Rajoy fomenta la alianza con Portugal para influir más en el futuro de Europa

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Mariano Rajoy y Marcelo Rebelo de Sousa en la Moncloa. Foto: AFP | Vídeo: Atlas

• El presidente portugués termina su visita de Estado a España con múltiples mensajes a favor de profundizar en una relación vecinal privilegiada

Profundizar en la ahora privilegiada relación bilateral entre España y Portugal, consensuar en el futuro más posiciones comunes en la construcción europea en marcha y "no ceder un milímetro" ante los populismos en la vigencia de los valores democráticos edificados costosamente por ambas sociedades. Estas tres claves fueron las que se repitieron y guiaron durante estos días de visita de Estado a España los diferentes discursos del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y de sus diversos anfitriones españoles, desde el rey Felipe VI, al jefe de Gobierno Mariano Rajoy o la presidenta de las Cortes, Ana Pastor. España y Portugal presumen en los últimos años de un nivel de relación tan extraordinario que las cumbres y visitas institucionales proliferan como nunca y el intercambio comercial y turístico se aúpa a cotas históricas.

"Juntos y en democracia podemos llegar más lejos". Marcelo Rebelo de Sousa eligió esas palabras para subrayar, al final de su discurso solemne y "fraterno" ante las Cortes españolas, reunidas en sesión conjunta, que España y Portugal no solo tienen y mantienen innumerables lazos históricos y culturales de vencidad sino que podrían disfrutar ante todo de un gran futuro juntas. Un mensaje que articuló antes, en la misma línea, en la declaración conjunta que suscribió en La Moncloa de la mano del presidente español cuando ambos abogaron por ahondar en su "trabajo conjunto para construir una Europa más fuerte" en todos los sectores pero especialmente en dos ámbitos ibéricos de gran interés común como son las interconexiones energéticas y en agricultura.

Antes de que acabe este primer semestre del año el primer ministro portugués, António Costa, acogerá en Lisboa la II edición de la cumbre tripartita con el presidente de España, el de Francia, Enmanuel Macron, y el de la Comisión europea, Jean Claude Juncker, para debatir sobre la promoción de diferentes interconexiones estratégicas europeas que deben pasar por la Península. Uno de los grandes objetivos sería facilitar la creación de una especie de mercado ibérico del gas.

Rajoy aprovechó la cita de ayer en Madrid con el presidente portugués para repetir una idea que expresa ahora ante cada visita de un mandatario europeo y que le preocupa e inquieta por el inmediato porvenir en el diseño de la nueva Europa postBrexit: la elaboración del nuevo presupuesto comunitario ya sin el Reino Unido en el club. Rajoy y Rebelo de Sousa coincidieron en que hace falta "más Europa y más fuerte" y se conjuraron para articular un papel juntos y con más influencia. Ambos dirigentes quisieron recordar, en este sentido, la ubicación en puestos claves para el relanzamiento de esa Europa de dos políticos ibéricos, como el portugués Mario Centeno al frente del Eurogrupo y del español Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo. España y Portugal no tuvieron reparos en expresar públicamente su apoyo cruzado a ambos candidatos en su reciente elección.

El jefe del Ejecutivo español rememoró, en su declaración, que España y Portugal han sufrido recientemente parecidas consecuencias de la crisis económicas (Portugal con un rescate total y España con uno parcial a su banca) y glosó que ambas naciones lo habían sabido superar con reformas y el esfuerzo de sus ciudadanos. Marcelo Rebelo de Sousa se remontó por la tarde, en las Cortes, a los pasajes históricos vividos en paralelo, con las relegadas dictaduras ya en el olvido y el sufrido tránsito a las actuales democracias.

Fue ahí cuando el presidente portugués, que fue uno de los padres de la Constitución de su país y eurodiputado, aludió a lo costoso que ha sido para España y Portugal edificar "palmo a palmo" este periodo democrático y cuando mostró su preocupación por los avisos que llegan a esos sistemas políticos en crisis de otros escenarios o lugares más frágiles donde "se desistió de hacer de la democracia una realidad diaria" y un "desafío nunca agotado".

"Tenemos que recrear a cada momento nuestra democracia, nuestra educación, nuestros sistemas sociales, nuestra economía, nuestra relación con los demás, nuestras instituciones", reseñó Marcelo Rebelo de Sousa en alusión a que solo desde la cultura se pueden superar las fases en las que las coyunturas políticas y económicas se alteran. "La democracia nos une y nunca, nunca, podremos aceptar que nos divida", remarcó el presidente luso. Y acentuó: "Sólo en democracia elegimos ser fieles a lo mejor de la historia de cada cual, sin ceder ni un milímetro de esa democracia, a la que llegamos hace cuatro décadas en movimientos de recíproca influencia".

El dirigente portugués ensalzó como Rajoy la importancia del proyecto europeo como un reto "humanista, de paz y justicia social, solidario, abierto al mundo" y que significa "tolerancia contra el egoísmo xenófobo, participación contra el confidencialismo que provoca el populismo" y "fraternidad, que se opone al odio".

Fue en ese momento, en el que Rebelo acabó su intervención, cuando los diputados independentistas catalanes de ERC y el PDeCAT empezaron a entonar algunas estrofas de la mítica canción Grândola, Vila Morena, de José Afonso, que se convirtió en un símbolo de la Revolución de los Claveles que puso fin en 1974 a la dictadura en Portugal. Los parlamentarios nacionalistas catalanes portaron lazos y claveles amarillos en reclamación de la libertad para varios dirigentes independentistas encarcelados. Rebelo de Sousa tuvo un conato de empezar a cantar la canción con los diputados pero la presidenta del Congreso, Ana Pastor, salió al quite y dio por zanjada la sesión.

