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Solana: "No se puede expulsar a europeos de un país de la UE"

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El ex Alto Representante afirma que la deportación de gitanos es ilegal

J. M. MUÑOZ - Madrid - 25/09/2010 
 
Alejado desde hace casi un año de la febril actividad política que ha desplegado durante dos décadas como ministro de Asuntos Exteriores español, secretario general de la OTAN y Alto Representante de la Política Exterior Europea, Javier Solana comienza a despojarse lentamente de la prudencia extrema que acostumbran a mostrar los responsables diplomáticos. Durante la presentación ayer del libro Reivindicación de la política (Editorial Debate) -una extensa conversación con el director de opinión de EL PAÍS, Lluís Bassets-, Solana abordó el asunto candente de la reciente expulsión de los gitanos de suelo francés. "A los ciudadanos europeos no se les puede expulsar de un país europeo", criticó Solana. "Las normas europeas", añadió tajante, "están para ser cumplidas... Las normas dicen que los ciudadanos europeos tienen libertad de movimientos. Todo el que quiera hacer eso [deportaciones] está haciendo algo que va en contra de la ley".

A juicio del político español, el debate que se generó en Bruselas tras la deportación a su país de cientos de gitanos rumanos fue una discusión mal planteada. "Que quede claro el orden. La primera fase es cumplir la ley, y la segunda ver si hay que criticar a alguna persona que pueda haber hecho algún comentario", afirmó en alusión a la comisaria de Justicia, Viviane Reding, y a su comparación de la medida ordenada por el presidente Nicolas Sarkozy con las deportaciones ejecutadas por el régimen nazi durante la II Guerra Mundial. Solana admitió que Reding, a la que definió como una mujer "intrépida", "quizá fue demasiado lejos".

Muy cauto se mostró respecto a la posición de respaldo a Sarkozy adoptada por el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero: "Mucho más importante es la posición del Gobierno español en la práctica que cualquier declaración que se hiciera". "España", subrayó, "ha tratado este tema infinitamente mejor que la media de los países europeos".

Aunque conoce al dedillo los entresijos de la Unión Europea y la OTAN -"He estado en todos los fregados", aseguró Solana-, Reivindicación de la política no es un libro para expertos. Se leen con agilidad los avatares de Solana durante los acontecimientos que han marcado la vida internacional en los últimos 20 años: la guerra de Yugoslavia, los bombardeos de Belgrado, la guerra de Kosovo -"Fue mi momento más duro", destaca-, las negociaciones con Irán sobre sus planes nucleares, el proceso de paz en Oriente Próximo -"Lo viví con enorme pasión, es lo que más me duele"-, la desastrosa guerra de Irak, los atentados del 11 de septiembre de 2001, la guerra de Afganistán -"no tiene una solución militar", comenta Solana-, las relaciones con Rusia, el acelerado florecimiento de los países emergentes, las trabajosas reformas en la Unión Europea y la incertidumbre que planea sobre el porvenir del proyecto europeo.

"En 1976 muere Mao y China cambia. En poco tiempo este país ha sacado de la pobreza extrema a una [parte de la] población como la de Estados Unidos... La transformación ha sido radical desde 1989 [caída del régimen soviético]. La transferencia de poder hacia el Pacífico es fantástica. ¿Cómo nos vamos a adaptar en el Atlántico?", se preguntó Solana.
 

Las claves del conflicto entre la Comisión Europea y Francia por la expulsión de los gitanos rumanos

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-Mientras algunos miembros del Gobierno francés cargan contra la comisaria de Justicia por evocar la II Guerra Mundial, ella critica la mentiras del país galo.
 
