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Aitor Hernández-Morales (Enviado especial) | Luxemburgo
Actualizado viernes 17/06/2011 04:12 horas
Los Estados miembros en el Consejo, los eurofuncionarios de la Comisión, los eurodiputados de la Eurocámara... Ellos y ellas son quienes toman las grandes decisiones que determinan la dirección en la que progresa la Unión Europea. Pero, ¿qué pasa cuando surge un conflicto entre estas grandes instituciones? ¿Quién se encarga de hacer que todos respeten las reglas del juego?
Esta tarea cae en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), suma autoridad judicial de la UE e institución que se encarga de interpretar el derecho comunitario.
El TJUE, con sede en Luxemburgo, es una especie de 'gran árbitro' europeo que debe controlar la legalidad de los actos de las instituciones europeas; velar por que los Veintisiete respeten sus obligaciones en el marco de la UE, y interpretar el Derecho comunitario cuando los jueces nacionales se lo piden.
Actualizado viernes 17/06/2011 04:12 horas
Los Estados miembros en el Consejo, los eurofuncionarios de la Comisión, los eurodiputados de la Eurocámara... Ellos y ellas son quienes toman las grandes decisiones que determinan la dirección en la que progresa la Unión Europea. Pero, ¿qué pasa cuando surge un conflicto entre estas grandes instituciones? ¿Quién se encarga de hacer que todos respeten las reglas del juego?
Esta tarea cae en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), suma autoridad judicial de la UE e institución que se encarga de interpretar el derecho comunitario.
El TJUE, con sede en Luxemburgo, es una especie de 'gran árbitro' europeo que debe controlar la legalidad de los actos de las instituciones europeas; velar por que los Veintisiete respeten sus obligaciones en el marco de la UE, y interpretar el Derecho comunitario cuando los jueces nacionales se lo piden.
El Tribunal de todos los europeos
"El Tribunal, conforme establecen los Tratados, es quien garantiza el respeto del Derecho en la Unión Europea", afirma Rosario Silva de Lapuerta, juez del TJUE desde 2003.
El TJUE trabaja sobre una importante variedad de temas. Los Estados miembros frecuentemente acuden a él para resolver cuestiones acerca de la legalidad de normativa europea creada por las instituciones.
Por ejemplo, en el pasado mes de marzo, anuló parcialmente la ley que prohíbe la pesca del atún rojo a petición de Grecia, Francia, Malta, Italia y Chipre al considerar que el reglamento, aprobado por la Comisión como medida de emergencia para proteger la especie, discriminaba a dicho países mientras que favorecía a España.
El TJUE también acepta recursos contra de los Estados miembros cuando estos no cumplen sus obligaciones ante la Unión. En 2003, a petición de la Comisión, el TJUE condenó a España por no ajustarse a la directiva europea sobre la calidad de las aguas de baño interiores. Tuvo que pagar 624.150 euros al año por cada punto porcentual de zonas de baño interiores no conformes con los valores límite de la directiva a partir de la temporada de baño de 2004.
Los particulares también pueden interponer acciones ante el TJUE cuando perciben violaciones contra el derecho comunitario. El año pasado, la Unión Romaní anunció su intención de presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra el gobierno francés por persecución de gitanos.
Entre las competencias del TJUE también está la de mantener la lupa sobre los 27 comisarios europeos. Aparte de que todos los comisarios tienen que jurar su cargo ante el Tribunal, la suma autoridad judicial europea tiene el poder para destituirlos si resulta ser necesario. "Podemos ordenar el cese de un comisario porque haya considerado que, por un lado, o no reúne ya las condiciones necesarias para ser comisario, o ha incumplido alguna de las condiciones necesarias para ser parte de la Comisión", explica Silva de Lapuerta.
Un cuerpo jurídico independiente
El TJUE es único en el mundo al estar al servicio de una Unión Europea multilingüe. Cada una de las lenguas oficiales de la UE puede ser utilizada durante sus procedimientos. Esta diversidad también se encuentra en sus jueces: hay 27, uno por cada Estado miembro, con mandatos renovables de seis años.
Los jueces cuentan con la asistencia particular de ocho abogados generales, quienes ofrecen opiniones independientes e imparciales sobre determinados casos. "Nuestra función se expresa a través de las llamadas 'conclusiones' [dictámenes jurídicos], que están concebidas como un instrumento de auxilio a la función jurisdiccional. Servimos como guías adicionales para los jueces", explica Pedro Cruz-Villalón, abogado general del TJUE desde 2009 y ex presidente del Tribunal Constitucional español.
Aunque los jueces tienden a presentar fallos que coinciden con las conclusiones de los abogados generales, estos dictámenes no son vinculantes. "No son absolutamente imprescindibles. Son consejos, pero el hecho de que no siempre sean necesarios queda evidente cuando uno observa que hay bastantes resoluciones de esta misma casa que no cuentan con conclusiones", añade Cruz-Villalón.
El TJUE es único en el mundo al estar al servicio de una Unión Europea multilingüe. Cada una de las lenguas oficiales de la UE puede ser utilizada durante sus procedimientos. Esta diversidad también se encuentra en sus jueces: hay 27, uno por cada Estado miembro, con mandatos renovables de seis años.
Los jueces cuentan con la asistencia particular de ocho abogados generales, quienes ofrecen opiniones independientes e imparciales sobre determinados casos. "Nuestra función se expresa a través de las llamadas 'conclusiones' [dictámenes jurídicos], que están concebidas como un instrumento de auxilio a la función jurisdiccional. Servimos como guías adicionales para los jueces", explica Pedro Cruz-Villalón, abogado general del TJUE desde 2009 y ex presidente del Tribunal Constitucional español.
Aunque los jueces tienden a presentar fallos que coinciden con las conclusiones de los abogados generales, estos dictámenes no son vinculantes. "No son absolutamente imprescindibles. Son consejos, pero el hecho de que no siempre sean necesarios queda evidente cuando uno observa que hay bastantes resoluciones de esta misma casa que no cuentan con conclusiones", añade Cruz-Villalón.
Independencia
Un factor imprescindible tanto para los jueces como para los abogados generales es el de la independencia: al tratar casos que pueden tener enormes repercusiones para toda la Unión Europea, es esencial que los actores legales del TJUE puedan trabajar sin estar sujetos a presiones nacionales o de entidades privadas.
Silva de Lapuerta explica que, en su caso, el cambio ha sido curioso ya que es abogada del Estado de profesión y durante 16 años estuvo encargada de representar a España en todos los procedimientos ante el TJUE. No obstante, la juez dice que tanto los magistrados como los propios Estados miembros entienden que los jueces no están allí para seguir representando a los Estados que les nombran, sino a todo el pueblo europeo.
"Una vez que has sido nombrado, eres inamovible, y creo que eso hace mucho para garantizar la independencia de quienes trabajan aquí", explica Silva de Lapuerta. "También es un asunto básico de profesionalidad, y algo que todas las partes entienden; yo no estoy aquí para proteger los intereses de España; estoy aquí como figura independiente, para garantizar que se respete el derecho de la UE".
Fuente: El Mundo.
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