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Concentración celebrada en Madrid a finales de febrero a favor de refugiados y migrantes. Luca Piergiovanni EFE
- La Comisión recomienda detener más tiempo a los extranjeros que obstaculicen su expulsión o planeen fugarse.
La Comisión Europea insta a los Estados miembros a expulsar a un volumen ingente de migrantes irregulares. Bruselas calcula que hay en la UE aproximadamente un millón de personas que deberían ser devueltas a sus países de origen, según el plan para acelerar retornos de extranjeros presentado este jueves. El comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos, ha pedido que se aplique la principal recomendación que contiene esta iniciativa para elevar las tasas de expulsión: ampliar los periodos de detención de los migrantes irregulares. “En algunos países, los periodos legales [de internamiento] son muy inferiores a los que permite la directiva europea. No bastan para completar los procesos de readmisión de esos migrantes”, ha argumentado el comisario.
La recomendación a los Estados miembros, adelantada el miércoles por EL PAÍS, se basa en unos cálculos que sitúan el número de potenciales candidatos a la expulsión por encima del millón de personas. Así figura en el plan de acción para acelerar esos retornos. Aunque fuentes comunitarias advierten de que se trata de una estimación, no de un número preciso, el documento aporta datos que sugieren que el volumen podría ser superior. Solo en los dos últimos años, la UE ha recibido 2,6 millones de solicitudes de asilo. Teniendo en cuenta que la tasa de reconocimiento de esas demandas ronda el 57%, todo el resto se sitúa en el ámbito de quienes Bruselas considera que deben ser deportados (aproximadamente 1,1 millones). La estimación no incluye a aquellos que acceden irregularmente a la UE pero que optan por no pedir asilo. Con las reglas europeas, todos ellos deben recibir también una orden de expulsión.
Bruselas trata de intensificar esta dinámica de deportaciones al tiempo que incide en la necesidad de proteger a los demandantes de asilo (aquellos que huyen de guerras o de persecución). “Los retornos son parte de las políticas migratorias y no se aplican con la efectividad que deberían”, argumentan esas fuentes oficiales. En la actualidad, la UE logra deportar a un 36% de los migrantes con órdenes de expulsión, según datos de Eurostat, la oficina estadística comunitaria. Esa cifra, relativa a 2015, representa incluso un mínimo descenso respecto a la de 2014. Y el dato se queda en un 27% si se excluyen las expulsiones a los países de los Balcanes, con los que la UE tiene firmados acuerdos de readmisión que facilitan el proceso.
Más internamientos
La Comisión atribuye en parte esos porcentajes al escaso uso que —en su opinión— hacen los Estados miembros de la posibilidad de retener a los migrantes que obstaculizan sus procesos de expulsión o que planean fugarse. Bruselas asegura que ningún país contempla en sus legislaciones los tiempos máximos permitidos por la directiva europea de retorno (seis meses de retención inicial, ampliables a un máximo de 18 meses en casos extremos). Pese a lanzar esos reproches genéricos, la Comisión rehúsa detallar los límites legales que tiene fijados cada país. En España y en Francia son 60 días.
Ante el carácter altamente inflamable que ha adquirido el debate migratorio, el Ejecutivo comunitario opta por potenciar la expulsión de extranjeros sin derecho a asilo, una de las herramientas más celebradas por las formaciones eurófobas. Bruselas entiende que expulsar a quienes no requieren protección internacional permite dedicar todos los recursos a acoger e integrar a aquellos que han llegado a Europa por guerras o persecuciones.
Las líneas esbozadas por la Comisión no requieren ningún cambio legislativo. Se trata de recomendaciones a los Estados miembros para que eleven el número de retornos en un momento de fuerte presión de llegadas al continente. Para apoyar esa labor, el Ejecutivo comunitario desembolsará este año 200 millones de euros adicionales.
Pese a todo, el principal obstáculo para el retorno de quienes no logran el estatus de asilado reside en la falta de acuerdos con sus países de origen. Bruselas tienen firmados 17 acuerdos de readmisión, pero en algunos casos no se aplican plenamente, según reconoce el plan de acción. La Comisión trabaja en la firma de otros pactos de este tipo que faciliten las expulsiones. Hay uno prácticamente finalizado con Bielorrusia y otro muy avanzado con Nigeria.
FUENTE: Lucía Abellán. El País.
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