- El Elíseo pide un "diálogo tranquilo sobre el fondo del asunto"

EL PAÍS - Madrid - 15/09/2010 
 
Una circular del 5 de agosto del ministro del Interior francés a la policía en la que ordena dar prioridad a la expulsión de romaníes rumanos de Francia desató ayer un conflicto entre el país y la Comisión Europea. La comisaria de Justicia, Viviane Reding, criticó los engaños franceses y evocó a al II Guerra Mundial. El Gobierno de Francia ha calificado de "patinazo" las declaraciones de Reding y Nicolas Sarkozy ha tenido que terciar y llamar al dialogo tranquilo. Cada uno de los actores tiene sus argumentos:

Francia: En todo este proceso, el país sostiene que no está expulsando en masa a los gitanos, sino que se trata de repatriaciones caso a caso de ciudadanos en situación irregular y esgrime razones de orden público. El ministro francés de Inmigración, Eric Besson, sostuvo ante la Comisión Europea que la ley europea prevé excepciones al derecho a la libre circulación de personas, como la amenaza reiterada al orden público, ser una carga desproporcionada para la Seguridad Social o no tener recursos suficientes para mantenerse en el país de acogida. Durante una visita a Bucarest, el secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, dijo que "Francia aplica escrupulosamente el derecho europeo, respeta escrupulosamente la ley republicana francesa y las decisiones judiciales".

En fin, Francia sostiene que no ha violado ninguna ley ni la directiva europea sobre circulación de personas. No obstante, el Gobierno francés prepara una nueva ley de inmigración que amplía los criterios de expulsión de inmigrantes incluyendo ahora los "actos de robo reiterados", la "mendicidad agresiva" y el "abuso de las estancias cortas", las de tres meses a las que tienen derecho todos los europeos -incluidos rumanos y búlgaros- sin necesidad de un permiso de trabajo en virtud de la directiva europea de libre circulación de personas.

Comisión Europea: Aunque ha dado un trato condescendiente a Francia durante todo el verano, la Comisión cambió de postura cuando se hizo pública la circular francesa en la que se ordena prioridad a la expulsión de los gitanos rumanos. La comisaria de Justicia, Viviane Reding, a la que el Gobierno francés había explicado los detalles de las expulsiones, sosteniendo que se estudiaban caso por caso, que no eran colectivas ni atendían a razones de raza ni nacionalidad, se sintió engañada y anunció un procedimiento sancionador contra Francia que podría acabar en el Tribunal de Justicia la UE de Luxemburgo.

Directiva (2004/28) sobre la circulación de personas: Aunque garantiza que "la ciudadanía de la Unión confiere a todo ciudadano de la Unión un derecho primario e individual a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros", pone límites. En su apartado 9, la directiva -norma comunitaria que los Estados están obligados a trasponer a sus legislaciones- establece que "los ciudadanos de la Unión deben disfrutar del derecho de residencia en el Estado miembro de acogida durante un período que no supere los tres meses sin estar supeditados a más condiciones o formalidades que la posesión de un documento de identidad o un pasaporte válido sin perjuicio de un tratamiento más favorable, reconocido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para los que buscan empleo". El apartado 10 es la continuación: "Conviene, sin embargo, evitar que los beneficiarios del derecho de residencia se conviertan en una carga excesiva para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante un primer período de estancia. Por ello, debe supeditarse a determinadas condiciones el derecho de residencia de los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia por períodos superiores a tres meses". Si el ciudadano se convierte en una "carga excesiva para la asistencia social" del país de acogida, podrá ser expulsado, siempre que se estudie individualmente que efectivamente el inmigrante supone una carga excesiva.

En Francia, como en otros países europeos, existe una moratoria transitoria hasta 2012, ampliable hasta 2014, según la cual estos ciudadanos pueden permanecer hasta tres meses en el territorio francés de forma regular. Más allá de este plazo, deben contar con un contrato de trabajo o cursar unos estudios. En caso de encontrarse sin papeles, pueden ser expulsados, pero legalmente pueden regresar de nuevo a Francia y permanecer en el país otros tres meses.

(texto completo)

Parlamento europeo: Con la oposición del grupo Popular, el mayor de la Eurocámara, el Parlamento Europeo aprobó el 9 de septiembre una resolución en la que expresa "profunda preocupación por las medidas adoptadas por las autoridades francesas y por otros Estados miembros con respecto a los gitanos" e "insta a tales autoridades a suspender inmediatamente las expulsiones de gitanos". También lamentó la "respuesta tardía y limitada" de la Comisión, varios días antes de que interviniese Viviane Reding.

