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La Unión Europea prolonga sus sanciones a Rusia por otros seis meses

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De izquierda a derecha, el primer ministro belga, Charles Michel, François Hollande y Alexis Tsipras en la cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la UE en Bruselas. EFE

AFP. Bruselas 15/12/2016 18:18

Los 28 mandatarios de la Unión Europea han dado este jueves su visto bueno a la prolongación hasta mediados de 2017 de las sanciones impuestas a Rusia en julio de 2014 tras el derribo de un avión comercial en el este prorruso de Ucrania, según han indicado a AFP fuentes diplomáticas.

Una fuente ha confirmado a AFP que las sanciones europeas que expiraban a finales de enero, se prorrogarán durante "seis meses", hasta el próximo 31 de julio de 2017.

"La decisión formal se adoptará en los próximos días", ha precisado una de las fuentes diplomáticas europeas. Desde su adopción, la UE ha venido prolongando estas sanciones contra los sectores energéticos, de defensa y contra bancos de Rusia, que respondió con medidas contra el sector agrícola europeo.

Desde su adopción, la UE ha venido prolongando estas sanciones contra los sectores energéticos, de defensa y contra bancos de Rusia, que respondió con medidas de retorsión contra el sector agrícola europeo.

Las sanciones económicas son uno de los aspectos de las medidas punitivas decididas por la UE desde hace dos años y medio contra Moscú para sancionar su papel en el conflicto en Ucrania, país al que arrebató en marzo de 2014 la península de Crimea.

El presidente francés, François Hollande, y la canciller alemana, Angela Merkel, ya se mostraron el martes partidarios de prolongar las sanciones económicas, pese a las reticencias de países como Italia, al considerar que Moscú no respetaba sus compromisos para una tregua en Ucrania.


FUENTE: El Mundo.

Draghi pide más poder para sancionar

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El presidente del BCE, Mario Draghi, el pasado febrero en Bruselas.

  • El BCE quiere que la UE refuerce sus competencias para multar en su nueva etapa como supervisor del sector
  • El organismo decidirá la idoneidad de los directivos

Plagada de matices y rebajada respecto a las aspiraciones iniciales, la unión bancaria europea empieza a tomar forma y a confirmar el poder del Banco Central Europeo (BCE) sobre las entidades financieras y frente a las autoridades nacionales. El reglamento del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), que el organismo con sede en Fráncfort acaba de aprobar y hacer público para entrar en vigor el próximo noviembre, refleja este nuevo papel. La normativa establece que será el BCE el que evalúe la “idoneidad” de los directivos de entidades supervisadas, a los que someterá a revisiones periódicas. Además, los hombres de negro del órgano europeo podrán llevar a cabo inspecciones “sorpresa” in situ,sin que obviamente los bancos afectados por este examen tengan aviso, entre otras medidas. Pero el presidente, Mario Draghi, ha pedido también a Bruselas más poder para sancionar.

Draghi reclama al Consejo Europeo la modificación del reglamento sobre las competencias del BCE para imponer sanciones. Las recomendaciones para este cambio, publicadas el viernes, persiguen dar una mejor cobertura jurídica a sus sanciones, pero además elevan enormemente los límites para imponer multas diarias coercitivas a los bancos “para obligarlos a cumplir los reglamentos o decisiones del BCE en materia de supervisión o para poner fin a las infracciones continuadas”. Hasta ahora el límite era de 10.000 euros al día y el BCE quiere que se eleve al 5% del volumen de negocio diario

Además, advierte de que los límites de las multas a imponer por el BCE por incumplir una decisión o reglamento del propio supervisor deben ser los mismos a los de las multas que puede imponer por violar el derecho comunitario. Y pide, por tanto, que se igualen al alza, desde 500.000 euros hasta el 10% del volumen de negocios anual o el doble del beneficio obtenido con la infracción.

El BCE también quiere más plazo para decidir castigos. “Puesto que las investigaciones de supuestas infracciones en materia supervisora son más complejas, la facultad de imponer y ejecutar sanciones administrativas en esa materia debe someterse a plazos más largos que los establecidos respecto de (...) funciones distintas de la supervisión”, apunta.

