El ministro de Economía, Luis de Guindos, sigue una videoconferencia en La Moncloa el pasado mayo / REUTERS
El rescate europeo es más amplio, más flexible de lo que parecía a primera vista: no es solo un rescate bancario, permite a España maniobrar para relajar la presión en los mercados de deuda. El acuerdo que votará hoy el Bundestag, la Cámara baja del Parlamento germano, que incluye el Memorando de Entendimiento ya conocido pero también un contrato entre el fondo de rescate temporal europeo (la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera, FEEF) y España, proporciona la posibilidad de comprar deuda pública
con los 100.000 millones de la ayuda europea previa petición al Eurogrupo (los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona), según los documentos a los que ha tenido acceso este diario.
Siempre que cumpla rigurosamente las condiciones financieras y macroeconómicas que se dieron a conocer la semana pasada, el contrato marco permite a España solicitar todo el arsenal disponible del fondo europeo de rescate con el dinero sobrante de lo que necesite la banca, y hasta ese máximo de 100.000 millones. Eso incluye, tras las modificaciones realizadas en el fondo europeo el pasado año, compras de bonos en el mercado primario (es decir, en las subastas del Tesoro) y en el de segunda mano para rebajar la prima de riesgo española, que ayer escaló hasta rozar los 580 puntos. El FEEF podría de esa manera comprar deuda del Estado y tratar de rebajar la presión, aunque las cifras que se manejan no permiten demasiadas alegrías. Los intereses del bono a 10 años español se acercan peligrosamente al 7%, tasas insostenibles que hacen pensar en un rescate completo o en esa posibilidad de intervenir en el mercado.
Ni el Gobierno español ni el Eurogrupo ni la Comisión ni un solo Ejecutivo europeo han hablado hasta ahora de esa posibilidad,
que aparece entre las 139 páginas de material entregadas a los parlamentarios alemanes. A pesar del cerrojazo informativo impuesto en Bruselas y en España —donde el Ejecutivo no ha puesto a disposición del Congreso los pormenores del salvavidas europeo, que se vota estos días en varios Parlamentos del continente—, esas 139 páginas del Bundestag incluyen un documento capital: el acuerdo entre el fondo de rescate europeo y España, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Banco de España, en el que se detallan tanto el abanico de posibilidades en el que se puede usar el dinero europeo como las condiciones del rescate en términos de plazo (los anunciados 12,5 años de media) y tipo de interés (dependiendo del coste de financiación del FEEF).
Ese documento abona la idea de un rescate total para España, más allá del sector financiero, pese a que las condiciones y los controles son menos estrictos que en el caso de otros países rescatados. De ahí las dificultades políticas de Gobiernos como el alemán o el holandés para comunicar las ayudas a su electorado y aprobarlo en sede parlamentaria. Y los requiebros del Gobierno español, que insiste en ocultar información relativa a las ayudas y sigue empeñado en vender el rescate como una línea de crédito solo para la banca y sin condiciones fiscales.
Además de comprar bonos en el mercado con el dinero sobrante de la reestructuración financiera, el acuerdo permite a España usar esos fondos como garantía para sus emisiones, una línea de crédito de precaución —una especie de cajón de sastre en caso de extrema necesidad— e incluso un vehículo de inversión que permitiría a España, eventualmente, captar dinero de inversores internacionales y de fondos soberanos garantizando las primeras pérdidas.
Para todo ello hay que solicitar formalmente la modalidad preferida al Eurogrupo, que actúa como consejo de administración del fondo de rescate europeo. Luego la Comisión Europea negociaría con España las modificaciones al acuerdo. Tras la aprobación de esos cambios, los detalles se acordarían en reuniones de carácter técnico. Y hay que cumplir a rajatabla las condiciones bancarias y las medidas fiscales a las que se ha comprometido España. Obligado por esa condicionalidad, el Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado
un durísimo paquete de recortes cercano a los 60.000 millones de euros, con la subida del IVA y el recorte salarial a los funcionarios, entre otros aspectos. Pero España no ha hecho aún todos los deberes: debe enviar a Bruselas un presupuesto bienal para 2013 y 2014 antes de finales de julio.
