Suiza restringe los permisos de trabajo a todos los ciudadanos de la Unión Europea

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La ministra de Justicia de Suiza, Simonetta Sommaruga. | Reuters

• Las limitaciones para acceder al país ya afectaban a ocho países del este
• La medida entrará en vigor el 1 de mayo, según la ministra de Justicia
• Amplía la 'cláusula de salvaguarda', incluida en el acuerdo de libre circulación

Efe/Afp | París

El Gobierno de Suiza ha decidido restringir la entrada en el país para trabajar a todos los ciudadanos de la Unión Europea tras activar la cláusula de salvaguarda de la libre circulación de personas, según ha informado la ministra de justicia suiza, Simonetta Sommaruga, durante una conferencia de prensa.

El Gobierno de Suiza ha anunciado que a partir del 1 de mayo, y durante un año, limitará la emisión de permisos de trabajo para los ciudadanos de todos los países de la Unión Europea (UE).

La medida era reclamada por los partidos de derecha y contra ella se habían pronunciado la izquierda y las patronales.

Berna activó de esta manera la "cláusula de salvaguarda" incluida en el acuerdo de libre circulación suscrito en 2002 con Bruselas, que le permite tomar una decisión de este tipo de manera unilateral y por un periodo limitado

El Consejo Federal ha cedido así a las presiones de la derecha y, además de mantener las restricciones que ya afectaban a los ciudadanos de ocho países del este de la UE: Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y la República Checa.

Fuente: El Mundo.

La Unión Europea acerca la política comunitaria a la calle

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• Los ciudadanos podrán promover leyes europeas

Javier G. Gallego (Corresponsal) | Bruselas

La Unión Europea cuenta a partir de este domingo con un nuevo instrumento legislativo que acercará la política comunitaria a la calle. Se trata de la Iniciativa Ciudadana, una nueva herramienta de "democracia participativa" que entra en vigor ahora pero que consagró el Tratado de Lisboa, la carta de funcionamiento de la UE, en diciembre de 2009.

Ahora, cualquier ciudadano europeo podrá promover una legislación sobre un ámbito de competencia de la Comisión Europea, la institución encargada de proponer leyes a los estados miembros y el Parlamento Europeo.

España será, de hecho, el primer país en liderar la iniciativa ciudadana después de que el jueves el eurodiputado popular, Jaime Mayor Oreja, promoviese una campaña en favor de los derechos de los no nacidos y en contra del aborto.

Esta cumbre, en la que el político español se rodeó de otros 24 eurodiputados y asociaciones provida de 22 países, desembocará en una iniciativa ciudadana que pedirá a la Comisión Europea que promueva buenas prácticas en favor de la vida de los no nacidos.

Comité de ciudadanos

La iniciativa popular comienza con la creación de un comité de ciudadanos integrado por siete o más europeos con edad para votar en el Parlamento Europeo (18 años salvo en Austria, donde la edad mínima es 16).

Este comité deberá estudiar si la iniciativa que va a promover entra dentro del ámbito competencial de la Comisión Europea, ya que hay determinadas políticas que son exclusivas de los estados miembros y que, por tanto, serían desestimadas a la primera.

Por ejemplo, en el caso de la lucha contra el aborto la Comisión no podría hacer una propuesta para que los socios comunitarios prohíban esta práctica o la regulen conforme a determinados supuestos, ya que se trata de una competencia exclusiva de los gobiernos nacionales y sus correspondientes parlamentos.

Una vez que el comité elabora la propuesta legislativa tendrá un plazo de 12 meses para recoger firmas y apoyos de ciudadanos. Al menos debe estar respaldada por un millón de europeos procedentes de, cómo mínimo, siete estados. Y para asegurarse que el apoyo es más o menos equitativo y proporcional al peso de cada Estado, cada país tendrá una cuota mínima de votos obligatorios. En España deben firmar al menos 40.500 personas.

El siguiente paso ya le corresponde al Ejecutivo comunitario, que tendrá tres meses para decidir si la propuesta tiene base legal y se ajusta a sus competencias legislativas.

En ese caso, y siempre que lo estime oportuno, podrá elevar la recomendación al Parlamento Europeo y el Consejo de la UE para promover dicha norma. La Comisión también puede desestimar la propuesta sin que exista posibilidad de recurso para los ciudadanos.

Fuente. El Mundo.

Crisis y ciudadanía europea

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DAVID LUENGO 20/10/2010 

 

Vivimos hoy en la era de la inseguridad (...). Cuando los ciudadanos europeos se asoman a un futuro aún más complejo e incierto, lo hacen sin la comunidad de propósitos que caracterizaba los años de la posguerra" (extracto del Informe al Consejo Europeo del Grupo de Reflexión sobre el Futuro de la UE en 2030).

