Blog Unión Europea y Gestión de Proyectos - IECS: libre circulación de personas

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La UE impone el primer castigo a Suiza por su política migratoria

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Bruselas paraliza dos programas de investigación y educación como represalia por la imposición de barreras a la libre circulación de personas

Lucía Abellán Bruselas 17 FEB 2014 - 10:34 CET

El referéndum suizo para poner coto a la inmigración europea ya ha tenido sus primeras consecuencias. La Comisión Europea ha paralizado las negociaciones que mantenía con Suiza para determinar su participación en los grandes programas de investigación y en el proyecto Erasmus. El Ejecutivo comunitario ha decidido congelar los contactos a la vista de que las autoridades suizas ya han empezado a dar cumplimiento al mandado de su ciudadanía y han renunciado a abrir las puertas a Croacia (incorporada a la UE en julio pasado), pese a tener un pacto previo con Bruselas para comenzar a aplicar la libre circulación a los nuevos ciudadanos comunitarios.

“Esperamos aclaraciones sobre este punto antes de retomar otras negociaciones que están ligadas a este asunto, como Horizonte 2020 [el gran programa de investigación de la UE, dotado con cerca de 80.000 millones de euros] o Erasmus+ [el nuevo Erasmus, ampliado también a intercambios laborales]”, explica un portavoz de la UE. Bruselas ya había advertido de que la libertad de movimientos que rige entre ambos territorios desde 2002 era innegociable y que si el Gobierno suizo renunciaba a acoger a los croatas, como se había comprometido a hacer, el resto de negociaciones decaerían.

Aunque el Ejecutivo helvético aún no ha confirmado oficialmente la decisión a las autoridades comunitarias, la BBC informó el domingo de que la ministra de Justicia suiza, Simonetta Sommaruga, telefoneó a la responsable croata de Exteriores, Vesna Pusic, para comunicarle que Suiza no podía extender los derechos de libre circulación a los recién incorporados al proyecto europeo. La Comisión Europea dice entender que adopten esa medida tras el referéndum, pero considera inaceptable la medida.

La participación suiza en los programas educativos y de investigación es de gran interés para ambas partes. La confederación helvética contribuye al presupuesto comunitario en esos dos apartados pero a la vez se beneficia ampliamente de ellos. El alto nivel de desarrollo e innovación de la economía suiza la convierten en receptora de una parte significativa de los fondos de investigación. Al contrario que otras partidas comunitarias, como las agrícolas, las de investigación no se otorgan por territorio, sino por la calidad del proyecto que se presenta como candidato.

Antes de estos dos programas señeros, Bruselas ya había paralizado unas negociaciones sobre mercado eléctrico previstas también para estos días. Y de forma preventiva se habían cancelado reuniones técnicas de los programas de investigación, antes de adoptar en firme la decisión de paralizarlas. El portazo a Croacia activa un proceso que tendrá consecuencias de calado. La Unión Europea ya había avisado de que un freno a la libre circulación (como han apoyado los suizos en las urnas, con una ajustada mayoría del 50,3% de los votos) tendría consecuencias en el resto de acuerdos de integración firmados entre ambos territorios. Eso implica derogar (o al menos renegociar) pactos que permiten un acceso ventajoso de los productos suizos al mercado comunitario, donde van a parar el 60% de sus exportaciones, o acuerdos de homogeneización del transporte aéreo.

Fuente: El País.

La relación de la UE y Suiza se fractura

Ciudadanos protestan por el resultado de las votaciones en Zurich. / Steffen Schmidt (AP)

Bruselas pone en duda los acuerdos con Berna y amenaza con revisar su pertenencia a Schengen tras el referéndum que impone cuotas a la inmigración europea

Lucía Abellán Bruselas

La Unión Europea ha tomado como una afrenta la decisión del pueblo suizo de poner coto a la inmigración comunitaria. Diplomáticos y funcionarios europeos revisan a toda prisa las consecuencias de una decisión que quiebra el estrecho vínculo mantenido hasta ahora entre ambos territorios. Acabar con la libre circulación de personas implica también la pérdida de otros derechos, entre ellos la privilegiada relación comercial que existe con Suiza. "No podemos aceptar esas restricciones en los movimientos sin que tengan impacto en el resto de acuerdos que tenemos firmados", aseguró ayer la portavoz de la Comisión Europea. Uno de cada tres francos de riqueza suiza proviene de sus intercambios con la UE.

