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La justicia obliga a May a pasar por el Parlamento para activar el ‘Brexit’

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Manifestantes a favor del 'Brexit' protestan junto al Parlamento.

  • El histórico fallo en segunda instancia entrega a los diputados la posibilidad de corregir, a base de enmiendas, los planes del Gobierno de una ruptura radical con la UE

Pablo Guimón. Londres.

En una resolución histórica, que puede complicar las cosas al Gobierno de Theresa May, el Tribunal Supremo británico ha fallado este martes por la mañana que el Parlamento deberá aprobar la activación de las negociaciones de salida de la Unión Europea. El fallo -aprobado con el voto en contra de solo tres de los 11 magistrados y leído por el presidente de la sala a las 9.30, hora de Londres- entrega a los diputados la posibilidad de enmendar y entorpecer los planes de la primera ministra de conseguir un Brexit limpio y duro, que saque completamente a Reino Unido del mercado único para recuperar el control total sobre la inmigración.

El Gobierno reclamaba su derecho a utilizar la prerrogativa real -que permite al Ejecutivo tomar determinadas decisiones en nombre de la Corona sin consultar al Parlamento- para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que abre el plazo de dos años de divorcio de la UE. Pero una serie de ciudadanos, encabezados por la ejecutiva de la City Gina Miller, a los que se ha sumado en segunda instancia el Gobierno autónomo escocés, defienden que la negociación del Brexit requiere la aprobación parlamentaria, ya que la salida de la UE sustraerá a los británicos derechos que les han sido garantizados por el propio Parlamento. Así lo ha confimrado el Supremo, que reconoce en su fallo la vigencia de la prerrogativa real pero advierte de que no puede utilizarse para cambiar leyes, algo para lo que solo el Parlamento es soberano.

El tribunal, sin embargo, rechaza que el Gobierno deba contar con el consentimiento de las cámaras legislativas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte para invocar el artículo 50. "Las relaciones con la UE y otros asuntos de política internacional están reservados al Parlamento y al Gobierno, y no a las instituciones autónomas", dice el fallo. Dicha posibilidad amenazaba con poner aún más obstáculos en el camino, sobre todo después de la crisis institucional en que se encuentra Irlanda del Norte, tras la dimisión de su vice inistro principal, Martin McGuinness.

A las puertas de la sala, el fiscal general, Jeremy Wright, ha reconocido que el Gobierno se encuentra "decepcionado" por el fallo del tribunal. "Pero vivimos en un país en el que todos, incluido el Gobierno, estamos bajo el imperio de la ley", ha defendido, y ha añadido que el Ejecutivo "cumplirá" la sentencia. Pero la Justicia, ha advertido Wright, no se ha pronunciado sobre la salida de Reino Unido de la UE, algo que "los ciudadanos ya decidieron en referéndum".

"El pueblo británico votó por abandonar la UE y el Gobierno cumplirá ese veredicto activando el artículo 50 antes del final de marzo, tal y como estaba planeado. El fallo de hoy no cambia eso en ninguna medida", explica una portavoz de Downing Street. "Es importante recordar que el Parlamento apoyó el referéndum por un margen de seis a uno y que ya ha indicado su apoyo a continuar con el proceso de salida con el calendario que hemos establecido. Respetamos la decisión del Tribunal Supremo y presentaremos nuestros próximos pasos en el Parlamento en breve", añade.

"Solo el Parlamento puede garantizar derechos a los británicos y solo el Parlamento ouede quitárselos", ha resumido la demandante Gina Miller tras conocer el fallo. "No hay duda de que el Brexit es el asunto más divisorio de esta generación, pero este proceso es de carácter legal y no político", ha añadido Miller, que ya el año pasado denunció que había recibido amenazas de muerte y abusos online como consecuencia de su iniciativa. "Me asombra el nivel de abusos personales que he recibido solo por plantear una pregunta legítima", ha denunciado esta mañana, tras conocer que la Justicia volvìa a darle la razón.