Dice la resolución del PE, no vinculante, que "todos los ciudadanos de la UE y sus familias tienen derecho a la libertad de movimiento y de residencia en la UE", uno de los derechos sobre los que se erige la propia Unión y por ello las expulsiones masivas "violan los tratados de la UE y la legislación comunitaria". Condena las expulsiones masivas: "Las expulsiones deben ser decididas caso por caso, teniendo en cuenta las circunstancias personales y con garantías" y nunca basadas "en consideraciones generales de prevención ni en el origen étnico o nacional".

Rumanía: Bucarest apuesta por "un programa de integración europea de los ciudadanos romaníes, teniendo en cuenta que no debe confundirse la asimilación con la integración", según afirmó en agosto el presidente rumano, Traian Basescu. El ministro de Exteriores, Teodor Baconschi, destacó la necesidad de intensificar la cooperación entre París, Bucarest y la Comisión, evitando toda "fiebre electoralista artificial" para resolver los problemas de pobreza, de acceso a la sanidad y a la educación de los romaníes en toda Europa.

Francia reclama a Rumania que use los fondos europeos de integración que le llegan para integrar a sus gitanos bajo la amenaza de que bloqueará la entrada de Rumania en el espacio Schengen.
http://www.elpais.com/articulo/internacional/claves/conflicto/Comision/Europea/Francia/expulsion/gitanos/rumanos/elpepuint/20100915elpepuint_9/Tes

Europa contra Sarkozy

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La Comisión Europea intenta contrarrestar la inanidad de Barroso en la cuestión gitana

15/09/2010 
 
La comisaria europea de Justicia y Derechos Fundamentales, Viviane Reding, anunció ayer en una dura rueda de prensa que recomendará la apertura de un procedimiento de infracción contra Francia por violar la legislación comunitaria al expulsar de su territorio a los gitanos procedentes de Rumania. Con esta iniciativa, la Comisión da marcha atrás en la decepcionante condescendencia de la que hizo gala el presidente Barroso en un primer momento, y recuerda al Gobierno francés, y en particular a Nicolas Sarkozy, que el populismo electoralista a cuenta de las minorías tiene un límite en la Unión Europea.

El Ejecutivo de Bruselas ha salvado la dignidad en la misma proporción en que el francés está perdiendo la suya con una decisión tan inaceptable como esta. Porque a la discriminación de los gitanos hay que sumar las falsedades al explicar las instrucciones cursadas a las fuerzas y cuerpos de seguridad empleadas en esta operación. París defendió ante la Comisión que la política de expulsiones no se dirigía contra los gitanos en concreto, sino contra cualquier persona en situación irregular. Sin embargo, la orden del Ministerio de Interior a la policía, conocida este fin de semana y causa de la patente irritación de la comisaria Reding, fijaba a los gitanos y sus campamentos como objetivo expreso y prioritario.

Sarkozy no ha buscado combatir la inseguridad con la expulsión de los gitanos, sino disfrazarse de inflexible adalid contra la delincuencia cebándose con una comunidad marginada y sobre la que pesan estereotipos ancestrales. Es impropio de un gobernante democrático elaborar estrategias políticas y de imagen intentando instrumentalizar a su favor esa marginación y esos estereotipos, en lugar de emplear la fuerza del Estado de derecho para desterrarlos. Y eso es exactamente lo que han hecho Sarkozy y su Gobierno, convencidos, además, de que Rumania y el resto de socios de la Unión se mantendrían en la pasividad, como ya se hizo con Italia.

La respuesta de la comisaria Reding no debería quedar en un gesto aislado, sino marcar un punto de inflexión en el repudio y la condena de las medidas populistas adoptadas por los Gobiernos de algunos Estados miembros durante los últimos años. El proyecto europeo se encuentra en un momento de dificultad que deriva de las incertidumbres sobre los pasos a seguir en el futuro. Si, además, las instituciones comunes optasen por asistir indiferentes a la destrucción de sus fundamentos democráticos, la Unión perdería su razón última de ser.

Expulsar a los gitanos rumanos de Francia no es propiamente una manifestación de xenofobia, por más que ese sentimiento no haya estado ausente en la decisión del presidente Sarkozy y su Gobierno. Se trata, sobre todo, de un atropello perpetrado contra unos europeos cuya condición de ciudadanos se está colocando bajo sospecha.