La confederación helvética es el Estado con el que la UE guarda una relación más estrecha, con 120 acuerdos bilaterales. Participa en las becas Erasmus, en los programas de investigación, en el espacio Schengen de libre circulación y en la información estadística de Eurostat. Todo eso puede ahora verse afectado por la crisis política que ha abierto el referéndum celebrado el domingo contra la llamada inmigración de masas. Un ajustadísimo 50,3% de la población aprobó introducir cuotas a la entrada de europeos y renegociar los acuerdos bilaterales entre ambos bloques.

Con ese escenario en mente, los Estados miembros evidenciaron ayer su malestar contra la iniciativa popular suiza. Uno de los más rotundos fue el ministro alemán de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier: "Si Suiza se aprovecha de los beneficios, también tiene que aceptar los aspectos negativos [de su relación con la UE]". La comunidad de trabajadores extranjeros más numerosa en Suiza está compuesta por alemanes, que se sienten concernidos por la decisión. También el ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius, lo consideró "un voto preocupante y paradójico porque implica el repliegue de un país que realiza el 60% de su comercio exterior con la Unión Europea".

Los ministros de Exteriores, reunidos en Bruselas, realizaron ayer un primer análisis de este giro suizo a su política migratoria. Pese a las palabras de rechazo vertidas, en última instancia el referéndum del país vecino enfrenta a Europa con sus propias contradicciones. Porque la iniciativa sometida a referéndum es similar a las propuestas informales que ha lanzado Reino Unido para imponer cuotas a los propios ciudadanos comunitarios y se nutre de la creciente ola xenófoba y euroescéptica que recorre el continente. Prueba de ello fue la reacción de Marine Le Pen, líder del ultraderechista francés Frente Nacional, que saludó "la lucidez del pueblo suizo para luchar contra la inmigración masiva", y aventuró que si los franceses fueran consultados sobre la cuestión, "votarían masivamente a favor". Nigel Farage, del populista británico UKIP, lo consideró "una maravillosa noticia" y el holandés de extrema derecha Geert Wilders concluyó: "Eso que pueden hacer los suizos lo podemos hacer también nosotros".

La realidad, sin embargo, es mucho más compleja. Todos los estudios demuestran que la libre circulación ha beneficiado enormemente a Suiza, un Estado de ocho millones de habitantes —el 23% de ellos, extranjeros— cuya economía estaba ralentizada en los noventa y comenzó a crecer con fuerza con la desaparición de fronteras para los europeos en 2002. Las empresas del país necesitan mano de obra del exterior —en gran medida cualificada— para atender sus necesidades de innovación. Más de la mitad de los extranjeros en Suiza tienen un título universitario. Con este trasfondo, a Bruselas le cuesta creer que los ciudadanos de ese país hayan optado por renunciar a toda la relación bilateral. "No creo que en el debate que ha habido en Suiza se hayan expuesto bien todas las consecuencias que implica esa decisión", subraya un alto cargo europeo.

De momento, Bruselas va a esperar a ver cómo el Gobierno suizo interpreta el voto del pueblo, que tendrá que trasladar a una ley. Pero la Comisión es consciente de que lo aprobado (introducir cuotas, posibilidad de limitar las prestaciones sociales y renegociar en tres años los acuerdos bilaterales contrarios a esta idea) ofrece poco margen de maniobra. El Ejecutivo federal suizo tiene la intención de empezar a aplicar ya el mandato del referéndum, aunque probablemente todo el proceso legal consuma varios años.

No se demorará tanto el impacto político de este nuevo escenario. Para empezar, la Comisión congelará los contactos para que Suiza participe en el gran programa de investigación europeo Horizonte 2020 y en las becas Erasmus de los próximos años si Suiza paraliza un proceso que hasta ahora parecía puro trámite. Se trata del acceso de Croacia, miembro comunitario desde el pasado julio, a la libre circulación de personas. Es muy probable que las autoridades suizas decidan frenarlo a la vista de que contraviene claramente lo aprobado este domingo.

