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Van Rompuy suaviza la propuesta alemana sobre pacto de competitividad

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El plan del Consejo Europeo recalca el respeto al diálogo social de cada país

ANDREU MISSÉ - BRUSELAS - 01/03/2011

El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, presentó ayer su propuesta de Pacto de Competitividad a los representantes de los 17 países que integran el euro. Las ideas de Van Rompuy suavizan la iniciativa alemana, que aunque no se había presentado formalmente, fue ampliamente debatida en el Consejo del 4 de febrero, en el que aparecieron serias resistencias a su implementación

En el marco de las discusiones sobre el aumento de la capacidad y las aplicaciones del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), dotado con 440.000 millones, pero solo utilizables 250.000 millones, Berlín exigió como condición para fortalecer el fondo la firma de un Pacto de Estabilidad por parte de los Estados. La propuesta alemana del Pacto de Competitividad se concretó en seis puntos: eliminación de la indexación automática de salarios con la inflación; elevar la edad de jubilación en función de la evolución demográfica; reconocimiento mutuo de diplomas; inclusión de disposiciones en las constituciones nacionales que limiten la deuda y el déficit; armonización de la base sobre la que se aplica el impuesto de sociedades y establecimiento de un programa de resolución de crisis en el sector bancario.

El borrador preparado por el equipo de Van Rompuy, cuya redacción final debería aprobarse en la cumbre extraordinaria de líderes del Eurogrupo el próximo día 11, trata de mantener el espíritu de la propuesta de Merkel, señalando varios objetivos pero sin fijar compromisos obligatorios.

El documento ha sido elaborado con la colaboración de la Comisión Europea, en intento del presidente del Consejo de no mantenerla al margen del proceso.

En lugar de prohibir la vinculación de los salarios con la inflación, resultado de la negociación colectiva en algunos países, se sugiere establecer medidas sobre la evolución salarial que tengan en cuenta la productividad y se deja claro que se respetan las tradiciones de diálogo social en los distintos países. En todo caso se propone mejorar el mecanismo de indexación y aumentar la descentralización en la negociación colectiva.

En relación con la contención de la deuda, Van Rompuy llama a un mayor compromiso de los Estados miembros para cumplir con sus objetivos en materia de control presupuestario pero reconoce que debe ser cada país el que elija el sistema para asegurar este objetivo.

Sobre la armonización de la base del impuesto de sociedades, deja la iniciativa en manos de la Comisión Europea para que presente una propuesta en las próximas semanas.

De manera especial, el equipo de trabajo de Van Rompuy pone el acento en las reformas necesarias en los mercados de trabajo con el objetivo de facilitar la incorporación de los jóvenes al mundo laboral.

Por otra parte, la Comisión Europea lanzó ayer una consulta pública para emitir los llamados bonos para proyectos para financiar infraestructuras que no tienen rentabilidad hasta muy largo plazo. Los bonos se emitirían por empresas privadas, pero contarían con el apoyo del Banco Europeo de Inversiones. El objetivo es ayudar a las compañías del sector privado a obtener financiación en mejores condiciones para las grandes inversiones obteniendo recursos de los fondos pensiones y las compañías de seguros. El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, señaló la presentación de la consulta que "los instrumentos financieros deberían jugar un mayor papel en la financiación de los proyectos de interés públicos".

Fuente: El País

La UE aplaza a marzo el pacto por la competitividad ante la falta de consenso

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Merkel y Sarkozy no logran convencer a sus socios, molestos con las formas empleadas - Varios países y los sindicatos rechazan suprimir las cláusulas salariales

ANDREU MISSÉ - Bruselas - 05/02/2011

La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, tendrán que modular su propuesta del Pacto por la Competitividad en zona euro y esperar a marzo para intentar lograr el apoyo de sus socios. Los jefes de Estado y de Gobierno reunidos ayer en Bruselas fueron incapaces de abordar los aspectos concretos del Pacto por la Competitividad, según reconoció el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, quien aseguró que Merkel "no realizó ninguna propuesta concreta", durante la reunión. Bélgica y Austria se mostraron abiertamente en contra de alguna de las ideas.

Horas antes, sin embargo, Merkel y Sarkozy habían comparecido en una conferencia de prensa para anunciar a bombo y platillo su voluntad de alcanzar este acuerdo. "Queremos concluir un Pacto de competitividad", dijo Merkel, "y mostrar que nuestra cooperación política es cada vez más estrecha". Sarkozy por su parte fue más asertivo al señalar que "estamos de acuerdo sobre un plan estructural para aportar la respuesta a los desafíos que afectan a Europa". El presidente francés subrayó que "es un eje entre Alemania y Francia extremadamente fuerte al servicio de una ambición europea estructural que nos permita responder a los desafíos de nuestras economías".

