en Kiev dos promesas: el desembolso de una nueva partida de 70 millones de euros y el envío de una misión a Kiev que debe evaluar las nuevas necesidades del país. Eso excluye, de momento, la misión militar que reclama el Gobierno de Yatseniuk a organismos internacionales (principalmente la UE) para garantizar la paz y, sobre todo, la recuperación de la autoridad por parte de Kiev. “Hoy es imposible una misión militar, pero hemos desplegado una misión civil para el asesoramiento en seguridad y queremos lanzar otra para ser más eficaces allí”, explicó Donald Tusk, uno de los principales aliados de Poroshenko en Europa.

Respecto a las sanciones contra Rusia, Tusk advirtió de que estarán en vigor hasta que se cumplan por completo los acuerdos de paz de Minsk, lo que implica que el Ejecutivo de Kiev recupere el control sobre su territorio. “Espero que en junio podamos mantener esta unidad”, confió Tusk, partidario de mantener el castigo económico a Moscú por su implicación en el conflicto ucranio.
 
FUENTE: El País. 
 
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Los líderes europeos se reúnen para abordar la crisis migratoria

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Otros 200 inmigrantes rescatados llegan al puerto de Catania. / Atlas / AFP


  • Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE han decidido "al menos duplicar el presupuesto"

Lucía Abellán Bruselas 23 ABR 2015 - 12:56 CEST

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reúnen este jueves en Bruselas en una cumbre extraordinaria urgente para abordar la crisis migratoria después del hundimiento de un carguero en el Mediterráneo el pasado domingo en el que se calculan que murieron unas 800 personas. Los líderes europeos tienen como objetivo adoptar medidas que a corto plazo contengan las muertes de quienes tratan de llegar a Europa y, a largo, suavicen las salidas de barcos de los países vecinos del sur, particularmente de Libia. Los líderes han decidido “al menos duplicar” el presupuesto y los medios de las dos operaciones europeas de vigilancia —y al final de salvamento— que existen en el Mediterráneo: Tritón, que vigila las costas italianas con una dotación mensual de 2,9 millones de euros, y Poseidón, desplegada en el mar Egeo, con unos ocho millones al año. Así figura en un borrador del documento que tienen previsto aprobar este jueves.

Las tragedias en el Mediterráneo han propiciado una inusual unanimidad en el mensaje de los líderes europeos. Por encima de las diferencias sobre política migratoria, la prioridad es hoy salvar vidas. El cambio de actitud de Alemania y de Reino Unido, dos de los países hasta ahora más reacios a hablar de operaciones de salvamento marítimo por el supuesto efecto llamada que provocan, ha sido decisivo en este nuevo clima político. “Hay que poner fin a estos cargueros de la muerte”, sentenció este miércoles el primer ministro británico, David Cameron, hasta ahora muy crítico con la actuación italiana en sus costas.

Varios presidentes o primeros ministros anunciarán este jueves en Bruselas sus contribuciones adicionales a las misiones marítimas europeas, entre ellos el propio Cameron. Fuentes británicas rehúsan concretar si Londres aportará un barco u otros equipos, como se ha especulado, pero aseguran que el primer ministro presentará una oferta para Tritón. Ese paso adelante se une a la mayor disposición de Alemania a afrontar el problema de los naufragios. “Lo más importante es que hagamos lo necesario para evitar que las víctimas fallezcan de manera agónica a las puertas del Mediterráneo”, enfatizó la canciller alemana, Angela Merkel, poco después de la tragedia del barco hundido con entre 700 y 900 personas cerca de Italia.

Más espinoso resulta el plan para luchar contra las mafias organizadas, con la destrucción de los barcos incautados a los traficantes como punto principal. La idea, vivamente apoyada por Italia, España y Malta, suscita simpatías en el resto de países, pero el Consejo Europeo —representa a los Estados miembros— estudia el encaje legal de una misión de ese tipo.

“No se puede combatir a los traficantes sin tomar en serio la propuesta de [Matteo] Renzi: arrestar o destruir los barcos antes de que puedan ser usados. La idea de Tusk [el presidente del Consejo] está muy cercana a la de Renzi, pero no vamos a solventar ese problema en la cumbre”, asegura un alto cargo del Consejo. Para poder destruir barcos, la misión europea debería tener carácter militar y para intervenir en un país tercero como Libia se requiere el consentimiento de las autoridades nacionales —algo inviable ahora porque Libia carece de Estado— o un mandato de Naciones Unidas. Los líderes europeos pedirán al servicio diplomático que “comience inmediatamente” a diseñar esta operación, “de acuerdo con las normas internacionales”, según el borrador.

Con carácter aún más inmediato, los países se comprometerán a acoger al menos a 5.000 refugiados de países cercanos a la zona de conflicto en Oriente Próximo y reconocidos como tal por la ONU. Los países deberán acometer, de momento de manera voluntaria, un mayor esfuerzo en este terreno, en el que Europa se ha implicado muy poco. El año pasado los países miembros acogieron a poco más de 7.000 personas, frente a los millones de refugiados que residen en los países vecinos de Siria e Irak.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se reunió este miércoles con la presidenta de la Comisión de la Unión Africana, Nkosazana Dlamini-Zuma, y acordaron cooperar más en inmigración. “Está claro que la prioridad es salvar vidas humanas”, aseguró Juncker, que prometió ayuda en la lucha contra los traficantes.
 
FUENTE: El País.