Por otra parte, con la entrada en vigor del MUS, el BCE también podrá vetar las operaciones de compra. La autoridad nacional evaluará que dicha “participación cualificada en una entidad de crédito” cumple con las condiciones de la legislación del país y presentará al BCE “el proyecto de decisión para que se oponga o no se oponga a la adquisición al menos 15 días hábiles antes de que expire el plazo de evaluación”.

En cuanto a los responsables de los bancos, la normativa deja en manos del BCE su visto bueno. "Para evaluar la idoneidad de los directivos de entidades supervisadas significativas, el BCE gozará de las competencias de supervisión atribuidas a las autoridades competentes con arreglo a la legislación nacional y de la Unión aplicable", señala el reglamento.Además, habrá una "revisión continua".

Aunque las entidades consideradas “significativas” —por volumen de activos, importancia para la economía del país miembros o sus operaciones transfronterizas— quedarán bajo supervisión más estrecha del BCE, los países también tendrán la obligación de informar al banco que preside Mario Draghi “cuando la situación de una entidad supervisada menos significativa se deteriore de forma rápida y significativa, especialmente si dicho deterioro pudiera traducirse en una solicitud de asistencia financiera directa o indirecta” del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

El BCE también organizará una unidad de investigación independiente con miembros designados por este que no podrán participar ni haber participado en los dos años anteriores a esta actividad en la supervisión de la entidad que se ha empezado a investigar. Este equipo podrá convocar a los responsables del banco en estudio a una audiencia oral de carácter privado.

También habrá equipos de inspección del BCE in situ, como los hay actualmente por parte de las autoridades nacionales. Habitualmente el órgano con sede en Fráncfort informará de estas inspecciones a las autoridades al menos una semana antes de que se produzca la visita a la entidad financiera. Sin embargo, “cuando así lo requieran la correcta ejecución y la eficacia de la inspección”, se producirán esas visitas por sorpresa, “sin notificación previa a la entidad supervisada”. Y en estos casos, el BCE se cura en salud para evitar fugas de información y deja claro que la autoridad nacional “será informada tan pronto como sea posible antes de que comience la inspección”.

Fuente: El País.

Bruselas fija sanciones penales por la manipulación de los mercados

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 Una persona pasa por delante de un panel con evoluciones bursátiles. / isssei kato  (Reuters)
  • La UE sube las multas y pena de prisión para la información privilegiada

Ignacio Fariza Bruselas 15 ABR 2014 - 00:00 CET


La adulteración de los mercados financieros podrá acabar con sus responsables en la cárcel. El Consejo Europeo dio este lunes su visto bueno a un reglamento que fortalecerá los mecanismos de acción comunitaria contra la manipulación de los mercados, elevará las multas e impondrá penas de prisión a los culpables de abuso de mercado o de uso de información privilegiada. 
 
La normativa, que entrará en vigor en junio, también unifica las definiciones de delito por abuso de mercado en todos los Estados miembros y aboga porque las autoridades judiciales y policiales de los Veintiocho estén suficientemente preparadas para hacer frente a un tipo de infracción que las plataformas de negociación electrónica ha hecho más complejo en los últimos años.

En concreto, los países de la Unión Europea (UE) tendrán un marco común de sanciones penales que incluye penas de al menos cuatro años de cárcel para los responsables de manipular un mercado o un índice de referencia (como el Libor o el Euribor) o de acometer operaciones bursátiles con información privilegiada y de hasta dos años de prisión por su divulgación indebida.

En el plano de las sanciones económicas, Bruselas contempla multas de hasta el triple del beneficio obtenido con el fraude o de al menos el 15% de la facturación de las empresas acusadas de haber manipulado el normal funcionamiento del mercado. El reglamento, no obstante, deja la puerta abierta a que los Estados miembros —a los que insta a reforzar sus mecanismos de cooperación en materia reguladora— establezcan sanciones aún más estrictas y legislen adicionalmente sobre aquellos delitos cometidos en su territorio o por uno de sus nacionales.
 
Pese a la aparente contundencia del endurecimiento de las penas y de las multas por daños sobre la integridad de los mercados financieros aprobado ayer, el Ejecutivo Comunitario renunció en septiembre a una regulación estricta que reforzara el control de los dos principales índices de referencia para préstamos interbancarios —el británico Libor y el europeo Euribor— ante un posible choque con Downing Street.

