La relación de la UE y Suiza se fractura

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Ciudadanos protestan por el resultado de las votaciones en Zurich. / Steffen Schmidt (AP)

• Bruselas pone en duda los acuerdos con Berna y amenaza con revisar su pertenencia a Schengen tras el referéndum que impone cuotas a la inmigración europea

Lucía Abellán Bruselas

La Unión Europea ha tomado como una afrenta la decisión del pueblo suizo de poner coto a la inmigración comunitaria. Diplomáticos y funcionarios europeos revisan a toda prisa las consecuencias de una decisión que quiebra el estrecho vínculo mantenido hasta ahora entre ambos territorios. Acabar con la libre circulación de personas implica también la pérdida de otros derechos, entre ellos la privilegiada relación comercial que existe con Suiza. "No podemos aceptar esas restricciones en los movimientos sin que tengan impacto en el resto de acuerdos que tenemos firmados", aseguró ayer la portavoz de la Comisión Europea. Uno de cada tres francos de riqueza suiza proviene de sus intercambios con la UE.

 

La confederación helvética es el Estado con el que la UE guarda una relación más estrecha, con 120 acuerdos bilaterales. Participa en las becas Erasmus, en los programas de investigación, en el espacio Schengen de libre circulación y en la información estadística de Eurostat. Todo eso puede ahora verse afectado por la crisis política que ha abierto el referéndum celebrado el domingo contra la llamada inmigración de masas. Un ajustadísimo 50,3% de la población aprobó introducir cuotas a la entrada de europeos y renegociar los acuerdos bilaterales entre ambos bloques.

 

Con ese escenario en mente, los Estados miembros evidenciaron ayer su malestar contra la iniciativa popular suiza. Uno de los más rotundos fue el ministro alemán de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier: "Si Suiza se aprovecha de los beneficios, también tiene que aceptar los aspectos negativos [de su relación con la UE]". La comunidad de trabajadores extranjeros más numerosa en Suiza está compuesta por alemanes, que se sienten concernidos por la decisión. También el ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius, lo consideró "un voto preocupante y paradójico porque implica el repliegue de un país que realiza el 60% de su comercio exterior con la Unión Europea". 

 

Los ministros de Exteriores, reunidos en Bruselas, realizaron ayer un primer análisis de este giro suizo a su política migratoria. Pese a las palabras de rechazo vertidas, en última instancia el referéndum del país vecino enfrenta a Europa con sus propias contradicciones. Porque la iniciativa sometida a referéndum es similar a las propuestas informales que ha lanzado Reino Unido para imponer cuotas a los propios ciudadanos comunitarios y se nutre de la creciente ola xenófoba y euroescéptica que recorre el continente. Prueba de ello fue la reacción de Marine Le Pen, líder del ultraderechista francés Frente Nacional, que saludó "la lucidez del pueblo suizo para luchar contra la inmigración masiva", y aventuró que si los franceses fueran consultados sobre la cuestión, "votarían masivamente a favor". Nigel Farage, del populista británico UKIP, lo consideró "una maravillosa noticia" y el holandés de extrema derecha Geert Wilders concluyó: "Eso que pueden hacer los suizos lo podemos hacer también nosotros".

 

La realidad, sin embargo, es mucho más compleja. Todos los estudios demuestran que la libre circulación ha beneficiado enormemente a Suiza, un Estado de ocho millones de habitantes —el 23% de ellos, extranjeros— cuya economía estaba ralentizada en los noventa y comenzó a crecer con fuerza con la desaparición de fronteras para los europeos en 2002. Las empresas del país necesitan mano de obra del exterior —en gran medida cualificada— para atender sus necesidades de innovación. Más de la mitad de los extranjeros en Suiza tienen un título universitario. Con este trasfondo, a Bruselas le cuesta creer que los ciudadanos de ese país hayan optado por renunciar a toda la relación bilateral. "No creo que en el debate que ha habido en Suiza se hayan expuesto bien todas las consecuencias que implica esa decisión", subraya un alto cargo europeo.

 

De momento, Bruselas va a esperar a ver cómo el Gobierno suizo interpreta el voto del pueblo, que tendrá que trasladar a una ley. Pero la Comisión es consciente de que lo aprobado (introducir cuotas, posibilidad de limitar las prestaciones sociales y renegociar en tres años los acuerdos bilaterales contrarios a esta idea) ofrece poco margen de maniobra. El Ejecutivo federal suizo tiene la intención de empezar a aplicar ya el mandato del referéndum, aunque probablemente todo el proceso legal consuma varios años.