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Grecia desafía a la UE con una ley para paliar la crisis humanitaria

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El primer ministro griego, Alexis Tsipras, en el Parlamento. / YANNIS KOLESIDIS (EFE)

  • Tsipras se reúne hoy con Juncker, Merkel. Hollande, Dijsselbloem y Tusk para tratar de rebajar la tensión entre Atenas y los socios europeos

Claudi Pérez Bruselas 19 MAR 2015 - 00:06 CET


Protestas violentas ante la sede del Banco Central Europeo y guerra de guerrillas entre Grecia y la eurozona: ese es el estado de la Unión a día de hoy. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, desafió ayer a la antigua troika al seguir adelante con una ley que trata de suavizar las gravísimas consecuencias sociales de la crisis. La Comisión Europea había enviado a Tsipras una dura carta —a través de uno de sus funcionarios, llamado Declan Costello— avisándole de que cualquier “decisión unilateral” al respecto iría contra el acuerdo para prorrogar el rescate griego, firmado el pasado 20 de febrero. Tsipras hizo oídos sordos a esa advertencia y esa ley sigue su camino. En un discurso ante su Parlamento, el líder de Syriza le devolvió la saeta a la Comisión y reclamó a la UE que, a su vez, deje de ejercer “acciones unilaterales” contra Grecia. “Si lo que quieren es asustarnos, mi respuesta es que no lo van a lograr”, afirmó.

El tono de las negociaciones entre Grecia y sus acreedores es cada vez más desagradable. El Ejecutivo griego ha empezado a auditar su deuda para analizar qué parte puede ser deuda ilegítima. Amaga con un referéndum sobre la política económica que imponen los socios. Y Europa, por su parte, enseña los dientes: el comisario Pierre Moscovici asegura que el objetivo es que Grecia permanezca en la eurozona, “pero no a cualquier precio”, según una entrevista en el semanario Die Welt, y hasta el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, que ha mostrado ahora un perfil de lo más conciliador con Grecia, se mostró ayer “preocupado” y visiblemente “insatisfecho” por la marcha de las relaciones entre Grecia y los socios europeos. “El tiempo se está acabando para Grecia”, remachó el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble.

El desafío de Tsipras y el cruce declaraciones llegan en una semana crucial —aunque ese adjetivo pierde brillo: parece que todas lo sean con Grecia— para el devenir de la negociación. La crisis griega será el elefante en la habitación de la próxima cumbre europea, que empieza hoy en Bruselas: Grecia no está en la agenda, y sin embargo se da por hecho que será el asunto estrella de la reunión, junto con la inevitable Rusia. Anoche se supo que Tsipras se reunirá hoy en Bruselas con un gabinete de crisis: Juncker, Donald Tusk (presidente del Consejo), Jeoren Dijsselbloem (presidente del Eurogrupo), Angela Merkel y François Hollande intentarán desencallar la situación. Y el lunes, Tsipras viaja a Berlín para verse con la canciller Merkel.

Ese goteo de reuniones llega en uno de los peores momentos en las relaciones Grecia-UE. Y la cosa puede ir a más: junto con la ley para luchar contra la crisis humanitaria —con medidas para paliar la pobreza energética y cheques para comprar alimentos—, el Gobierno tiene previsto aprobar una segunda medida para suavizar el tratamiento de los retrasos en el pago de impuestos. En ambos casos, la Comisión avisó a Tsipras de que debe “consultar primero” y que proceder “unilateralmente” iría contra el acuerdo del 20 de febrero, que permitió prorrogar el rescate. “No pensamos dar un paso atrás en todo lo que consideramos necesario para que la sociedad tenga un respiro”, dijo Tsipras ante el Parlamento.

La tensión se centra en los pormenores asociados a esa prórroga: el acuerdo que permitió ampliar el plazo de las ayudas a Grecia debe examinarse a finales de abril para ver si Atenas cumple sus compromisos y, por tanto, tiene derecho a recibir ayuda financiera, ante las cada vez más acuciantes dificultades de financiación. Tsipras, aun así, sigue a lo suyo, con leyes que desafían los deseos de los acreedores. Y no solo de los europeos: el FMI filtró ayer que Grecia es “su peor cliente” —peor aún que Argentina— en 70 años, por su “inaceptable” actitud en los últimos meses, informa Bloomberg. Dijsselbloem provocó, además, el enésimo batacazo de los bancos griegos en Bolsa tras unas declaraciones sobre la posibilidad de poner en marcha controles de capital.

FUENTE: El País.

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El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. / EMMANUEL DUNAND  (Afp)

  • El Parlamento Europeo mantiene el pulso con la Comisión y rechaza que el fondo drene recursos ya asignados a infraestructuras e I+D

Claudi Pérez Bruselas 16 MAR 2015 - 00:01 CET

Antes de echar a andar, el plan Juncker de inversiones ha levantado ya 25.500 millones de euros en Alemania, Francia, Italia y en menor medida España, pero también ha cosechado un importante revés en el Parlamento Europeo acerca de su gobernanza y, sobre todo, su financiación. La Eurocámara mantiene un pulso con la Comisión Europea. Enmendó la semana pasada uno de los proyectos estrella de Jean-Claude Juncker: los eurodiputados quieren que los responsables del nuevo vehículo inversor, que aspira a tener una potencia de fuego de hasta 315.000 millones, rindan cuentas en sede parlamentaria, pero sobre todo rechazan que el plan se financie drenando recursos a los fondos ya destinados a infraestructuras de transporte y a política industrial y de I+D. La Eurocámara quiere que el plan inversor se financie rebañando los márgenes del presupuesto, año a año. Ese movimiento ha levantado ampollas en el brazo Ejecutivo de la UE, que enseña los dientes: Juncker amenaza con retirar su flamante plan si la Eurocámara no suaviza sus líneas rojas, según explicaron a este diario fuentes próximas al presidente de la Comisión.