Francia esgrime el veto a Rumania en Schengen si no integra a sus gitanos

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Las autoridades de Bucarest se muestran conciliadoras para desactivar la crisis 
 

NAIARA GALARRAGA (ENVIADA ESPECIAL) - Bucarest - 10/09/2010 
 
Señores, más les vale tomarse en serio la integración de sus ciudadanos gitanos. Ese vino a ser el mensaje que Francia envió ayer a Rumania durante la visita oficial de su ministro de Inmigración, Eric Besson, y de su secretario de Estado para Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, a Bucarest. Para que quedara claro, Lellouch sugirió horas antes, en una entrevista al diario Le Monde, que Francia podría oponerse a la entrada de Rumania en el espacio Schengen, prevista para marzo próximo, si no presenta un plan serio de integración para esta minoría.

Francia hace así oídos sordos a la petición del Parlamento Europeo de que suspenda las expulsiones de gitanos (que reciben 300 euros a cambio). El ministro Besson confirmó en Bucarest que las deportaciones seguirán: "Francia seguirá repatriando inmigrantes ilegales a sus países de origen", declaró en conferencia de prensa junto a varios ministros rumanos, que se mostraron conciliadores. Añadió el representante francés: "Los enviamos a Rumania, que es una democracia, aunque tenga problemas económicos". La minoría gitana (unos dos millones, un 10% de los rumanos) es la más marginada y despreciada del país. A Rumania tampoco le gustó la resolución de la Eurocámara, según sugirió su ministro de Exteriores, Teodor Bachonschi. Ambos repitieron que esta es "una polémica estéril".

El Gobierno de Nicolas Sarkozy ya ha mandado de regreso a Rumania y a Bulgaria a varios centenares de gitanos. Unas expulsiones que, según insistió el titular de Inmigración francés, respetan escrupulosamente la ley; son individuales, voluntarias y supervisadas por un juez, explicó. Besson recalcó que las repatriaciones de ningún modo tienen en cuenta nacionalidad ni etnia, y que lo único que tienen de colectivo es que las personas devueltas viajan en grupo en el avión.

Los enviados franceses exigieron a las autoridades rumanas que elaboren con urgencia un plan para integrar a sus ciudadanos de etnia gitana en su país (y evitar así que emigren a Francia en las condiciones actuales). El secretario de Estado Lellouch sugirió en la entrevista con Le Monde que Francia puede cerrarle la puerta a Rumania al espacio Schengen [sin controles policiales de identidad] aunque "no existe un vínculo legal entre ambas cuestiones", pero, siguió, "si no lo presenta [el plan], cada uno tendrá que afrontar sus consecuencias".

Rumania pareció captar el mensaje. Sus representantes respondieron que sí, que se ponen a la tarea de elaborar una estrategia de inserción de esta comunidad, labor que no será nada fácil. Hasta ahora la voluntad política del Gobierno rumano ha sido cuando menos escasa. La mayoría de los rumanos culpa a los gitanos de su propia marginación.

"Hasta ahora la inserción de los gitanos no ha funcionado", confesó el secretario de Estado rumano para la integración de los gitanos, Valentin Mocani. Lellouch explicó que él mismo pidió en febrero al Gobierno rumano que designara un ministro de integración de los gitanos. Sólo lo nombraron en agosto, es decir, en plena crisis, después de que Sarkozy anunciara el desmantelamiento de campamentos.

Ambas partes están de acuerdo en que ese plan de integración debe incluir educación para los niños y formación profesional para los adultos. Los dos Gobiernos pretenden ir juntos a Bruselas con el proyecto bajo el brazo para pedir financiación, sin precisar cuánto. La única medida concreta mencionada en la comparecencia es el envío de "diez policías rumanos más" a Francia y el intercambio de magistrados.