No se demorará tanto el impacto político de este nuevo escenario. Para empezar, la Comisión congelará los contactos para que Suiza participe en el gran programa de investigación europeo Horizonte 2020 y en las becas Erasmus de los próximos años si Suiza paraliza un proceso que hasta ahora parecía puro trámite. Se trata del acceso de Croacia, miembro comunitario desde el pasado julio, a la libre circulación de personas. Es muy probable que las autoridades suizas decidan frenarlo a la vista de que contraviene claramente lo aprobado este domingo.

Los representantes de los Estados miembros debían dar este mismo miércoles el visto bueno para negociar un nuevo marco institucional que estrecha lazos entre Berna y Bruselas. Todo está ahora en entredicho, ante el más que probable repliegue suizo.

Las autoridades europeas mostraban ayer más estupefacción que enfado ante el movimiento de sus vecinos. Los diplomáticos —y la mayor parte de las fuerzas políticas y económicas en Suiza— confiaron hasta última hora en que la ciudadanía rechazaría algo que le perjudica económicamente. Alrededor de un millón de europeos trabajan en territorio helvético y otros 230.000 cruzan la frontera diariamente para trabajar en un país donde la tasa de paro no excede del 3%. Además, otros 430.000 suizos viven en alguno de los 28 países de la UE. Todos estos ciudadanos quedan ahora "en un limbo", según el citado alto cargo comunitario, aunque otras fuentes aseguran que las novedades no se aplicarán de manera retroactiva.

Una de las mayores inquietudes para la UE consiste en aclarar cómo gestionar el espacio Schengen de libre circulación con la nueva situación que impone Suiza. Aunque esa apertura de fronteras no está directamente ligada a los cupos a extranjeros, fuentes comunitarias avanzan que la UE denunciará los acuerdos en el momento en que Suiza empiece a realizar controles fronterizos, algo contrario a las reglas del espacio Schengen.

Fuente: El País.

Suiza da un portazo a la Unión Europea

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• Los ciudadanos votan acabar con la libre circulación por una ajustada mayoría del 50,3%
• La medida abre una crisis política con Bruselas

Lucía Abellán Bruselas 9 FEB 2014 - 23:16 CET

Suiza ha abierto una brecha en la estrecha relación que hasta ahora mantenía con la Unión Europea. Los ciudadanos de este país han aprobado este domingo en referéndum un ataque frontal a sus socios comunitarios. Por una estrecha mayoría del 50,3%, los suizos decidieron imponer cuotas de entrada a los vecinos europeos y acabar así con la libre circulación de personas que rige entre ambos territorios desde 2002. Bruselas se apresuró a lamentar la decisión y a avisar de que estudiará su impacto sobre la relación bilateral.

El texto refrendado en las urnas ofrece poco margen a la interpretación. Impulsada en solitario por la Unión Democrática de Centro, partido de extrema derecha, la iniciativa insta a reintroducir un sistema de cupos que permita además limitar el acceso a los beneficios sociales y el derecho a la reagrupación familiar de los europeos. Consciente de que esa exigencia vulnera los acuerdos que vinculan a Suiza con la UE, el texto obliga a renegociarlos en el plazo de tres años.

“El Consejo federal [el equivalente al Gobierno central en Suiza] trabajará para aplicar estas decisiones sin dilación”, garantizó la responsable de Justicia, Simonetta Sommaruga, que no obstante advirtió de las “consecuencias de largo alcance” que implica el resultado. El máximo órgano de gobierno de la confederación helvética se había opuesto a la iniciativa con un estudiado argumentario que ha quedado sepultado por las urnas.

El referéndum es un ejemplo claro de la irracionalidad que se ha apoderado del debate migratorio en todo el continente. La economía suiza experimentó un gran auge a raíz de la entrada en vigor de la libre circulación —entre otras cosas porque también llevaba asociado el acceso de los productos suizos al mercado único europeo—, el paro se ha mantenido en un modestísimo 3%, los salarios han crecido un 0,6% anual y el control de las condiciones laborales es mayor que nunca.