La jugada tiene un componente de calculada estrategia, pero subraya asimismo el celo del ex primer ministro luxemburgués con uno de los proyectos clave para sacar a Europa de su interminable crisis. En una reunión a puerta cerrada con varios eurodiputados socialistas, Juncker ya expuso la semana pasada su ultimátum. Sin éxito: los eurodiputados siguieron adelante con las enmiendas más comprometidas. “La Eurocámara apoya en líneas generales el plan, pero arremete contra la piedra angular del proyecto: la financiación tiene que estar clara desde el primer día si Europa quiere convencer al fondo soberano de Noruega y a los inversores del Golfo o del Sureste asiático de que arriesguen su dinero. Sin ese dinero asegurado, no hay plan”, advierte el entorno de Juncker.

El Fondo Juncker contaba con 16.000 millones del presupuesto europeo: básicamente, garantías procedentes de fondos ya asignados para las citadas infraestructuras de transporte (el denominado Connecting Europe) y un plan de apoyo a la inversión industrial y la I+D, el Horizonte 2020, que se aprobó el año pasado tras meses de negociación. A esos 16.000 millones hay que sumarles 5.000 millones del BEI. Con el anzuelo de esos 21.000 millones, que serviría para sufragar las primeras pérdidas, el vehículo inversor se endeudará en los mercados y buscará inversión privada hasta totalizar 315.000 millones en tres años, con un elevado grado de apalancamiento e ingeniería financiera que ha provocado críticas. El Parlamento discute la mayor: esos 16.000 millones iniciales. Quiere que salgan de los márgenes del presupuesto, del dinero que no se gasta anualmente, lo que significaría rebañar cada ejercicio los fondos que no se usan. “Un instrumento tan ambicioso no puede depender de una negociación anual que no suele ser sencilla”, conceden fuentes europeas.

Es muy posible que el pulso se resuelva a favor de las ideas de Juncker: el debate dista mucho de estar cerrado. Fuentes comunitarias avisan de que las trabas del Parlamento “obedecen a la presión del potente lobby de transportes y de otros grupo de interés”. El brazo ejecutivo de la Unión no está dispuesto a transigir: "El esquema de financiación que plantea el Parlamento es difuso y dificulta la tarea de vender el plan a los inversores internacionales”. A su vez, la Eurocámara juega con las prisas de Bruselas: el plan tiene que estar listo ya en verano para dar comienzo a los proyectos más atractivos, y para eso, tras el visto bueno del Consejo Europeo, hace falta luz verde del Parlamento.

José Manuel Fernades, del PPE, destaca que el objetivo es “asegurar la máxima flexibilidad y garantizar el control democrático para evitar que los proyectos se elijan con criterios políticos”. El eurodiputado socialista español Jonás Fernández lamenta que el plan Juncker retire fondos a proyectos que ya tenían esos recursos asignados, pero admite que la Comisión debe garantizar la financiación para evitar dudas en el sector privado. “El proyecto acabará saliendo”, subraya Fernández.

Los Veintiocho han dado ya su aprobación a las líneas maestras del vehículo inversor diseñado por la Comisión. Hay contribuciones importantes de los bancos públicos de los grandes países del euro; otros Gobiernos, como el polaco o los bálticos, están cerca de inyectar fondos o diseñar plataformas de inversión para canalizar recursos. “Los primeros proyectos se están ya evaluando a falta de la aprobación definitiva del Parlamento, que tiene que llegar antes del verano, y los inversores internacionales han dado algo más que muestras de interés por participar. No es el momento de poner en duda la financiación pública del plan”, explicaron fuentes de la Comisión.

FUENTE: El País. 
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La Comisión Europea da dos años más a Francia para reducir su déficit

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El comisario de Economía de la UE, Pierre Moscovici. / John Thys (AFP)


  • París tendrá hasta 2017 para reducir el saldo negativo del 4,3% al 3% del PIB

Claudi Pérez Bruselas 25 FEB 2015 - 17:05 CET

Dureza con Grecia y laxitud con Francia e Italia: esa es a día de hoy la Unión Europea. La Comisión Europea acaba de dar dos años más a Francia, hasta 2017, para que deje el déficit público en el mítico 3% del PIB. Bruselas da un ligero toque de atención a París y Roma, pero pone de manifiesto que las reglas no son iguales para todos: Italia lleva década y media de estancamiento; Francia se enfrenta a un horizonte de medio plazo con un crecimiento tan anémico que más recortes fiscales ponían en peligro la recuperación –débil y desigual—de la eurozona.

En un movimiento político de primera magnitud, la Comisión Juncker, que podía haber iniciado el procedimiento de sanción para París y Roma ante la falta de reformas y los problemas con el déficit y la deuda pública, respectivamente, confirma que la era de la austeridad deja paso a una política fiscal neutra y muy cuidadosa con los grandes, ante unas perspectivas para la economía europea que no acaban de mejorar ni siquiera con la promesa del Banco Central Europeo de la compra masiva de deuda pública y privada. Y ante el peligro que en esos dos países, y en otros, emerge en forma de populismos, con el Frente Nacional de Le Pen en Francia y la antipolítica del Movimiento 5 Estrellas más allá de los Apeninos.

