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- Alemania impone sus condiciones y rebaja la ambición de la unión bancaria
- La Eurocámara pide que sea la Comisión quien cierre bancos
Segundo paso hacia la unión bancaria. Con Alemania como clara ganadora, a trancas y barrancas y después de 13 horas de intensas negociaciones. Pero acuerdo al fin y al cabo: los ministros de Economía de la UE alcanzaron a medianoche un pacto de mínimos sobre el mecanismo de resolución bancaria (en plata: de cierre de bancos) y sobre los fondos para sufragar las liquidaciones de entidades cuando se produzcan, que pagará el propio sector financiero.
Finalmente, serán los Estados miembros quienes aprieten ese botón nuclear —con la Comisión en un papel secundario—, tal como quería Berlín; los ministros, además, consiguieron simplificar el proceso de toma de decisiones para asegurarse de que un banco se pueda cerrar en un fin de semana: en un máximo de 24 horas. Habrá también un fondo de resolución común, si bien compartimentado durante un periodo de 10 años, de 55.000 millones de euros y con una mutualización muy limitada. De nuevo, tal como quería Alemania. Durante ese periodo se forjará el fondo común definitivo, que aún no está esbozado:
Berlín deja claro, una vez más, que el contribuyente alemán no pagará —en principio— por los desmanes que provocaron esta crisis. Alemania forcejeó hasta el último minuto para imponer su punto de vista, aunque finalmente ha cedido en algunos flecos menores. Si un país tiene que cerrar un banco y necesita acudir al fondo de resolución, primero tirará del fondo nacional (8.500 millones, en el caso de España). Ese fondo podrá pedir prestado en los mercados, y podrá también pedir prestado al resto de fondos nacionales. Y finalmente, si no hay más remedio, podrá acudir al mecanismo de rescate europeo (Mede), con las condiciones de rigor. Una vez transcurran esos 10 años, aún hay que definir cómo será el fondo de resolución común, pero la intención de los Veintiocho es que además de su potencia total de fuego (los 55.000 millones) pueda pedir prestado en los mercados con aval público. Se trata de una mutualización muy limitada, y de un cortafuegos con un acceso muy restringido al dinero público. El objetivo, en teoría, es que sea el propio sistema financiero quien pague por sus errores.
Alemania y sus satélites a un lado; el BCE, la Comisión, la Eurocámara, Francia e Italia al otro. La unión bancaria, la reforma más ambiciosa de la UE desde la creación del euro, venció finalmente esas diferencias, si bien terminó con una versión descafeinada —muy del gusto de Berlín— respecto al proyecto inicial, mucho más ambicioso.
El pacto tiene que pasar aún por el examen de los mercados, y a partir de enero por el del Parlamento Europeo, que en las últimas horas se ha manifestado con claridad —al igual que el BCE— en favor de un acuerdo menos germánico. Los ministros prefirieron un acuerdo de mínimos ante la constatación de que el tiempo se acaba: ese pacto debe ser ratificado por la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que empieza hoy, para que la Eurocámara dé su visto bueno antes de las elecciones europeas de mayo. El pacto permite seguir avanzando y deja los asuntos polémicos para más adelante, en el más puro estilo de los compromisos europeos.
El mecanismo de resolución único empezará a funcionar en 2016, y viene a completar el mecanismo de supervisión bancaria, reservado al BCE. Los países participantes (en un principio, los miembros de la zona del euro y aquellos que se unan voluntariamente) se comprometen a firmar un tratado internacional sobre el que se asentará el fondo de resolución, similar al que fue necesario para crear el fondo de rescate permanente de la zona del euro (Mede). El fondo de liquidación se nutrirá de aportaciones anuales de 5.500 millones de euros procedentes de la banca durante 10 años, y estará dividido en compartimentos estancos nacionales, hasta que en 2026 se haya alcanzado el total de 55.000 millones de euros.
Pese al acuerdo final, varios ministros acusaron a Alemania de torpedear con ese pacto la cumbre de junio de 2012, en la que se acordó poner en marcha la unión bancaria para eliminar el bucle diabólico entre los problemas financieros y los de deuda soberana y para acabar con la fragmentación bancaria. Los mercados hablarán en los próximos días, y la Eurocámara tomará la palabra en enero. Pero ni el BCE ni la Comisión se mostraban en las horas previas al Ecofin muy conforme con el acuerdo que se iba forjando.