Pero el malestar de la población ante problemas solo lejanamente ligados a la inmigración (el 23% de los habitantes en Suiza) y el recelo al extranjero que resuena en Europa se han impuesto a las cifras. “Es una votación ligada a las emociones. Todos los estudios demuestran que la libre circulación ha beneficiado a Suiza y en cuanto a los salarios, precisamente se han reducido las desigualdades porque han subido más los sueldos medios y bajos”, razona Yves Flückiger, vicerrector de la Universidad de Ginebra y experto en la materia.

“Con el sistema de cuotas tendremos dificultades para encontrar la mano de obra que necesitamos en un país con mucha innovación y que necesita trabajadores muy cualificados”, admite Cristina Gaggini, directora de la patronal Économiesuisse para la parte francófona del país. Gaggini teme el periodo de incertidumbre que se abrirá y advierte de que la limitación de europeos “no es la solución para los problemas que manifiestan los suizos”.

Pocas veces coinciden en un mismo diagnóstico voces tan opuestas. Mischa Von Arb, portavoz del sindicato Unia, alerta de que la protección de los trabajadores empeorará con el fin de la libre movilidad. Porque esta vino aparejada de un sistema de control de las condiciones laborales que prevé fuertes multas cuando se viola la legislación. Von Arb subraya, además, el error de diagnóstico de la ciudadanía: “Antes, la inmigración en Suiza consistía más en ciudadanos de España, de Italia o la ex Yugoslavia que trabajaban en sectores menos cualificados, con salarios bajos. Pero ahora son en buena medida alemanes de clase media. Y los que trabajan en sectores menos cualificados hacen el trabajo que los suizos no quieren hacer”, alega.

Paradójicamente, ni siquiera los impulsores de la iniciativa discuten las cifras. Fabienne Despot, presidenta del partido UDC en el cantón de Vaud, uno de los 26 que componen el país, concede que las empresas necesitan mano de obra extranjera, pero animan a buscar “primero entre los suizos y luego, entre los extranjeros que ya hay” antes de reclutar a otros. Esa es otra de las novedades que impone la iniciativa aprobada en las urnas. “Hay una concentración demográfica muy fuerte en Suiza. Se podrían construir edificios más altos o hacer habitables terrenos agrícolas, pero mucha gente se opone. Además, la red de transportes está muy presionada y eso se debe al efecto migratorio”, abunda Despot. Unos argumentos que resultan demasiado débiles ante la magnitud del terremoto que puede provocar la decisión suiza.

Porque anular la libre circulación implica hacer lo mismo con los otros seis acuerdos que vinculan a ambos territorios desde 2002. Entre ellos, la desaparición de barreras comerciales, la integración de las políticas de transportes y el acceso que tiene Suiza (a cambio de una contribución al presupuesto comunitario) a los programas de investigación de la UE. Bruselas ya había dado indicaciones para que cualquier nueva decisión sobre la participación suiza en esos programas se condicionase al referéndum, aseguran fuentes comunitarias.

La razón por la que la suspensión de un acuerdo implica la caída del resto obedece a la llamada cláusula guillotina, que Bruselas introdujo ante el temor de que los suizos, que ya anteriormente habían convocado referendos antiinmigración, plantearan algo similar. Ese supuesto se ha dado y probablemente los perjuicios que pueda provocarle a Suiza la desaparición de todo ese marco normativo sobrepasen de lejos los beneficios de regular la entrada de europeos.

El voto de ayer genera, además, una desconfianza política en Bruselas cuyos efectos son difíciles de calibrar. Uno de los elementos que podrían verse afectados es la pertenencia de Suiza al espacio Schengen de libre circulación. Aunque legalmente es posible volver al sistema de cuotas de trabajadores y mantener las fronteras abiertas, en la práctica resulta complejo de gestionar.

Bruselas “examinará las implicaciones que tiene esta iniciativa en el conjunto de la relación entre la UE y Suiza”, anunció la Comisión Europea en un comunicado. El Ejecutivo comunitario deja entrever su malestar al avisar de que la decisión del Gobierno, dispuesto a aplicar la iniciativa votada, “será tenida en cuenta”.

Consciente del sentir de la población, el Gobierno suizo ya se había enfrentado a Bruselas al imponer cuotas para los permisos de trabajo de larga duración a los europeos (primero a los del Este, en 2012, y luego a todos en 2013). Pero esa posibilidad se agotaba ya en mayo de este año para volver de nuevo a la libre circulación (excepto para rumanos y búlgaros, limitados hasta 2019). A la luz de lo votado esta noche, esa movilidad sin trabas será transitoria.

Fuente: El País.

