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España sufre el mayor aumento de la brecha social en Europa por la crisis

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  • El FMI concluye no obstante que el tipo de ajuste fiscal español fue progresivo y moderó la escalada de la brecha social

Amanda Mars Madrid 13 MAR 2014 - 18:34 CET



El aumento de la desigualdad preocupa cada vez más y se ha acabado por hacer un hueco en la agenda de los grandes foros económicos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha publicado su segundo informe al respecto en el plazo de dos semanas y abordado esta vez cómo las brechas sociales se han ensanchado en la mayor parte de países en procesos de consolidación fiscal (los recortes para cuadrar las cuentas públicas), si bien España es la economía de la UE dónde más ha aumentado las diferencias entre ricos y pobres.

No es lo mismo la pobreza que la desigualdad, esta última puede aumentar en momentos tanto de bonanza como de crisis y, de hecho, estas han aumentado desde 1990 en prácticamente todas las economías avanzadas y emergentes de Europa, pese a que las tasas de pobreza se han reducido.

Pero ha sido la crisis y los ajustes los que definitivamente han disparado el proceso: Un análisis de los 27 procesos de ajuste recientes en las economías europeas elaborado por el Fondo muestran cómo la desigualdad entre los ingresos de sus ciudadanos ha aumentado durante estos periodos de austeridad, una tendencia en la que España se ha colocado en la triste cabecera, si bien el diseño de estos procesos de ajuste pueden tener un efecto diferente: las medidas escogidas para cuadrar las cuentas públicas pueden agravar esta brecha, al poner más carga relativa en los bolsillos menos pudientes, o bien reducir el impacto y, en algunos casos, incluso darle y lograr estrechar la brecha social.

En el caso de España, aunque la crisis ha causado la mayor brecha en el coeficiente Gini (en el que 0 sería la igualdad total y 1 sería desigualdad absoluta), el diseño de las políticas de ajuste hasta 2012 han resultado progresivas, de modo que ese aumento del índice Gini de inequidad por valores de mercado (previo al efecto de los impuestos y el impacto de los servicios públicos y transferencias sociales) es superior al aumento de la desigualdad de ingresos disponibles (que sí incorpora el impacto de estas medidas fiscales).




Fuente: Fondo Monetario Internacional con datos de Euromod y Eurostat.

En casi dos tercios de las economías analizadas, el aumento de la brecha social desde 2007 fue contenido o incluso revertido por las medidas fiscales. Además, de España, Grecia, Letonia, Portugal y Rumanía aplicaron medidas progresivas entre 2008 y 2012, ya que los hogares en los estratos mejor situados soportaron el grueso del ajuste, pero en otros países, como Italia y Reino Unido, “el ajuste tendió a ser menos redistributivo y más pequeño en volumen”.

La brecha crece más cuando los ajustes se concentran más en los impuestos regresivos y cortando el gasto social progresivo. El estudio recalca que los impuestos directos (como el IRPF o el Impuesto de Sociedades) “son más redistributivos” que los indirectos, como aquellos que gravan el consumo (IVA) y la protección social es también más efectiva a la hora de reducir la desigualdad. En las últimas décadas los tributos directos y las transferencias sociales ha reducido en un tercio la desigualdad, según el FMI. Por ejemplo, en 2005 el coeficiente Gini para los ingresos disponibles era 14 puntos porcentuales más bajo que el mismo coeficiente en términos de mercados (sin el impacto fiscal).

Fuente: El País.

El Parlamento Europeo investigará el trabajo de la troika

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  • El organismo ha sido muy criticado por su labor en los países rescatados y sus disensiones internas.

Luis Doncel Bruselas 3 NOV 2013 - 20:59 CET

Más de tres años e incontables sacrificios después del primer plan diseñado para evitar que un país de la eurozona caiga en la bancarrota, el Parlamento Europeo quiere pasar revista al trabajo que ha desarrollado la troika, ese organismo improvisado para seguir de cerca el programa de préstamos a cambio de reformas aprobado primero para Grecia y luego para Irlanda, Portugal y Chipre. La primera audiencia se celebrará mañana martes en la Comisión de Economía de la Eurocámara, con la participación de representantes de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (BCE), las dos patas que, junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), forman la troika.

