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Los europeos creen que lo peor de la crisis está por llegar

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  • Los españoles son los más escépticos con las reformas, según una encuesta europea realizada para EL PAÍS y otros grandes diarios europeos. 
  • Un 76% cree que tendrán repercusiones negativas

Lucía Abellán Bruselas 6 MAY 2013 - 12:31 CET








Tres de cada cuatro europeos cree que la crisis empeorará el próximo año. Ajenos al mensaje oficial de que las economías comenzarán a crecer con claridad el año próximo, los ciudadanos aún creen que lo peor está por llegar, según una encuesta europea realizada en abril por Ipsos y Publicis para EL PAÍS y otros grandes diarios europeos. A la cabeza del pesimismo están los franceses (73%) y, paradójicamente, los españoles aparecen como los más optimistas: un 40% de los encuestados cree que en un año la situación mejorará.

Dentro del 75% de media que teme por un empeoramiento de la situación, los matices son importantes. Del total de encuestados, la mayoría (el 55%) cree que los problemas irán a algo peor, pero un preocupante 20% está convencido de que todo irá a mucho peor. Apenas un 2% piensa que las dificultades pueden acabar el año que viene.

Tras el pesimismo francés se sitúa el italiano y el británico (un 76% de sus encuestados señala que aún cabe esperar un empeoramiento). Ningún país muestra un porcentaje tan bajo en este terreno como el de España. La resistencia a creer que lo peor está por llegar probablemente tiene que ver con el convencimiento de que ya se han hecho muchos sacrificios y que la situación no puede deteriorarse más.

Es el único dato esperanzador de España, uno de los seis países (junto a Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Polonia) donde se ha realizado esta encuesta. Porque más allá de creer en una eventual salida de la crisis, los españoles muestran los mayores recelos hacia las reformas que se están aplicando. Un 76% de ellos cree que tendrán repercusiones negativas en la economía y en la sociedad. Les siguen los italianos, con un 71%. En general, más de la mitad de los europeos se suma a esta tesis, que pone en tela de juicio los beneficios futuros del cambio. Solo los polacos se muestran abrumadoramente a favor de que los cambios beneficiarán a largo plazo (un 76%).

En realidad los ciudadanos tienen una percepción opuesta a la que ofrecen los políticos. Solo el 39% de los encuestados cree que la crisis permitirá hacer las reformas necesarias, mientras que el resto observa las dificultades más como un obstáculo para el cambio necesario que como una oportunidad. Solo los alemanes, alejados de las turbulencias que sacuden a la mayor parte de Europa, creen que el deterioro económico representa una oportunidad para poner en marcha esas reformas (un 57% del total), probablemente porque consideran que son otros países los que tienen que aplicarlas.

Dos de cada tres encuestados creen que sus países saldrán más débiles de este periodo de dificultades económicas. De ellos, un 27% cree que saldrán especialmente débiles. De nuevo, los españoles figuran a la cabeza de ese diagnóstico, con un 76%, seguidos de los italianos (73%) y los franceses (74%).

La crisis deja también una sensación de impotencia respecto a la capacidad para controlar sus vidas. La mitad de los europeos cree que solo tiene un pequeño control, mientras el 10% considera que no tienn ninguno. Españoles e italianos están particularmente convencidos de que carecen de esa capacidad. Solo en Alemania la mayoría de los ciudadanos cree que controla su vida, aunque el porcentaje es muy ajustado (51%).

A la hora de buscar responsabilidades, los europeos se muestran muy críticos principalmente con los Gobiernos. Solo una minoría (el 29%) cree que sus Ejecutivos están proponiendo soluciones constructivas para afrontar la crisis. Las mejores valoraciones hacia sus propias autoridades son las de alemanes (un 54% apoya las medidas adoptadas) y británicos (el 40%).

La pertenencia a la Unión Europea goza cada vez de menos aprecio. Aunque aún son mayoría, solo el 52% de los ciudadanos encuestados cree que pertenecer al club comunitario sea ventajoso. Curiosamente, los alemanes y los británicos, menos afectados por la crisis, lo ven más como un obstáculo. También los italianos (un 53%), un dato que revela cómo las dificultades y la percepción de que los recortes vienen de Europa han cambiado la percepción en un país de tradición europeísta.