La visita de Estado de Marcelo Rebelo de Sousa es devolución de la que efectuaron el año pasado los reyes de España a Portugal y se enmarca en un clima de constantes y periódicos encuentros entre los mandatarios, presidentes y ministros de ambas naciones y que según fuentes oficiales españolas "no es tanto fruto de la vencidad y proximidad geográfica como del nivel extraordinario de relaciones actuales". En el ámbito comercial España exportó a Portugal durante 2017 un total de mercancías por valor de 19.843 millones de euros e importó de allí más de 11.000 millones. Portugal es el cuarto destino de exportaciones y el octavo proveedor. España exporta a Portugal más que a toda Iberoamérica en su conjunto.

El stock de inversiones españolas en Portugal alcanzó los 16.477 millones de euros, convirtiendo ese país en el séptimo de inversiones en el extranjero, con una generación de más de 100.000 empleos y un asentamiento de unas 1.200 empresas nacionales. En España hay radicadas unas 600 empresas portuguesas que han provocado unos 20.000 empleos.

La cercanía territorial facilita, además, un altísimo grado de conexión turística. En 2016, el último año computado, un total de 4,7 millones de españoles visitaron Portugal (que dejaron en ese país más de 961 millones de euros) y 2,1 millones de portugueses se adentraron en España (que gastaron 596 millones).

FUENTE: El País.

La UE y Reino Unido alcanzan un acuerdo para la transición post-Brexit

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El representante británico para la UE, David Davis, y el negociador de la UE, Michel Barnier, posan tras la reunión en Bruselas. FRANCOIS LENOIR REUTERS

• Durante este periodo, que llegaría al 31 de diciembre de 2020, los expatriados que llegase a Reino Unido contarían con los mismos derechos que hasta ahora

La Unión Europea y Reino Unido han alcanzado un acuerdo sobre el periodo de transición tras la ruptura de Londres con el club comunitario o Brexit, que irá desde el 29 de marzo, fecha de la desconexión, hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Durante este tiempo, el Gobierno británico podría seguir cerrando tratados comerciales, por ejemplo. Según han informado el negociador de la UE, el francés Michel Barnier, y el representante de Londres en la mesa de diálogo, David Davis, el pacto en casi todos los apartados en disputa es amplio, aunque el camino no ha terminado. 

Barnier ha informado de que el marco financiero, esto es, el coste de la desconexión, está pactado, así como el derecho de los ciudadanos expatriados.Durante esta transición los ciudadanos que llegan a Reino Unido como expatriados contarán con los mismos derechos que hasta ahora.

El asunto de Irlanda, uno de los principales obstáculos al acuerdo, aún sigue abierto, según ha manifestado el diplomático francés, pero será parte del acuerdo final. Tanto Londres como Dublín desean que la desconexión no suponga un refuerzo de la hasta ahora inexistente frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Pero la marcha de Reino Unido del mercado común podría acabar por obligar a ello. Durante la comparecencia de hoy, Davis ha afirmado que Londres se mantiene "firme" en su intento de que no se refuerce el paso fronterizo.

El Consejo Europeo evaluará este principio de acuerdo a partir del viernes. Preguntado Davis por Gibraltar, el representante británico ha contestado que forma parte del acuerdo de transición. El Peñón abandonaría la UE al tiempo que el Reino Unido.

FUENTE: El País.

La revolución tranquila de la Unión Europea

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 El presidente del Parlamento Europeo, Donald Tusk, en Bruselas. THIERRY ROGEAFP

Más política, más decisión y muchas más Cumbres. Durante muchos meses, la UE ha estado grogui. Aturdida y deambulando tras el golpe del Brexit y los palos de movimientos euroescépticos y eurófobos de norte a sur y de este a oeste. Llena de dudas, de peleas, de crisis internas. Tras el referéndum británico los países se dieron un tiempo para pensar, como en las relaciones sentimentales en apuros, para reflexionar hacia dónde ir y pisar el freno, pues su temor era que seguir acelerando sin rumbo sólo sirviera para dar munición a los que quieren destruir la Unión.

Pero la situación ha cambiado. Se pregunte a quien se pregunte en las instituciones europeas y la mayoría de las capitales, todos hablan igual. Hay optimismo, entusiasmo, quizás demasiado. Todas las fuentes apuntan repetitivamente a dos factores; la derrota de los populismos en las elecciones holandesas, franceses o alemanas y al "impulso reformados y la energía" de Emmanuel Macron. Son dos buenos motivos, tan buenos como cualquier otro. Había en Europa un deseo reprimido y cualquier excusa es apta para justificar las acciones.

Septiembre fue el mes de los discursos en la UE. Juncker en el Estado de la Unión. Macron en la Sorbona. Theresa May en Florencia. En la cumbre del mes pasado en Estonia, el presidente del Consejo, Donald Tusk, recibió un mandato: poner todas esas ideas en común, algunas muy opuestas, y proponer una "Agenda de Líderes", una revolución en el método para tratar de convertir las ganas en medidas y avances políticos. Y esta semana en la Cumbre de Bruselas el ex primer ministro polaco la ha presentado y ha sido aplaudida prácticamente de forma unánime. "Ha vuelto el apetito por el riesgo", dicen fuentes europeas.

La idea es muy simple: los jefes de Estado y de Gobierno se tienen que ver las caras mucho más e implicarse. Ya no basta un Consejo Europeo cada dos meses. Tusk quiere que se vean al menos una vez por mes, y más si es posible. En los Consejos y en Cumbres informales en cada país que ostente la presidencia temporal. Ocurrió en septiembre del año pasado en Bratislava, en mayo de éste en Roma y de nuevo hace unos días en Tallin. Y Bruselas cree que el sistema funciona.