Suiza se encierra en sus miedos

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• La próspera nación alpina teme la crisis europea y dificulta la inmigración
• Los suizos aprueban en referéndum un endurecimiento de las condiciones de asilo

Ana Carbajosa (Enviada Especial) Berna 9 JUN 2013 - 21:16 CET

 
Un transeúnte pasa ante un cartel del derechista SVP/UDC que llama a “frenar la inmigración masiva” / Christian Hartmann  (REUTERS)

En los vagones de primera clase no hay ni un asiento libre. Son las siete de la mañana de un jueves en el tren que une Zurich, el centro financiero suizo, con Berna, la capital. En casi cualquier país esta sería la imagen de un tren lleno, sin más. En Suiza no. En esta isla de prosperidad europea, los trenes y los atascos en algunas carreteras se han convertido para muchos suizos en claros síntomas de que algo falla, de que las costuras del Estado de bienestar se fuerzan más de la cuenta. Sienten, en definitiva, que en este pequeño país no hay sitio para todos y que, por lo tanto, ha llegado el momento de poner orden en las fronteras. Es un discurso que se escucha en la calle, pero también en los despachos oficiales, donde se hacen ahora eco de una agenda política con la que machaca desde hace años la extrema derecha.

Los suizos respaldaron ayer en referéndum con una amplia mayoría (79%) un endurecimiento de su ley de asilo. Suiza ha sido tradicionalmente un país muy generoso a la hora de acoger refugiados políticos en comparación con los países de la UE. El referéndum celebrado ayer es solo un paso en una batería de iniciativas con las que la clase política trata de dar respuesta a la creciente ansiedad ciudadana. La medida más sonada y la que ha enfadado a Bruselas ha sido la activación de la llamada cláusula de salvaguarda, por la que Suiza ha restringido los permisos de larga duración de los trabajadores de la Unión Europea, incluidos los españoles. En los próximos 18 meses, hasta tres referendos decidirán sobre la entrada de extranjeros en el país y contribuirán a redefinir la identidad de un país en el que los inmigrantes (23% de la población, la mayoría de ellos europeos, con los alemanes a la cabeza) han sido históricamente el motor de la economía.

Lo de la cláusula de salvaguarda ha sido más una medida simbólica que otra cosa. Afectará a apenas 3.000 trabajadores de la UE, que en cualquier caso podrán solicitar un permiso de corta duración hasta que expire la restricción el año que viene. Pero la realidad, los datos, son casi lo de menos. Porque lo que estos días dicta los impulsos políticos en Suiza son sobre todo los miedos y las percepciones, tanto o más reales, por otra parte, que la propia realidad. Se trataba, como reconocen los propios gobernantes, de calmar a la población y de demostrar que son capaces de decidir sobre el rumbo del país, es decir, de tomar decisiones para controlar la entrada y salida de trabajadores, incluso en contra de Bruselas.

Los apuros financieros de los países de la Unión han contribuido en buena medida a exacerbar los miedos. El tormentón que arrecia con fuerza en el resto de Europa ha vuelto a pasar de largo por Suiza, donde la economía va bien —previsión de crecimiento del 1,2%—, el paro resulta casi obviable —cerca del 3%—, y el ejercicio de su particular democracia directa aún les garantiza una estabilidad política envidiable. Conscientes del frío que hace fuera de sus fronteras, buena parte de la sociedad suiza teme que hordas de trabajadores extranjeros más o menos cualificados vengan a estropearles la fiesta. Es lógico, explican, que si sus países no van bien, quieran venir al nuestro. El sonido de la calle confirma alguna de esas tesis. Los idiomas extranjeros se confunden en las grandes ciudades suizas. El español, como el de Juan Crevillén, se escucha con mucha frecuencia. Crevillén es un joven arquitecto que trabaja en un estudio de Zurich desde hace dos años. Antes, probó suerte en Londres, donde acabó fregando suelos. “Cuando me ofrecieron venir aquí, no lo dudé”. Aquí gana unos 3.000 euros netos al mes, pero advierte a los que estén pensando en emigrar que la vida es mucho más cara en Suiza. “Es duro, pero los españoles nos echamos una mano entre nosotros”.

