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Bruselas lanza su plan para poner en marcha un sistema de asilo común

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Un grupo de migrantes protesta este miércoles por el cierre de la frontera grecomacedonia en el campamento de Idomeni. BULENT KILIC AFP


  • La Comisión Europea propone una agencia federal que centralice las peticiones comunitarias

Claudi Pérez Bruselas 6 ABR 2016 - 21:02 CEST

La Comisión Europea presentó este miércoles una propuesta para poner en marcha un sistema de asilo común ante el fracaso de Dublín, la legislación actual, que ha sido incapaz de dar una respuesta europea a la altura de la crisis migratoria y de refugiados. En su versión más ambiciosa, el brazo ejecutivo de la Unión propone crear una agencia federal de asilo que centralice todas las demandas y las reparta entre los Veintiocho a través de un sistema de cuotas.

El vicepresidente de la Comisión, Franciscus Cornelis Gerardus Maria —más conocido como Frans— Timmermans, admitió de entrada que un sistema centralizado “no es realista a día de hoy”. Y apuntó que, como alternativa, Bruselas propone una especie Dublin Plus: mantener el statu quo —la tramitación del derecho asilo corresponde al país de entrada del solicitante, lo que pone una carga desproporcionada sobre socios como Grecia—, pero con una cláusula de emergencia que activaría el sistema de reparto a través de cuotas si el flujo aumenta abruptamente en uno de los Estados miembros.

“En ambos casos, al menos a partir de cierto umbral los solicitantes de asilo serán automáticamente redistribuidos, ante la necesidad de su sistema solidario y justo”, explicó el comisario de Emigración, Dimitris Avramopoulos.

Esas dos alternativas se convertirán en una propuesta en firme antes del próximo verano, tal y como avanzó este miércoles este periódico. “La crisis ha demostrado que el sistema actual no funciona, y no es sostenible poner la presión en solo una parte de los socios”, subrayó Timmermans ante la prensa. Junto con esos cambios, Bruselas insiste en la necesidad de armonizar el derecho al asilo en la UE, y en evitar a toda costa los “movimientos secundarios”, de refugiados que obtienen el asilo en un país pero se marchan a otro. En ese caso, “determinados derechos podrían quedar suspendidos”, para tratar de desincentivar esos movimientos.

Bruselas es consciente de la controversia que puede causar esa propuesta. Londres ha mostrado su oposición frontal a los planes de la Comisión Europea, y lo mismo hicieron este miércoles algunos socios del Este como la República Checa. Italia presiona a favor de los cambios introducidos, pero ni siquiera Berlín ha dejado clara su postura al respecto.

FUENTE:
El País.

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Bruselas prepara un plan de ayuda urgente para los migrantes bloqueados

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Miembros de la policía antidisturbios francesa, en el desmantelamiento de parte del campo de refugiados de Calais. LAURENT DUBRULE EFE

  • La policía macedonia emplea gases lacrimógenos contra refugiados

Lucía Abellán. Bruselas 1 MAR 2016 - 10:31 CET


Los bloqueos de fronteras en la ruta de los Balcanes han acentuado el descontrol de la crisis de refugiados. Macedonia revivió este lunes los episodios represivos ensayados por Hungría el año pasado al emplear gases lacrimógenos contra cientos de migrantes que se agolpaban en la frontera, tratando de abandonar Grecia. Ante el rápido deterioro de la situación, la Comisión Europea presentará el miércoles un plan de emergencia con nuevos fondos para evitar una crisis humanitaria en Grecia y en los países vecinos.

Tras casi seis meses sin contemplar imágenes de policías impidiendo por la fuerza el tránsito de refugiados en Europa, un grupo de agentes lanzó este lunes gases lacrimógenos para dispersarlos, según informa Reuters. Un testigo citado por esta agencia aseguró que se habían lanzado varias cargas sobre una multitud que trataba de cruzar la frontera de Grecia con Macedonia. Los migrantes rompieron una puerta metálica del paso fronterizo y se sentaron en las vías del tren en señal de protesta.

Alrededor de 25.000 personas están atrapadas en territorio griego por las restricciones de paso impuestas en la última semana. De ellas, unas 8.000 se concentran en Idomeni, una pequeña localidad en la frontera entre Grecia y Macedonia. La mayoría son sirios e iraquíes. La decisión de Austria de limitar, hace 10 días, el paso de migrantes y el número de demandas de asilo aceptadas en su territorio ha creado un vertiginoso efecto dominó. Para evitar embotellamientos derivados de los topes austriacos, cinco países de los Balcanes (Macedonia, Serbia, Croacia, Eslovenia y la propia Austria) limitaron el pasado viernes el paso de migrantes hasta 580 diarios en cada uno de esos países.