En su propuesta escrita a los líderes, el polaco explica que "hay dos grandes razones por las que algunos asuntos se enquistan: la primera que en vez de lidiar con ellos los líderes permiten que se pierden en algún lugar entre capas de colaboradores y la maquinaria de decisión. La segunda, conflictos de intereses y opiniones entre los Gobiernos". Y es verdad, pues muchísimos elementos se duermen y olvidan por pequeños detalles y falta de arrojo. La carta remitida a las 28 capitales habla de acabar de una vez con la "inercia burocrática", algo a lo que es casi imposible oponerse. Y con esos bloqueos en los consejos de ministros que retrasan años medidas que la ciudadanía reclama o de las que se beneficiaría inmediatamente.

El Consejo lo tiene muy claro: hay que forzar, apretar. La ciudadanía se ha alejado a pasos agigantados con la crisis y ve Bruselas como un enemigo. Algún primer ministro todavía reconoce que para ellos es "algo tóxico". Y eso debe acabar. Tusk cree que si los ciudadanos perciben que sus representantes elegidos están al frente de la maquinaria perderán parte del recelo actual. "Debemos centrarlos en dar soluciones prácticas a los problemas reales de los ciudadanos. Eso quiere decir cambios, pero no sólo por el placer de cambiar, sino para devolver la sensación de estabilidad, seguridad y predictibilidad a la vida de la gente y fe en el futuro. La innovación institucional puede en algunos casos ser un medio para un fin, pero debemos ser cuidados y no perderos en debates teóricos e institucionales innecesarios".

Merkel, Rajoy, Macron. Todos apoyaron y aplaudieron ayer la idea y el cambio metodológico aprobado para acelerar procesos e implicar de verdad a las Gobiernos. Pero no es oro todo lo que reluce. El jueves Tusk se presentó como "el guardián de la unidad". Podría parecer una frase más, pero no lo es. Lo dijo delante de Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión europea, conocida como "el guardián de los Tratados". La pulla del polaco estaba bien cargada.

En su discurso sobre el Estado de la UE, Juncker abogó por fusionar las dos presidencias, la del Consejo y la Comisión. Y Tusk ha respondido a su manera diciendo: muy bien, pero si sólo queda uno, seré yo. En su mano juega el hecho de que su propuesta es la enésima batalla en la perpetua pugna entre Bruselas y las capitales, entre los partidarios de la vía institucional, comunitaria y en último caso federal, y los defensores del método intergubernamental, de que sean los primeros ministros los que marquen siempre el ritmo. Bruselas puede ser su capital, pero sin trono.

La Agenda de Líderes llevaría a más de una docena de encuentros por lo menos de aquí a que finalice la negociación del Brexit, aprovechando un encuentro de corte social en Suecia a finales de este año, la cumbre de los Balcanes en Sofia en mayo o un evento de seguridad en Austria el próximo septiembre. Y aunque sobre eso no hay problemas, los países del Este, el Grupo de Visegrado sobre todo, sigue siendo muy escéptico. Porque la idea del Consejo es intentar avances a 27 o a 28 en todo. Pero si no hay consenso, en vez de renunciar, usar las cooperaciones reforzadas; esto es, que si hay más de nueve países de acuerdo, tiren hacia adelante. Eso corre el riesgo de dividir Europa, de hacer un puzle imposible. Pero el Eje franco-alemán está bastante seguro de que si el 85% de ellos van a por algo, el resto acabarán sumándose ante el miedo a quedar marginados.

El Parlamento y la Comisión no se han pronunciado ni se espera que lo hagan como tal sobre esta revolución tranquila. La miran con cierto escepticismo, porque saben que supondrá un intento de 'robarles' competencias y terreno ganado durante décadas con mucho esfuerzo . Pero al mismo tiempo se abre una posibilidad: si los jefes se remangan, se ponen las botas y se ensucian, ya no podrán culpar de todos los males a la siempre lejana Bruselas. Sin un chivo expiatorio, y ante la desnudez de sus contradicciones, quizás pueda encontrar la forma de que Europa avance y se integre sin necesidad de una crisis brutal, sin jugarse cada semana su existencia. Sin que millones de ciudadanos tengan que pagar en sus vidas diarias por la falta de verdaderos líderes europeos.

FUENTE: PABLO R. SUANZES. EL MUNDO.

S&P: El Brexit pone en peligro el ráting de la Unión Europea

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La agencia de calificación advierte de que Reino Unido podría incumplir con sus obligaciones financieras existentes, que ascienden hasta los 60.000 millones de euros.

La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P) ha advertido de que el 'Brexit' podría comprometer el 'rating' 'AA' de la Unión Europea (UE) si Reino Unido no atiende a sus obligaciones financieras con el bloque comunitario una vez se efectúe el proceso de desconexión.

El escenario central de la calificadora de crédito, no obstante, contempla que Reino Unido abonará los 60.000 millones de euros, aproximadamente, que podría exigir Bruselas para que el país abandone la comunidad europea.

"Los ratings de la UE --'AA/Estable/A-1+'-- podrían verse presionados ante un escenario adverso porque se basan en nuestra previsión de que Reino Unido cumplirá con sus obligaciones financieras con la UE", indicó S&P.

"Es probable que el Gobierno de Reino Unido se enfrente a una solicitud de la Comisión Europea para cumplir sus obligaciones financieras existentes, que podría ascender hasta 60.000 millones de euros", afirmó la agencia.