Según las previsiones de la Comisión Europea, el déficit público de Francia, en vez de menguar, creció hasta el 4,3% del PIB en 2014 (frente al 4,1% de 2013). Excepto en el arranque de la crisis, el desajuste de las cuentas públicas francesas no fue muy abultado (entre el 5% y el 4% del PIB), pero París hizo valer su peso político y se resistió siempre a tomar medidas fiscales extremas. Eso y el leve crecimiento de los últimos años explica que el déficit apenas se haya reducido en los últimos tres años, contraviniendo las exigencias de la Comisión.

"Francia es el caso más complicado que hemos discutido hoy. Está claro que tiene que acelerar sus esfuerzos tanto en el plano de reformas estructurales como en el fiscal", dijo el vicepresidente de la Comisión Europea para el euro, Valdis Dombrovskis. A cambio de este trato más suave, Bruselas reclama a París más reformas fiscales y que se comprometa a un ajuste estructural de las cuentas públicas. La Comisión tampoco hará exigencias adicionales a Bélgica e Italia, pese a sus evidentes problemas para bajar la deuda pública.

En el caso de España, por ahora, no hay novedad: con un déficit cercano al 5,5% del PIB en 2014 tras un ajuste tremendo (el desfase estaba en el 9% del PIB en 2011), que contribuyó a provocar una segunda recesión y destruir otro millón de empleos, la Comisión le sigue exigiendo que llegue al objetivo de déficit del 3% en 2016. "En España ha habido mejoras, pero aún hay riesgos", dijo en rueda de prensa el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, quien precisó que el país seguirá siendo sometido a la supervisión comunitaria.
 
FUENTE: El País.
 
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Grecia se atrinchera contra el resto del Eurogrupo

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El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, con el ministro Yanis Varoufakis en una reunión de la semana pasada en Bruselas. / YVES HERMAN (REUTERS)

  • Juncker habló con Tsipras tras el fracaso de los primeros contactos técnicos en Atenas
   Claudi Pérez Bruselas 16 FEB 2015 - 00:05 CET


Dieciocho contra uno. Los primeros contactos técnicos entre las instituciones anteriormente conocidas como troika y Grecia, desarrollados durante el fin de semana, no dieron un solo fruto reseñable y anticipan un nuevo Eurogrupo (la reunión de ministros de Finanzas del euro) espinoso para Atenas, según las fuentes consultadas en Bruselas. El primer ministro heleno, Alexis Tsipras, adelantó el domingo que habrá “negociaciones difíciles” en la capital europea, pero se declaró “lleno de confianza” y reiteró que no aceptará medidas de austeridad rigurosas en ningún pacto sobre su deuda. Pero las fuentes consultadas en el Eurogrupo se expresan con mucho menos optimismo. “El Gobierno griego sigue en otra galaxia, la misión técnica ha sido algo parecido a un desastre y no hay esperanzas para un acuerdo mañana: serán otra vez todos contra Grecia en la reunión de ministros, se acaba el tiempo y Atenas no parece consciente de que el BCE puede cortar el grifo a final de mes si el Gobierno no cambia”, explicaron fuentes diplomáticas.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, llamó el domingo por la tarde a Tsipras en un esfuerzo por buscar una solución que sea aceptable para los griegos y también para los europeos. “Juncker está inmerso en la negociación”, confirmaron fuentes diplomáticas, aunque de momento no ha logrado que Grecia se acomode a los deseos de Berlín, que son también los de los países rescatados de la periferia, como España.

Grecia quiere un acuerdo-puente de seis meses para negociar un tercer rescate en toda regla. Y ofrece cumplir un 70 % de las reformas incluidas en el segundo rescate, más 10 reformas adicionales pactadas con la OCDE. Quiere rebajar la austeridad y poder aprobar medidas destinadas a solucionar la “emergencia social”. No quiere privatizar. Exige cierta flexibilidad: reducir el superávit primario para este año (sin contar el pago de intereses), del 3 % al 1,5 %. Y rechaza el último tramo del rescate, pero a cambio reclama que los bancos centrales den a Grecia los beneficios de las operaciones con deuda griega (1.900 millones), que el dinero para la banca no gastado se quede en Atenas (algo más de 11.000 millones) y pide que sus entidades financieras puedan comprar más volumen de la deuda pública a corto plazo que emite el Estado heleno, para después colocar esos bonos en el banco central. El problema es que, a ojos del resto del Eurogrupo, nada de eso es posible si las condiciones del actual rescate no se cumplen a rajatabla.

Una misión de la Comisión Europea, el FMI y el BCE ha estado en Atenas desde el viernes para ver qué parte de la propuesta griega se corresponde con las condiciones del rescate actual, con resultados nefastos. “Necesitamos cuantificar ahora las propuestas, necesitamos identificar las medidas que propone Grecia y cotejarlas con el programa. Y en la reunión del lunes se verán las diferencias”, explicaron fuentes del Eurogrupo el pasado viernes. “El programa puede tener cierta flexibilidad en función de cómo evoluciona la situación económica y fiscal, pero el contenido de fondo va a ser el mismo”, según la misma fuente.