Los expertos también son críticos al respecto: “No hay una verdadera unión bancaria con los elementos que están sobre la mesa”, resumió Paul de Grauwe, de la London School of Economics. “La toma de decisiones es un desastre, y la falta de un fondo común revela una vez más la desconfianza de Alemania respecto a los países del Sur. Nada termina de funcionar. Si esta unión bancaria hubiera existido antes de la erupción de la crisis, nadie hubiera notado la diferencia: los problemas serían los mismos”, cerró.
Fuente: El País.
Finalmente, serán los Estados miembros quienes aprieten ese botón nuclear —con la Comisión en un papel secundario—, tal como quería Berlín; los ministros, además, consiguieron simplificar el proceso de toma de decisiones para asegurarse de que un banco se pueda cerrar en un fin de semana: en un máximo de 24 horas. Habrá también un fondo de resolución común, si bien compartimentado durante un periodo de 10 años, de 55.000 millones de euros y con una mutualización muy limitada. De nuevo, tal como quería Alemania. Durante ese periodo se forjará el fondo común definitivo, que aún no está esbozado:
Berlín deja claro, una vez más, que el contribuyente alemán no pagará —en principio— por los desmanes que provocaron esta crisis. Alemania forcejeó hasta el último minuto para imponer su punto de vista, aunque finalmente ha cedido en algunos flecos menores. Si un país tiene que cerrar un banco y necesita acudir al fondo de resolución, primero tirará del fondo nacional (8.500 millones, en el caso de España). Ese fondo podrá pedir prestado en los mercados, y podrá también pedir prestado al resto de fondos nacionales. Y finalmente, si no hay más remedio, podrá acudir al mecanismo de rescate europeo (Mede), con las condiciones de rigor. Una vez transcurran esos 10 años, aún hay que definir cómo será el fondo de resolución común, pero la intención de los Veintiocho es que además de su potencia total de fuego (los 55.000 millones) pueda pedir prestado en los mercados con aval público. Se trata de una mutualización muy limitada, y de un cortafuegos con un acceso muy restringido al dinero público. El objetivo, en teoría, es que sea el propio sistema financiero quien pague por sus errores.
Alemania y sus satélites a un lado; el BCE, la Comisión, la Eurocámara, Francia e Italia al otro. La unión bancaria, la reforma más ambiciosa de la UE desde la creación del euro, venció finalmente esas diferencias, si bien terminó con una versión descafeinada —muy del gusto de Berlín— respecto al proyecto inicial, mucho más ambicioso.
El pacto tiene que pasar aún por el examen de los mercados, y a partir de enero por el del Parlamento Europeo, que en las últimas horas se ha manifestado con claridad —al igual que el BCE— en favor de un acuerdo menos germánico. Los ministros prefirieron un acuerdo de mínimos ante la constatación de que el tiempo se acaba: ese pacto debe ser ratificado por la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que empieza hoy, para que la Eurocámara dé su visto bueno antes de las elecciones europeas de mayo. El pacto permite seguir avanzando y deja los asuntos polémicos para más adelante, en el más puro estilo de los compromisos europeos.
El mecanismo de resolución único empezará a funcionar en 2016, y viene a completar el mecanismo de supervisión bancaria, reservado al BCE. Los países participantes (en un principio, los miembros de la zona del euro y aquellos que se unan voluntariamente) se comprometen a firmar un tratado internacional sobre el que se asentará el fondo de resolución, similar al que fue necesario para crear el fondo de rescate permanente de la zona del euro (Mede). El fondo de liquidación se nutrirá de aportaciones anuales de 5.500 millones de euros procedentes de la banca durante 10 años, y estará dividido en compartimentos estancos nacionales, hasta que en 2026 se haya alcanzado el total de 55.000 millones de euros.
Pese al acuerdo final, varios ministros acusaron a Alemania de torpedear con ese pacto la cumbre de junio de 2012, en la que se acordó poner en marcha la unión bancaria para eliminar el bucle diabólico entre los problemas financieros y los de deuda soberana y para acabar con la fragmentación bancaria. Los mercados hablarán en los próximos días, y la Eurocámara tomará la palabra en enero. Pero ni el BCE ni la Comisión se mostraban en las horas previas al Ecofin muy conforme con el acuerdo que se iba forjando.
Los expertos también son críticos al respecto: “No hay una verdadera unión bancaria con los elementos que están sobre la mesa”, resumió Paul de Grauwe, de la London School of Economics. “La toma de decisiones es un desastre, y la falta de un fondo común revela una vez más la desconfianza de Alemania respecto a los países del Sur. Nada termina de funcionar. Si esta unión bancaria hubiera existido antes de la erupción de la crisis, nadie hubiera notado la diferencia: los problemas serían los mismos”, cerró.
Fuente: El País.