VIVIR DE LOS AHORROS

La crisis está dejando a los europeos en una situación muy delicada, con españoles e italianos entre los más afectados. Uno de cada cuatro españoles y uno de cada cinco italianos vive de sus ahorros o gracias a uno o varios créditos, según la encuesta de Ipsos y Publicis. Es el dato más llamativo de un balance económico que deja a los europeos con muchas más dificultades para vivir que al principio de la crisis.

El 79% de los italianos y el 72% de los españoles creen que las estrecheces económicas han exacerbado esas dificultades, frente al 60% de la media de los seis países que han participado en la encuesta. Esas dificultades se centran dramáticamente en el desempleo en el caso de los españoles: casi la mitad de los españoles asegura haber sufrido, ellos mismos o en su familia, una situación de paro provocada por un despido desde que arrancó la crisis, en 2008. La media de los seis países se sitúa en el 28%.

También resulta llamativa la factura social que pagan los ciudadanos como resultado de los recortes. Un 42% de los italianos encuestados (o sus familias) aseguran haber renunciado a algún tratamiento médico u operación prescrita por el médico debido al alto coste que debían afrontar. La media es del 21%.

Las respuestas muestran con claridad las disparidades que se viven en Europa como consecuencia de la crisis. Frente al deterioro continuo de la situación en España e Italia, los alemanes y los británicos figuran como los menos afectados por las turbulencias. Menos de la mitad de los encuestados en Reino Unido y solo un 40% de los alemanes creen que la crisis ha aumentado las dificultades a las que tienen que hacer frente. Y ello pese a que el Reino Unido está acometiendo también recortes motivados por los crecientes desequilibrios fiscales de sus cuentas públicas.

A la hora de identificar los problemas los ciudadanos muestran algunas convicciones alejadas de la realidad. Así, los encuestados creen que el principal problema para salir de la crisis es la excesiva presión fiscal (así lo cree el 35%), incluso por delante del egoísmo de los ricos (lo señala el 27%) o del cierre de la industria (25%). Precisamente lo que ha ocurrido en este periodo de dificultades ha sido lo contrario: la crisis y el desigual reparto de las cargas ha deprimido los ingresos fiscales de unos Estados que tienen que hacer frente a más déficit por las medidas de apoyo al sector financiero y el aumento del desempleo.

En la misma línea, los ciudadanos opinan que los Ejecutivos no están haciendo el esfuerzo suficiente para recortar el gasto público (el 57% de media). Pese a todo, la cifra encierra enormes desigualdades, pues en España, la percepción es mayoritariamente la contraria: un 55% de los españoles creen que se está reduciendo demasiado el gasto público. También la mitad de los británicos considera que las reducciones son excesivas.

Fuente: El País.

Gobiernos y transparencia: del ejemplo del Reino Unido y EEUU a la opacidad israelí

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  • El Reino Unido, uno de los países 'ejemplares' a la hora de aplicar estas leyes.
  • En 2005 provocaron un escándalo al descubrirse las dietas de los diputados.
  • La comisión Europea quiere que los países abran sus datos en la Red.
  • En Italia se publican en la Red curriculum y sueldos de los dirigentes.
  • Israel suele negar datos por motivos de seguridad o respeto a la intimidad.
  • En EEUU se puede acceder a cualquier documento de la Administración federal.

El Gobierno español se ha propuesto mejorar el acceso de los ciudadanos a la información de los distintos organismos regulándolo a través de una Ley de Transparencia, aún en fase de borrador y abierto a la participación ciudadana hasta la semana que viene.

El Ejecutivo propone una ley en dos bloques, uno sobre transparencia propiamente dicha y otro sobre buen Gobierno. Se impulsa de esta forma una norma paralizada desde hace años; España es el único país importante de la UE que no regula el acceso de los datos públicos.

No obstante, ya hay expertos que critican el borrador fundamentalmente por los límites del texto, que restringe el acceso a información relativa a temas de seguridad nacional o a la Casa Real, porque deja fuera a demasiados ámbitos de la Administración y porque no da importancia al formato de los datos, informa Pablo Romero desde Madrid.