A finales de marzo, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, aseguró en varias entrevistas con los medios británicos que la cantidad que tendrá que pagar el Reino Unido a la UE por abandonar el bloque comunitario será de unos 60.000 millones de euros.

 

FUENTE. Expansión. 

La UE celebrará la cumbre sobre el Brexit el 29 de abril

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De derecha a izquierda, Shinzo Abe, Donald Tusk y Jean-Claude Juncker en la rueda de prensa en Bruselas. AFP

• Los 27 líderes de la UE se reunirán un mes después de la activación oficial por parte del Londres del artículo 50 del Tratado de Lisboa

El Consejo Europeo celebrará una sesión extraordinaria sin el Reino Unido el próximo 29 de abril para adoptar las directrices de la negociación de la salida de ese país de la Unión Europea (UE), ha informado este martes el presidente de esa institución, Donald Tusk. "Convocaré un Consejo Europeo el sábado 29 de abril para adoptar las directrices de las conversaciones del 'brexit", ha indicado este martes Tusk en una declaración ante la prensa junto al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

De este modo, los 27 líderes de la UE se reunirán para aprobar las bases de la negociación del "brexit" un mes después de la activación oficial por parte de Londres del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que la primera ministra británica, Theresa May, indicó este lunes que se producirá el próximo 29 de marzo. El político polaco ha destacado que, "personalmente, desearía que el Reino Unido no hubiera escogido marcharse de la UE. Pero la mayoría de los votantes británicos lo decidieron de otro modo". "Así, debemos hacer todo lo que podamos para que el proceso de divorcio sea lo menos doloroso posible para la UE", ha puntualizado Tusk, en una declaración a cuyo término hubo posibilidad de preguntas.

Según ha dicho, "nuestra principal prioridad para las negociaciones debe ser crear toda la certidumbre y claridad posible para todos los ciudadanos, empresas y Estados miembros que se vean afectados negativamente por el 'brexit', así como nuestros importantes socios y amigos en todo el mundo, como Japón". La Comisión Europea aseguró este lunes que "todo está preparado" para la activación del artículo 50 sobre la salida de un Estado miembro de la Unión, un proceso que durará hasta dos años pero que puede ser ampliado por unanimidad de los países.

Tras la adopción de las directrices de la negociación por parte de los líderes, la Comisión deberá emitir una recomendación para abrir las negociaciones que tendrá que adoptar el Consejo. Entonces, se dará el mandato al ex comisario y ex ministro francés Michel Barnier como jefe negociador para la salida del Reino Unido de la UE.

FUENTE: El Mundo. 

Bruselas hace una dura autocrítica y presenta los planes de la UE ‘posbrexit’

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• El Libro blanco ofrece cinco escenarios para la futura UE a 27, ya sin Reino Unido

CLAUDI PÉREZ

En Europa conviven con perturbadora promiscuidad las causas más nobles con inconfortables zonas de sombra. Y esas áreas ensombrecidas no dejan de crecer: al ramillete de crisis de los últimos tiempos se suman las inciertas citas electorales en Holanda, Francia y Alemania, con la extrema derecha al alza; la primera salida del club (Reino Unido), y situaciones potencialmente explosivas en Grecia e incluso en Italia. La UE ha evitado los mea culpa en los últimos años pese a la pésima gestión de la crisis, en un estado de negación permanente del que solo salía al borde del abismo. En ese contexto, la Comisión Europea ha presentado hoy el Libro banco sobre el futuro de Europa, que al margen de ofrecer cinco escenarios sobre el futuro camino de la UE supone el primer ejercicio de autocrítica en mucho tiempo. “La Unión ha estado por debajo de las expectativas en la peor crisis financiera, económica y social en la historia de la posguerra”, subraya el texto. “El papel de Europa en el mundo se está reduciendo”, en términos de población y PIB, y “Europa no puede seguir siendo naíf: ser un poder blando ya no es ser poderoso cuando la fuerza prevalece sobre las reglas”, apunta en una tácita referencia a Donald Trump. “Los recientes ataques terroristas han sacudido a la sociedad europea”, que cuestiona “el futuro control de fronteras y la libertad de movimientos en Europa”.

La UE “sigue teniendo un fuerte apoyo” entre los europeos, “pero ya no incondicional”, reconoce el Libro blanco antes de hacer una severa autocrítica sobre la forma en la que ha lidiado Europa con la Gran Recesión: “La recuperación está mal distribuida entre la sociedad y las regiones. Solucionar el legado de la crisis, desde el paro de larga duración a los altos niveles de deuda pública y privada, sigue siendo una prioridad urgente”, admite el Ejecutivo europeo casi 10 años después de la quiebra de Lehman Brothers. Hasta el punto de que la resaca de la Gran Crisis, remata el texto, “ha sembrado dudas acerca de la economía social de mercado”, el modelo económico del continente desde hace seis décadas.

El diagnóstico, en fin, es demoledor, y en su aplastante sinceridad contrasta con la formidable autocomplacencia de los últimos tiempos. Pero ese sucinto resumen del estado de la cuestión es solo un preámbulo para presentar a los Estados miembros un menú de opciones acerca de hacia dónde debería ir la UE con motivo del 60º aniversario del Tratado de Roma, para el que faltan poco menos de tres semanas. El texto ofrece cinco escenarios posibles para ver con qué equipaje sale de ésta la nueva Europa sin Londres. A diferencia del mítico Libro blanco de Delors, el equipo de Jean-Claude Juncker ha preferido no optar por ninguna de las vías, y limitarse a abrir un debate con el resto de instituciones y los jefes de Estado y de Gobierno para que los políticos nacionales expresen sus preferencias, en un momento de formidable desconfianza entre unos y otros que impide pensar en grandes saltos adelante.

