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Un grupo de migrantes protesta este miércoles por el cierre de la frontera grecomacedonia en el campamento de Idomeni. BULENT KILIC AFP
- La Comisión Europea propone una agencia federal que centralice las peticiones comunitarias
Claudi Pérez Bruselas 6 ABR 2016 - 21:02 CEST
La Comisión Europea presentó este miércoles una propuesta para poner en marcha un sistema de asilo común ante el fracaso de Dublín, la legislación actual, que ha sido incapaz de dar una respuesta europea a la altura de la crisis migratoria y de refugiados. En su versión más ambiciosa, el brazo ejecutivo de la Unión propone crear una agencia federal de asilo que centralice todas las demandas y las reparta entre los Veintiocho a través de un sistema de cuotas.
El vicepresidente de la Comisión, Franciscus Cornelis Gerardus Maria —más conocido como Frans— Timmermans, admitió de entrada que un sistema centralizado “no es realista a día de hoy”. Y apuntó que, como alternativa, Bruselas propone una especie Dublin Plus: mantener el statu quo —la tramitación del derecho asilo corresponde al país de entrada del solicitante, lo que pone una carga desproporcionada sobre socios como Grecia—, pero con una cláusula de emergencia que activaría el sistema de reparto a través de cuotas si el flujo aumenta abruptamente en uno de los Estados miembros.
“En ambos casos, al menos a partir de cierto umbral los solicitantes de asilo serán automáticamente redistribuidos, ante la necesidad de su sistema solidario y justo”, explicó el comisario de Emigración, Dimitris Avramopoulos.
Esas dos alternativas se convertirán en una propuesta en firme antes del próximo verano, tal y como avanzó este miércoles este periódico. “La crisis ha demostrado que el sistema actual no funciona, y no es sostenible poner la presión en solo una parte de los socios”, subrayó Timmermans ante la prensa. Junto con esos cambios, Bruselas insiste en la necesidad de armonizar el derecho al asilo en la UE, y en evitar a toda costa los “movimientos secundarios”, de refugiados que obtienen el asilo en un país pero se marchan a otro. En ese caso, “determinados derechos podrían quedar suspendidos”, para tratar de desincentivar esos movimientos.
Bruselas es consciente de la controversia que puede causar esa propuesta. Londres ha mostrado su oposición frontal a los planes de la Comisión Europea, y lo mismo hicieron este miércoles algunos socios del Este como la República Checa. Italia presiona a favor de los cambios introducidos, pero ni siquiera Berlín ha dejado clara su postura al respecto.
FUENTE: El País.
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