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Europa apuesta por un supergobierno de la UE

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  • 11 ministros de Exteriores de la Unión lanzan una propuesta para ampliar los poderes de la Comisión Europea, reducir el número de comisarios y potenciar el federalismo
 
Claudi Pérez Bruselas 18 SEP 2012 - 20:59 CET


La reunión del ministros del Grupo de Reflexión sobre el futuro de la Unión Europea. / PAWEL SUPERNAK (EFE)
 
Hasta 27 comisarios, uno por país, no han impedido que el papel de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, haya quedado en entredicho en algunos de los capítulos de la gestión de la crisis del euro. En parte por Bruselas y en parte por culpa de las grandes capitales, la alta política europea no ha sabido estar a la altura de la situación. Puede que algo esté cambiando: el denominado Club de Berlín —impulsado por Alemania y al que al final se han unido Francia y hasta un total de 11 ministros de Exteriores de la Unión, entre los que brilla por su ausencia el de Reino Unido— ha lanzado su propuesta final, que pasa por reducir el número de comisarios y darle más poderes a la Comisión: por crear una suerte de supergobierno de la UE. 
 
Y por desarrollar esa idea tan alemana (y tan norteamericana) que consiste en ensayar una Europa de corte más federal, con un presupuesto y una política económica que puedan llamarse así, con mecanismos de solidaridad, con una unión bancaria, con una auténtica política exterior común –que a día de hoy brilla por su ausencia— y con medidas destinadas a restañar el déficit democrático, que se escapa por ese triángulo de las Bermudas formado por el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo.

Suscriben el documento, que se ha cocinado en varias reuniones que cristalizaron el pasado lunes en Varsovia, los titulares de Exteriores de los seis fundadores del embrión de la Unión (Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda), junto con los de España, Austria y Portugal, más dos países que no comparten la moneda única: Polonia y Dinamarca.

La propuesta, importante tanto por el pedigrí de los firmantes como por el momento elegido para lanzarla –con el mundo pendiente de si Europa da de veras un paso adelante en esa encrucijada que obliga a elegir entre el federalismo o la temida fractura: más Europa o ninguna— apunta abiertamente a la posibilidad de reabrir los Tratados, persigue dar más poder al Parlamento y nombrar un presidente de la Comisión “elegido directamente” en las urnas. Ese menú se suma a la última propuesta de Herman Van Rompuy, el presidente del Consejo Europeo.

Van Rompuy
anunció el pasado jueves que planteará en la cumbre de octubre la creación de un presupuesto central para la eurozona y la emisión “limitada” de deuda conjunta para reforzar la Unión Económica y Monetaria. Se abre paso, en Bruselas y en las capitales, una Unión más federal, que recordaría a aquel viejo sueño de los Estados Unidos de Europa si no fuera por las obligadas vaguedades que adornan ambos documentos, a las que obliga el imprescindible consenso.

El ejemplo más claro del abuso de generalidades es el de los eurobonos. Los titulares de Exteriores apuestan por dar grandes poderes a las instituciones europeas para controlar los déficits y las políticas fiscales. “Mano a mano” con esa medida, apuntan a la creación de mecanismos de solidaridad europea. Pero mientras los férreos controles ya existen por imposición de Berlín, los eurobonos son una mera posibilidad todavía muy difusa: “Algunos de los miembros del grupo sugieren pasos hacia la mutualización de los riesgos soberanos”, reza el texto con deliberada ambigüedad. Alemania se opone a machamartillo a esa medida, al menos a corto y medio plazo.

El ministro español José Manuel García-Margallo ha participado en las diversas reuniones del Grupo de Reflexión, que remitirá su informe definitivo a Van Rompuy, al presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, y a los parlamentos nacionales de la UE. El titular de Exteriores polaco, Radoslaw Sikroski –que hace unos meses disparó todas las alarmas en Berlín con una frase redonda: “Temo menos el poder alemán de lo que estoy empezando a temer la pasividad alemana—, aseguró ayer que lo que pide el Club de Berlín es mayor integración política. 
 
“Es necesario aportar más transparencia y democracia a nuestras instituciones como respuesta a la falta de confianza que hoy se puede ver dentro de la UE”. Fuentes del Ministerio de Exteriores destacaron que la propuesta pasa también por mejorar los mecanismos de decisión de los Veintisiete: mayorías cualificadas en lugar de unanimidad. Con una sola excepción: las sucesivas ampliaciones de la Unión. 
 