Los representantes de los Estados miembros debían dar este mismo miércoles el visto bueno para negociar un nuevo marco institucional que estrecha lazos entre Berna y Bruselas. Todo está ahora en entredicho, ante el más que probable repliegue suizo.

Las autoridades europeas mostraban ayer más estupefacción que enfado ante el movimiento de sus vecinos. Los diplomáticos —y la mayor parte de las fuerzas políticas y económicas en Suiza— confiaron hasta última hora en que la ciudadanía rechazaría algo que le perjudica económicamente. Alrededor de un millón de europeos trabajan en territorio helvético y otros 230.000 cruzan la frontera diariamente para trabajar en un país donde la tasa de paro no excede del 3%. Además, otros 430.000 suizos viven en alguno de los 28 países de la UE. Todos estos ciudadanos quedan ahora "en un limbo", según el citado alto cargo comunitario, aunque otras fuentes aseguran que las novedades no se aplicarán de manera retroactiva.

Una de las mayores inquietudes para la UE consiste en aclarar cómo gestionar el espacio Schengen de libre circulación con la nueva situación que impone Suiza. Aunque esa apertura de fronteras no está directamente ligada a los cupos a extranjeros, fuentes comunitarias avanzan que la UE denunciará los acuerdos en el momento en que Suiza empiece a realizar controles fronterizos, algo contrario a las reglas del espacio Schengen.

Fuente: El País.

Suiza da un portazo a la Unión Europea

Los ciudadanos votan acabar con la libre circulación por una ajustada mayoría del 50,3%
La medida abre una crisis política con Bruselas

Lucía Abellán Bruselas 9 FEB 2014 - 23:16 CET

Suiza ha abierto una brecha en la estrecha relación que hasta ahora mantenía con la Unión Europea. Los ciudadanos de este país han aprobado este domingo en referéndum un ataque frontal a sus socios comunitarios. Por una estrecha mayoría del 50,3%, los suizos decidieron imponer cuotas de entrada a los vecinos europeos y acabar así con la libre circulación de personas que rige entre ambos territorios desde 2002. Bruselas se apresuró a lamentar la decisión y a avisar de que estudiará su impacto sobre la relación bilateral.

El texto refrendado en las urnas ofrece poco margen a la interpretación. Impulsada en solitario por la Unión Democrática de Centro, partido de extrema derecha, la iniciativa insta a reintroducir un sistema de cupos que permita además limitar el acceso a los beneficios sociales y el derecho a la reagrupación familiar de los europeos. Consciente de que esa exigencia vulnera los acuerdos que vinculan a Suiza con la UE, el texto obliga a renegociarlos en el plazo de tres años.

“El Consejo federal [el equivalente al Gobierno central en Suiza] trabajará para aplicar estas decisiones sin dilación”, garantizó la responsable de Justicia, Simonetta Sommaruga, que no obstante advirtió de las “consecuencias de largo alcance” que implica el resultado. El máximo órgano de gobierno de la confederación helvética se había opuesto a la iniciativa con un estudiado argumentario que ha quedado sepultado por las urnas.

El referéndum es un ejemplo claro de la irracionalidad que se ha apoderado del debate migratorio en todo el continente. La economía suiza experimentó un gran auge a raíz de la entrada en vigor de la libre circulación —entre otras cosas porque también llevaba asociado el acceso de los productos suizos al mercado único europeo—, el paro se ha mantenido en un modestísimo 3%, los salarios han crecido un 0,6% anual y el control de las condiciones laborales es mayor que nunca.

Pero el malestar de la población ante problemas solo lejanamente ligados a la inmigración (el 23% de los habitantes en Suiza) y el recelo al extranjero que resuena en Europa se han impuesto a las cifras. “Es una votación ligada a las emociones. Todos los estudios demuestran que la libre circulación ha beneficiado a Suiza y en cuanto a los salarios, precisamente se han reducido las desigualdades porque han subido más los sueldos medios y bajos”, razona Yves Flückiger, vicerrector de la Universidad de Ginebra y experto en la materia.

“Con el sistema de cuotas tendremos dificultades para encontrar la mano de obra que necesitamos en un país con mucha innovación y que necesita trabajadores muy cualificados”, admite Cristina Gaggini, directora de la patronal Économiesuisse para la parte francófona del país. Gaggini teme el periodo de incertidumbre que se abrirá y advierte de que la limitación de europeos “no es la solución para los problemas que manifiestan los suizos”.