Detenemos nuestra mirada en las normas que rigen otros países, en algunos, como Italia, desde hace más de dos décadas años, y su utilidad pública (real).

Estados Unidos

Pablo Pardo, desde Washington

Desde que en 1966 se aprobó la Ley de Libertad de Información, cualquiera—persona física o jurídica, estadounidense o extranjera— tiene derecho a acceder cualquier documento del Ejecutivo federal de Estados Unidos (sólo de la Administración federal). La Ley establece que, una vez que se solicita un documento a un organismo público, éste tiene 10 días hábiles para responder, que se extienden a 20 en caso de fuerza mayor, como tener que consultar a otra Agencia. Sin embargo, frecuentemente tardan meses. La razón, según el Gobierno, es falta de tiempo y de recursos para examinar sus archivos. En ese caso, las autoridades envían una carta al demandante explicándole que han recibido su petición y que la están procesando.

Una de las características de EEUU es que allí se paga por todo. Y la Ley de Libertad de Información no es una excepción. Hay tasas administrativas, de búsqueda y de copia. Dependiendo del peticionario —puede ser una empresa, una ONG, un ciudadano privado, una universidad, un medio de comunicación...— éstas varían. En algunos casos muy concretos, sólo solicitar la información puede salir por más de 200 euros.

La gran cuestión con esta Ley es, evidentemente, qué es secreto y qué no lo es. De hecho, desde la presidencia de Ronald Reagan, el Gobierno de EEUU puede incluso negar que existan documentos que afecten a la seguridad nacional. Otras excepciones afectan a investigaciones criminales en curso, e incluso a yacimientos minerales. Frecuentemente, los tribunales acaban decidiendo qué debe ser desvelado y qué no.

Reino Unido

Carlos Fresneda, desde Londres

El Reino Unido pasa por ser unos de los países "ejemplares" a la hora de aplicar las leyes de transparencia, que en el 2005, provocaron un sonado escándalo, cuando The Guardian reveló las dietas que cobraban los diputados y los artículos personales que adquirían con dinero público.

La ley determina que la Administración tiene un plazo de 20 días como máximo para facilitar la información que solicita el ciudadano. En los últimos cuatro años, los británicos realizaron más de 4.000 solicitudes para conocer cualquier dato de las instituciones públicas, aunque el número se ha disparado tras la creación de una web especifica donde puede rastrearse las peticiones. En el Reino Unido existe una comisión de información y un tribunal especializado estos casos.

El ejemplo más notorio y reciente de transparencia administrativa ha llegado precisamente con el último y polémico presupuesto. El ministro de Finanzas George Osborne ha anunciado una campaña de información que llegará a los domicilios de los británicos y que explicará minuciosamente la tarta de gastos e ingresos previstos para el 2012.

Alemania

Rosalía Sánchez, desde Berlín.

La Ley de Libertad de Información, que entró en vigor en Alemania el 1 de enero de 2006, regula el acceso de los ciudadanos a la información referente a cualquier instancia pública y a los proyectos de gestión de la Administración alemana. Establece los procedimientos para acceder a la información sobre cualquier contrato público o subvención, así como a los datos referentes a sueldos públicos.

A raíz de la reciente celebración de un Foro Ciudadano, Merkel ha adoptado con fecha 12 de febrero la propuesta de una reforma legal que permita publicar de forma rutinaria toda esa información en internet, de forma que con una simple consulta a las web de la Administración se acceda a esta información, especialmente los destinos de todas las partidas de presupuestos públicos, excepto fondos reservados, junto a información referente a cualquiera persona, asociación u organización que sea receptora de fondos públicos, excepto datos privados de receptores de subsidios.

Bélgica y la Unión Europea

Javier Gallego, desde Bruselas

Una de las señas de identidad de Bélgica es la excesiva burocracia para determinados trámites de la vida diaria. Y algo parecido ocurre con el acceso de los ciudadanos a datos públicos y ficheros, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por centralizar toda esa información en una gran base de datos.