Entre el material entregado por varios Gobiernos europeos a sus Parlamentos para aprobar el rescate español hay algunas joyas. La documentación del Ejecutivo holandés asegura que España “parece tener suficiente capacidad para reembolsar el préstamo basándose en la premisa de que los costes de financiación caerán desde los actuales altos niveles”. Esto es, viene a decir que España no tiene capacidad para devolver el rescate si no bajan los intereses. En la documentación enviada al Bundestag, el Gobierno de la canciller
Angela Merkel zanja el debate sobre las condiciones que impone el rescate a la banca española: “Respecto a las reformas estructurales, las autoridades españolas están obligadas a poner en marcha las recomendaciones específicas por país [aprobadas por Bruselas]”, informa
Luis Doncel.
El texto asegura además que, junto al FROB, el Gobierno español será también parte contratante en el acuerdo con el FEEF o, con su sustituto, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Así, el Estado responde de todas las obligaciones como deudor.
La cumbre de junio
se celebró como un éxito para los intereses españoles e italianos por tres motivos: los líderes europeos permitieron la recapitalización directa de los bancos, siempre y cuando el BCE asuma la supervisión de la banca europea; el MEDE perdía su condición de acreedor preferente; y, por último, el compromiso de hacer “todo lo necesario” para ahuyentar las tormentas financieras en la zona euro, en particular usando “de forma flexible y eficiente los instrumentos ya existentes para estabilizar los mercados de los Estados miembros”. Es decir, usando el fondo de rescate para comprar deuda de los países con más problemas.
100.000 millones de ayuda financiera total
M. JIMÉNEZ
El contrato marco de España con el fondo de rescate establece un menú de posibilidades en las que se puede concretar el rescate de España. La ayuda para la recapitalización de la banca forma parte de ese arsenal en el que también están las compras de bonos en las subastas del Tesoro o en el mercado secundario, los préstamos al Estado o las garantías parciales sobre los títulos de nueva emisión. Lo que hace el acuerdo es fijar una "Importe Total de Ayuda Financiera" de 100.000 millones de euros y señala que a fecha de la firma del acuerdo se ha llegado a condiciones específicas sobre el mecanismo de recapitalización bancaria.
Y a continuación señala, en el enrevesado lenguaje legal comunitario: "En el caso de que el Estado miembro beneficiario desee obtener ayuda financiera en la forma de una forma adicional o alternativa de mecanismo, deberá solicitar uno de esos mecanismos por escrito mediante una carta dirigida al Eurogrupo, siempre que la cantidad de ese nuevo mecanismo sumada con toda la demás ayuda financiera que el FEEF haya hecho o vaya a poner a disposición del Estado miembro beneficiario en virtud del presente Acuerdo no supere al Importe Total de Asistencia Financiera".
Es decir, España podrá pedir que se use otro mecanismo siempre y cuando no se supere el total de los 100.000 millones.
El acuerdo español con el fondo de rescate establece que, tras esa petición por escrito al Eurogrupo, "la Comisión (en coordinación con el BCE y (si procede) el Fondo Monetario Internacional) negociarán las modificaciones necesarias o complementar el memorando de entendimiento". Tras la aprobación de cualquier modificación o suplemento del Memorando de Entendimiento, la Comisión (en colaboración con el BCE y el FEEF), hará una propuesta al grupo de trabajo del Eurogrupo de los términos principales en que se concrete el uso de ese nuevo mecanismo de ayuda. Tras la decisión del grupo de trabajo del Eurogrupo, se negociarán los detalles técnicos. Finalmente, el FEEF, el Gobierno español y el Banco de España firmarán el acuerdo, según establecen las cláusulas del contrato marco.
Fuente:
El País.