Según la propuesta que en aquel momento redactó la Comisión Europea, la vigilancia de estos dos índices de vital importancia para el sector financiero y para la economía real (entre otras cosas, fijan el precio de las hipotecas) corresponderá a los supervisores de los países en los que están basados —Reino Unido y Bélgica—, que deberán actuar colegiadamente con los reguladores del resto de Estados miembros sin que la UE tenga capacidad de supervisión directa del índice. En definitiva, un conflicto que ha costado decenas de miles de millones de euros a los hogares europeos se salda con importantes multas y mayor capacidad sancionadora pero también con una regulación que llega con retraso y siembra dudas sobre su margen de maniobra real.

Tanto la normativa certificada ayer como la propuesta del Ejecutivo comunitario de septiembre nacen, fundamentalmente, como respuesta al caso más flagrante de manipulación de índices de referencia en Europa: la adulteración del Libor y del Euribor por parte del banco suizo UBS y del británico Barclays. Los reguladores de EE UU, Reino Unido y Suiza impusieron a ambas entidades una multa de 1.250 y 300 millones de euros respectivamente al considerar probado que habían pactado la fluctuación de ambos índices en beneficio propio.

Fuente: El País.

La UE compensará a los países más afectados si aprueba más sanciones

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  • Los Veintiocho firman un acuerdo de asociación política con el Gobierno de Kiev.
  • Las medidas incluirían sanciones económicas, migratorias y comerciales.

Claudi Pérez Bruselas 21 MAR 2014 - 10:50 CET


“Cuando das un puñetazo puedes lesionarte la muñeca”. El primer ministro británico, David Cameron, fue anoche uno de los líderes más combativos contra Rusia por la anexión de Crimea. Pero sintetizó con esa frase, durante la cena de jefes de Estado y de Gobierno, las dudas de los europeos por las consecuencias de su reacción: ese dilema en el que está Europa, entre el deseo de dar un golpe de mano a Rusia y el temor por las secuelas de esa acción. La Unión se unió el jueves a Estados Unidos en la ampliación de la lista negra de sanciones. Pero los líderes no quisieron ir más allá: no pasaron de las amenazas y enfatizaron que van a explorar la vía diplomática antes de pasar a la siguiente fase de sanciones.

Una alta fuente europea ha definido esta mañana el approach continental como “paciencia estratégica”. “Nadie quiere enviar tropas”, ha explicado esa fuente, “pero la cumbre ha mostrado una unión y una determinación claras para tener listas cuanto antes duras sanciones si Rusia no detiene las provocaciones. Esas medidas incluirían todos los ámbitos: sanciones económicas, migratorias y comerciales”. Junto con eso, la Comisión trabaja ya en un plan de contingencia “para compensar a los países más afectados si se pasa a la fase tres de sanciones”, según la citada fuente.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE han firmado este viernes con el primer ministro de Ucrania, Arseni Yatseniuk, los capítulos políticos del acuerdo de asociación que se ofreció al anterior Gobierno de Kiev y cuyo rechazo en noviembre desencadenaron las protestas en la capital. "La firma de la parte política del acuerdo UE-Ucrania simboliza la importancia que damos a las relaciones y que seguiremos adelante", dijo Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo.

Los líderes acordaron el jueves no especificar las medidas para dejarse suficiente margen de maniobra si llega una escalada rusa en el Este de Ucrania. Los países bálticos, Reino Unido y Rumania fueron los más duros a lo largo de la cena de anoche contra el desafío de Putin, con la firme convicción de que el aislamiento diplomático hará mella en Rusia, y con el convencimiento de que “Rusia depende de las exportaciones a Europa mucho más de lo que nosotros dependemos de Rusia”, según la citada fuente europea. Alemania abogó anoche por una solución pragmática, equilibrada, con la canciller Angela Merkel mucho menos ambivalente que en otras cumbres, pero a la vez alertando de las secuelas que provocaría subir un peldaño hasta la tercera fase de sanciones. “¿Tenemos claras las consecuencias? ¿Estamos listos para el siguiente paso?”, planteó Merkel al Consejo Europeo.

Ante esas cuestiones, la Comisión trabaja ya en paralelo para desarrollar un paquete sancionador en caso de que Putin vaya más allá de Crimea, y con las mencionadas medidas compensatorias para los países más dependientes por sus lazos económicos con Rusia. “Si hay una futura desestabilización de Ucrania, debe haber serias consecuencias para los rusos.