Consciente de que la situación solo puede empeorar, la Comisión Europea presentará el miércoles un plan para prestar asistencia de emergencia a Grecia y a otros Estados afectados por el bloqueo de refugiados. Una portavoz comunitaria aseguró que se movilizarán “todos los instrumentos disponibles” para evitar que se deteriore aun más la situación. En Grecia, los migrantes malviven en plazas, estaciones y otros lugares acondicionados improvisadamente ante la acumulación de personas.

Fuentes comunitarias aclaran que la Comisión trabaja en dos medidas. La primera, habilitar una partida dentro del programa de asistencia humanitaria que Bruselas destina a países extracomunitarios. Se trataría, por tanto, de considerar por primera vez que un país de la UE afronta una crisis similar a la que pueden vivir Estados en zonas de conflicto (por ejemplo, los que lindan con Siria).
 
Reparto de asilados

En segundo lugar, el Ejecutivo comunitario presentará un plan de contingencia con varios elementos: ampliación del número de plazas disponibles para acoger a refugiados, más medios del programa de asistencia civil que ofrece mantas, tiendas y materiales de primera necesidad, así como acelerar la distribución de refugiados desde Grecia a otros puntos de Europa. Bruselas lleva meses insistiendo, con escaso éxito, en este programa, que hasta ahora ha conseguido desplazar a unos 500 refugiados de los 160.000 que se deben reubicar en dos años.

Más allá del caso griego, el Ejecutivo comunitario evalúa los controles de fronteras establecidos la semana pasada por Bélgica, en su frontera con Francia, por el incremento del tránsito de asilados procedentes del campamento francés de Calais, en proceso de desmantelamiento. Hasta ahora la Comisión ha avalado todas las suspensiones temporales de Schengen que han hecho los países miembros.

FUENTE: El País. 

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La UE cambia el sistema de reparto de asilados para propiciar hoy un acuerdo

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Un grupo de migrantes llega al puesto fronterizo entre Croacia y Hungría. / Jeff J Mitchell (Getty Images)


  • Los ministros debaten este martes un nuevo esquema para reubicar a 120.000 refugiados

Lucía Abellán Bruselas 22 SEP 2015 - 07:17 CEST

La UE ha reformulado el sistema de reparto de refugiados para evitar un nuevo fracaso en la principal herramienta que ha ideado con intención de aliviar la crisis migratoria. Los Estados discuten una nueva propuesta, que excluye a Hungría (por voluntad propia) del grupo de países desde los que se envían refugiados hacia otros territorios menos afectados. Se mantiene, eso sí, la cifra de 120.000 demandantes de asilo que los Estados miembros deben reubicar en los próximos dos años para compartir la presión de los países más expuestos. El bloque del Este solo aceptará el esquema si queda claro que es voluntario.

La diplomacia europea explora los límites del lenguaje para lograr un acuerdo que evite la imagen de desunión en uno de los mayores desafíos que afronta la UE. Los ministros del Interior se reúnen este martes en Bruselas con la esperanza de cerrar el acuerdo que dejaron pendiente hace algo más de una semana: un mecanismo que permita redistribuir por el territorio comunitario a 120.000 personas llegadas en los últimos meses a los países con mayor número de entradas. La clave reside en formular un compromiso que tenga apariencia de voluntario —para que puedan firmarlo los países del Este, fieramente opuestos a un esquema obligatorio—, pero que vincule a todos.

Para propiciarlo, ha hecho falta cambiar un elemento clave de la propuesta de la Comisión Europea. Como receptora de buena parte de los demandantes de asilo que pisan suelo comunitario, Hungría figuraba como país que más refugiados enviaba al resto (54.000), pero rehúsa participar. El motivo es que, a cambio de aceptar ese alivio, Hungría debería comprometerse a registrar, bajo supervisión de expertos comunitarios, a todo migrante que entrase a su territorio. Y este país, el más hostil hacia los refugiados, defiende que no es su responsabilidad identificarlos pues provienen originariamente de Grecia. Las reglas de asilo obligan a registrar a los solicitantes en el primer país europeo que pisan. Aunque la norma ha quedado superada por la realidad, Budapest defiende su vigencia mientras exista ese marco. 