Nadie espera un accidente en Bruselas. Pero todo el mundo deja abierta una posibilidad de lío si el tiempo sigue pasando y Atenas no cede a las fuertes presiones del Eurogrupo. “La UE es especialista en encontrar soluciones de compromiso de última hora”, recordó Tsipras en su primera visita a Bruselas, hace unos días. Su Gobierno ya ha cedido en algunas cosas: Grecia ha dejado de hablar de quitas y apuesta ahora por un canje de deuda, y siempre ha descartado una salida del euro. Algunos de los problemas son simplemente semánticos: Bruselas busca los eufemismos adecuados para que las concesiones de ambas partes permitan la citada solución de compromiso. Pero en lo esencial, Tsipras sigue en sus trece: “El Gobierno griego está decidido a mantener el compromiso con la gente y no continuará con un programa que tenga las características del rescate previo”, dijo el primer ministro a la televisión griega Skai.

Lo que dice Angela Merkel y repiten todos y cada uno de los ministros del Eurogrupo, salvo el griego Yanis Varoufakis, suena bien distinto: “Grecia debe respetar las reglas”. Esas son las condiciones de Europa, que al cabo tiene la sartén por el mango: a Grecia se le puede hacer de noche si el BCE le corta el grifo a sus bancos o si llegan los vencimientos de deuda y no hay atisbo de acuerdo.

FUENTE: El País. 

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Europa intensifica la presión sobre la Grecia de Tsipras

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Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión (izquierda), y el vicecanciller alemán, Sigmar Gabriel, este lunes en Nauen (Alemania). / r. h. (efe)

  • La UE y los mercados rechazan las tesis del primer ministro en su discurso de investidura.

Claudi Pérez Bruselas 9 FEB 2015 - 21:12 CET 

Velan armas, lanzan avisos, aguardan su momento. Europa y Grecia prepararon este lunes el Eurogrupo y la cumbre de esta semana con la habitual cacofonía de voces ya casi típica de los momentos de más tensión en la crisis del euro. Atenas no se movió y reiteró que no pedirá una extensión del rescate, aunque un portavoz del Ejecutivo aseguró que las únicas líneas rojas de Alexis Tsipras son la imprescindible reestructuración de la deuda y un recorte del superávit primario (antes del pago de intereses), totalmente asumibles para los socios. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, intensificó la presión y advirtió a los griegos de que no deben esperar buenas noticias: Europa no asume las demandas de Tsipras y los suyos.

La Unión es especialista en ese tipo de guirigáis que suelen terminar en un pacto de compromiso, tras una puesta en escena subida de tono que se ha repetido una y otra vez en esta Gran Recesión. El ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, tiró de metáfora en relación a la necesidad de un tercer rescate y aseveró que “lo que se llama medicina es en realidad un veneno, y lo peor es que el doctor lo sabe”. Tsipras apuntó que su programa de Gobierno (basado en cumplir sus promesas de gasto y en solicitar un acuerdo-puente para cubrir el agujero de financiación, que se sitúa entre 10.000 y 20.000 millones) no es rupturista ni un lastre para los europeos y recordó que los rescates anteriores “no fueron un acto de solidaridad con Grecia sino con los bancos del norte de Europa”.



Tsipras tiene buenos argumentos a su favor: la gestión del rescate griego, protagonizada por el Eurogrupo y la troika, ha sido un verdadero desastre. Pero Atenas tiene parte de culpa en esa gestión, y sobre todo en los excesos de los años precrisis. Ambos bandos se agarran a su respectivo relato: Tsipras afirmó este lunes que va a desmantelar el “cruel” programa de austeridad, y el domingo no dudó en solicitar a Alemania, con voz quebrada, reparaciones de guerra. Pero los dirigentes europeos le siguen bajando al suelo a la menor oportunidad. “Europa respetará a Grecia en tanto que Grecia respete a Europa”, dijo Juncker en Alemania. “Grecia no puede dar por supuesto que el estado de ánimo haya cambiado tanto que la eurozona vaya a asumir sin concesiones su programa”.

Alemania y Francia cierran filas con esa posición. Berlín lamentó el “endurecimiento” del tono de Tsipras y acusó a las “élites” griegas de haber “saqueado” el país, según el vicecanciller Sigmar Gabriel. El ministro de Economía francés, Michel Sapin, hizo un llamamiento “a respetar el resultado de las elecciones griegas”, a la vez que Atenas “respeta las reglas europeas”. Ese es el frontón en el que acaba siempre el debate sobre Grecia.

Y cuidado con los largos peloteos cuando el tiempo apremia. El jefe del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, asegura que Grecia tiene como fecha límite el jueves para solicitar una extensión del rescate. Y Atenas se va quedando sin aliados: Varoufakis dijo en la RAI que también Italia se enfrenta a riesgos de insolvencia, lo que provocó las lógicas protestas en Roma. El ministro se estrena este miércoles en el Eurogrupo tras una semana y media en la que ha mostrado tantas dotes mediáticas como escaso talento diplomático. Tsipras se verá el jueves las caras con Angela Merkel, François Hollande y compañía en una reunión de líderes que se adivina tensa. “No creo que se vaya a alcanzar un acuerdo final tan pronto”, avisó Juncker, a sabiendas de que si el rescate expira cualquier cosa es posible, incluso un accidente grave como una salida del euro, para el que varios países preparan planes de contingencia.

“Una salida sucia del rescate, sin un cortafuegos financiero ni un acuerdo-puente tal como quiere Grecia, es ahora mismo lo más probable. Atenas ha hecho concesiones, pero sigue lejos de lo que piden los socios”, cerró Mujatba Rahman, de Eurasia.