La Corte Superior británica dio la razón a los demandantes en primera instancia, el pasado 4 de noviembre, y el Gobierno recurrió al Supremo, la más alta instancia del país, que hoy le ha vuelto a quitar la razón, esta vez en sentencia firme. Las reacciones al fallo en primera instancia revelaron la crudeza de la fractura que divide al país desde que el pasado 23 de junio los británicos decidieran abandonar la UE, por un 52% contra un 48%. “Enemigos del pueblo”, titulaba al día siguiente en su portada el Daily Mail, tabloide que encarna la voz más dura del Brexit, señalando a los magistrados firmantes del fallo. "Una vez más la élite muestra su desprecio por los votantes del Brexit", insistía esta mañana el Mail en su edición digital.

Pero no cabe duda de que el fallo del Supremo, aunque el Gobierno prácticamente daba por hecho que sería contrario a sus intereses, constituye una importante derrota para May. La primera ministra debe ahora presentar un proyecto de ley que se someterá a escrutinio parlamentario. Está previsto que el ministro del Brexit, David Davis, intervenga este mismo mediodía en la Cámara de los Comunes para anunciar los planes del Gobierno que, según diversas fuentes, pasan por publicar el proyecto de ley a finales de esta semana.

La intención del Gobierno, según han publicado medios británicos, es redactar un texto lo más corto e inocuo posible para evitar que los diputados puedan llenar de enmiendas el proceso legislativo y poder así ajustarse al calendario de May, que ha prometido activar el artículo 50 antes del final de marzo. Pero, según publica The Guardian esta mañana, abogados dentro del Gobierno han desaconsejado a la primera ministra una redacción excesivamente escueta que abra la puerta a más desafíos legales en el futuro. De hecho, el origen de esta batalla legal, como ha reconocido la propia Miller, está en la pobre redacción del proyecto de ley original del referéndum.

El fallo del Supremo se conoce menos de una semana después de que la primera ministra presentara en Londres las líneas maestras de su visión de la ruptura con la UE. May dejó claro que persigue una ruptura radical que deje al país completamente fuera del mercado único, el mayor bloque de libre comercio del mundo, como única manera de recuperar el control sobre las fronteras y de salir de la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia. El del Brexit fue sobre todo, en la interpretación de la primera ministra, un voto por recuperar el control de la inmigración, y ese será el objetivo que guíe al Gobierno en sus negociaciones de salida.

A pesar de que la mayoría de los diputados se opone a la línea dura en la ruptura con la UE defendida por May, nadie espera que utilicen el poder que hoy les ha confirmado el Supremo para bloquear completamente el Brexit, traicionando el deseo de los británicos expresado en el referéndum. Pero sí que a través del escrutinio parlamentario traten de empujar al Gobierno hacia una salida menos dramática. El líder laborista, Jeremy Corbyn, ha confirmado que el principal partido de la oposición "no frustrará la invocación del artículo 50 pero introducirá enmiendas". Pero algunos de sus diputados, incluidos miembros de su Gabinete en la sombra, planean desafiar sus órdenes, lo que desataría la enésima batalla en el seno de un laborismo que no acaba de encontrarse cómodo en un debate crucial para el país.

La libra esterlina alcanzó ayer su máximo anual respecto al dólar, en parte anticipando un fallo del Supremo como el que se ha conocido esta mañana. Cualquier movimiento que se aleje de un Brexit duro tiende a estimular a los mercados. Los analistas no descartan más subidas, aunque parte del efecto de un fallo que se daba prácticamente por hecho se haya ya asimilado.

FUENTE: El País.

Banca, ética y Unión Europea


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Miguel Ángel Bernal Alonso

El año 2017 no ha sido bueno en lo que a sentencias judiciales se refiere para la banca. El último varapalo judicial saltaba esta misma semana y supone un nuevo revolcón tanto al sector crediticio como a nuestros tribunales. La causa era esta vez las famosas cláusulas suelo de hipotecas comercializadas al calor del boom del ladrillo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como ya conocerán, extendía la anulación de las cláusulas suelo más allá de mayo del 2013. El impacto se cuantifica, en principio, en unos 4.500 millones de euros, repartido entre varias entidades crediticias españolas. Como digo. la sentencia ha sido un revolcón, a mi entender, tanto a la justicia española como a la banca.