Las autoridades rumanas han mantenido un perfil bastante bajo. Han insistido en defender el derecho a la libre circulación de sus ciudadanos como miembros de la Unión que son desde 2007, y poco más. El presidente, Traian Basescu, exhibió, sin embargo, el miércoles en la televisión pública un tono duro con frases como "si vienen [los franceses] a dar lecciones, no van a conseguir nada" o "en esto Francia no se está comportando como un país europeo". Los enviados de Sarkozy se reunieron ayer con el primer ministro, Emil Boc, pero no con el jefe del Estado.
 

Francia tratará de justificar hoy sus expulsiones de gitanos ante la Comisión Europea

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Bruselas puede iniciar un procedimiento contra París si concluye que ha vulnerado las normas europeas.

El ministro de Inmigración francés, Eric Besson, y el secretario de Estado para Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, viajan hoy a Bruselas para dar explicaciones al Ejecutivo comunitario por la expulsión de decenas de rumanos y búlgaros de etnia gitana que vivían en campamentos irregulares que han sido desmantelados. Bruselas puede iniciar un procedimiento contra Francia si concluye que ha vulnerado las normas europeas.

Los representantes franceses serán recibidos a partir de las 14.30 por la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia, Viviane Reding, y por la comisaria de Interior, Cecilia Malmström. También se reunirán con un representante de la dirección de Empleo y Asuntos Sociales, ya que el comisario de esta cartera, Laszlo Andor, no se encuentra en la capital europea. Esta reunión tiene lugar un día antes de que la vicepresidenta Reding presente a sus colegas del Colegio de Comisarios el informe "legal y político" sobre las medidas adoptadas por París, en el marco de una reunión de dos días y a puerta cerrada con la que el Ejecutivo comunitario retoma el curso tras el parón veraniego.

La reunión de este martes es el resultado de una conversación telefónica entre el primer ministro François Fillon y el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, en la que ambos acordaron la necesidad de una discusión "directa" sobre un informe "tan sensible", informó un portavoz comunitario. Fillon insistió entonces en que "todas las medidas tomadas en los últimos días y las próximas que se tomen están, en su opinión, plenamente conformes a la ley", según el mismo portavoz, quien indicó que Barroso "tomó nota" de esas garantías.

Tras varias semanas recordando a París que tiene la "obligación" de cumplir las normas europeas en materia de libertad de movimiento y otras relacionadas con los derechos fundamentales, la Comisión ha valorado la "evolución positiva" del Gobierno francés al aceptar reunirse con Bruselas. El Ministerio de Inmigración francés anunció una reunión para el 6 de septiembre entre los grandes Estados miembros, incluidos Italia y España, para hablar de la inmigración irregular, pero no invitó a la Comisión, que tradicionalmente sí participa en este tipo de encuentros. Finalmente, cambió de opinión y ha convocado a la comisaria Malmström, que no ha confirmado aún su asistencia. El Ministerio francés también emitió un comunicado para negar que la expulsión de gitanos vaya a incluirse formalmente en el orden del día del encuentro, que ha sido rebajado a la categoría de "seminario de trabajo".

Sin embargo, lejos de aparcar su política de desmantelamiento de campamentos, Francia se plantea ampliar las expulsiones en casos de "robos reiterados" o "mendicidad agresiva". En poco más de un mes, desde que el pasado 28 de julio el presidente francés Nicolas Sarkozy diera instrucciones a su Gobierno para el desmantelaiento de la mitad de los campamentos ilegales de gitanos y la deportación de sus ocupantes, ya se han evacuado 128 instalaciones de este tipo y se han devuelto a sus países a 977 gitanos.

Esta política hacia los gitanos no sólo ha levantado numerosas críticas en el exterior, sino que también ha abierto las primeras fisuras en el Gobierno francés. El ministro de Exteriores, el ex socialista Bernard Kouchner, admitió ayer que había considerado la posibilidad de dimitir. El titular de Defensa, Hervé Morin, criticó los discursos "del odio, el miedo y el chivo expiatorio" y abogó por "una sociedad apaciguada". Y el primer ministro, François Fillon, reconoció que tenía diferencias de "sensibilidad" con Sarkozy, pero eso no impedía que los ministros trabajaran unidos.