FUENTE: El País.
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París y Roma apoyan los planes de Bruselas para disolver la troika

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 El ministro de Finanzas griego, Yanis Varufakis. / SIMELA PANTZARTZI (EFE)

  • Juncker subraya que tiene “desde hace tiempo” la idea de acabar con la terna

Carlos Yárnoz / Pablo Ordaz / Claudi Pérez París / Roma / Bruselas 4 FEB 2015 - 09:36 CET


El fin de la troika gana apoyos a toda velocidad en las grandes capitales de Europa. Ninguna de las instituciones que forman esa terna —Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional— ha salido a defenderla con el más mínimo interés después de los planes de la Comisión, que avanzó EL PAÍS el lunes, de disolverla.

El Gobierno francés se alineó ayer con el brazo Ejecutivo de la UE y aseguró que se pueden encontrar “fórmulas diferentes” y alternativas a la troika, una vez que Atenas ha decidido no reconocerla como interlocutor válido, según aseguraron a este diario fuentes del Ministerio de Economía. El Ejecutivo italiano consideró asimismo “una buena noticia” los planes del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, acerca de romper la troika, según explicó a La República el secretario de Estado para Asuntos Europeos, Sandro Gozi. Su primer ministro, el florentino Matteo Renzi, eludió la cuestión ante la prensa.

Francia e Italia se van convirtiendo así en los dos grandes aliados de Grecia en la negociación que acaba de empezar, y no solo en lo relativo a la propuesta de la Comisión de desmantelar la troika. Berlín se opuso el lunes en público a esa posibilidad, aunque en privado Alemania parece dispuesta a “reformar” ese extraño cuerpo que combina funcionarios europeos y del Fondo Monetario.

Pero incluso los interesados son reacios a pronunciar una sola palabra a favor de mantener el statu quo actual: el FMI declinó anoche hacer comentarios al respecto, pero fuentes próximas a la institución insisten en que la troika acabará más pronto que tarde. El BCE subrayó que su papel es meramente “técnico”, y recordó que varios consejeros del Eurobanco han expresado reiteradamente preferencias por dejar de formar parte de esa terna. Además, el adiós del BCE está cantado: si Fráncfort adquiere deuda griega como parte de su programa de compra de bonos a gran escala estaría obligado a abandonar la troika, según la opinión del abogado general de la UE. 
Todas las fuentes consultadas en Gobiernos e instituciones coinciden en que esa sería una decisión eminentemente política, en forma de una concesión a Grecia, probablemente para compensar una reestructuración de deuda que se adivina muy limitada a pesar de las exigencias iniciales de Atenas. Las fuentes consultadas explican, además, que el mecanismo de rescate europeo (Mede) establece que será la Comisión, “junto con el BCE y, siempre que sea posible, también con el FMI”, quienes examinen la condicionalidad de los rescates. Alemania patrocinaba claramente esa opción política favorable a la troika, pero la presencia del FMI no es imprescindible. Aunque es posible que para la ruptura haya que votar en varios parlamentos, como el alemán y el holandés, según las fuentes consultadas.

La propuesta de Juncker gana tracción política e incluso base legal. El Ejecutivo francés argumenta al respecto que la troika “como tal” no está prevista en las normas ni en la legislación de la Unión. De hecho, no se trata de un organismo o institución, sino de una fórmula creada a raíz de la grave crisis europea y la consiguiente necesidad de establecer programas de rescate para varios países. Al igual que Italia, el titular de Economía francés, Michel Sapin, se ha mostrado comprensivo con las posiciones del nuevo Gobierno de Atenas. El domingo pasado, tras entrevistarse con su homólogo griego, Yanis Varufakis, bromeó al recordar que, pese a que “troika” es una palabra griega, el término resulta “muy negativo en las cabezas de los griegos; extremadamente negativo”. “Es solo una palabra, pero tiene un significado en la gente y hay que tenerlo en cuenta”.

Pese a las diferencias en ese asunto entre Berlín y París, el Gobierno de François Hollande apunta que el entendimiento entre mutuo “es imprescindible” y que se buscarán fórmulas de consenso entre ambas capitales frente al problema planteado en Grecia tras el triunfo de Alexis Tsipras. Juncker reiteró que su idea puede funcionar. El fin de la troika es un proyecto que tiene “desde hace tiempo”. “Yo soy un tipo constante”, cerró sonriente a preguntas de los periodistas.

FUENTE: El País. 

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Bruselas se plantea disolver la troika como concesión al Gobierno griego

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El nuevo primer ministro griego, Alexis Tsipras (derecha) y el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, en Atenas, el 29 de enero. / ORESTIS PANAGIOTOU (EFE)

  • La Comisión Europea ofrecerá a Tsipras facilidades en el pago de la deuda si cumple sus compromisos

Claudi Pérez Bruselas 2 FEB 2015 - 09:04 CET

El brazo Ejecutivo de la Unión Europea se propone desmantelar la troika —la terna formada por Comisión, Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Central Europeo (BCE)— como un gesto ante el nuevo Gobierno de Grecia si este acepta cumplir sus compromisos, según confirmaron este domingo fuentes consultadas por este diario conocedoras de esa deliberación.