En realidad lo que sucede en Bélgica no es un problema de transparencia, sino de difícil acceso a la información. Desde la Agencia Federal de Información y Comunicación (FedICT) explican que uno de los grandes proyectos que actualmente está en desarrollo es la "iniciativa de información abierta", con la que se pretende centralizar en una única página web toda la información que un ciudadano belga puede necesitar, desde los impresos para determinada gestión administrativa hasta la última estadística sobre inmigración.

Estos esfuerzos vienen en parte motivados por el apremio que la Comisión Europea está lanzando a los estados miembros para que abran sus datos a los ciudadanos en Internet. En diciembre, el departamento que dirige la comisaria de Agenda Digital, Neelie Kroes, lanzó una propuesta legislativa para que los Gobiernos coloquen en páginas webs todos los datos públicos que puede interesar a un ciudadano, salvo aquellos que estén protegidos por derechos de copyright o los que pongan en peligro la seguridad nacional.

Según el Ejecutivo Comunitario esta medida -que debe ser debatida por los estados miembros- no sólo supondría un gran paso hacia la mayor transparencia pública, sino que podría generar unos beneficios de hasta 140.000 millones de euros al año en toda la UE al facilitar la creación de negocios, empleo, etcétera. Además, la Comisión pondrá en marcha un nuevo proceso legislativo que tienen mucho que ver con la Ley de Transparencia, ya que permitirá a los ciudadanos hacer propuestas de legislación para que la Comisión Europea las presente a los estados miembros.

Italia

Soraya Melguizo, desde Milán

La Ley de Transparencia fue aprobada en Italia en 1990 con el objetivo de mejorar la colaboración entre los ciudadanos y la administración pública. Desde entonces ha sufrido varias modificaciones. La última en 2009 de la mano de Renato Brunetta, polémico ministro de la Administración Pública durante el último Gobierno de Berlusconi. La llamada 'Ley Brunetta' contiene, por una parte, una serie de medidas dirigidas a mejorar el acceso del ciudadano a la información sobre la actividad pública, y por otra, iniciativas de 'Buen Gobierno' encaminadas a mejorar la transparencia dentro de las administraciones públicas.

En este sentido la Ley de Transparencia italiana introdujo medidas encaminadas a optimizar la productividad del trabajo en la administración pública premiando las administraciones que optimicen mejor los recursos y pongan en marcha proyectos innovadores, o recompensando a los mejores funcionarios con cursos de formación y promocionándolos en función de sus méritos y no de otras variables como la antigüedad en el puesto de trabajo. Además, y esto era el punto más polémico de toda la reforma, las administraciones deben publicar en Internet los currículum y sueldos de los dirigentes así como las ausencias del personal.

El ciudadano, por su parte, puede consultar en Internet todos los datos relativos a la organización de las administraciones y obtener una copia, y entre otras novedades, introduce el derecho a la llamada auto-certificación de algunos documentos oficiales como por ejemplo los títulos de estudio para agilizar los tiempos burocráticos.

Existe además un organismo, la Comisión Independiente por la Valorización, Transparencia e Integridad de las Administraciones Públicas (CIVIT) que actúa como garante elaborando periódicamente directivas para mejorar el funcionamiento y la aplicación de la Ley.

Portugal

Virginia López, desde Lisboa

En Portugal, existe una Ley de Acceso a los Documentos Administrativos que permite a los ciudadanos conocer la información pública una vez solicitada, pero no obliga a los órganos del Gobierno ni entidades públicas a informar a los ciudadanos sobre sus actividades. En diciembre pasado, el Partido Socialistas (PS), actualmente en la oposición, presentó en el Parlamento luso el proyecto de Ley de la Transparencia Activa de la Información Pública, que fue aprobado. No obstante, los dos partidos que constituyen actualmente el gobierno de coalición de derechas, Partido Socialdemócrata y Partido Democristiano, votaron en contra y el proyecto acabó siento rechazado.

La ley 46/2007 de 24 de agosto garantiza a los ciudadanos el acceso a los documentos administrativos de los órganos de Estado y de las Regiones Autonómicas que integran la Administración Pública y todos los demás órganos que desarrollen funciones administrativas, municipios incluidos.

