Europa se ha dotado de numerosos instrumentos para controlar las grandes magnitudes económicas del continente, pero carece de mecanismos para medir la calidad de sus democracias. La
Comisión Europea impulsará este martes un procedimiento para detectar comportamientos contrarios al Estado de derecho y sancionarlos si procede. Se trata de evitar derivas autoritarias de sus Estados miembros, especialmente las que dañen la independencia del poder judicial, como ha ocurrido recientemente en
Hungría. La crisis económica ha puesto de manifiesto que los valores democráticos no son inamovibles. Abusos de poder como los detectados en
Hungría y
Rumanía por líderes democráticamente elegidos o
expulsiones de gitanos contrarias a derecho comunitario como las observadas en
Francia demuestran que los pilares democráticos requieren de controles sistemáticos. Con los tratados actuales, la única opción para penalizar esos incumplimientos consiste en quitarle al país su derecho de voto en las instituciones comunitarias, la conocida como opción nuclear en la jerga europea por lo extrema que resulta.
El Ejecutivo comunitario debate este martes instaurar un término medio, un marco similar al que se activa cuando los Estados infringen determinadas normas comunitarias, según han avanzado a este diario fuentes comunitarias. Así, la Comisión estaría habilitada para enviar una especie de alerta temprana al Estado miembro cuyas prácticas no se ajustaran a la ley comunitaria.
Bruselas emitiría recomendaciones y, en caso de incumplimiento, podría pasar a un marco de sanciones.
El colegio de comisarios decidirá este martes qué dimensión da a este mecanismo y cuáles son las opciones disponibles, que desplegará la vicepresidenta y responsable de Justicia,
Viviane Reding. A partir de ahí, el proyecto tendría que ser acordado con el
Parlamento y los Estados miembros para transformarse en legislación. La Eurocámara había pedido insistentemente a la Comisión Europea que tomara la iniciativa en este terreno.
Reding es consciente de que este paso adelante en el control democrático de Europa requiere dotar al Ejecutivo comunitario de una legitimidad que hoy no le reconocen los Estados miembros para controlarlos. En un momento en que muchas capitales recelan de ampliar competencias a la Comisión, la responsable de Justicia tendrá que emplearse a fondo para defender las ventajas de corregir de manera temprana comportamientos potencialmente autoritarios en los Estados miembros.
Más allá de la supervisión del Ejecutivo comunitario, los comisarios examinarán también la posibilidad de contar con un cuerpo independiente que evalúe el carácter democrático de cada Estado. Otra de las opciones consiste en someter a todos los Estados al llamado mecanismo de verificación y control que ahora solo afecta a
Rumanía y Bulgaria, los últimos países en adherirse al club comunitario en 2007.
Como respaldo a esta propuesta, la Comisión Europea tendrá en cuenta los resultados de varias encuestas recientes sobre justicia en la UE. El 71% de los ciudadanos comunitarios otorga a las instituciones europeas legitimidad para evaluar el funcionamiento de la justicia en los Estados miembros.
España está por encima de la media, con un 77% de las respuestas favorables. Muchos encuestados abogan por ir un paso más allá y designar un ministro de Justicia comunitario (el 58% de los encuestados lo respalda). Los españoles se muestran menos entusiastas en este caso, con un 52%.
Bruselas debe garantizar que ese salto adelante en sus competencias se haga de manera igualitaria para los Estados miembros y no consista simplemente en penalizar a los menos desarrollados mientras se obvian las prácticas dudosas de los de mayor tradición democrática.
Fuente:
El País.