Reticencias en el Este

El nuevo reparto colocaría a Hungría como receptora de refugiados de otros territorios, lo que rebajaría mínimamente la cuota asignada a cada Estado. Así, a España le corresponderían 14.588 (frente a los 14.931 inicialmente previstos), según se desprende de un borrador de acuerdo al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Para reubicar a esos 54.000 migrantes que ya no provendrán de Hungría, los Estados estudian crear una especie de reserva que puedan reclamar otros países “que se enfrenten a una situación de emergencia”. Por ejemplo, si Croacia recibe un volumen inusitado de refugiados, puede pedir reubicarlos a cuenta de esa cuota, aunque este país ya ha declarado su negativa a hacerlo por motivos similares a los de Hungría.

Respecto a la idea inicial de penalizar a los países que, por circunstancias excepcionales, no puedan asumir a los refugiados, los diplomáticos han decidido suavizar la propuesta y que simplemente se pueda aplazar unos meses la acogida de un 30% de los refugiados que correspondan.

Todas las opciones representan un remiendo al problema de fondo: la falta de un marco homogéneo de gestión del asilo en Europa. Los países miembros intentan borrar hoy la imagen de falta de solidaridad que ha emergido en esta crisis, pero está por ver que prospere. Los jefes de Estado y de Gobierno tratarán este miércoles más ampliamente las políticas migratorias.

Los seis países aún reticentes (Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Rumanía y Letonia) volvieron a reunirse este martes en Praga con el principal defensor de este acuerdo, Jean Asselborn, ministro de Exteriores de Luxemburgo, que asume la presidencia de turno de la UE. “Todos los participantes en la reunión se aferran a la idea de lograr una posición común”, resumió Lubomir Zaoralek, titular checo de Exteriores.

FUENTE: El País. 

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Suiza se encierra en sus miedos

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  • La próspera nación alpina teme la crisis europea y dificulta la inmigración
  • Los suizos aprueban en referéndum un endurecimiento de las condiciones de asilo

Ana Carbajosa (Enviada Especial) Berna 9 JUN 2013 - 21:16 CET

 
Un transeúnte pasa ante un cartel del derechista SVP/UDC que llama a “frenar la inmigración masiva” / Christian Hartmann  (REUTERS)

En los vagones de primera clase no hay ni un asiento libre. Son las siete de la mañana de un jueves en el tren que une Zurich, el centro financiero suizo, con Berna, la capital. En casi cualquier país esta sería la imagen de un tren lleno, sin más. En Suiza no. En esta isla de prosperidad europea, los trenes y los atascos en algunas carreteras se han convertido para muchos suizos en claros síntomas de que algo falla, de que las costuras del Estado de bienestar se fuerzan más de la cuenta. Sienten, en definitiva, que en este pequeño país no hay sitio para todos y que, por lo tanto, ha llegado el momento de poner orden en las fronteras. Es un discurso que se escucha en la calle, pero también en los despachos oficiales, donde se hacen ahora eco de una agenda política con la que machaca desde hace años la extrema derecha.

Los suizos respaldaron ayer en referéndum con una amplia mayoría (79%) un endurecimiento de su ley de asilo. Suiza ha sido tradicionalmente un país muy generoso a la hora de acoger refugiados políticos en comparación con los países de la UE. El referéndum celebrado ayer es solo un paso en una batería de iniciativas con las que la clase política trata de dar respuesta a la creciente ansiedad ciudadana. La medida más sonada y la que ha enfadado a Bruselas ha sido la activación de la llamada cláusula de salvaguarda, por la que Suiza ha restringido los permisos de larga duración de los trabajadores de la Unión Europea, incluidos los españoles. En los próximos 18 meses, hasta tres referendos decidirán sobre la entrada de extranjeros en el país y contribuirán a redefinir la identidad de un país en el que los inmigrantes (23% de la población, la mayoría de ellos europeos, con los alemanes a la cabeza) han sido históricamente el motor de la economía.