Los tribunales españoles ya se habían pronunciado anteriormente sobre este tema. Recordemos que en mayo de 2013 declararon la nulidad de las cláusulas suelo contenidas en las hipotecas. Se alegaba en la sentencia que en la comercialización había habido una falta de transparencia con las aludidas cláusulas. Sin embargo la alegría no era total para los afectados, puesto que la sentencia solo imponía que dejaran de aplicarse, no así la devolución del dinero cobrado hasta el momento.

En resumen, que las cláusulas se anulaban, sí, pero desde el momento de la sentencia, mayo 2013; sin derecho a devolución de las cantidades cobradas anteriormente, mayo de 2009. Supongo que estarán tan sorprendidos como en su día yo lo estuve. ¿Cláusulas nulas pero no desde la aplicación, sino desde la sentencia? Éramos muchos los que no entendíamos que una cláusula fuera nula y esa nulidad no se aplicase desde un primer momento.

Aún más confuso era la base en que se sustentaba la anulación de la aplicación de la retroactividad: "repercusiones macroeconómicas asociadas", "circunstancias excepcionales"... Esas circunstancias alegadas hacían referencia a la situación tan delicada de la banca, en aquellos momentos en pleno rescate. Era aún más increíble si cabe que la justicia y la nulidad de algo dependiese de circunstancias excepcionales macroeconómicas. En plata, que como los bancos lo estaban pasando mal los afectados con unas cláusulas nulas no podían cobrar su dinero.

La cosa era de tan poco fundamento jurídico que unos cuantos juzgados españoles hicieron la consulta sobre el tema de la retroactividad a la UE. Y como no podía ser de otra forma y aún cuando el propio abogado de la UE estaba en contra, otro más que alegaba excepcionalidad macroeconómica, el TJUE ha fallado a favor de la aplicación de la retroactividad.

Desde luego convendrán conmigo que en todo este embrollo hay un cierto aroma a falta de ética y podredumbre moral. En este caso y a diferencia de otros no solo afectaba a unas prácticas de comercialización más que dudosas por parte de la banca en aquellos años locos, sino, y lo que me parece aún más llamativo, a los mismos tribunales de justicia. Los mismos que hasta ahora parecían inmunes al virus denominado "repercusiones macroeconómicas asociadas"

La sentencia del TJUE contiene dos frases lapidarias que ustedes mismos pueden valorar e interpretar de cara a esa podredumbre moral que comentaba. La primera: "La declaración del carácter abusivo de una cláusula debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula". Como ve no deja ningún margen ni alude a situaciones extraordinarias cuando hay un carácter abusivo.

En cuanto a la retroactividad la segunda frase es clarísima y no requiere de ninguna explicación: "De tal limitación de tiempo resulta una protección de los consumidores incompleta e insuficiente que no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de las cláusulas abusivas, en contra de lo que exige la Directiva"

Ha habido, hasta el momento, demasiados escándalos bancarios: preferentes, subordinadas, swap de tipos de interés, colocaciones de acciones anuladas, Coco´s, convertibles y más. Hay que destacar que en el terreno económico, los escándalos afectan no solo a Bankia, los cuales tienen que cargar con ese San Benito por ser donde más políticos e intereses políticos acapararon en su momento, sino a una gran cantidad de entidades bancarias.

Sin embargo, este caso de las cláusulas suelo, afectan también a la ética de nuestras instituciones de justicia. Este hecho es diferenciador de los anteriores. Quedan aún más temas por salir a los tribunales, como por ejemplo las hipotecas multidivisas, por lo que esperemos que la justicia siga representando un pilar ético e inquebrantable.

Los países desarrollados se caracterizan por tener unas instituciones, éticas, sólidas e independientes, como es el Ministerio de Justicia y sus tribunales. Sin ellos no es posible más que repúblicas bananeras como Venezuela. Para todos aquellos que no tiene más que reproches para la UE y creen que es la madre de todos los males, deberían repasar y mirar muy bien esta sentencia. Una vez más la UE garantiza que los países que están integrados no van a ser repúblicas bananeras o se puedan convertir por "repercusiones macroeconómicas asociadas".

En cuanto a la banca y aquellos años aciagos, recordarles una vez más que su actividad se basa en la confianza del cliente. Esa confianza tiene que estar presidida por la ética. No todo vale en la cuenta de resultados. Parece que siempre nos quedará el TJUE.




FUENTE: El Economista.

