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España cede a Bélgica la presidencia de turno de la Unión Europea en un momento difícil. La aplicación del Tratado de Lisboa, en particular el desarrollo de sus aspectos institucionales, tiene aún que recorrer un largo camino; y, por su parte, Bélgica accede a la presidencia inmediatamente después de unas elecciones que han dado paso a una situación política interna enteramente nueva.
El triunfo de los independentistas en el país que alberga la sede de las principales instituciones europeas parece una metáfora de las tensiones que vive la propia UE, hostigada por la tendencia a la renacionalización de las políticas por parte de los países de más peso.
Los datos de partida no permiten esperar grandes avances durante el próximo semestre. Pero en ningún caso deberían convertirse en coartada. La crisis económica exigirá decisiones adicionales para contrarrestar sus efectos más agudos y seguir avanzando en la coordinación de los Veintisiete para colmar la ausencia de una política económica común. El papel de la presidencia de turno continúa siendo importante, pero la UE cuenta con nuevas instancias de dirección que ahora más que nunca deberán demostrar su utilidad.
Junto al riesgo de parálisis, el semestre que se inicia obligará a conjurar otro difícil de prever tras la aprobación del Tratado de Lisboa: la consolidación de prácticas no institucionales bajo la presión de problemas que, como los ataques contra el euro, requerían respuestas inmediatas.
La falta de iniciativa de la presidencia española en momentos concretos ha servido para que algunos países asumieran in extremis el timón. Salvaron la situación y sería injusto hacerles ningún reproche. Pero no debe olvidarse que el proyecto europeo consiste en una institucionalización de las decisiones, no en un reconocimiento tácito del liderazgo de los grandes en circunstancias difíciles.
Las prioridades que la realidad ha impuesto durante el semestre de presidencia española de la Unión siguen vigentes al iniciarse el de Bélgica. Se trata, además, de prioridades que ni obedecen al diseño previo del país que ejerce la presidencia ni permiten resignarse a la inacción. No será solo responsabilidad de Bélgica avanzar en una política común que fortalezca al euro y preserve la prosperidad de Europa, sino también de las nuevas instituciones creadas por el Tratado de Lisboa, obligadas a suplir cualquier carencia.