Pocas veces coinciden en un mismo diagnóstico voces tan opuestas. Mischa Von Arb, portavoz del sindicato Unia, alerta de que la protección de los trabajadores empeorará con el fin de la libre movilidad. Porque esta vino aparejada de un sistema de control de las condiciones laborales que prevé fuertes multas cuando se viola la legislación. Von Arb subraya, además, el error de diagnóstico de la ciudadanía: “Antes, la inmigración en Suiza consistía más en ciudadanos de España, de Italia o la ex Yugoslavia que trabajaban en sectores menos cualificados, con salarios bajos. Pero ahora son en buena medida alemanes de clase media. Y los que trabajan en sectores menos cualificados hacen el trabajo que los suizos no quieren hacer”, alega.

Paradójicamente, ni siquiera los impulsores de la iniciativa discuten las cifras. Fabienne Despot, presidenta del partido UDC en el cantón de Vaud, uno de los 26 que componen el país, concede que las empresas necesitan mano de obra extranjera, pero animan a buscar “primero entre los suizos y luego, entre los extranjeros que ya hay” antes de reclutar a otros. Esa es otra de las novedades que impone la iniciativa aprobada en las urnas. “Hay una concentración demográfica muy fuerte en Suiza. Se podrían construir edificios más altos o hacer habitables terrenos agrícolas, pero mucha gente se opone. Además, la red de transportes está muy presionada y eso se debe al efecto migratorio”, abunda Despot. Unos argumentos que resultan demasiado débiles ante la magnitud del terremoto que puede provocar la decisión suiza.

Porque anular la libre circulación implica hacer lo mismo con los otros seis acuerdos que vinculan a ambos territorios desde 2002. Entre ellos, la desaparición de barreras comerciales, la integración de las políticas de transportes y el acceso que tiene Suiza (a cambio de una contribución al presupuesto comunitario) a los programas de investigación de la UE. Bruselas ya había dado indicaciones para que cualquier nueva decisión sobre la participación suiza en esos programas se condicionase al referéndum, aseguran fuentes comunitarias.

La razón por la que la suspensión de un acuerdo implica la caída del resto obedece a la llamada cláusula guillotina, que Bruselas introdujo ante el temor de que los suizos, que ya anteriormente habían convocado referendos antiinmigración, plantearan algo similar. Ese supuesto se ha dado y probablemente los perjuicios que pueda provocarle a Suiza la desaparición de todo ese marco normativo sobrepasen de lejos los beneficios de regular la entrada de europeos.

El voto de ayer genera, además, una desconfianza política en Bruselas cuyos efectos son difíciles de calibrar. Uno de los elementos que podrían verse afectados es la pertenencia de Suiza al espacio Schengen de libre circulación. Aunque legalmente es posible volver al sistema de cuotas de trabajadores y mantener las fronteras abiertas, en la práctica resulta complejo de gestionar.

Bruselas “examinará las implicaciones que tiene esta iniciativa en el conjunto de la relación entre la UE y Suiza”, anunció la Comisión Europea en un comunicado. El Ejecutivo comunitario deja entrever su malestar al avisar de que la decisión del Gobierno, dispuesto a aplicar la iniciativa votada, “será tenida en cuenta”.

Consciente del sentir de la población, el Gobierno suizo ya se había enfrentado a Bruselas al imponer cuotas para los permisos de trabajo de larga duración a los europeos (primero a los del Este, en 2012, y luego a todos en 2013). Pero esa posibilidad se agotaba ya en mayo de este año para volver de nuevo a la libre circulación (excepto para rumanos y búlgaros, limitados hasta 2019). A la luz de lo votado esta noche, esa movilidad sin trabas será transitoria.

Fuente: El País.