La patronal suiza no quiere restricciones de entrada. Para ellos, cuanto más competencia, mejor. Thomas Daum, director de la Unión Patronal Suiza, sostiene que 2014 será un año clave, en el que con sus votaciones los suizos redefinirán su identidad. Daum considera que lo peor está por venir y que la activación de la cláusula de salvaguarda ha sido un mal menor. “Podía haber sido más restrictivo. Podemos convivir con esta medida. Solo durará un año. La gran cuestión es qué va pasar en los próximos meses, en las próximas votaciones en contra de la inmigración. Nuestro mercado laboral no es pequeño, no basta para que funcione nuestra economía”, estima Daum. Las grandes farmacéuticas, la banca, y la producción de maquinaria para exportación, principales pilares de la economía, simplemente no funcionarían sin los que vienen de fuera.

Los grandes argumentos que airean los que piden limitar la entrada de extranjeros se desmontan de un plumazo. Los trenes no van llenos porque haya más gente, sino en parte, porque el servicio ha mejorado, es más rápido y eso ha hecho que más suizos lo elijan como medio de transporte. Que la presencia de extranjeros propicie el dumping social, es decir la caída de los salarios, es algo que la patronal niega y que los sindicatos consideran que, de suceder, debería solucionarse con más inspecciones y respeto de la ley. Y que haya más criminalidad —los suizos ya no dejan abierta la puerta de a sus casas como antes— es posible. Resulta sin embargo que es en las zonas rurales, donde no hay apenas robos o ataques, donde el discurso del extranjero peligroso arrasa, lo que demuestra una vez más el poder de la percepción frente al de la realidad.

Es precisamente fuera de las ciudades donde triunfa la extrema derecha populista, la mayor fuerza en el Parlamento y probablemente la principal responsable de que el debate migratorio cope en los últimos tiempos junto con el fin del secreto bancario la agenda política en Suiza.

Sí es cierto sin embargo que la población suiza ha aumentado en varias decenas de miles de personas cada año en un país de apenas ocho millones de habitantes y que algunas infraestructuras no se han adecuado al tamaño de la población. “Ha habido un crecimiento demográfico importante en los pulmones económicos del país, que por ejemplo no se ha acompañado de una política inmobiliaria y han subido los precios de los apartamentos. De eso también se culpa a los extranjeros”, apunta Cesla Amarelle, profesora de derecho migratorio de la universidad de Neuchâtel y parlamentaria socialista. “Los políticos no se dieron cuenta de que el crecimiento tiene que ir acompañado de mejoras de las infraestructuras. Hay gente que viaja de pie en los trenes y eso nunca se había visto en Suiza”. En el tren de regreso a Zurich hay asientos libres en los vagones. Ya no es hora punta.

Fuente: El País.

La Eurocámara rechaza con dureza la reforma del Tratado de Schengen

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Efe | Bruselas

Los principales grupos políticos del Parlamento Europeo rechazaron con dureza el acuerdo de los países de la UE que modifica el Tratado de Schengen con el fin de poder reintroducir controles fronterizos ante eventuales olas migratorias, y anunciaron que tratarán de bloquear esta decisión.
En un debate celebrado durante la sesión plenaria de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia), los presidentes del grupo popular, Joseph Daul, y del partido socialista europeo, Hannes Swoboda, coincidieron al señalar que el cierre de fronteras de la UE "no es la solución" para situaciones como la "primavera árabe".

Los principales partidos del PE se pronunciaron así sobre el resultado de la reunión de ministros de Interior de la UE del pasado jueves, en la que se aprobaron dos informes sobre la revisión del acuerdo Schengen, que contemplan el restablecimiento temporal de los controles internos de pasaporte entre Estados miembros.

En particular, se propone una modificación de la base jurídica para el mecanismo de seguimiento y control de Schengen, de modo que los Estados miembros puedan tomar decisiones sobre el cierre temporal de fronteras por su cuenta y sin contar con la opinión del PE ni del Ejecutivo comunitario.

Daul afirmó que el cierre de fronteras "no es la solución a los problemas de la UE", acusó a la presidencia danesa de turno de "romper el método comunitario" por no tener en cuenta la opinión de la Eurocámara y exigió a los Veintisiete "un cambio de posición".

En la misma línea, Swoboda afirmó que restablecer los controles fronterizos "es la respuesta incorrecta a la 'primavera árabe'", y defendió el principio comunitario de "solidaridad".

El PE "luchará contra la decisión del Consejo con todas las medidas posibles, incluidas las jurídicas", afirmó el presidente del grupo socialista.