La sentencia europea alentará a los jueces a parar desahucios

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Varias personas se manifiestan en contra de los desahucios en Bilbao. | Efe
Varias personas se manifiestan en contra de los desahucios en Bilbao. | Efe


  • 'El fallo emitido en Luxemburgo condicionará mucho a los magistrados'
  •  'Los ya desahuciados no recuperarán su casa, pero podrían ser indemnizados'
  •  Los afectados exigen 'modificar la ley a fondo en consonancia con el dictamen'
  •  La Asociación Hipotearia Española da por hecho que 'las autoridades tomarán medidas para que el deudor tenga más motivos de oposición al procedimiento'

Jorge Salido Cobo | Daniel J. Ollero | Madrid


La relevante sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que declara ilegal el sistema de desahucios español está llamada a marcar un antes y un después en este polémico tema que afecta a decenas de miles de personas. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ya ha adelantado que cambiará la ley para adaptarla a la europea. Pero, ¿qué ocurrirá con aquellos que ya han sido víctimas de un desahucio o con los que están inmersos en un procedimiento de ejecución hipotecaria? Según fuentes jurídicas consultadas, los primeros tendrán muy difícil recuperar su casa, mientras los segundos tendrán mucho más fácil paralizar el proceso.

"El dictamen europeo tendrá efectos reducidos en los procesos de desahucio que ya han sido realizados", afirma David Balaguer, del despacho Iure Abogados. Balaguer indica que aunque el ya desahuciado pueda obtener una setencia favorable a raíz del fallo europeo, ésta sería declarativa. Es decir, tan sólo podría conseguir una indemnización. "Una ejecución hipotecaria ya hecha no hay manera de revertirla y los consumidores no podrán recuperar sus casas", explica.

En cuanto a los procedimientos en marcha, desde Iure Abogados aclaran que los afectados sí que tendrán mucho más fácil paralizarlos tras el posicionamiento de la Justicia comunitaria. "La sentencia del Tribunal europeo supondrá un punto de inflexión muy importante. Los jueces podrían tenerla muy en cuenta", indica el letrado. "El fallo condicionará mucho a los jueces, que podrían paralizar muchos procedimientos amparándose en lo dicho por Europa. Sobre todo, aquellos casos similares o equiparables a los señalados en el dictamen europeo como intereses de demora altos y otras de las cláusulas abusivas", declara Balaguer.

En declaraciones a la agencia Efe, el presidente del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, destaca que el Tribunal Europeo "ha entendido que, cuando un juez estime que en una ejecución hipotecaria se aprecia la existencia de cláusulas abusivas, podrá tomar medidas cautelares consistentes en suspender la ejecución hasta que se dicte la resolución definitiva". Moliner ha advertido que la doctrina es "inmediatamente aplicable". Asimismo, ha aventurado que, al estar la Ley Hipotecaria española en período de modificación, "imagino que aprovecharán para acomodarla al Derecho Europeo".

Balaguer, por otro lado, aclara que "la sentencia no obliga a cambiar la ley española, pero sí a que el Gobierno la tenga muy en cuenta". "Si la Comisión Europea", continúa, "comprueba que en España se siguen realizando ejecuciones hipotecarias tachadas por ella como ilegales puede abrir un expediente sancionador".

Tras conocerse el fallo europeo, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) exige "una modificación a fondo en consonancia con la sentencia". Según ha declarado Rafael Mayoral, asesor legal de la PAH, a EL MUNDO.es, "puede haber existido una posible violación del derecho a la defensa en las personas desahuciadas".

Mayoral considera que "se debería modificar el ordenamiento jurídico" pero se muestra escéptico al respecto: "No sabemos si el Gobierno hará caso a las entidades financieras a la hora de elaborar la ley, pero debe tomar los contenidos de mínimos de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) firmada por 1,5 millones de personas". Por el momento, prefiere no adelantar acontecimientos y estudiar el fallo europeo para ver cuál es la estrategia que seguirá la PAH, aunque ensalza la sentencia como "elemento que deja sin argumentos a los que se oponen a la ILP".