Así se expulsa a un europeo de la UE

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Protesta en Bruselas contra la secretaria de Estado de Inmigración. / FRANÇOIS LENOIR (REUTERS)

Bélgica fuerza la salida de comunitarios considerados una “carga excesiva” para el Estado

Lucía Abellán / Ignacio Fariza Somolinos Bruselas 12 ENE 2014 - 21:40 CET

El sueño europeo de establecerse libremente en cualquier país miembro sin dar explicaciones se ha topado con la realidad de la crisis. Las estrecheces económicas han llevado a algunos Estados comunitarios a reforzar un derecho reconocido de manera muy ambigua por la legislación de la UE: expulsar a los ciudadanos de otros países miembros que representen una “carga excesiva” para el sistema. Se trata de una medida más efectista que eficaz que contemplan en sus leyes casi la mitad de los Estados miembros. Pero en la práctica es imposible certificar la expulsión de un comunitario y, sobre todo, impedirle que vuelva.

Bélgica es uno de los países que ha regulado —y endurecido— esa posibilidad. Este país, reconocido por la Comisión Europea como uno de los más generosos en las políticas de asilo para refugiados de terceros países, ha acelerado la práctica, hasta hace poco residual, de expulsar a ciudadanos comunitarios. Aunque los datos iniciales apuntaban a un número menor, las autoridades belgas expidieron la orden de salida a 4.812 ciudadanos de la UE el año pasado, según datos suministrados por la Oficina de Extranjería del Ejecutivo belga.

La cifra de afectados con pasaporte europeo duplica la del año anterior y representa algo más del 9% del total de extranjeros que tuvieron que abandonar el territorio por no disponer de medios suficientes para mantenerse. Un porcentaje nada despreciable para una práctica que bordea la legalidad comunitaria.

Los españoles ocupan un lugar destacado en esta clasificación. En 2013 fueron la quinta comunidad más expulsada, por detrás de rumanos, búlgaros, holandeses y franceses. En total, 291 personas de nacionalidad española recibieron la orden de abandonar Bélgica.

Pero mostrar la puerta de salida a un europeo de pleno derecho no es lo mismo que hacerlo a cualquier otro extranjero. Una portavoz de la Oficina de Extranjería explica las diferencias. Cuando las autoridades demuestran que el afectado representa “una carga excesiva” para el sistema social (por ejemplo, si no ha trabajado durante mucho tiempo y, en cambio, consume ayudas sociales), emiten una orden de expulsión, que puede ser aceptada o no. En caso de resistencia, Bélgica no ejerce el recurso a la fuerza; no mete al ciudadano en un avión ni lo priva de su libertad. Simplemente le cierra todos los cauces oficiales en un país en el que es fundamental disponer de un contrato de arrendamiento (o de adquisición de vivienda) para darse de alta en el Ayuntamiento y acceder a la sanidad, a la educación y a todas las prestaciones sociales que ofrece el territorio.

“No se les expulsa por la fuerza. Simplemente se les borra del registro oficial”, explica la portavoz, que subraya que estas personas quedan condenadas a vivir en la clandestinidad si no vuelven a su país de origen. Pero nada les impide quedarse en el territorio, emigrar a otro país comunitario e incluso ingresar de nuevo en Bélgica. Además, siempre tienen derecho a recurrir y retrasar de ese modo el proceso.

Tanto en Bélgica como en el resto de los Estados miembros, el ciudadano está completamente protegido durante los tres primeros meses de estancia en el país de acogida. A partir de ese periodo, debe acreditar alguna de estas cuatro condiciones: que trabaja (o que busca activamente empleo en el caso de haber quedado en paro), que tiene suficientes medios para vivir —así como un seguro de salud—, que está estudiando o que va a reunirse con algún otro familiar que cumple las condiciones mínimas. En ninguno de estos supuestos puede el Estado objetar la residencia. Y, transcurridos cinco años, tampoco podrá retirarla aunque no cumpla los requisitos, porque se considera que el ciudadano ya tiene arraigo en el país. Además, las comprobaciones que hacen las autoridades no pueden ser sistemáticas, sino limitadas a un calendario establecido.

El proceso es muy diferente para los inmigrantes ajenos a la UE. Los funcionarios de Extranjería certifican que el ciudadano con orden de expulsión haya abandonado el país y, en casos extremos, se les lleva a centros de detención donde esperan a ser deportados.