Aún así, el proyecto de ley socialista exigía "la introducción de un nuevo modelo de gestión de la información pública que refuerce el control por parte de los ciudadanos". Los diputados socialistas querían introducir en la actual legislación portuguesa la "obligatoriedad" para "todos los órganos y entidades englobados en la Ley de Acceso a los Documentos Administrativos de informar a través de internet de forma completa, organizada y con un lenguaje de fácil comprensión sobre toda la información y documentación que deba ser considerada pública y por tanto objeto de divulgación", ya que consideran que la ley vigente, aunque garantiza el acceso a los datos, es de difícil ejecución en la práctica.

Israel

Sal Emergui, desde Jerusalén

La remodelada 'Ley de Libertad de información', aprobada en 1998 por el Parlamento israelí (Knésset), tiene como objetivo garantizar el derecho de los ciudadanos a solicitar información de carácter público en manos de las autoridades. Éstas deben dar una respuesta en un plazo de 30 días a cualquier ciudadano o residente de Israel que lo desee.

Pero la práctica queda lejos de la realidad. "Cuando los organismos públicos se niegan, alegan argumentos como daño a la intimidad o las sensibles relaciones con otro país y por supuesto el habitual motivo de la seguridad", nos explica la abogada Alona Vinograd, directora del Movimiento de Libertad de Información, una potente ONG que lucha para que la ley se cumpla. Si la autoridad competente (oficina del primer ministro, ayuntamientos, Parlamento, ministerios, etc..) rechaza dar la información pedida, el solicitante puede recurrir a un tribunal.

"Es aquí donde nosotros entramos. De los 41 recursos que presentamos, la Justicia nos dio la razón en 38 obligando al ente a dar la información", añade Vinograd lamentando que "aún falta mucha para una verdadera transparencia". En todos los organismos públicos acogidos a la ley, hay una figura dedicada exclusivamente al contacto con el ciudadano. "Mucha veces se olvidan de que la información que dispone la autoridad pertenece al público y que el ciudadano tiene el derecho a recibirla", concluye antes de apuntar algo conocido en Israel: asuntos "delicados" como el Mosad o el potencial nuclear suelen estar fuera de su alcance.

Egipto

Francisco Carrión, desde El Cairo

Como en los países vecinos, la corrupción es una lacra instalada en el corazón del Estado egipcio. Durante décadas las influencias (wasta, en árabe) han sido el salvoconducto perfecto para lograr un trabajo y la luz pública jamás ha alcanzado a uno de los secretos mejor guardados de la república: El presupuesto del Ejército, dueño de un imperio económico que podría controlar hasta el 30% del mercado local.

Un año después de la revolución, la opacidad permanece instalada en las altas esferas. Según la organización Transparencia Internacional, Egipto ocupa el puesto 112 de los 182 países incluidos en su clasificación de 2011. Al calor de una transición administrada por una Junta Militar aficionada al oscurantismo, un grupo de activistas de derechos humanos y expertos han elaborado un proyecto de ley que trata de combatir la corrupción creando mecanismos de control como el defensor del pueblo y garantizado el acceso público a la información de la administración.

El borrador, que se presentará próximamente en el nuevo parlamento para su discusión, coincide con la configuración de la comisión que debe redactar la nueva Constitución y que ha sido criticada por la hegemonía de los islamistas. El texto propuesto por la sociedad civil para legislar el acceso a la información establece un órgano que, designado por el Parlamento, se encargue de reclamar la publicación de documentos estatales -incluidos los presupuestos de Defensa o Inteligencia- y estudiar las peticiones rechazadas por la administración. De momento, la consulta de información por parte de los ciudadanos es una utopía para un aparato estatal con fama de kafkiano y heredero de una dictadura en plena y compleja mudanza democrática.

Fuente: El Mundo.

La Unión Europea acerca la política comunitaria a la calle

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  • Los ciudadanos podrán promover leyes europeas

Javier G. Gallego (Corresponsal) | Bruselas

La Unión Europea cuenta a partir de este domingo con un nuevo instrumento legislativo que acercará la política comunitaria a la calle. Se trata de la Iniciativa Ciudadana, una nueva herramienta de "democracia participativa" que entra en vigor ahora pero que consagró el Tratado de Lisboa, la carta de funcionamiento de la UE, en diciembre de 2009.

