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- Los ingresos tributarios se desploman al 32,4% del PIB durante la crisis
- Solo Bulgaria registra un retroceso superior en la Unión Económica
Lucía Abellán Bruselas 14 ENE 2013 - 01:45 CET
Las arcas públicas españolas son las más débiles de la Europa desarrollada. Los años de crisis han deprimido los ingresos fiscales hasta representar un 32,4% sobre el conjunto de la economía en 2011. La evolución que han experimentado estos recursos desde 2007 es la peor de la zona euro y la segunda más adversa después de Bulgaria, según datos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, relativos a 2011. Las subidas de impuestos aplicadas en los tres últimos años elevarán, previsiblemente, el porcentaje del PIB que va a parar a la Hacienda pública.
España arrancó la crisis con una presión fiscal (el peso de los impuestos y las cotizaciones sociales sobre el PIB) que le pisaba los talones a la media de la zona euro pero los vaivenes de estos últimos años la han situado al nivel de Polonia y de otros países recientemente incorporados al proyecto europeo. Desde el récord del 38% sobre la actividad económica alcanzado en pleno apogeo económico, en 2007, la recaudación fiscal ha caído 5,6 puntos de PIB en 2011. Solo Bulgaria, con una arquitectura fiscal muy alejada de la Europa próspera, registra una evolución más adversa.
El descenso se produce a pesar de que ya en 2010 el Gobierno español, entonces dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero, adoptó medidas de gran calado para contener el déficit, en principio más centradas en la reducción del gasto que en la recuperación de los ingresos. Aun así, entre 2010 y 2011 subieron grandes figuras tributarias como el IRPF y el IVA y se recuperó el impuesto sobre el patrimonio. El impacto ha resultado muy limitado, pues la presión fiscal se animó momentáneamente en 2010 pero volvió a retroceder en 2011.
España arrancó la crisis con una presión fiscal (el peso de los impuestos y las cotizaciones sociales sobre el PIB) que le pisaba los talones a la media de la zona euro pero los vaivenes de estos últimos años la han situado al nivel de Polonia y de otros países recientemente incorporados al proyecto europeo. Desde el récord del 38% sobre la actividad económica alcanzado en pleno apogeo económico, en 2007, la recaudación fiscal ha caído 5,6 puntos de PIB en 2011. Solo Bulgaria, con una arquitectura fiscal muy alejada de la Europa próspera, registra una evolución más adversa.
El descenso se produce a pesar de que ya en 2010 el Gobierno español, entonces dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero, adoptó medidas de gran calado para contener el déficit, en principio más centradas en la reducción del gasto que en la recuperación de los ingresos. Aun así, entre 2010 y 2011 subieron grandes figuras tributarias como el IRPF y el IVA y se recuperó el impuesto sobre el patrimonio. El impacto ha resultado muy limitado, pues la presión fiscal se animó momentáneamente en 2010 pero volvió a retroceder en 2011.
Aunque Eurostat advierte en un informe publicado la semana pasada de que “los cambios en la legislación tienden a retrasar su impacto en los ingresos fiscales”, los datos incluidos en el documento revelan la debilidad del sistema tributario español y la profundidad de la recesión, que deprime los ingresos públicos aunque los tipos impositivos sean más altos.Frente al desplome español, la zona euro ha experimentado un descenso mucho más modesto en el periodo de crisis (del 41,2% al 40,8% del PIB) y aun más leve en el conjunto de la Unión Europea (del 40,6% al 40%). Entre las razones que explican esa mayor vulnerabilidad española figura la elevada porción de los ingresos asociados a la burbuja inmobiliaria, un deterioro del desempleo mayor que en otros países, que deprime el consumo y las cotizaciones sociales, y, en menor medida, el trasvase de actividades a la economía sumergida.
En la comparativa de presión fiscal, la agencia comunitaria destaca que, entre los Estados que se unieron a la Unión Europea antes de 2004, Irlanda, España y Grecia registran, por este orden, las cotas más bajas de presión fiscal. Son precisamente tres de los cinco países sometidos a algún tipo de rescate por parte de la Unión Europea (en el caso español solo para auxiliar al sector bancario). En el otro extremo, Dinamarca, Bélgica y Francia arrojan el mayor volumen de ingresos públicos en relación con el PIB. Más allá del deterioro de estos años, la baja presión fiscal española se explica por un impuesto de sociedades que permite pagar porcentajes reales muy limitados sobre el beneficio global de las empresas (un 11,6% en 2011, según datos de la Agencia Tributaria), por un IVA en el que la mitad de la recaudación se obtiene de los tipos reducidos y por el escaso desarrollo de la fiscalidad medioambiental, más extendida en el resto de la UE.
La sacudida económica y financiera que han sufrido los países comunitarios desde 2008 ha provocado que, por primera vez desde que se registran cifras, en 1995, los ingresos fiscales respecto al PIB hayan caído entre 2008 y 2009. Más de la mitad de los países ha logrado recuperarse en 2011, lo que ha elevado la media de ese año. La mejora obedece “en parte a las activas medidas de incremento de ingresos en algunos Estados miembro, como la subida del IVA y la aparición de nuevos impuestos como los bancarios, las tasas aéreas y los impuestos a la propiedad”, detalla Eurostat.
España se aparta de esa tendencia, con un nuevo descenso en de la presión fiscal en 2011. Es de esperar que con las nuevas subidas de impuestos aplicadas en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy—IRPF, IVA e IBI, entre otros— se produzca una recuperación.
Por tipos de impuestos, la tendencia mayoritaria a elevar figuras indirectas —se aplican a todos los contribuyentes por igual— como el IVA y a crear nuevas tasas ha dejado la fiscalidad directa —grava según la renta— en su nivel más bajo, hasta representar el 11,9% del PIB de la zona euro. España, en cambio, registra los menores niveles de impuestos indirectos (un 10,2% del PIB). Donde el sistema español supera mínimamente la media del euro es en la parte de las cotizaciones sociales que asume el empresario para pagar las pensiones (un 8,5% del PIB).
Fuente: El País.