El 'Libro blanco sobre el futuro de Europa'. YVES HERMAN REUTERS

Juncker recogerá todas las opiniones en el discurso sobre el Estado de la Unión, el próximo septiembre en Estrasburgo, ya después de las elecciones francesas y justo antes de las alemanas. Y los líderes europeos tendrán la última palabra en la cumbre de diciembre, con el panorama electoral de 2017 mucho más aclarado que ahora. El presidente comparece hoy ante el Parlamento Europeo para exponer ese trabajo, pero ya ha apuntado que este “es el inicio del proceso, no el final”. Su equipo destaca que la aspiración es que se convierta en "el acta de nacimiento de la nueva UE a Veintisiete", ya sin Reino Unido.

El Libro Blanco plantea cinco escenarios con una visión del futuro estado de la Unión en 2025, en función de las opciones por las que se decante Europa. A grandes rasgos, son las siguientes.

1. Seguir igual. La UE a 27, de seguir por esa vía. se orientaría por la Declaración de Bratislava, adoptada en 2016: se trataría de aplicar la actual agenda, con pasos adelante en los asuntos de seguridad y defensa. El propio Ejecutivo comunitario admite que la integridad de la UE podría verse en entredicho. Un ejemplo: podrían producirse más controles de seguridad en las fronteras.

2. Solo mercado único. Esa es la opción más minimalista del menú. Se basa en preservar las cuatro grandes libertades, y convertiría el mercado común en la única razón de ser de la UE, eliminando regulaciones europeas en los ámbitos que no estén estrictamente relacionados con el citado mercado único: una especie de sueño británico hecho realidad, justo ahora que Reino Unido sale de la Unión. Bruselas admite que la cooperación sería limitada y la eurozona podría convertirse en "una fuente de vulnerabilidad". "Se pondría en riesgo la integridad de la moneda única y su capacidad de responder a una nueva crisis financiera", subraya el texto. Junto con el primer escenario, es el que parecen preferir varios socios del Este.

3. Quienes quieran hacer más, harán más. La UE a 27 seguiría funcionando como hasta ahora, pero se incentivarían las múltiples velocidades en las agendas fundamentales, para evitar que los vetos impidan avanzar a quienes quieren hacerlo. Europa ya ha empezado a andar ese camino, con la reducción de las votaciones por unanimidad y el mayor papel de las cooperaciones reforzadas, que implican la posibilidad de seguir adelante con mayorías cualificadas, pero reducen el poder de veto. La Comisión destaca que esa vía permitiría avanzar en defensa, seguridad, unión fiscal --con una especie de Schengen fiscal-- y asuntos sociales. Eso sí: admite que ese camino puede generar problemas de legitimidad democrática. Tanto la canciller Angela Merkel como el presidente francés, François Hollande, han apoyado en las últimas semanas esa Europa de distintas velocidades.

4. Hacer menos pero de forma más eficiente. Se trataría de decidir qué asuntos son claramente europeos e ir a fondo en esas agendas: dedicar todos los recursos de la Unión a un número limitado de áreas y dejar de lado las políticas que pueden hacerse mejor a nivel nacional, regional o local. Eso es, en parte, lo que ha tratado de hacer la Comisión Juncker, pese a que el Libro blanco admite que los europeos ven la UE como un ente "demasiado distante o demasiado entrometido". Junto con el tercer escenario es, a priori, el más realista; la vía que apoyan los Estados miembros más importantes. Holanda, en particular, ha dado sobradas muestras de preferir que la UE devuelva poderes a otros niveles de Gobierno.

5. El salto federal. La vía que defiende el liberal Guy Verhofstadt y con la que se presentó a las elecciones de 2014 Jean-Claude Juncker no tiene visos de prosperar: la policrisis de los últimos años ha hecho aflorar enormes diferencias entre los Estados miembros (Norte-Sur en el caso de la crisis del euro; Este-Oeste por los refugiados, por ejemplo). La Unión apuntaría de esa manera a una mayor armonización fiscal, social y financiera, con la posibilidad de poner en marcha una "capacidad financiera" a modo de estímulo contra los shocks económicos. Permitiría crear una Unión Europea de la Defensa. Ese tipo de saltos federales fue siempre el sueño de los padres fundadores de la UE, pero no parece factible ni con la mayor crisis en décadas: la propia Comisión admite el riesgo de "perder a parte de la sociedad que cree que la UE carece de legitimidad o se ha hecho con demasiado poder procedente de los Estados nación".

Los socialistas se desmarcan

LUCÍA ABELLÁN

Los socialistas buscan su espacio político una vez finiquitada la gran coalición en el Parlamento Europeo. Frente al apoyo tradicional prestado a los grandes símbolos de la UE, el grupo socialdemócrata ha optado este miércoles por criticar la propuesta de la Comisión Europea. “El libro blanco nos decepciona. Es una reflexión en lugar de un plan claro para fortalecer nuestro proyecto. La Comisión no es un cuerpo burocrático, sino político”, le espetó el jefe de los socialdemócratas en la Eurocámara, Gianni Pittella, al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, que presentó el proyecto en el hemiciclo europeo.

Los socialistas entienden que la policrisis que azota a Europa exige una apuesta por la integración en lugar de esbozar cinco escenarios para que los Estados decidan. Pese a todo, esa postura no concita el apoyo de todos los socialdemócratas (por ejemplo, los líderes de República Checa y Eslovaquia recelan). La Comisión ha afeado a Pittella que coloque a su grupo en la orilla de los euroescépticos. Su equipo rechaza esa equiparación e intenta situarse en una vía intermedia. Con un discurso más matizado, la eurodiputada Elena Valenciano concedió a Juncker la razón en el diagnóstico, pero añadió: “Se equivoca al no mostrar el camino”.