Desde el lado de las entidades financieras, fuentes de la Asociación Hipotecaria Española (AHE) han declarado a ELMUNDO.es que "tal como pide la sentencia, las autoridades tendrán que tomar medidas para que el deudor pueda tener más motivos de oposición al procedimiento, que supondrá una paralización temporal de la ejecución hasta que se determine si hay no hay causa. Es comprensible". En todo caso, las mismas fuentes, que califican el asunto como "delicado y complicado", admiten estar estudiando la sentencia europea para emitir una valoración más a fondo.

Fuente: El Mundo.

La UE declara ilegales las tasas que Mastercard cobra a comercios

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  • Bruselas cifra en 25.000 millones al año los costes para los comerciantes

Javier G. Gallego (corresponsal) | Bruselas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado que las tasas que Mastercard aplica a los comercios son ilegales ya que perjudican la libre competencia a la hora de fijar los precios minoristas.

La Justicia comunitaria avala así la posición de la Comisión Europea, que en 2007 declaró ilegales las llamadas Tasas Multilaterales de Intercambio (TMI) que, según Bruselas, oscilan entre el 0,4% y el 1,2% del valor de la transacción y suponen un riesgo de que el comercio repercuta ese impuesto en la cuenta final que paga el cliente.

En sus conclusiones, la Comisión Europea cifró en 25.000 millones de euros al año los costes para los comerciantes derivados de esta tasa.

Las TMI se aplican cada vez que un usuario utiliza su tarjeta de crédito en un comercio. El impuesto lo cobra el banco emisor de la tarjeta a la entidad que recibe el ingreso, que es quien mantiene en el comercio el datáfono y la conexión telefónica. Esta entidad, a su vez, repercute el cargo al comerciante, en concepto de gastos por el servicio prestado. Las entidades justifican esta tasa alegando entre otras razones que cuando un cliente está haciendo un pago con tarjeta su banco emisor está adelantando una cantidad al banco receptor que se liquidará días más tarde.

La Corte de Luxemburgo ha respaldado ahora la decisión de Bruselas, que fue recurrida por Mastercard con el apoyo de grandes bancos europeos, al entender que las tasas son ilegales porque generan el efecto de que las entidades fijen una cuantía mínima de los gastos facturados a los comerciantes, constituyendo así una restricción de la comepetencia a la hora de fijar el precio final de los productos.

El fallo del Tribunal también sostiene que estas tasas no son necesarias para sustentar el funcionamiento del sistema de pagos de Mastercard. "Observando la importancia de los ingresos y beneficios comerciales distintos de las TMI que los establecimientos financieros obtienen, el Tribunal General considera que era poco probable que a falta de esta tasa los bancos cesaran o redujeran de modo considerable su actividad de emisión de tarjetas MasterCard", señalan fuentes jurídicas a la EFE.

Mastercard: encarecerá los pagos
Eurocommerce, la asociación que representa al comercio minorista, mayorista e Internacional ante la UE, ha pedido ahora a la Comisión Europea que tome soluciones decisivas para hacer el sistema de pagos en Europa "realmente efectivo". "Damos la bienvenida a este fallo porque confirma la lucha de los comerciantes durante 10 años contra estas tarifas anticompetitivas", ha señalado el director general de esta asociación, Christian Verschueren.

Desde Mastercard, sin embargo, han lamentado la decisión porque, según su presidente para Europa, Javier Pérez, "entorpecerá el intercambio e inclinará claramente la balanza contra los consumidores". La empresa sostienen que los ingresos que generan estas tasas son necesarios para costear las nuevas tecnologías en los sistemas de pago electrónico. "El falló encarecerá los pagos para los consumidores", sostiene Pérez.

Tras este sentencia la empresa tiene dos meses para presentar un nuevo recurso ante la segunda instancia del Tribunal de Luxemburgo. Si finalmente la Justicia europea confirma la opinión de la Comisión Europea, Bruselas podría aplicar una multa diaria equivalente al 3,5% de su volumen de negocios mundial.

El pasado mes de enero el Ejecutivo comunitario sacó a consulta pública un documento de debate sobre pagos electrónicos y móviles. Se trata de una primera aproximación a lo que será una propuesta legislativa promovida de Bruselas. Con ella la Comisión quiere acabar con los problemas que existen ahora en la fijación transparente y eficaz de los precios de los servicios de pago electrónico.

Fuente: El Mundo.