La difícil situación de los gitanos

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GEORGE SOROS 28/08/2010

Los romaníes o gitanos han sido perseguidos en toda Europa a lo largo de los siglos. Ahora padecen una forma de discriminación que no se había visto en el continente desde la II Guerra Mundial: los desalojos y expulsiones en grupo en varias democracias europeas de hombres, mujeres y niños con el argumento de que representan una amenaza para el orden público.

La semana pasada, Francia empezó a ejecutar planes de expulsión de todos los gitanos no franceses. Los ha implicado como grupo en actividades ilícitas, pese a no existir ningún proceso legal contra ninguno de ellos para determinar si hubieran cometido delitos o representaran una amenaza para el orden público. Esas medidas francesas siguen al "plan de seguridad" de Italia de 2008, que calificaba a los denominados "nómadas" de amenaza para la seguridad nacional e imponía una legislación de emergencia que propició las expulsiones de gitanos no italianos.

Poner coto a la actividad delictiva es una preocupación legítima de los Gobiernos. Pero expulsar a ciudadanos de la Unión Europea, criminalizándolos por su pertenencia a una etnia determinada, es una violación de sus propias directivas sobre discriminación racial y derecho a la libre circulación de personas entre dos Estados miembros de la UE.

De hecho, constituye un principio jurídico firmemente establecido que solo puede hablarse de delito cuando se ha determinado la culpabilidad de una persona ante un tribunal de justicia. Además, los delincuentes convictos no pueden ser deportados automáticamente si son ciudadanos de otro Estado miembro de la UE, ya que la legislación europea exige que la deportación de un individuo sea necesaria y proporcional al delito cometido. Hay que tener en cuenta, además, otras circunstancias, como la intensidad de los vínculos de la persona con la comunidad, por ejemplo.

Naturalmente, las sociedades europeas no deben tolerar la delincuencia ni el comportamiento antisocial, pero ningún grupo étnico monopoliza semejantes patologías y todos debemos ser iguales ante la ley. Desde la II Guerra Mundial, los europeos han considerado inaceptable someter a grupo alguno a castigo colectivo o expulsión en masa en razón de su etnia. Al dejar de lado derechos fundamentales en nombre de la seguridad, la detención de los gitanos establece un precedente muy preocupante.

El Gobierno francés hace bien, en cambio, cuando pide la adopción de medidas para mejorar el empleo y las oportunidades de desarrollo para los gitanos ensus países de origen (principalmente Bulgaria y Rumania en este caso), lo que reduciría los incentivos y la presión para que se trasladen a otros países. El Gobierno de Suecia reaccionó ante la posición de Francia pidiendo también la adopción de medidas conjuntas de la UE para fomentar la integración de los gitanos.

Los romaníes quieren -y pueden- integrarse si se les brinda la oportunidad de hacerlo, como han demostrado los programas de mi Fundación. La mayoría de los gitanos comparten las aspiraciones de las poblaciones mayoritarias: un hogar con servicios adecuados, una educación válida para sus hijos, puestos de trabajo que les permitan mantener a sus familias y relacionarse con la mayoría en su sociedad. Precisamente porque padecen una discriminación y privaciones atroces en sus respectivos países es por lo que siguen migrando por toda Europa. La UE debe reconocer que la naturaleza paneuropea de ese problema requiere una estrategia global y eficaz para la integración de los gitanos.

El deber primordial de salvaguardar los derechos y el bienestar de todos los ciudadanos corresponde a los Estados miembros de la UE. La aplicación de las políticas y programas para fomentar la integración en el empleo, la educación, la atención sanitaria y la vivienda debe hacerse en los ámbitos locales y nacionales, pero a la UE corresponde un papel decisivo para motivar, coordinar, ayudar financieramente y supervisar esas medidas mediante un plan general de toda la UE.

En 2009, la UE hizo suyo el principio de "prestar asistencia explícita, pero no exclusiva" a los gitanos y la Comisión Europea permitió que se utilizaran los fondos estructurales para financiar las intervenciones en materia de vivienda a favor de comunidades marginadas, centradas en particular en los romaníes. Es una medida bien acogida que debe hacer extensiva "la asistencia explícita, pero no exclusiva" a la educación, la atención sanitaria y el empleo. Lo más importante es que se modifiquen las normas que rigen la asignación de los fondos estructurales para permitir su utilización en la prestación de atención sanitaria y educación desde la primera infancia y no solo para la formación profesional.