FUENTE: El País.

La justicia obliga a May a pasar por el Parlamento para activar el ‘Brexit’

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Manifestantes a favor del 'Brexit' protestan junto al Parlamento.

• El histórico fallo en segunda instancia entrega a los diputados la posibilidad de corregir, a base de enmiendas, los planes del Gobierno de una ruptura radical con la UE

Pablo Guimón. Londres.

En una resolución histórica, que puede complicar las cosas al Gobierno de Theresa May, el Tribunal Supremo británico ha fallado este martes por la mañana que el Parlamento deberá aprobar la activación de las negociaciones de salida de la Unión Europea. El fallo -aprobado con el voto en contra de solo tres de los 11 magistrados y leído por el presidente de la sala a las 9.30, hora de Londres- entrega a los diputados la posibilidad de enmendar y entorpecer los planes de la primera ministra de conseguir un Brexit limpio y duro, que saque completamente a Reino Unido del mercado único para recuperar el control total sobre la inmigración.

El Gobierno reclamaba su derecho a utilizar la prerrogativa real -que permite al Ejecutivo tomar determinadas decisiones en nombre de la Corona sin consultar al Parlamento- para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que abre el plazo de dos años de divorcio de la UE. Pero una serie de ciudadanos, encabezados por la ejecutiva de la City Gina Miller, a los que se ha sumado en segunda instancia el Gobierno autónomo escocés, defienden que la negociación del Brexit requiere la aprobación parlamentaria, ya que la salida de la UE sustraerá a los británicos derechos que les han sido garantizados por el propio Parlamento. Así lo ha confimrado el Supremo, que reconoce en su fallo la vigencia de la prerrogativa real pero advierte de que no puede utilizarse para cambiar leyes, algo para lo que solo el Parlamento es soberano.

El tribunal, sin embargo, rechaza que el Gobierno deba contar con el consentimiento de las cámaras legislativas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte para invocar el artículo 50. "Las relaciones con la UE y otros asuntos de política internacional están reservados al Parlamento y al Gobierno, y no a las instituciones autónomas", dice el fallo. Dicha posibilidad amenazaba con poner aún más obstáculos en el camino, sobre todo después de la crisis institucional en que se encuentra Irlanda del Norte, tras la dimisión de su vice inistro principal, Martin McGuinness.

A las puertas de la sala, el fiscal general, Jeremy Wright, ha reconocido que el Gobierno se encuentra "decepcionado" por el fallo del tribunal. "Pero vivimos en un país en el que todos, incluido el Gobierno, estamos bajo el imperio de la ley", ha defendido, y ha añadido que el Ejecutivo "cumplirá" la sentencia. Pero la Justicia, ha advertido Wright, no se ha pronunciado sobre la salida de Reino Unido de la UE, algo que "los ciudadanos ya decidieron en referéndum".

"El pueblo británico votó por abandonar la UE y el Gobierno cumplirá ese veredicto activando el artículo 50 antes del final de marzo, tal y como estaba planeado. El fallo de hoy no cambia eso en ninguna medida", explica una portavoz de Downing Street. "Es importante recordar que el Parlamento apoyó el referéndum por un margen de seis a uno y que ya ha indicado su apoyo a continuar con el proceso de salida con el calendario que hemos establecido. Respetamos la decisión del Tribunal Supremo y presentaremos nuestros próximos pasos en el Parlamento en breve", añade.

"Solo el Parlamento puede garantizar derechos a los británicos y solo el Parlamento ouede quitárselos", ha resumido la demandante Gina Miller tras conocer el fallo. "No hay duda de que el Brexit es el asunto más divisorio de esta generación, pero este proceso es de carácter legal y no político", ha añadido Miller, que ya el año pasado denunció que había recibido amenazas de muerte y abusos online como consecuencia de su iniciativa. "Me asombra el nivel de abusos personales que he recibido solo por plantear una pregunta legítima", ha denunciado esta mañana, tras conocer que la Justicia volvìa a darle la razón.

La Corte Superior británica dio la razón a los demandantes en primera instancia, el pasado 4 de noviembre, y el Gobierno recurrió al Supremo, la más alta instancia del país, que hoy le ha vuelto a quitar la razón, esta vez en sentencia firme. Las reacciones al fallo en primera instancia revelaron la crudeza de la fractura que divide al país desde que el pasado 23 de junio los británicos decidieran abandonar la UE, por un 52% contra un 48%. “Enemigos del pueblo”, titulaba al día siguiente en su portada el Daily Mail, tabloide que encarna la voz más dura del Brexit, señalando a los magistrados firmantes del fallo. "Una vez más la élite muestra su desprecio por los votantes del Brexit", insistía esta mañana el Mail en su edición digital.

Pero no cabe duda de que el fallo del Supremo, aunque el Gobierno prácticamente daba por hecho que sería contrario a sus intereses, constituye una importante derrota para May. La primera ministra debe ahora presentar un proyecto de ley que se someterá a escrutinio parlamentario. Está previsto que el ministro del Brexit, David Davis, intervenga este mismo mediodía en la Cámara de los Comunes para anunciar los planes del Gobierno que, según diversas fuentes, pasan por publicar el proyecto de ley a finales de esta semana.