Fuente: El País. 

Los ministros de la UE evalúan los desequilibrios españoles en junio

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  • La misión en Madrid se reúne con tres ministerios y el Banco de España.
  • Podrían imponer sanciones si no se cumplen las exigencias marcadas.

Lucía Abellán Madrid 12 ABR 2012 - 22:34 CET

Bruselas pide cuentas a España por los desequilibrios que la hacen vulnerable y, con ella, a toda la zona euro. La misión europea que desde ayer visita Madrid elaborará un informe con la información recabada y lo remitirá a los ministros de Economía de la Unión Europea, que estudiarán las conclusiones en la reunión prevista para el 22 de junio. Si los ministros concluyen que el Gobierno no está haciendo lo suficiente para atajar esas anomalías (paro excesivo, deuda pública y privada…), pueden acabar sancionando a España.

La Comisión Europea se esfuerza por presentar a ese grupo de enviados especiales como una misión rutinaria, pero las consecuencias de su evaluación pueden ser cruciales. El equipo que hoy concluye su visita a Madrid tiene una agenda apretada que incluye, entre otros departamentos, a tres ministerios (Economía, Hacienda y Empleo) y al Banco de España. En el primero, el interlocutor será el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez, según fuentes del Gobierno, y probablemente el rango será similar en el resto de departamentos.

La visita, la segunda de este tipo en menos de un mes, se produce porque España fue identificada en febrero como país con desequilibrios excesivos. En esa misma lista había otros 11 Estados comunitarios, pero España se situaba como el peor parado, junto con Chipre, con suspensos en 6 de los 10 indicadores analizados por la Unión Europea (deuda privada, deuda pública y paro como indicadores internos; déficit exterior, posición inversora internacional y evolución de la cuota de exportaciones como indicadores externos). Bruselas excluye de este procedimiento a Grecia, Portugal, Irlanda y Rumanía porque estos países cuentan con apoyo financiero de la UE o el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con los responsables de Empleo, la reunión versará sobre el elevado paro y la dura reforma laboral que el Gobierno ha aprobado con la intención de rebajarlo; en Hacienda, la deuda y el déficit centrarán las conversaciones; en el Banco de España, los técnicos requerirán un análisis sobre el elevado endeudamiento privado y Economía aportará la visión más global, con valoraciones sobre la situación española en su conjunto.

“Quiero aclarar que la misión no tiene nada que ver con otros asuntos que tenemos en discusión con las autoridades españolas”, enfatizó Olivier Bailly, un portavoz de la Comisión Europea, ante las preguntas sobre la misión que visita Madrid. Con esos otros asuntos, el responsable comunitario se refería a la estrecha vigilancia que realiza Bruselas de las cuentas españolas, en particular a la fecha límite dada a España para que aporte datos de los Presupuestos autonómicos de este año.

Aunque técnicamente no respondan al mismo proceso, lo cierto es que esos desequilibrios detectados en España, sobre todo los internos, son la clave de la debilidad que afronta el país y de los sucesivos ataques que recibe de los mercados. Con el informe que emitan los expertos, el Ecofin que se celebrará el próximo 22 de junio en Bruselas deberá decidir, a propuesta de la Comisión, si España merece que le abran un procedimiento por desequilibrios excesivos, con el resultado último de una sanción por no atajar los problemas.

Hay que tener en cuenta que el análisis sobre esas deficiencias se hizo con datos de 2010 y medias de ejercicios anteriores. Y en algunos indicadores, como la tasa de paro, las cifras se han agravado desde entonces (ahora afecta al 23% de la población activa frente al 16,5% que reflejaba el informe europeo del 14 de febrero, con la media de los últimos tres años).

Estas visitas —el portavoz comunitario detalló ayer que también se han enviado ya misiones a Reino Unido y Francia— son el primer ensayo del procedimiento de alerta temprana que forma parte de las nuevas reglas de gobierno económico aprobadas por Bruselas a finales de 2011. Con la alerta temprana, se pretenden detectar los desequilibrios económicos antes de que consigan tambalear a toda la Unión Europea, como ha ocurrido en los últimos años con las burbujas inmobiliarias, el exceso de crédito al sector privado y el desplome de los ingresos públicos.

Fuente: El País.