Pero el impacto en los propios países europeos será también muy desigual: no es lo mismo en el caso de Eslovaquia, Bulgaria o los bálticos, muy dependientes, que en el Sur, donde Portugal apenas se vería afectada o España sufriría en sectores como el turismo o la inversión residencial”, según fuentes europeas. El caso más problemático es Chipre: un país en pleno rescate europeo y en medio de una recesión profunda, que depende de las llegadas de turistas rusos para sacar la cabeza de una crisis oceánica. “Alemania y Reino Unido sufrirían impactos, pero menores. Hay países en los que la dependencia energética o la caída de ingresos en caso de activar las sanciones puede generar mayores problemas: la Comisión baraja distintos escenarios al respecto”, según la misma fuente. El diseño de las sanciones es fundamental: si hay embargo de armas, el país más perjudicado es Francia; si hay sanciones financieras, Reino Unido, Luxemburgo, Chipre y Letonia sufrirán las consecuencias. En caso de que las sanciones se centren en el sector energético, Alemania e Italia, junto con los países más próximos a Rusia, temen por los efectos de esas medidas y por la reacción de Rusia.

Las conclusiones de la cumbre dejan claro que la amenaza está ahí, pero difícilmente se activará a corto plazo a no ser que Putin mueva los tanques. La vía diplomática sigue –la “paciencia estratégica”--siendo la estrategia preferida. El comunicado del Consejo ofrece pistas de por dónde van los tiros: “En ausencia de una escalada, el Consejo Europeo se compromete a ampliar la lista de personas a las que se les congelarán sus activos y se prohibirán los visados. El Consejo cancela la próxima Cumbre UE-Rusia, y los Estados miembros no celebrarán cumbres bilaterales con Rusia por el momento. Además, el Consejo Europeo y los Estados miembros apoyan la próxima reunión de los países del G-7 en La Haya. También apoyan la suspensión de las negociaciones sobre la adhesión de Rusia a la OCDE [el club de los países ricos] y la Asociación Internacional de la Energía [otro think tank de los grandes países consumidores de energía]”.

“Basta de provocaciones”, fue una de las frases más pronunciadas ayer en la cena de líderes. Los jefes de Estado y de Gobierno europeos consideran que si lo que Putin quería era convertirse en el gran provocador, lo ha conseguido. Pero si lo que quiere es volver al viejo orden de las dos superpotencias, si lo que tiene es nostalgia del papel de Rusia en el mundo, la UE pretende hacerle pagar un alto precio, aunque es consciente de que parte de ese dolor será autoinfligido.

Fuente: El País.

La UE impulsa un mecanismo de control democrático de los países

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  • Bruselas propone imponer sanciones a quienes violen el Estado de derecho.

Lucía Abellán Bruselas 24 FEB 2014 - 19:51 CET


Europa se ha dotado de numerosos instrumentos para controlar las grandes magnitudes económicas del continente, pero carece de mecanismos para medir la calidad de sus democracias. La Comisión Europea impulsará este martes un procedimiento para detectar comportamientos contrarios al Estado de derecho y sancionarlos si procede. Se trata de evitar derivas autoritarias de sus Estados miembros, especialmente las que dañen la independencia del poder judicial, como ha ocurrido recientemente en Hungría.

La crisis económica ha puesto de manifiesto que los valores democráticos no son inamovibles. Abusos de poder como los detectados en Hungría y Rumanía por líderes democráticamente elegidos o expulsiones de gitanos contrarias a derecho comunitario como las observadas en Francia demuestran que los pilares democráticos requieren de controles sistemáticos. Con los tratados actuales, la única opción para penalizar esos incumplimientos consiste en quitarle al país su derecho de voto en las instituciones comunitarias, la conocida como opción nuclear en la jerga europea por lo extrema que resulta.

El Ejecutivo comunitario debate este martes instaurar un término medio, un marco similar al que se activa cuando los Estados infringen determinadas normas comunitarias, según han avanzado a este diario fuentes comunitarias. Así, la Comisión estaría habilitada para enviar una especie de alerta temprana al Estado miembro cuyas prácticas no se ajustaran a la ley comunitaria. Bruselas emitiría recomendaciones y, en caso de incumplimiento, podría pasar a un marco de sanciones.