La intención del Gobierno, según han publicado medios británicos, es redactar un texto lo más corto e inocuo posible para evitar que los diputados puedan llenar de enmiendas el proceso legislativo y poder así ajustarse al calendario de May, que ha prometido activar el artículo 50 antes del final de marzo. Pero, según publica The Guardian esta mañana, abogados dentro del Gobierno han desaconsejado a la primera ministra una redacción excesivamente escueta que abra la puerta a más desafíos legales en el futuro. De hecho, el origen de esta batalla legal, como ha reconocido la propia Miller, está en la pobre redacción del proyecto de ley original del referéndum.

El fallo del Supremo se conoce menos de una semana después de que la primera ministra presentara en Londres las líneas maestras de su visión de la ruptura con la UE. May dejó claro que persigue una ruptura radical que deje al país completamente fuera del mercado único, el mayor bloque de libre comercio del mundo, como única manera de recuperar el control sobre las fronteras y de salir de la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia. El del Brexit fue sobre todo, en la interpretación de la primera ministra, un voto por recuperar el control de la inmigración, y ese será el objetivo que guíe al Gobierno en sus negociaciones de salida.

A pesar de que la mayoría de los diputados se opone a la línea dura en la ruptura con la UE defendida por May, nadie espera que utilicen el poder que hoy les ha confirmado el Supremo para bloquear completamente el Brexit, traicionando el deseo de los británicos expresado en el referéndum. Pero sí que a través del escrutinio parlamentario traten de empujar al Gobierno hacia una salida menos dramática. El líder laborista, Jeremy Corbyn, ha confirmado que el principal partido de la oposición "no frustrará la invocación del artículo 50 pero introducirá enmiendas". Pero algunos de sus diputados, incluidos miembros de su Gabinete en la sombra, planean desafiar sus órdenes, lo que desataría la enésima batalla en el seno de un laborismo que no acaba de encontrarse cómodo en un debate crucial para el país.

La libra esterlina alcanzó ayer su máximo anual respecto al dólar, en parte anticipando un fallo del Supremo como el que se ha conocido esta mañana. Cualquier movimiento que se aleje de un Brexit duro tiende a estimular a los mercados. Los analistas no descartan más subidas, aunque parte del efecto de un fallo que se daba prácticamente por hecho se haya ya asimilado.

FUENTE: El País.

El Gobierno británico descarta un impuesto por trabajadores de la Unión Europea

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La primera ministra británica, Theresa May - EFE

• Un secretario de Estado plantea que se podría hacer pagar mil libras a las empresas por cada empleado comunitario.

LUIS VENTOSO
Corresponsal En Londres

Sin que hayan empezado todavía las negociaciones formales de salida de la UE, previstas para finales de marzo con la activación del Artículo 50 del Tratado de Lisboa, el Brexit es una constante sucesión de globos sonda. El miércoles, en una comisión de la Cámara de los Lores, el secretario de Estado de Inmigración, Robert Goodwill, dejó caer que tras dejar la UE el Reino Unido podría gravar a sus empresas con un impuesto de mil libras anuales por cada trabajador cualificado comunitario que contraten. Eso supondría que un contrato de cuatro años obligaría a las compañías a pagar una carga equivalente a 4.600 euros por cada empleado llegado de la UE. El Gobierno lo ha desmentido: «No está en la agenda».

Las palabras del secretario de Estado suscitaron una condena inmediata de la patronal y otras asociaciones de empresarios. La Cámara de Comercio de Londres recordó que el 15% de la fuerza laboral británica la conforman comunitarios, por lo que el nuevo impuesto de mil libras anuales «supondría en la práctica una multa para muchas empresas».

Los portavoces del Número 10 de Downing Street han desmentido la idea y culpan al mensajero: «Se han malinterpretado sus palabras». Sin embargo no descartan totalmente que se haga algo en esa línea en un futuro, una vez completado el proceso de salida. Fuentes del Ministerio del Interior recalcaron que «debe quedar claro que no estamos saliendo de la UE para renunciar una vez más a controlar la inmigración».

A partir de abril entrará en vigor un impuesto de mil libras anuales por cada inmigrante llegado de fuera de la UE. En su comparecencia en la Cámara de los Lores, el secretario de Estado puso un ejemplo: «Una empresa británica que quiera contratar a un programador informático indio cuatro años tendrá que abonar por su visa 4.000 libras»; y añadió que podría hacerse algo así también con los comunitarios. Sus palabras suscitaron el enojo inmediato de las empresas, que necesitan la mano de obra europea. De hecho la agricultura británica arrastra problemas para cubrir algunos empleos y sería inviable hoy sin los temporeros comunitarios en labores como la recogida de fresa y frutos rojos.

Guy Verhofstadt, el representante del Parlamento Europeo en el proceso del Brexit, contestó al anuncio de Robert Goowill vía Twitter, preguntando si se había parado a pensar en la situación de los ciudadanos británicos que viven en otros países de la UE, que podrían ser víctimas de represalias fiscales similares si el Reino Unido impusiese el gravamen a los comunitarios.

El Partido Liberal Demócrata, europeísta, despreció el globo sonda de Goodwill calificándolo como «la idea más tonta desde que May dijo que el Brexit será azul y rojo», en alusión a una de las frases vacuas típicas de la primera ministra a la hora de enmascarar su carencia de un plan cerrado para las negociaciones de salida.

En los doce meses hasta el pasado junio se alcanzó un nuevo récord en la cifra neta de inmigrantes llegados al Reino Unido: 335.000. En la campaña electoral de la primavera de 2015, Cameron ganó las elecciones prometiendo que la cifra se reduciría al entorno de cien mil. Su ministra el Interior, encargada del control de la inmigración, era Theresa May. Los promesa se ha incumplido por todo lo alto y los ataques a los inmigrantes acabaron convirtiéndose en la munición dialéctica estelar de la triunfal campaña del Leave. Tras el triunfo del «out» los delitos de acoso y agresiones a los extranjeros se han disparado en el país.