Ahora, cualquier ciudadano europeo podrá promover una legislación sobre un ámbito de competencia de la Comisión Europea, la institución encargada de proponer leyes a los estados miembros y el Parlamento Europeo.

España será, de hecho, el primer país en liderar la iniciativa ciudadana después de que el jueves el eurodiputado popular, Jaime Mayor Oreja, promoviese una campaña en favor de los derechos de los no nacidos y en contra del aborto.

Esta cumbre, en la que el político español se rodeó de otros 24 eurodiputados y asociaciones provida de 22 países, desembocará en una iniciativa ciudadana que pedirá a la Comisión Europea que promueva buenas prácticas en favor de la vida de los no nacidos.

Comité de ciudadanos

La iniciativa popular comienza con la creación de un comité de ciudadanos integrado por siete o más europeos con edad para votar en el Parlamento Europeo (18 años salvo en Austria, donde la edad mínima es 16).

Este comité deberá estudiar si la iniciativa que va a promover entra dentro del ámbito competencial de la Comisión Europea, ya que hay determinadas políticas que son exclusivas de los estados miembros y que, por tanto, serían desestimadas a la primera.

Por ejemplo, en el caso de la lucha contra el aborto la Comisión no podría hacer una propuesta para que los socios comunitarios prohíban esta práctica o la regulen conforme a determinados supuestos, ya que se trata de una competencia exclusiva de los gobiernos nacionales y sus correspondientes parlamentos.

Una vez que el comité elabora la propuesta legislativa tendrá un plazo de 12 meses para recoger firmas y apoyos de ciudadanos. Al menos debe estar respaldada por un millón de europeos procedentes de, cómo mínimo, siete estados. Y para asegurarse que el apoyo es más o menos equitativo y proporcional al peso de cada Estado, cada país tendrá una cuota mínima de votos obligatorios. En España deben firmar al menos 40.500 personas.

El siguiente paso ya le corresponde al Ejecutivo comunitario, que tendrá tres meses para decidir si la propuesta tiene base legal y se ajusta a sus competencias legislativas.

En ese caso, y siempre que lo estime oportuno, podrá elevar la recomendación al Parlamento Europeo y el Consejo de la UE para promover dicha norma. La Comisión también puede desestimar la propuesta sin que exista posibilidad de recurso para los ciudadanos.

Fuente. El Mundo.

Aumenta confianza de los consumidores en eurozona y UE

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Tras la crisis de la deuda griega a principios de año, el índice del sentimiento económico de la eurozona se recuperó estas últimas semanas, gracias a la buena marcha del motor del continente, Alemania, y se situó en 101.8 puntos en agosto.


Bruselas.- La economía europea se encuentra en la senda de la recuperación, de acuerdo con un estudio sobre la confianza de los consumidores en la eurozona y en toda la Unión Europea hechos público por la Comisión Europea.

Tras la crisis de la deuda griega a principios de año, que hizo caer la confianza en el euro y alimentó temores sobre la solvencia de España, Portugal e Irlanda, el índice del sentimiento económico (ISE) de la eurozona se recuperó estas últimas semanas, gracias a la buena marcha del motor del continente, Alemania, y se situó en 101.8 puntos en agosto.

Se trata del nivel más alto desde 2008 y suma siete puntos más que en julio, cuando fue de 101.1 puntos.

Para todos los 27 miembros de la Unión Europea, el índice aumentó de 102.1 en julio a 102.7 en agosto.

Alemania fue el país con el mayor índice en agosto, con 111.2 puntos, frente a los 67.9 puntos de Grecia. En España el ISE aumentó 0.9 puntos.

Otro estudio dado a conocer este lunes fue menos positivo. El índice del clima de negocios de la Comisión cayó a 0.61 puntos en agosto, frente a 0.63 en julio.

La Comisión señaló que el índice se mantiene en general sin grandes cambios, tras una subida el mes anterior y que su nivel muestra que "la actividad económica en la industria seguirá recuperándose", pero que aún hay mucho por recorrer para llegar a los niveles anteriores a la crisis.

Algunos analistas advierten sin embargo de que la economía europea puede caer en la segunda mitad del año ante la ralentización de la recuperación mundial.