A solo seis meses de las próximas elecciones europeas, la investigación tendrá un impacto práctico limitado. Pero la señal política es clara: muchos eurodiputados quieren mostrar su enfado por un funcionamiento poco democrático de un organismo que ha dictado, y dicta, las políticas de los cuatro países rescatados. “Hay temas muy serios que deberemos discutir. Me preocupa especialmente el papel del BCE, que según los tratados tiene un mandato para asegurar la estabilidad financiera, no para fijar recortes o decirles a los Gobiernos lo que tienen que hacer”, asegura el eurodiputado verde alemán e impulsor de la iniciativa, Sven Giegold.

La Conferencia de Presidentes, el máximo órgano político del Parlamento, debería dar el próximo 14 de noviembre la última palabra sobre esta iniciativa que ya recibió el visto bueno de los coordinadores de los grupos políticos en la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros de la Cámara de Estrasburgo. Pese a que no se esperan grandes problemas para que el proyecto pase este trámite, fuentes parlamentarias señalan que los populares tratan de rebajar el alcance del informe, con la oposición de verdes, socialistas y otros eurodiputados de izquierdas, que quieren subrayar la forma poco transparente en la que Comisión, BCE y FMI han tomado decisiones durante la crisis del euro.

Esta iniciativa no es la única que cuestiona la forma de trabajo de un organismo que ha sido criticado duramente, y del que han transcendido las disensiones entre sus tres componentes. El organismo que encabeza Christine Lagarde ha mostrado en público diferentes puntos de vista respecto a sus socios europeos en cuestiones tan importantes como el ritmo al que Grecia debería reducir su deuda pública o el impacto que la austeridad impuesta a los países del sur de Europa han tenido en la recesión en la que han estado sumergidos estos años. Othmar Karas, eurodiputado austriaco del grupo popular, y Liem Hoang Ngoc, socialista francés, liderarán los trabajos; mientras que el verde belga Philippe Lamberts y el conservador holandés Derk Jan-Eppink serán los ponentes alternativos.

El informe abordará, entre otros asuntos, el papel que han jugado en la crisis las empresas de consultoría relacionadas con la troika en países como Chipre, el último que se unió a la lista de países rescatados, y el único que se ha visto obligado a imponer quitas a los ahorradores con más de 100.000 euros y restricciones al movimiento de capital. El gobernador del banco central de la pequeña isla del Mediterráneo, Panicos Demetriades, ha protagonizado un escándalo al haberse filtrado que aprobó una comisión del 0,1% de los fondos para recapitalizar el sistema financiero chipriota para la empresa estadounidense Alvarez and Marsal por su trabajo de consultoría para el Banco de Chipre, la primera entidad del país.

Fuente: El País.

El deterioro democrático pone en alerta a la UE

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  • Los valores fundamentales retroceden en todo el club comunitario, incluidos los grandes países
  • Un estudio atribuye a Grecia y Hungría los mayores riesgos

Lucía Abellán Bruselas 25 SEP 2013 - 20:36 CET



Marcha en Sofía en homenaje al fundador del movimiento ultraderechista. / T. Belutova (reuters)

Francia amenaza con expulsar a los gitanos que viven en su territorio. Los neonazis asesinan en Grecia. Croacia maniobra para salvar a un criminal de la extradición y en España la corrupción recorre todas las instituciones. Europa vive episodios cada vez más inquietantes de los que emerge una interpretación común: la democracia dista mucho de estar garantizada. Es la rotunda conclusión del primer análisis serio que se realiza en la Unión Europea sobre la calidad del sistema democrático. El informe, al que ha tenido acceso este diario y que se presentará este jueves en Londres, revela importantes retrocesos en lucha contra la corrupción, respeto a las minorías y derechos humanos. Unos valores que están en la esencia misma del proyecto comunitario.

Esos deslices en la aplicación de la democracia se asociaban, hasta hace muy poco, a los recién llegados al proyecto comunitario, los 12 países incorporados a partir de 2004 (más Croacia, que se ha sumado este año). Pero el trabajo de Demos, una reputada casa de análisis británica que ha investigado por encargo del grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo, recoge numerosos indicios de que la marea ha llegado a las viejas democracias. El aumento de las agresiones a inmigrantes, así como el mayor rechazo que declaran ahora los ciudadanos a tener como vecinos a los musulmanes se citan en el documento como señales preocupantes que llegan desde Alemania, equiparables a las que emite la radicalización del partido euroescéptico UKIP en Reino Unido.

Los problemas afectan también a otros dos grandes fundadores del proyecto comunitario. El trabajo recoge las "controvertidas políticas respecto a la libertad religiosa" en Francia, así como los episodios de "corrupción, crimen organizado y control de los medios de comunicación" en Italia. "La democracia tiene que evaluarse constantemente. Incluso países democráticos muy fuertes afrontan grandes retos. Los datos de este informe muestran que la democracia no puede darse por sentada; puede decirse que está amenazada", alerta Jonathan Birdwell, uno de los responsables del proyecto, titulado precisamente La democracia en Europa ya no puede darse por sentada.