Hoy jueves, un lobby que defiende los intereses de la City de Londres, lo primera industria del país, ha lanzado una campaña de presión para que las empresas allí asentadas sigan conservando el llamado «pasaporte europeo», que les permita mantener el acceso al mercado único tras la salida.

 FUENTE. ABC

Bruselas intenta evitar el ‘Brexit’ con concesiones mínimas a Cameron

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David Cameron (derecha) y el líder laborista, Jeremy Corbyn, en una ceremonia en honor a los caídos celebrada este domingo en Londres. / Kirsty Wigglesworth (AP)
 

• La UE perfila su estrategia ante la inminente publicación de las condiciones de Reino Unido

Lucía Abellán Bruselas 8 NOV 2015 - 23:54 CET

Las instituciones europeas exploran fórmulas para alejar uno de los escenarios más sombríos que acechan a la UE: la salida de Reino Unido. Pese a las reservas iniciales hacia el desafío británico, la cúpula de Bruselas ha cambiado de estrategia para permitir que el primer ministro británico, David Cameron, se proclame vencedor en el pulso a la UE y pida a sus ciudadanos que voten a favor de permanecer en Europa ante el referéndum previsto para 2017. Los responsables de la negociación en Bruselas buscan una fórmula legal para acotar la participación de Reino Unido sin recurrir a la delicada opción de cambiar los tratados. Cameron remitirá mañana mismo al Consejo Europeo su esperada lista de demandas concretas para cambiar Europa.

De ser una de las grandes amenazas a la unidad europea, David Cameron se ha convertido en un aliado necesario para los líderes comunitarios. Con el vivo recuerdo del riesgo que supuso en verano una eventual salida de Grecia de la zona euro (el llamado Grexit), la UE quiere evitar tensiones similares respecto al hipotético abandono de Reino Unido (Brexit). Para ello la Comisión Europea —el Ejecutivo comunitario— y el Consejo Europeo —representa a los Veintiocho y tendrá la última palabra ante cualquier pacto— perfilan soluciones imaginativas.

Aunque las exigencias británicas se conocerán por escrito mañana, la negociación entre Londres y las instituciones comenzó este verano, con reuniones periódicas en las que siempre surgía el mismo escollo: la falta de una lista de requerimientos con los que Cameron tratase de frenar el impacto del proyecto común en el pueblo británico, crecientemente escéptico hacia la UE.

Fuentes de la Comisión y del Consejo ligadas a este proceso admiten que primero hay que procurar una victoria a Cameron para después tener opciones de que venza el sí a Europa en el referéndum. “Nuestro objetivo es ganarlo. Pero Cameron tiene que ganar antes la negociación, está claro”, asegura un alto cargo comunitario. El sentimiento es compartido por todas las fuentes consultadas.

El antecedente más invocado en Bruselas es el acuerdo firmado con Dinamarca en 1992, que procuró a este país un encaje diferente en el proyecto comunitario. Tras el referéndum que rechazó el tratado de Maastricht por una ajustada mayoría del 50,7% de los daneses, los socios europeos —entonces 12— improvisaron una solución eficaz. Una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno consagró que Dinamarca tenía derecho a excluirse de las políticas de justicia, interior y defensa, así como a mantenerse al margen de la moneda única. También quedó claro que la ciudadanía europea nunca tendría el rango de la danesa.

Frenar la integración

Sin cambiar el tratado de Maastricht, Dinamarca logró que este documento tuviera rango de ley e incluso se registrara en la ONU. Un remedio similar podría arbitrarse ahora. Porque la negativa a cambiar los tratados, como ha exigido Cameron para acomodar las exigencias británicas, es rotunda. Abrir esa caja de Pandora, que requiere la ratificación de todos los países, puede llevar al voto contrario de muchos e incluso a la aparición de más reivindicaciones en un momento de grave caída del entusiasmo europeísta, argumentan en Bruselas.

Más allá de la fórmula para encajarla, de la carta de Cameron se esperan propuestas en cuatro capítulos. El más espinoso alude a la intención del Gobierno británico de privar del acceso a prestaciones sociales a los ciudadanos de la UE que lleven menos de cuatro años en Reino Unido. Aceptar esa premisa supondría conculcar uno de los pilares del proyecto comunitario: la libre movilidad, que establece una igualdad de derechos de los ciudadanos comunitarios respecto de los nacionales del país al que emigren.

Fuentes comunitarias sugieren que, si el Ejecutivo de Cameron considera demasiado generoso su sistema, lo restrinja, pero no a costa de discriminar. El asunto es particularmente sensible para los gobernantes del Este, en otros aspectos cercanos a Reino Unido pero aquí fieramente opuestos porque hay unos 900.000 trabajadores del Este en suelo británico.

Tampoco resultará fácil consagrar una exclusión para Reino Unido del deseo que reza en los tratados europeos de lograr “una unión cada vez más integrada”. Aunque se trata solo de una declaración de intenciones, Londres teme al poder expansivo de esa voluntad. El Ejecutivo de Cameron quiere también garantías de que la mayor integración de las economías del euro no perjudica a los intereses británicos.

El capítulo con mayores visos de entendimiento es el referido a la mayor competitividad de la UE, con una demanda muy particular: que no haya sobrerregulación y que, como gesto, la introducción de cada norma europea implique la retirada de otra. La actual Comisión comparte el fondo de la demanda, pero difícilmente aceptará el corsé de mantener inamovible el nivel regulatorio.

FUENTE: El País.

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