El presidente del grupo liberal (ALDE), Guy Verhofstadt, también se mostró dispuesto a llevar el asunto ante la Corte de Luxemburgo, al considerar que la medida controvertida "no tiene base jurídica" e "incumple los principios de libre circulación".

El rechazo a la reforma de Schengen "ha unido de forma única e histórica a los partidos del Parlamento Europeo", dijo a Efe el eurodiputado popular Agustín Díaz de Mera, miembro de la Comisión del PE de Libertades Civiles, Justicia e Interior.

Díaz de Mera confió en que la presidencia danesa "tome nota" de la postura de la Eurocámara para tratar de reconsiderar la reforma de Schengen, antes de que esta medida se vote en la sesión plenaria del PE prevista para finales de julio.

Por su parte, la eurodiputada socialista Carmen Romero señaló que la reforma va en línea con la decisión de Francia de cerrar sus fronteras con Italia ante la afluencia de inmigrantes libios durante la primavera pasada, lo que calificó como "experiencia traumática" que "no se puede repetir" ni "decidir de forma unilateral".

La también integrante de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior destacó en declaraciones telefónicas la necesidad de "frenar la intención renacionalizadora de algunos Estados miembros, que se dejan llevar por corrientes populistas y de extrema derecha".

Fuente: El Mundo.

Barroso considera factible restablecer las fronteras interiores de la UE

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La opinión de Barroso responde a la reclamación de Sarkozy y Berlusconi tras la llegada de más de 20.000 tunecinos a Italia 

 

Un grupo de inmigrantes llega a Lampedusa el sábado 30 de abril.- FRANCO LANNINO

RICARDO MARTÍNEZ DE RITUERTO | Bruselas 01/05/2011

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, considera factible el restablecimiento de las fronteras interiores de la UE, en condiciones perfectamente definidas y limitadas, como medio para reforzar el funcionamiento del Tratado de Schengen. La opinión de Barroso responde a la reclamación que le presentaron el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, a la luz de la llegada de más de 20.000 tunecinos a Italia. La Comisión presentará el miércoles medidas concretas sobre la política migratoria de los Veintisiete ante los países de la ribera sur del Mediterráneo.

Sarkozy y Berlusconi pactaron en su cumbre del pasado martes en Roma la carta que enviaron a Barroso y al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, en la que reclamaban "examinar la posibilidad de restablecer temporalmente el control en las fronteras interiores en caso de dificultades excepcionales en la gestión de las fronteras exteriores comunes".

Barroso les responde ahora que su misiva será una contribución importante al debate de los líderes europeos en el Consejo Europeo de finales de junio y les adelanta que sus ideas serán tenidas en cuenta en la elaboración de la nueva estrategia comunitaria en materia de emigración con los vecinos sureños a presentar el miércoles. "El restablecimiento temporal de las fronteras es una posibilidad entre otras que, a condición de estar sometidas a criterios concretos y bien determinados, podría constituir un elemento para reforzar la gobernanza del acuerdo de Schengen", les escribe Barroso.

El presidente de la Comisión adelanta que en la nueva estrategia se tratará eludir la tentación de primar la seguridad, traicionando con ello los valores del proyecto europeo, sin ser tan laxista como para dar pábulo a los temores sobre seguridad de la opinión pública europea.

En atención a esas prevenciones, la policía francesa ha realizado durante la semana pasada redadas en la zona de París y en el sureste del país en busca de tunecinos llegados de Italia sin documentación ni permiso para residir en Francia, según diversas organizaciones humanitarias. Las operaciones policiales han saldado con cientos de detenidos y retornados. "Las intervenciones y las detenciones policiales en los lugares de reunión y distribución de alimentos a estas personas son de un cinismo intolerable", señalan las asociaciones en un comunicado. En él piden a las autoridades "una respuesta que respete la humanidad y la dignidad, sin instrumentalizar ideológica y electoralmente la situación de personas en estado de extrema precariedad".

Fuente: El País.

España, Italia y Grecia piden más solidaridad de la UE en inmigración

España, Italia y Grecia pidieron hoy más solidaridad del resto de sus socios comunitarios en la lucha contra la inmigración ilegal y el reparto de la carga que suponen para algunos países el elevado número de personas que reciben asilo.

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) prepararon hoy la cumbre de líderes del jueves y viernes próximos, y los países del sur comunitario coincidieron en que el borrador presentado por la presidencia checa en el capítulo inmigración es flojo y hace falta que sea más enérgico y muestre un mayor compromiso.

