Bruselas quiere sanciones penales contra el fraude con fondos comunitarios

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El comisario europeo de Lucha contra el Fraude, Algirdas Semeta. | E.M.

Efe | Bruselas

La Comisión Europea ha propuesto extender las sanciones penales que ya aplican algunos países de la UE para combatir el fraude relacionado con los fondos procedentes del presupuesto comunitario y evitar que estas acciones queden impunes, como ocurre en algunos Estados miembros.

"El fraude no se va a tolerar, independientemente de donde se produzca", recalcó en rueda de prensa el comisario europeo de Lucha contra el Fraude, Algirdas Semeta, tras recordar que las sanciones por estos hechos varían entre países de la UE desde simples multas a penas de hasta 12 años de cárcel.

Bruselas recuerda que el 90% del presupuesto comunitario se gestiona a escala nacional y que son muchos los casos en los que se han detectado solicitantes de fondos europeos que aportaban información falsa, por ejemplo en el sector agrícola, o aquellos en los que funcionarios nacionales aceptaron sobornos a cambio de facilitar la adjudicación de contratos públicos.

Para combatir esta realidad, el Ejecutivo de la UE sugiere en primer lugar una tipificación común del fraude en los Veintisiete para evitar las distintas interpretaciones legales.

En concreto, la nueva normativa ofrece una definición común para acciones como el fraude, la corrupción, la apropiación indebida de fondos, el blanqueo de capitales y la obstrucción a la justicia.

La Comisión propone, además, establecer un régimen de sanciones mínimas, a partir de seis meses de cárcel para los fraudes más graves, así como periodos mínimos de investigación de los casos.

Defiende, asimismo, armonizar las sanciones que aplican los Estados miembros a los casos de fraude para evitar que los infractores aprovechen la legislación de determinados países comunitarios.

La comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, destacó en rueda de prensa que, especialmente en tiempo de crisis, se necesita "tolerancia cero" frente al fraude.

"Es crucial establecer medidas penales al más alto nivel para proteger a nuestros contribuyentes", añadió.

Fuente: El Mundo.

Preocupación en la Eurocámara por el fraude en el gasto de fondos

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La Comisión de Presupuesto del Parlamento Europeo ha aprobado este martes un informe que pide mayor control contra el fraude de los fondos comunitarios, según ha informado este organismo en un comunicado.

Los eurodiputados se quejan que no existen datos "creíbles" sobre los casos de fraude dados por los países a la Comisión Europea en el uso de los fondos europeos.

El informe pide mayor regulación de la supervisión del uso de los fondos en los Veintisiete concedidos por Bruselas pues "es sospechoso el bajo número de casos de fraude que se han comunicado a la CE", dice el texto.

Los eurodiputados desconfían de los datos que se reportan a Bruselas pues en 2010 los países que más fondos gastaron -Francia, Alemania, España y Reino Unido- presentaron un bajo número de casos sospechosos de fraude.

"La CE debe pasar a la acción para asegurarse que los datos que y estadísticas que se le comunican, particularmente en lo que se refiere a evasión fiscal y de aduana, son fiables", señala el informe.

La comisión parlamentaria ha defendido la idea que sin unos datos precisos sobre el fraude, es difícil atajar e identificar los problemas.

Según los últimos datos recibidos, de 2010, el 70% de los casos de irregularidades tenían que ver con los fondos de cohesión.

Fuente: El Mundo.

Kessler: 'No podemos permitirnos el fraude con el dinero de los europeos'

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Giovanni Kessler, tras la entrevista con ELMUNDO.es | Sergio González

Amanda Figueras | Madrid

Actualizado sábado 18/06/2011 14:57 horas

Giovanni Kessler lleva apenas cuatro meses como director general de la oficina anti fraude de la Comision Europea (OLAF), que se encarga de luchar contra la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Comunidad Europea.