Lo de la cláusula de salvaguarda ha sido más una medida simbólica que otra cosa. Afectará a apenas 3.000 trabajadores de la UE, que en cualquier caso podrán solicitar un permiso de corta duración hasta que expire la restricción el año que viene. Pero la realidad, los datos, son casi lo de menos. Porque lo que estos días dicta los impulsos políticos en Suiza son sobre todo los miedos y las percepciones, tanto o más reales, por otra parte, que la propia realidad. Se trataba, como reconocen los propios gobernantes, de calmar a la población y de demostrar que son capaces de decidir sobre el rumbo del país, es decir, de tomar decisiones para controlar la entrada y salida de trabajadores, incluso en contra de Bruselas.

Los apuros financieros de los países de la Unión han contribuido en buena medida a exacerbar los miedos. El tormentón que arrecia con fuerza en el resto de Europa ha vuelto a pasar de largo por Suiza, donde la economía va bien —previsión de crecimiento del 1,2%—, el paro resulta casi obviable —cerca del 3%—, y el ejercicio de su particular democracia directa aún les garantiza una estabilidad política envidiable. Conscientes del frío que hace fuera de sus fronteras, buena parte de la sociedad suiza teme que hordas de trabajadores extranjeros más o menos cualificados vengan a estropearles la fiesta. Es lógico, explican, que si sus países no van bien, quieran venir al nuestro. El sonido de la calle confirma alguna de esas tesis. Los idiomas extranjeros se confunden en las grandes ciudades suizas. El español, como el de Juan Crevillén, se escucha con mucha frecuencia. Crevillén es un joven arquitecto que trabaja en un estudio de Zurich desde hace dos años. Antes, probó suerte en Londres, donde acabó fregando suelos. “Cuando me ofrecieron venir aquí, no lo dudé”. Aquí gana unos 3.000 euros netos al mes, pero advierte a los que estén pensando en emigrar que la vida es mucho más cara en Suiza. “Es duro, pero los españoles nos echamos una mano entre nosotros”.

La patronal suiza no quiere restricciones de entrada. Para ellos, cuanto más competencia, mejor. Thomas Daum, director de la Unión Patronal Suiza, sostiene que 2014 será un año clave, en el que con sus votaciones los suizos redefinirán su identidad. Daum considera que lo peor está por venir y que la activación de la cláusula de salvaguarda ha sido un mal menor. “Podía haber sido más restrictivo. Podemos convivir con esta medida. Solo durará un año. La gran cuestión es qué va pasar en los próximos meses, en las próximas votaciones en contra de la inmigración. Nuestro mercado laboral no es pequeño, no basta para que funcione nuestra economía”, estima Daum. Las grandes farmacéuticas, la banca, y la producción de maquinaria para exportación, principales pilares de la economía, simplemente no funcionarían sin los que vienen de fuera.

Los grandes argumentos que airean los que piden limitar la entrada de extranjeros se desmontan de un plumazo. Los trenes no van llenos porque haya más gente, sino en parte, porque el servicio ha mejorado, es más rápido y eso ha hecho que más suizos lo elijan como medio de transporte. Que la presencia de extranjeros propicie el dumping social, es decir la caída de los salarios, es algo que la patronal niega y que los sindicatos consideran que, de suceder, debería solucionarse con más inspecciones y respeto de la ley. Y que haya más criminalidad —los suizos ya no dejan abierta la puerta de a sus casas como antes— es posible. Resulta sin embargo que es en las zonas rurales, donde no hay apenas robos o ataques, donde el discurso del extranjero peligroso arrasa, lo que demuestra una vez más el poder de la percepción frente al de la realidad.

Es precisamente fuera de las ciudades donde triunfa la extrema derecha populista, la mayor fuerza en el Parlamento y probablemente la principal responsable de que el debate migratorio cope en los últimos tiempos junto con el fin del secreto bancario la agenda política en Suiza.

Sí es cierto sin embargo que la población suiza ha aumentado en varias decenas de miles de personas cada año en un país de apenas ocho millones de habitantes y que algunas infraestructuras no se han adecuado al tamaño de la población. “Ha habido un crecimiento demográfico importante en los pulmones económicos del país, que por ejemplo no se ha acompañado de una política inmobiliaria y han subido los precios de los apartamentos. De eso también se culpa a los extranjeros”, apunta Cesla Amarelle, profesora de derecho migratorio de la universidad de Neuchâtel y parlamentaria socialista. “Los políticos no se dieron cuenta de que el crecimiento tiene que ir acompañado de mejoras de las infraestructuras. Hay gente que viaja de pie en los trenes y eso nunca se había visto en Suiza”. En el tren de regreso a Zurich hay asientos libres en los vagones. Ya no es hora punta.

Fuente: El País.