El colegio de comisarios decidirá este martes qué dimensión da a este mecanismo y cuáles son las opciones disponibles, que desplegará la vicepresidenta y responsable de Justicia, Viviane Reding. A partir de ahí, el proyecto tendría que ser acordado con el Parlamento y los Estados miembros para transformarse en legislación. La Eurocámara había pedido insistentemente a la Comisión Europea que tomara la iniciativa en este terreno.

Reding es consciente de que este paso adelante en el control democrático de Europa requiere dotar al Ejecutivo comunitario de una legitimidad que hoy no le reconocen los Estados miembros para controlarlos. En un momento en que muchas capitales recelan de ampliar competencias a la Comisión, la responsable de Justicia tendrá que emplearse a fondo para defender las ventajas de corregir de manera temprana comportamientos potencialmente autoritarios en los Estados miembros.

Más allá de la supervisión del Ejecutivo comunitario, los comisarios examinarán también la posibilidad de contar con un cuerpo independiente que evalúe el carácter democrático de cada Estado. Otra de las opciones consiste en someter a todos los Estados al llamado mecanismo de verificación y control que ahora solo afecta a Rumanía y Bulgaria, los últimos países en adherirse al club comunitario en 2007.

Como respaldo a esta propuesta, la Comisión Europea tendrá en cuenta los resultados de varias encuestas recientes sobre justicia en la UE. El 71% de los ciudadanos comunitarios otorga a las instituciones europeas legitimidad para evaluar el funcionamiento de la justicia en los Estados miembros. España está por encima de la media, con un 77% de las respuestas favorables. Muchos encuestados abogan por ir un paso más allá y designar un ministro de Justicia comunitario (el 58% de los encuestados lo respalda). Los españoles se muestran menos entusiastas en este caso, con un 52%.

Bruselas debe garantizar que ese salto adelante en sus competencias se haga de manera igualitaria para los Estados miembros y no consista simplemente en penalizar a los menos desarrollados mientras se obvian las prácticas dudosas de los de mayor tradición democrática.

Fuente: El País.

Bruselas quiere sanciones penales contra el fraude con fondos comunitarios

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El comisario europeo de Lucha contra el Fraude, Algirdas Semeta. | E.M.
El comisario europeo de Lucha contra el Fraude, Algirdas Semeta. | E.M.

Efe | Bruselas

La Comisión Europea ha propuesto extender las sanciones penales que ya aplican algunos países de la UE para combatir el fraude relacionado con los fondos procedentes del presupuesto comunitario y evitar que estas acciones queden impunes, como ocurre en algunos Estados miembros.

"El fraude no se va a tolerar, independientemente de donde se produzca", recalcó en rueda de prensa el comisario europeo de Lucha contra el Fraude, Algirdas Semeta, tras recordar que las sanciones por estos hechos varían entre países de la UE desde simples multas a penas de hasta 12 años de cárcel.

Bruselas recuerda que el 90% del presupuesto comunitario se gestiona a escala nacional y que son muchos los casos en los que se han detectado solicitantes de fondos europeos que aportaban información falsa, por ejemplo en el sector agrícola, o aquellos en los que funcionarios nacionales aceptaron sobornos a cambio de facilitar la adjudicación de contratos públicos.

Para combatir esta realidad, el Ejecutivo de la UE sugiere en primer lugar una tipificación común del fraude en los Veintisiete para evitar las distintas interpretaciones legales.

En concreto, la nueva normativa ofrece una definición común para acciones como el fraude, la corrupción, la apropiación indebida de fondos, el blanqueo de capitales y la obstrucción a la justicia.

La Comisión propone, además, establecer un régimen de sanciones mínimas, a partir de seis meses de cárcel para los fraudes más graves, así como periodos mínimos de investigación de los casos.

Defiende, asimismo, armonizar las sanciones que aplican los Estados miembros a los casos de fraude para evitar que los infractores aprovechen la legislación de determinados países comunitarios.

La comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, destacó en rueda de prensa que, especialmente en tiempo de crisis, se necesita "tolerancia cero" frente al fraude.

"Es crucial establecer medidas penales al más alto nivel para proteger a nuestros contribuyentes", añadió.

Fuente: El Mundo.