El italiano ha visitado Madrid para reunirse con el fiscal general del Estado, los directores de la Policía y Guardia Civil, el secretario de Estado de Seguridad y todas las autoridades con competencias en su área. "Es una visita rutinaria, sobre todo de presentación", dicen fuentes europeas para evitar que se pueda concluir que tiene que ver directamente con los recientes casos de fraude en los que hay dinero europeo por medio, como parece ser el caso del de los ERE en Andalucía.

Pregunta.- Después de sus reuniones con las autoridades españolas, ¿está más preocupado que antes?

Respuesta.- No. Desde OLAF consideramos que la cooperación con España es buena, no obstante, buscamos la manera de mejorarla para ser un modelo ante el resto de países de la Unión Europea. Trabajamos bien con la Fiscalía española, somos muy conocidos aquí, pero hay algunos otros países en los que nos cuesta más encontrar los interlocutores de referencia, hay demasiadas autoridades. Nos facilita mucho el trabajo el que en España exista la figura del fiscal general, lo que no sucede en Italia, por ejemplo. Además, aquí hay un director general tanto para la Policía y como la Guardia Civil, y desde nuestro punto de vista esto es muy útil.

P.- ¿De qué manera se lleva a cabo dicha cooperación?

R.- En primer lugar, desde España o los otros países tienen que colaborar para desarrollar las investigaciones que se ponen en marcha desde Bruselas; y por nuestra parte, aportamos nuestra ayuda en los casos en los que es necesaria para que el proceso tenga éxito.

P.- ¿Qué información maneja OLAF sobre los recientes casos de fraude en Andalucía?

R.- Es un tema complejo porque hay muchos casos diferentes juntos. Estamos al tanto, pero la investigación está siendo dirigida por las autoridades nacionales, y confiamos en ella. Hemos aportado asistencia e información porque, como es lógico, necesitan datos desde la fuente, desde Bruselas. Nosotros nos encargamos de controlar, después de las investigaciones y si se da el caso, que el dinero que se haya defraudado se devuelva a los pagadores. Esto no siempre es fácil porque en ocasiones desaparece, simplemente.

P.- ¿Puede ser efectiva una agencia que tiene sólo 400 trabajadores para controlar a más de 500 millones de ciudadanos y sus instituciones?

R.- Nosotros intervenimos sólo en los casos en los que hay un valor añadido en nuestra participación. Para empezar, nunca trabajamos solos, somos una especie de iniciadores, pero después de eso trabajamos junto a las autoridades nacionales. Además, elegimos los casos, nos involucramos en aquellos en los que no hay autoridades locales que se encarguen de investigar, como por ejemplo en los casos de dinero europeo gastado en África; o en los que hay muchos países relacionados o en los que sin nosotros no seríamos capaces de tener una visión real del problema.

P.- ¿Cree que tienen los medios suficientes?

R.- Necesitamos más, pero no es un buen momento. Espero que en las próximas perspectivas financieras, a medio plazo, se nos permita dar un paso adelante. La figura de la Fiscalía General Europea está en el Tratado de Lisboa, para proteger los intereses financieros de la UE, como hacemos nosotros, aunque con más poderes. Tendría derecho total de investigación, algo que ahora OLAF delega en las autoridades nacionales; y la capacidad de procesar directamente, ahora lo hacemos a través de las autoridades nacionales. Pero no todos los países apoyan esta evolución natural de la Agencia, los hay más y menos convencidos.

P.- ¿Sabe cuánto dinero pierde la UE debido al fraude?

R.- Lo que puedo decir es cuánto dinero defraudado hemos descubierto y pedido que se devuelva a las arcas europeas. En general, lo que se sospecha es alrededor del 0,2% del presupuesto general de la Unión Europa. Esto es lo que hemos descubierto,seguro que hay más, pero no es algo que esté descontrolado. Siempre decimos que queremos proteger los intereses financieros de la UE, pero en realidad se trata de defender el dinero de los ciudadanos europeos, que tienen el derecho de que sea gastado con integridad, no podemos permitirnos lo contrario.

Fuente: El Mundo.