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- Los ciudadanos votan acabar con la libre circulación por una ajustada mayoría del 50,3%
- La medida abre una crisis política con Bruselas
Lucía Abellán Bruselas 9 FEB 2014 - 23:16 CET
Suiza ha abierto una brecha en la estrecha relación que hasta ahora mantenía con la Unión Europea. Los ciudadanos de este país han aprobado este domingo en referéndum un ataque frontal a sus socios comunitarios. Por una estrecha mayoría del 50,3%, los suizos decidieron imponer cuotas de entrada a los vecinos europeos y acabar así con la libre circulación de personas que rige entre ambos territorios desde 2002. Bruselas se apresuró a lamentar la decisión y a avisar de que estudiará su impacto sobre la relación bilateral.
El texto refrendado en las urnas ofrece poco margen a la interpretación. Impulsada en solitario por la Unión Democrática de Centro, partido de extrema derecha, la iniciativa insta a reintroducir un sistema de cupos que permita además limitar el acceso a los beneficios sociales y el derecho a la reagrupación familiar de los europeos. Consciente de que esa exigencia vulnera los acuerdos que vinculan a Suiza con la UE, el texto obliga a renegociarlos en el plazo de tres años.
“El Consejo federal [el equivalente al Gobierno central en Suiza] trabajará para aplicar estas decisiones sin dilación”, garantizó la responsable de Justicia, Simonetta Sommaruga, que no obstante advirtió de las “consecuencias de largo alcance” que implica el resultado. El máximo órgano de gobierno de la confederación helvética se había opuesto a la iniciativa con un estudiado argumentario que ha quedado sepultado por las urnas.
El referéndum es un ejemplo claro de la irracionalidad que se ha apoderado del debate migratorio en todo el continente. La economía suiza experimentó un gran auge a raíz de la entrada en vigor de la libre circulación —entre otras cosas porque también llevaba asociado el acceso de los productos suizos al mercado único europeo—, el paro se ha mantenido en un modestísimo 3%, los salarios han crecido un 0,6% anual y el control de las condiciones laborales es mayor que nunca.
Pero el malestar de la población ante problemas solo lejanamente ligados a la inmigración (el 23% de los habitantes en Suiza) y el recelo al extranjero que resuena en Europa se han impuesto a las cifras. “Es una votación ligada a las emociones. Todos los estudios demuestran que la libre circulación ha beneficiado a Suiza y en cuanto a los salarios, precisamente se han reducido las desigualdades porque han subido más los sueldos medios y bajos”, razona Yves Flückiger, vicerrector de la Universidad de Ginebra y experto en la materia.
“Con el sistema de cuotas tendremos dificultades para encontrar la mano de obra que necesitamos en un país con mucha innovación y que necesita trabajadores muy cualificados”, admite Cristina Gaggini, directora de la patronal Économiesuisse para la parte francófona del país. Gaggini teme el periodo de incertidumbre que se abrirá y advierte de que la limitación de europeos “no es la solución para los problemas que manifiestan los suizos”.
Pocas veces coinciden en un mismo diagnóstico voces tan opuestas. Mischa Von Arb, portavoz del sindicato Unia, alerta de que la protección de los trabajadores empeorará con el fin de la libre movilidad. Porque esta vino aparejada de un sistema de control de las condiciones laborales que prevé fuertes multas cuando se viola la legislación. Von Arb subraya, además, el error de diagnóstico de la ciudadanía: “Antes, la inmigración en Suiza consistía más en ciudadanos de España, de Italia o la ex Yugoslavia que trabajaban en sectores menos cualificados, con salarios bajos. Pero ahora son en buena medida alemanes de clase media. Y los que trabajan en sectores menos cualificados hacen el trabajo que los suizos no quieren hacer”, alega.
Paradójicamente, ni siquiera los impulsores de la iniciativa discuten las cifras. Fabienne Despot, presidenta del partido UDC en el cantón de Vaud, uno de los 26 que componen el país, concede que las empresas necesitan mano de obra extranjera, pero animan a buscar “primero entre los suizos y luego, entre los extranjeros que ya hay” antes de reclutar a otros. Esa es otra de las novedades que impone la iniciativa aprobada en las urnas. “Hay una concentración demográfica muy fuerte en Suiza. Se podrían construir edificios más altos o hacer habitables terrenos agrícolas, pero mucha gente se opone. Además, la red de transportes está muy presionada y eso se debe al efecto migratorio”, abunda Despot. Unos argumentos que resultan demasiado débiles ante la magnitud del terremoto que puede provocar la decisión suiza.
Porque anular la libre circulación implica hacer lo mismo con los otros seis acuerdos que vinculan a ambos territorios desde 2002. Entre ellos, la desaparición de barreras comerciales, la integración de las políticas de transportes y el acceso que tiene Suiza (a cambio de una contribución al presupuesto comunitario) a los programas de investigación de la UE. Bruselas ya había dado indicaciones para que cualquier nueva decisión sobre la participación suiza en esos programas se condicionase al referéndum, aseguran fuentes comunitarias.
La razón por la que la suspensión de un acuerdo implica la caída del resto obedece a la llamada cláusula guillotina, que Bruselas introdujo ante el temor de que los suizos, que ya anteriormente habían convocado referendos antiinmigración, plantearan algo similar. Ese supuesto se ha dado y probablemente los perjuicios que pueda provocarle a Suiza la desaparición de todo ese marco normativo sobrepasen de lejos los beneficios de regular la entrada de europeos.
El voto de ayer genera, además, una desconfianza política en Bruselas cuyos efectos son difíciles de calibrar. Uno de los elementos que podrían verse afectados es la pertenencia de Suiza al espacio Schengen de libre circulación. Aunque legalmente es posible volver al sistema de cuotas de trabajadores y mantener las fronteras abiertas, en la práctica resulta complejo de gestionar.
Bruselas “examinará las implicaciones que tiene esta iniciativa en el conjunto de la relación entre la UE y Suiza”, anunció la Comisión Europea en un comunicado. El Ejecutivo comunitario deja entrever su malestar al avisar de que la decisión del Gobierno, dispuesto a aplicar la iniciativa votada, “será tenida en cuenta”.
Consciente del sentir de la población, el Gobierno suizo ya se había enfrentado a Bruselas al imponer cuotas para los permisos de trabajo de larga duración a los europeos (primero a los del Este, en 2012, y luego a todos en 2013). Pero esa posibilidad se agotaba ya en mayo de este año para volver de nuevo a la libre circulación (excepto para rumanos y búlgaros, limitados hasta 2019). A la luz de lo votado esta noche, esa movilidad sin trabas será transitoria.
Fuente: El País.