Uno de los hallazgos más sorprendentes consiste en desmontar la asociación directa entre crisis económica y deterioro de la democracia. Porque los indicadores, que abarcan básicamente el periodo 2000-2008 aunque algunos llegan hasta 2012, ya comenzaron a retroceder antes de 2008, cuando Europa aún vivía instalada en la bonanza. Una situación que se agrava con la entrada en recesión. Este experto vincula la involución a la falta de respuestas políticas frente al fenómeno de la globalización, que ha revolucionado las sociedades europeas. Y advierte de que los datos más recientes, relativos a 2013, pueden arrojar peores resultados.

El estudio de Demos refrenda anteriores señales de alerta lanzadas por el Parlamento Europeo y la Comisión. El informe combina por primera vez 22 indicadores muy diversos, agrupados en cinco campos relativos a la democracia: procesos democráticos (incluida la corrupción, que drena cada año un 1% del PIB europeo, según datos que Demos atribuye a la Comisión Europea), derechos fundamentales, respeto a las minorías, ciudadanía activa y capital social y político. Los datos, de diversas fuentes oficiales u organizaciones sociales, reflejan que la mayoría de valores que se fueron consolidando a lo largo de los noventa han comenzado a retroceder. "Ya no estamos hablando solo de la crisis del euro y su gestión. Es un proceso que afecta a los fundamentos del modelo social europeo. Se está asentando una imagen de la política subordinada a grandes poderes fácticos", reflexiona Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado socialdemócrata español que preside la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo.

Pese a que los peligros recorren todo el espacio comunitario, el estudio identifica en Grecia y Hungría los mayores deterioros de los pilares democráticos. La irrupción del partido neonazi Aurora Dorada en el Parlamento y el auge de la derecha autoritaria en Hungría aparecen como riesgos inmediatos. López Aguilar lanza una autocrítica hacia los partidos mayoritarios: "La extrema derecha se moviliza; es hiperactiva, beligerante y está extremadamente comprometida con sus votantes. Los partidos mayoritarios, lamentablemente, tienen un perfil más bajo: como si la defensa de la democracia fuese una batalla que ya no hay que dar".

Más allá de exponer la gravedad del problema, el documento aporta posibles soluciones, que se resumen en un papel más activo de la Comisión Europea para vigilar la democracia dentro de sus fronteras. "Aún hay pocos mecanismos a disposición de la UE para asegurar que los Estados miembros no retrocedan y se vuelvan menos democráticos una vez han ingresado", expone. Ese es precisamente el principal reto. Porque los países recelan de que Bruselas examine si están respetando el Estado de derecho. "Para evitar ese riesgo de politización proponemos que sea una agencia independiente la que evalúe de forma objetiva y rigurosa el cumplimiento de los valores democráticos", sugiere el autor del trabajo.

España sale relativamente mal parada en el marcador europeo de la democracia, salvo en la tolerancia hacia las minorías. El peor resultado lo obtiene en el registro de estabilidad política y ausencia de violencia, donde solo es superada por Rumanía y Grecia, aunque el estudio lo vincula al terrorismo de ETA. En derechos fundamentales, España arroja, junto con Hungría, la mayor caída en la clasificación europea en el periodo 1999-2011. En general los países nórdicos encabezan la clasificación democrática y los de las últimas ampliaciones figuran a la cola.

Fuente: El País.

25 millones de europeos ante el abismo de la pobreza

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  • Intermón Oxfam alerta de que las políticas de austeridad podrían retrasar 25 años la recuperación del nivel de vida previo a la crisis

Alejandra Agudo Madrid 12 SEP 2013 - 01:27 CET


La clase media agoniza en Europa. Mientras los ricos se hacen más ricos, 25 millones de europeos están en el abismo de la pobreza. Que caigan o no en ese pozo en el que ya están 120 millones de ciudadanos de la UE, según datos de Eurostat de 2011, depende de que las políticas de austeridad que países como España, Portugal, Grecia o Reino Unido están aplicando con dureza, cesen. Es la conclusión del informe La trampa de la austeridad publicado este jueves por Intermón Oxfam en el que además se advierte que de producirse el peor de los escenarios, “podría llevar 25 años recuperar el nivel de vida de 2008”.