 

La deportación de un grupo de familias gitanas con nacionalidad de Estados miembros de pleno derecho de la Unión Europea dictada recientemente por el Gobierno de Sarkozy es una muy mala lección de ciudadanía europea para nuestros hijos. Además de ser de dudosa legalidad, se trata de una seria amenaza al espíritu genuino de un concepto innovador que, dicho sea de paso, una diplomacia española inteligente supo impulsar hace ya casi 20 años, incardinándolo en el acervo legal comunitario. Afortunadamente y después de algunas dudas iniciales, la Comisión Europea, guardiana de los tratados y garante de la defensa del interés comunitario con independencia de los Estados miembros, y a su cabeza la experimentada comisaria luxemburguesa Viviane Reding, hará valer sus poderes ante los de Francia, Estado miembro fundador, y no por ello menos obligado por el derecho comunitario que sus otros 26 socios europeos. Y es que más allá de una cuestión de orden público, este asunto es un síntoma más de que el futuro del proyecto europeo está en juego.

 

El informe presentado el pasado mes de mayo por el grupo de reflexión encargado por el Consejo Europeo para anticipar los retos y oportunidades de la UE en los próximos 20 años y analizar las respuestas adecuadas, planteaba el dilema al que los ciudadanos europeos nos enfrentamos en la próxima década: reformarse o decaer. Crisis financiera y gobernanza económica, competitividad y sostenibilidad, reto demográfico, reforma y modernización de los mercados, cambio climático, dependencia energética, etcétera, son los principales desafíos tratados en el informe final. Sin embargo, los trabajos del grupo de reflexión, su impacto y utilidad política, están en cierto modo pendientes de asumir por un establishment político-mediático un tanto distraído frente al calado del desafío y por una ciudadanía desorientada.

La cuestión de fondo más relevante para abordar dichos retos parece ser paradójicamente la peor entendida en la política actual. Tiene que ver con una débil y pasiva conciencia común de ciudadanía europea, entendida como una categoría jurídico-política regulada en el Tratado de la Unión Europea, un frágil "sentido de pertenencia", aludido en el informe, y de cuyos beneficios prácticos solo en casos puntuales somos conscientes de gozar en nuestras vidas diarias. Revitalizar en positivo la identidad común, fomentando los instrumentos para aproximar las instituciones a los ciudadanos y hacer de la conciencia europea un punto de referencia para la competitividad, la cohesión social y la influencia en el mundo de cerca de 500 millones de personas es ya una necesidad.

Se suele aludir al desequilibrio de origen de la UE, un gigante económico con un modelo social innovador para los tiempos de la posguerra pero necesitado de una profunda revisión en los tiempos de la globalización, y sin embargo un enano político en el tablero mundial. Difícilmente conseguiremos que la UE revise eficazmente su modelo y potencie su influencia real en el mundo sin más conciencia europea.

Desde el diseño del sistema educativo en la escuela hasta el del sistema de pensiones, pasando por la portabilidad efectiva de los derechos de las personas en todo el territorio de la Unión, es imprescindible que todas las instancias de poder en cada ámbito geográfico (nacional, regional o local) asuman sin temor la dimensión europea de su acción política. Nos conviene a todos desprendernos de los narcisismos identitarios y animar a los líderes europeos, responsables de promover la ampliación y la profundización del proyecto que los líderes de posguerra fueron capaces de institucionalizar y lanzar al futuro, a que se planteen, a que nos planteen, en serio y con realismo, cómo abordar el desafío de converger hacia una política "doméstica" europea.

No tiene sentido afirmar hoy que la economía española está "intervenida" o "bajo vigilancia" europea; es que es en las instituciones europeas donde se ubica ya el ámbito de decisión efectivo y fundamental en consonancia con el proceso de integración, a pesar de las resistencias populistas o nacionalistas. Bajo este prisma, tampoco tiene sentido, por ejemplo, insistir en posiciones inmovilistas frente a las reformas estructurales necesarias, caso de un ineficiente mercado de trabajo, y sí ampliar miras, atreverse a la movilidad geográfica, reforzar una apuesta decidida por la formación para la elevación del rendimiento del capital humano y ayudar a los emprendedores a crear valor en el mercado europeo mediante la innovación de productos, procesos productivos y esquemas organizativos.

La crisis sistémica en la que estamos inmersos exige con urgencia un liderazgo transparente, decidido y participativo que articule la visión y la acción política para consolidar una comunidad de propósitos renovada, que refuerce la legitimidad democrática del proyecto europeo. En contraposición, la derecha francesa, y desgraciadamente no es la única, más bien pareciera estar concentrada en la búsqueda de chivos expiatorios para la gestión mediática de meras cuestiones de orden público y obtener así los réditos electoralistas oportunos.

David Luengo es consultor internacional.

 

http://www.elpais.com/articulo/opinion/Crisis/ciudadania/europea/elpepuopi/20101020elpepiopi_5/Tes