"Queremos que la totalidad de los países europeos muestre su compromiso de luchar contra la inmigración ilegal y que el Consejo Europeo se comprometa en esa dirección", indicó el ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.

El ministro recordó que "la política migratoria española ha dado buenos resultados y, en cambio, otros países socios tienen en estos momentos dificultades en la llegada de inmigrantes ilegales".

Por eso, España muestra su solidaridad con estados como Italia, Grecia, Chipre y Malta, que reclaman ahora la atención de la UE.

El titular italiano, Franco Frattini, pidió que se incluya un párrafo sobre el aumento de la solidaridad entre los Veintisiete, e insistió en la necesidad de "una acción urgente y solidaria de todos los socios" de la Unión.

Recalcó que Italia quiere un plan europeo de acción común que garantice la solidaridad de todos los países comunitarios.

La Comisión Europea ha planteado la posibilidad de poner en marcha un programa piloto, al que se sumarían los países de la UE de forma voluntaria, para acoger a las personas que gozan de algún tipo de asilo o protección internacional y ayudar especialmente a la pequeña Malta, donde la presión respecto a la población es importante.

La CE también quiere un aumento de las capacidades de Frontex, la agencia comunitaria para el control de las fronteras exteriores de la Unión.

Para la ministra griega de Exteriores, Dora Bakoyannis, hace falta la "solidaridad" de los países de la UE con los países del sur, que están registrando este año un fuerte aumento de las llegadas de inmigrantes irregulares por el Mediterráneo central y oriental.

"La situación empeora mes a mes", afirmó la ministra, quien señaló claramente que "no estamos contentos" con el borrador de la cumbre, ya que "queremos una resolución más firme".

Bakoyannis hizo un llamamiento a la CE para que inicie "muy rápidamente" la discusión de acuerdos de retorno con países como Turquía, Libia, Pakistán y Afganistán.

"Es importante que afrontemos este importante problema humanitario", afirmó la ministra griega, quien recalcó que su país está registrando un aumento del 50 por ciento en la llegada de inmigrantes ilegales desde Turquía.

Extraído de http://www.adn.es/politica/20090615/NWS-2364-UE-Espana-Grecia-Italia-solidaridad.html

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La UE aprueba sanciones penales para empresarios que contraten a irregulares

La Unión Europea (UE) aprobó este lunes definitivamente sancionar penalmente a los empresarios que contraten a inmigrantes sin papeles, así como la creación de la 'tarjeta azul', un permiso de trabajo destinado a los extranjeros altamente cualificados.

Ambas medidas están contempladas en el Pacto de Inmigración y Asilo, acordado en diciembre de 2008, y cuyo objetivo es "organizar la inmigración legal, luchar contra la irregular y edificar una Europa del asilo".

El arsenal de sanciones penales pretende en concreto sensibilizar tanto a empresas como a particulares en la lucha contra la inmigración clandestina.

Los empresarios y los subcontratistas directos se verán expuestos, en los casos menos graves, a sanciones administrativas como la devolución de las ayudas públicas, la exclusión de los concursos públicos durante cinco años o el cierre del establecimiento.

En caso de reincidencia o de otras actuaciones agravantes, los empresarios serán penalizados con multas o sanciones penales, que cada Estado deberá determinar por su cuenta. Diecinueve de los 27 países miembros de la Unión ya sancionan penalmente a sus empresarios por estas prácticas y las multas ascienden a cantidades muy variables.

Entre 4,5 y 8 millones de inmigrantes indocumentados trabajan ilegalmente en sectores como la construcción, la hostelería o la agricultura en la UE.

Al tiempo que Europa endurece su política contra la inmigración ilegal, pretende atraer a la mano de obra extranjera altamente cualificada con la creación de la 'tarjeta azul', similar a la 'tarjeta verde' estadounidense. Este permiso tendrá una validez de hasta cuatro años, pero el inmigrante sólo podrá usarlo en el Estado europeo que lo haya expedido.

Ambas medidas, aprobadas durante el consejo de ministros de Agricultura de la UE, que se celebra este lunes en Bruselas, deberán ser trasladadas a las legislaciones nacionales en un periodo máximo de dos años.

El Pacto de Inmigración y Asilo favorece la inmigración escogida y facilita la expulsión de extranjeros indeseados, lo que ha valido a Europa las críticas de América Latina y África.

Extraído de http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gX5JjLUcbVyCJgU1JqnLGYTcbbnw

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