Bruselas busca una solución de compromiso para compaginar las demandas del nuevo Gobierno griego y las exigencias de los socios del euro. La Comisión Europea descarta una quita en Grecia que no apoya nadie en Europa, pero apunta que la reestructuración de la deuda —ampliación de plazos y reducción de intereses— está sobre la mesa, según las fuentes consultadas por este diario. Y, siempre que Atenas cumpla escrupulosamente con sus compromisos, el brazo Ejecutivo de la UE se propone desmantelar de una vez por todas la troika, la terna formada por Comisión, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo, según confirmaron las mismas fuentes. El fin de la troika, símbolo de la austeridad aplicada al país en el último lustro, llegará si Grecia y los acreedores alcanzan un acuerdo y consiguen llegar sin accidentes al paso siguiente al rescate, que expira en febrero: una línea de crédito de precaución, el denominado rescate blando que nadie ha solicitado aún y que da margen como para acabar con esa extraña alianza entre Europa y el FMI sin provocar un estropicio. Con esa línea de ayuda, los inspectores europeos y los del Fondo dejarían de ir de la mano para comprobar que Grecia cumple con las condiciones de ese rescate.

La Comisión es consciente de que esas dos concesiones (económica en el caso de la deuda, y una señal política de primera magnitud en lo relativo a la ruptura de la troika) dependen de la negociación que arranca esta semana, con una sucesión de reuniones del primer ministro, Alexis Tsipras, y el ministro de Finanzas, Yanis Varufakis, en París, Londres, Roma y Bruselas. Tsipras está obligado a mover ficha primero. En función de su apertura, Bruselas pondrá sobre la mesa “un acuerdo global” para evitar accidentes financieros, que pueden llegar tanto si Atenas tensa demasiado la cuerda como si los socios del euro no hacen suficientes concesiones por la dimensión política de la victoria de Syriza.

Tras una primera semana turbulenta, Grecia afronta otra fundamental. Atenas sorprendió a los socios europeos el viernes al asegurar que no quiere una extensión del rescate actual, algo que puede dejar a sus bancos sin la imprescindible liquidez del BCE. Consciente de la delicada situación, Tsipras salió el sábado en un tono más conciliador, y aseguró que pagará los préstamos del BCE y al FMI y que buscará un pacto con las autoridades europeas antes del 28 de febrero, fecha en que vence el rescate. Pese a que esas gesticulaciones han encontrado amplio eco, Bruselas considera que el verdadero baile empieza ahora. La Comisión es partidaria de una extensión del programa actual, ante las necesidades del Estado griego —que no tiene músculo para atender los 10.000 millones de vencimientos hasta verano— y los potenciales problemas de sus bancos. “Pero incluso si esa extensión no llega, se puede alcanzar un acuerdo global que incluya en el tercer rescate —es decir, en esa línea de crédito de precaución que funciona como un seguro europeo por si Grecia es incapaz de financiarse por sí misma— las condiciones que se han incumplido en el programa actual”. “Hay que buscar una solución de compromiso, política, para un problema que sigue siendo económico y financiero pero que es eminentemente político”, explican fuentes del Eurogrupo.

Tsipras tiene que aclarar qué quiere. Y tiene que convencer a su propio Parlamento el fin de semana próximo, con un programa factible que no le genere una abierta contestación en sus propias filas o un no rotundo de los acreedores. Su petición de quita recibirá una negativa; a cambio la Comisión ha tanteado ya a varios Gobiernos para plantear un escenario alternativo: un alivio de la deuda a través de la ampliación de plazos y una pequeña reducción de intereses fruto de un acuerdo del Eurogrupo en noviembre de 2012, que servirá como hoja de ruta. Eso se puede hacer sin pérdidas para los acreedores y dará a Grecia algo de margen para cumplir con parte de su programa social. Siempre que Atenas no se salga del guión, Bruselas propondrá romper la troika, “encontrar la manera de que los europeos y el FMI vayan a Grecia por separado”. “Esa sería una señal política importante para Tsipras que no cuesta ni un euro”, aseguran fuentes comunitarias.

La Comisión encuentra así con Grecia la excusa perfecta para acabar con esa terna, una idea que se baraja desde hace tiempo tanto en los despachos de Bruselas como en los cuarteles del FMI en Washington. La desintegración de la troika permitiría a Tsipras trazar una línea de arena con su antecesor, el conservador Andonis Samarás. Permitiría al Fondo centrarse en sus objetivos —la sostenibilidad de la deuda, en el 175% del PIB— y a los europeos poner el foco en las reformas. Y es una opción factible si ese acuerdo general supone acordar la citada línea de crédito de precaución.

Si todo sale bien, además, el BCE abandonará automáticamente Grecia: si Fráncfort compra bonos griegos en el programa de compra de deuda a gran escala que acaba de anunciar, deberá salir de la troika. Fráncfort tomará esa decisión en julio. Pero el fin de la troika puede llegar antes si Bruselas logra convencer a los socios de que es una opción favorable para todos. La Comisión adoptó la semana pasada un marcado perfil bajo; fue el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, quien se expuso con un polémico viaje baldío a Grecia. La Comisión —y varios Gobiernos del euro— consideraba prematura esa visita y prefirió ganar tiempo. Pero no queda demasiado. Atenas sabe que está en manos del BCE, que financia sus bancos, y que está condenada a entenderse con los socios del euro. “Varios países no ven con simpatías las concesiones, así que lo normal es que haya lío hasta el último día. Con Grecia ya es tan importante la sostenibilidad económica como la política”, cerró un ministro del Eurogrupo.

FUENTE: El País. 

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  • El PIB crecerá el 1,7% el año próximo, cuatro décimas menos de lo previsto anteriormente y tres décimas menos que el pronóstico del Gobierno

Claudi Pérez Bruselas 4 NOV 2014 - 11:00 CET

La foto fija de la economía española luce relativamente bien si se compara con los años de plomo de la Gran Recesión, pero las promesas de recuperación robusta, raíces vigorosas y demás dosis de optimismo profesional se desvanecen. 