La pobreza estructural de las comunidades romaníes está estrechamente vinculada con la deficiente educación y el desempleo. La iniciativa Europa 2020 de la Comisión establece metas concretas para aumentar las tasas de escolarización completa y los niveles de empleo para todos los ciudadanos de la UE. En esas dos esferas, los gitanos están tan rezagados respecto de sus conciudadanos, que las medidas específicas encaminadas a eliminar este desfase deben ser parte integrante del Plan Europa 2020.

La mayor diferencia entre los gitanos y las poblaciones mayoritarias no es cultural ni de estilo de vida -como con tanta frecuencia se presentan en los medios de comunicación-, sino que estriba en la pobreza y la desigualdad. La divisoria es física, no solo mental. La escolarización segregada es un obstáculo para la integración, produce fracasos y es perjudicial. La vivienda segregada ha propiciado la aparición de enormes barrios de chabolas y asentamientos que carecen de saneamiento y otras condiciones básicas esenciales para vivir con dignidad. La difícil situación de tantos millones de gitanos en el siglo XXI constituye una burla de los valores europeos y es un borrón en la conciencia de Europa.

No es un simple problema a corto plazo que se pueda abordar mediante medidas draconianas para trasladar por la fuerza a personas de un Estado miembro a otro. Eso no solo socava los valores europeos y los principios jurídicos, sino que, además, no aborda las verdaderas causas del problema.

Por ser la minoría étnica más numerosa de Europa, los gitanos constituyen dentro de la UE el segmento demográfico más joven y de crecimiento más rápido de la población. Por ejemplo, en el año 2020, los jóvenes constituirán la tercera parte de las nuevas incorporaciones a la mano de obra de Hungría.

Europa no puede permitirse otra generación perdida. Se trata de un asunto de derechos humanos y de valores básicos que es vital para la paz y la cohesión en las sociedades de toda Europa.

George Soros es presidente de Soros Fund Management. © Project Syndicate, 2010. Traducido por Carlos Manzano.
 

Los socialistas europeos instan a la UE a condenar las expulsiones de gitanos

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Bruselas, 26 ago (EFE).- El grupo socialista del Parlamento Europeo (PE) instó hoy a la Unión Europea (UE) a condenar las expulsiones masivas de gitanos de Francia por "infringir" la normativa comunitaria de libre circulación de personas.

El líder de los socialistas europeos, Martin Schulz, afirmó en un comunicado que la "cólera" y la "vergüenza" que ha provocado en la UE la actuación del Ejecutivo liderado por Nicolas Sarkozy han impulsado a socialistas y demócratas a pedir explicaciones a la Comisión Europea (CE) y al Consejo de Ministros de la UE.

"El tratamiento sufrido recientemente por el pueblo gitano en Francia es indignante y no puede permanecer en la indiferencia" aseveró Schulz, quien acusó al Gobierno galo de "pisotear" sus derechos "por razones populares y electorales".

Los socialistas acusaron a Francia de infringir la normativa europeas sobre la libre circulación de personas y demandan que se debata esta cuestión en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) que se celebrará del 6 al 9 de septiembre.

"El país que nos dio la libertad, la igualdad y la fraternidad se ha adentrado en una vía diferente y peligrosa", añadió.

Además, Schulz criticó la "pasividad" de la Comisión Europea y lamentó su falta de reacción ante el plan de acción en favor de los gitanos aprobado el pasado mes de marzo por el PE, que preveía el desarrollo de una estrategia europea y medidas para favorecer la integración en la sociedad de este colectivo.

Finalmente, los socialistas aseguraron que el Parlamento Europeo "utilizará todas sus prerrogativas" para defender y promover el cumplimiento de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y prevenir las violaciones de los derechos de los ciudadanos.

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo europeo Matthew Newman no quiso responder en rueda de prensa a las declaraciones de los eurodiputados socialistas y se refirió a la publicación -prevista para la semana que viene- del informe que prepara la Comisión Europea sobre el cumplimiento de la normativa europea durante las expulsiones. EFE

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=496468