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El Ejecutivo elimina del Programa de Estabilidad enviado a Bruselas la alusión al aumento en 10 años para calcular la prestación.
«¿A qué juega el Gobierno?». Ésta fue la frase más pronunciada ayer entre los grupos políticos y los agentes sociales después de conocer que el Ministerio de Economía y Hacienda había, primero, introducido nuevos cambios sobre su propuesta de modificación de las pensiones en un documento remitido a Bruselas y, pocas horas después, rectificaba lo que calificó de «interpretación errónea».
«¿A qué juega el Gobierno?». Ésta fue la frase más pronunciada ayer entre los grupos políticos y los agentes sociales después de conocer que el Ministerio de Economía y Hacienda había, primero, introducido nuevos cambios sobre su propuesta de modificación de las pensiones en un documento remitido a Bruselas y, pocas horas después, rectificaba lo que calificó de «interpretación errónea».
En la 'Actualización del Programa de Estabilidad 2009-2013' enviado a la Comisión Europea, el Ejecutivo, además del retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años, planteaba elevar en dos -ahora son 15- los años de cotización para acceder a la prestación mínima y también aumentar en «una década» -hasta los 25- la base de cálculo para obtener la cuantía de la pensión.
Aunque estas dos últimas medidas -que se traducirían en una rebaja de las pensiones- ya habían sido mencionadas en la propuesta que salió del Consejo de Ministros el pasado viernes, no habían sido explicitadas por ningún miembro del Gobierno con unos plazos tan concretos. Sólo la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, había apuntado que, como resultado de los cambios planteados para el sistema de pensiones, se lograría una reducción de casi un 4% sobre el PIB a partir de 2030, algo imposible sólo con el retraso de la edad de jubilación.
Desmentido
Apenas cuatro horas después de hacerse público el documento enviado a Bruselas en la web del ministerio, y ante la polvareda de reacciones en contra, Economía emitió una nota oficial en la que desmentía que el Ejecutivo se hubiera «propuesto ampliar en diez años el cómputo de las pensiones de jubilación».
El departamento que dirige Elena Salgado argumentaba que lo que figuraba en el documento inicial era solamente «una proyección sobre el resultado hipotético» que tendría esta medida, y comunicaba que se remitía a la Comisión una corrección para «eliminar» una «simulación que ha podido interpretarse como una propuesta concreta». La propia ministra aseguró anoche, en declaraciones a Onda Cero, que la ampliación del periodo de cotización «no es y no va a ser» una proposición del Gobierno.
El párrafo suprimido decía así: «Por tanto, si a lo largo de la década de 2020 se elevan en dos años estos parámetros y si, además, se aumenta en una década el número de años considerados para calcular la pensión, el recorte total del gasto en pensiones podría alcanzar casi 4 puntos porcentuales sobre el PIB a partir de 2030».
La redacción final del polémico apartado quedó como sigue: «De acuerdo con los estudios disponibles para España, el impacto de estas medidas en las proyecciones de gasto asociado al envejecimiento puede ser muy importante. En concreto, cada año que se retrase la edad legal de jubilación se reduciría en un punto del PIB el gasto en pensiones; cada año que se amplíe el número de años para el cómputo de la pensión se podría obtener una reducción adicional de 0,2 puntos porcentuales. Ello supondría una mejora muy sustancial del indicador de sostenibilidad que elabora la Comisión Europea».
Aluvión de críticas
Las críticas por la forma y el fondo de cómo el Ejecutivo trasladaba a Bruselas sus intenciones no se hicieron esperar, pero fueron mucho más duras al conocerse la rectificación. CC OO calificó al Gobierno de «grupo de aficionados a la política» y apeló a los «marcos de concertación social y debate político» como foros donde «deberán analizarse y acordarse las reformas que necesita el sistema público de pensiones». Su secretario general, Ignacio Fernández Toxo, que rechazó de forma tajante la elevación del cómputo, acusó al Ejecutivo de «meter a la población en un sobresalto continuo».
El líder sindical manifestó que el Gabinete de Zapatero debe dejar de «sobreactuar, concretar de una vez sus propuestas y dejar atrás su política compulsiva de ir soltando a borbotones ideas y ocurrencias». Eso, advirtió, está «creando un clima difícil para el país» y «próximo a la crispación social». Aunque prefirió «no hablar» de la convocatoria de una huelga general, avisó de que la propuesta puede acabar en una protesta «pública, visible y masiva».
UGT también hizo hincapié en su rechazo a «cualquier medida que reduzca la cuantía media de las pensiones y endurezca las condiciones de acceso», a la vez que confió en que el Parlamento no admita ningún recorte de la protección social.
Desde el PP, su portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, criticó que el Gobierno vuelva a «las andadas con las filtraciones», al tiempo que el diputado de IU, Gaspar Llamazares, pidió al Ejecutivo que «deje esta novela por entregas, que un día es un pensionazo y al otro, un tijeretazo en un sistema de pensiones que es de los más baratos de Europa».
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, aseguró por la tarde desde Sevilla que el «único documento de referencia» sobre el futuro de las pensiones es el que se discutirá en el seno del Pacto de Toledo. En el enviado a Bruselas «sólo se habla de líneas generales», dijo, aunque reconoció que el cálculo de la pensión es «una materia que se deberá debatir, sin duda».
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20100204/economia/gobierno-rectifica-proyecto-elevar-20100204.html
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