Esa posibilidad es impensable en ciudadanos comunitarios, aunque la ambigüedad de la directiva que regula sus derechos de residencia hace que al menos 13 países de la Unión —entre ellos, además de Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Austria e Irlanda— practiquen expulsiones. El texto explicita que los ciudadanos europeos podrán vivir libremente en otro país de la UE siempre que no se conviertan en “una carga excesiva para la asistencia social del Estado de acogida”. Sin embargo, cuando alude a los motivos que podrían propiciar la expulsión, únicamente se refiere a asuntos sanitarios —una enfermedad contagiosa, por ejemplo—, de seguridad o relativos al orden público y cierra la puerta a la expulsión automática en caso de que el ciudadano recurra a la asistencia social.

Isabel Villar, profesora de Derecho Procesal en la Universidad de Cádiz, explica que lo que se produce en Bélgica y en otros Estados es una incorrecta interpretación de la expresión “excesiva carga para el país”. Villar argumenta que, en caso de expulsión, las autoridades deben detallar “exhaustivamente” las razones en las que basan su decisión y deben aplicar el criterio de proporcionalidad, sobre todo si se trata de una familia con hijos pequeños.

En cualquier caso, esta experta aclara que el hecho de acceder a los servicios sociales en el país de acogida “no puede conllevar la expulsión inmediata de ningún ciudadano; al menos no de forma automática”.

Más tajante se muestra Pablo González, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, que considera estas expulsiones como una posibilidad “expresamente prevista” en la norma comunitaria, aunque pide analizar “escrupulosamente” los abusos que se puedan estar produciendo.

Un portavoz comunitario respaldaba esta semana esa versión al asegurar que las expulsiones en Bélgica están amparadas por el derecho comunitario.

La Comisión intenta frenar el fenómeno

L. A. / I. F.

Bruselas lleva meses recordando a los Estados miembros lo que debería ser obvio: que la libre circulación de ciudadanos es un pilar básico de la UE y que, con cifras en la mano, la movilidad ha generado muchos más beneficios que perjuicios al proyecto comunitario. Pero el populismo que monopoliza el debate público en algunos países prende tan deprisa que la Comisión Europea se ve obligada a aplacar las inquietudes de algunos gobernantes.

Con esa intención, el comisario de Empleo y Asuntos Sociales, László Andor, presenta hoy una guía práctica para discernir a qué Estado corresponde, en cada caso, proveer la seguridad social al ciudadano residente en un país miembro. Bruselas intenta definir mejor el concepto de residencia habitual y acotar los derechos que lleva asociados.

La publicación ilustrará sobre casos prácticos para acallar el malestar creado en países como Reino Unido, Alemania y Holanda acerca del mal llamado turismo de prestaciones, que supuestamente realizan los europeos más pobres. Invirtiendo los términos del caso típico, la Comisión aclara, en un adelanto del documento que se hace público hoy, que si un británico se retira a Portugal y pasa la mayor parte de su tiempo allí, su residencia habitual será ya portuguesa, aunque mantenga inmuebles y otros lazos en Reino Unido.

Fuente: El País.

Suiza restringe los permisos de trabajo a todos los ciudadanos de la Unión Europea

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La ministra de Justicia de Suiza, Simonetta Sommaruga. | Reuters

Las limitaciones para acceder al país ya afectaban a ocho países del este
La medida entrará en vigor el 1 de mayo, según la ministra de Justicia
Amplía la 'cláusula de salvaguarda', incluida en el acuerdo de libre circulación

Efe/Afp | París

El Gobierno de Suiza ha decidido restringir la entrada en el país para trabajar a todos los ciudadanos de la Unión Europea tras activar la cláusula de salvaguarda de la libre circulación de personas, según ha informado la ministra de justicia suiza, Simonetta Sommaruga, durante una conferencia de prensa.

El Gobierno de Suiza ha anunciado que a partir del 1 de mayo, y durante un año, limitará la emisión de permisos de trabajo para los ciudadanos de todos los países de la Unión Europea (UE).

La medida era reclamada por los partidos de derecha y contra ella se habían pronunciado la izquierda y las patronales.

Berna activó de esta manera la "cláusula de salvaguarda" incluida en el acuerdo de libre circulación suscrito en 2002 con Bruselas, que le permite tomar una decisión de este tipo de manera unilateral y por un periodo limitado

El Consejo Federal ha cedido así a las presiones de la derecha y, además de mantener las restricciones que ya afectaban a los ciudadanos de ocho países del este de la UE: Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y la República Checa.

Fuente: El Mundo.