El Pacto por la Competitividad, que ayer propugnaron los líderes de los dos principales economías europeas, es, sin embargo, una iniciativa de Alemania que ha elaborado como contrapartida para aceptar aumentar los fondos disponibles del mecanismo de rescate europeo y aceptar una mayor flexibilidad en la utilización de sus fondos. El Fondo Europeo para la Estabilidad Financiera cuenta con una dotación de 440.000 millones, de los que solo son utilizables 250.000, para poder seguir gozando de la calificación máxima AAA.

Berlín está dispuesto a aumentar la cuantía disponible y flexibilizar su empleo si los miembros de la zona euro están a favor de aplicar una serie de medidas definidas en los seis puntos del pacto: (prohibición de indexación de salarios a la inflación, incluir límites de deuda en las constituciones nacionales, armonizar la base del impuesto de sociedades, reconocimiento de diplomas académicos, aumentar la edad de jubilación y establecer un mecanismo de resolución de crisis para los bancos).

La iniciativa alemana plantea dos tipos de problemas. Uno de método y otro de falta de respeto a la soberanía de los países. Por una parte, Merkel quiere que los compromisos se alcancen por acuerdo entre los ministros de Economía y no por el método comunitario. Ello supone un claro ninguneo de la Comisión Europea cuyo presidente, José Manuel Barroso, recordó esta semana en el Parlamento que había que respetar lo establecido en el Tratado.

El otro frente lo formaron ayer algunos Estados que se opusieron a la manera de imponer la propuesta por parte de Alemania. El primer ministro belga, Ives Leterme, mostró su total desacuerdo en la pretensión alemana de suprimir la indexación de los salarios con la inflación, que en Bélgica afecta al 96% de los trabajadores. Leterme manifestó que "los Estados miembros deben tener margen para desarrollar sus propias políticas".

Por su parte, Werner Faymann, canciller de Austria, cuyo país tiene una larga tradición de concertación social, expresó su rechazo a alas "interferencias" en las negociaciones salariales. En relación con la política sobre pensiones, Faymann manifestó que "no creo posible que la Unión Europea regule a edad de jubilación porque hay grandes diferencias entre países".

John Monks, secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos dijo que no se trataba de un Pacto por la Competitividad "sino de un pacto dañino para el nivel de vida, que se basaba en más desigualdades y más trabajo precario". En su opinión "supone ignorar todas las lecciones de la actual recesión", señalando que los déficits públicos y el aumento de la deuda son inevitables y deseables "incluso para impedir que la situación sea aún peor". Para el líder del CES, "Europa corre el riesgo de acabar con su modelo social y su principio fundamental que es la autonomía de las negociaciones colectivas".

Fuentes jurídicas han señalado la que la propuesta de Merkel en materia salarial está en contra de la Constitución de su país que garantiza la autonomía de las partes en las negociaciones sobre las condiciones de trabajo.

Propuestas franco-alemanas

- Eliminar la indexación automática de salarios con la inflación. Se quiere impedir que los salarios aumenten automáticamente en función de los incrementos de los precios. Berlín considera que esta práctica, consagrada en los convenios en algunos países fruto del acuerdo entre sindicatos y patronales, es una de las principales causas de la inflación. Bélgica y Austria, y sobre todo la Confederación Europea de Sindicatos, se han mostrado en contra.

- Adaptar la edad de jubilación a la evolución demográfica. En la práctica supone aumentar la edad legal de jubilación. Alemania ya acordó elevarla a 67 años tal como acaba de pactar España. Si se considera la edad real de jubilación las diferencias entre países son mínimas.

- Reconocimiento mutuo de diplomas. Con el reconocimiento mutuo de titulaciones y de los programas de formación por parte de los distintos países se pretende estimular la movilidad laboral.

- Incluir en las constituciones nacionales disposiciones que fijen un límite de déficit o deuda. Merkel quiere que los países europeos sigan el modelo de Alemania, que el año pasado modificó su ley básica, para establecer que el déficit del Gobierno federal no podría superar el 0,35% del PIB en 2015 y los presupuestos de los länder, deberían estar en equilibrio en 2019.

- Armonizar la base sobre la que se aplica el impuesto sobre sociedades. Se trata de un primer paso hacia la reducción de las importantes diferencias que existen en la aplicación de este impuesto entre los diferentes países de la UE. De momento, no se plantea armonizar los tipos sobre los que ya existen importantes diferencias entre los países como Irlanda (12,5%) y los grandes países europeos que oscilan entre el 25% y el 30%.

- Establecer un programa de resolución de crisis en el sector bancario. Se quiere establecer un mecanismo de resolución de crisis en el sector bancario para evitar que los contribuyentes tengan que volver a pagar la factura si se producen nuevas crisis de entidades financieras.

Fuente: El País.