La economía española se desacelera en la segunda mitad de este año. Y la Comisión Europea se ha visto obligada a rebajar drásticamente sus previsiones para 2015. La reactivación sigue siendo modesta, y aún más modesta y sin apenas creación de empleo, por la pérdida de fuelle de la eurozona, lastrada por una Italia aún en recesión, una Francia estancada, una Alemania que va por el mismo camino y, en fin, con el club del euro incapaz de activar las políticas adecuadas para salir del pozo a tasas parecidas a las de otras grandes economías, como la estadounidense, que han aplicado recetas muy diferentes. España, aun así, crecerá el 1,7% en 2015, según Bruselas: cuatro décimas menos de lo que preveía la propia Comisión hace apenas cuatro meses, y tres décimas menos de lo que pronosticaba el Gobierno hace un mes.

Esa reducción es en parte por males propios, y en parte por males ajenos. Bruselas destaca “la desaceleración de la corrección del desequilibrio exterior”: España vuelve a acumular déficits comerciales, pese a las vanas promesas de salida de la crisis vía exportaciones. “Los altos niveles de deuda pública y privada implican que las presiones para seguir con el proceso de desendeudamiento continúan lastrando el crecimiento”, dice Bruselas. Y eso es así porque a pesar de la durísima devaluación interna, los mercados de exportación de las empresas españolas no tiran. Europa, en una palabra, no tira. Bruselas prevé un crecimiento del 0,8% para la eurozona este año, y un 1,1% el próximo. Hay que desconfiar de esas cifras: al cabo, hace unos pocos meses la Comisión vaticinaba crecimientos mucho mayores, del 1,2% para este año y del 1,7% para el próximo. Todos los organismos internacionales señalan a Europa como el principal quebradero de la economía mundial, básicamente por la desastrosa gestión de la política económica, que sigue recetando austeridad y reformas cuando el problema del continente es otro: la falta de demanda agregada ante el proceso de desendeudamiento emprendido, a la vez, por familias, empresas, instituciones financieras y Estados.

Hasta la Comisión reconoce ya que los problemas están ahí. “Tras un año de crecimiento moderado, la economía europea empezó a perder velocidad la pasada primavera y el crecimiento será muy modesto en la segunda mitad del año, con la eurozona casi estancada”, según las Previsiones de Otoño. Entre los mayores países, solo en España se ven cifras de crecimiento dignas de una recuperación, a pesar de los pesares: pese a la desaceleración y pese a que en el caso español hay otro dato –el paro— que emborrona cualquier atisbo de optimismo. “El desempleo sigue siendo demasiado alto”, apunta el informe. Solo si se hace literatura comparada España puede lucir palmito, pero cuidado: si la eurozona no crece, la reactivación española se resentirá. Y la eurozona no termina de despertar: “El crecimiento se detiene en Alemania tras un buen primer semestre, Francia sigue en un estancamiento prolongado, y en Italia continúa la contracción del PIB”, según Marco Buti, el economista jefe de la Comisión. Buti alude a mil y una excusas para explicar el sombrío panorama del PIB continental: “El legado de la crisis financiera”, “las presiones para el desendeudamiento”, “el bajo crecimiento potencial”, “los conflictos geopolíticos”, “las tensiones sobre la inflación”. Estados Unidos sufre los mismos males, pero una política económica distinta le permite crecer por encima del 3%, con un desempleo inferior al 6%. La eurozona crece por debajo del 1% y el paro sigue en máximos históricos, del 11,5%, y es superior al 20% en varios países.

La foto fija española hace unos meses presentaba una métrica sombría: 0-25-50-100. O lo que es lo mismo: crecimiento del PIB en el entorno del 0%, 25% de paro, 50% de caída de precio de la vivienda y 100% de deuda pública. Las previsiones de Bruselas dejan alguna que otra mejoría: esa secuencia es ahora 1-23-50-100. Crecimiento en el entorno del 1%, ligera reducción del paro –muy lenta: el 23,5% en 2015 y el 22,2% en 2016—, la misma caída de la vivienda y la deuda pública en ascenso, hasta situarse en el 101% del PIB el año que viene y en 102% en 2016. “La tendencia positiva en el desempleo se intensificará, gracias a la continua moderación salarial y a modestos incrementos de los costes laborales unitarios”, dice Bruselas.

Pero atención: “Los riesgos a la baja en las perspectivas de crecimiento no son despreciables. Y están relacionados básicamente con el sector exterior, en particular con la recuperación menor de lo esperado en la eurozona”. Eso hace más difícil todo lo demás: sin una recuperación robusta en la zona euro y sin inflación se hace más complicado absorber el exceso de deuda pública y sobre todo privada. E incluso la necesaria consolidación fiscal no va a la velocidad que debería: España cerrará 2014 con un déficit público del 5,6%, en los puestos de honor de la eurozona, y el agujero del sector público será aún del 4,6% en 2015 y del 3,9% en 2016.

En plata: España incumplirá sistemáticamente los objetivos de Bruselas de déficit público; como, con toda probabilidad, Italia y Francia y muchos más países. Y eso a pesar de que el Gobierno, como ha sido habitual en esta crisis, lo ve mucho mejor: espera un déficit del 4,2% en 2015 y del 2,8% en 2016, a juzgar por los datos incluidos en esa carta a los reyes que es el proyecto de presupuestos enviado a Bruselas hace unos días.

FUENTE: El País.

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