La crisis ha hecho mella en las economías domésticas de los ciudadanos de la UE. El último dato disponible, de 2011, elevaba el número de pobres en Europa a 120 millones. Esto significa que viven con menos del 60% de la renta media disponible de su país –en España, 15.445 euros para una familia de dos adultos y dos menores, cálculo del INE--; o bien tienen varias carencias materiales como no poder mantener la casa caliente, pagar la vivienda a tiempo o comer carne dos veces a la semana, entre otras. “Este dato ya debería cuestionar lo que se está haciendo”, defiende Teresa Cavero, responsable de investigaciones de Intermón Oxfam y coautora del informe. La organización calcula que entre 15 y 25 millones de personas que todavía no están en esa situación podrían estarlo en 2025 si se mantienen las políticas de austeridad. “Que 145 millones de personas fueran pobres en Europa en el siglo XXI es una barbaridad y pensamos que se puede evitar”, añade Cavero.

Para obtener estos datos y llegar a estas conclusiones, Intermón Oxfam se ha basado en el crecimiento de la pobreza en Europa desde que comenzó la crisis. Pero también en los resultados que las políticas de austeridad tuvieron en América Latina, África y el Este asiático en la década de los 80 y 90. “Ya estuvimos ahí y no funcionó”, afirma Cavero. Y aunque Europa parte de una situación distinta, las consecuencias están siendo las mismas, dice el documento, lo que debería ser “una lección para los países europeos”.

Pese a las nefastas previsiones, la situación económica no es adversa para todos. “En muchos países, las personas más ricas han aumentado su participación en la renta nacional, mientras la participación de las personas más pobres ha disminuido”, apunta el informe. En 2011, el 10% más rico se llevó el 24% de los ingresos en la UE, mientras que el 10% más pobre se llevó el 3%. En España, el número de individuos con grandes patrimonios se incrementó un 5,4% hasta alcanzar las 144.600 personas en 2012, según el Informe Anual sobre la Riqueza en el Mundo, elaborado por Capgemini y RBC. El país, sin embargo, se encuentra a la cabeza de Europa en licenciados en riesgo de pobreza, con un 10%. Un dato muy por encima de la media de la UE (7,3%). Si no se cambia el rumbo de las políticas económicas, “la brecha entre ricos y pobres en Reino Unido y España podría equipararse a la de Sudán del Sur o Paraguay”, ejemplifica Cavero.

En este sentido, el informe de Intermón Oxfam subraya que la creciente desigualdad podría provocar un “aumento de la delincuencia, el empeoramiento de la salud y los resultados académicos”. Por eso, la entidad llama “a los responsables europeos a aparcar la austeridad que no están consiguiendo reducir los niveles de deuda, como era su objetivo”. Para Consuelo López, portavoz de Intermón Oxfam España, “lo más desalentador es que percibimos que está en riesgo es el modelo europeo de derechos, el paradigma de integración y sociedades equitativas”.

El informe señala a las políticas de recortes como causantes del aumento de la pobreza, entre ellas destaca la subida del IVA –“medida fiscal regresiva que afecta de forma desproporcionada a las personas con menor nivel de ingresos”--, la reducción del gasto público, desde los sueldos de los funcionarios, hasta la sanidad, educación y políticas sociales, así como el debilitamiento de los mecanismos en la negociación colectiva, la privatización de servicios públicos (agua, transporte, energía) o la liberación de los mercados laborales.

El impacto de todas estas medidas, que bien podrían ser una fotocopia de las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy, se han traducido (y lo seguirán haciendo) según el estudio, en el aumento del paro, sobre todo juvenil “que está en su nivel más alto desde el año 2000” con Grecia (59%) y España (56%) a la cabeza. “Toda una generación se enfrenta a muchos años de desempleo”, alerta. Pero la tijera también ha provocado el empobrecimiento de los trabajadores. “Una de cada diez familias en las que se desempeña alguna actividad vive en la pobreza. Es cada vez más habitual que los únicos empleos que se generan no ofrezcan seguridad, y en muchos casos se contrata por menos horas de las que se necesitan”, afirman los autores del texto.

Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía y ex economista jefe del Banco Mundial, que ha contribuido en la introducción del informe afirma: “La austeridad solo ha conseguido paralizar el crecimiento de Europa, con decepcionantes mejoras en las balanzas fiscales en todos los casos. Y lo que es peor, la austeridad contribuye al aumento de las desigualdades que harán que esta situación de fragilidad económica perdure, exacerbando innecesariamente el sufrimiento de las personas en situación de desempleo y pobreza durante muchos años”.

La alternativa de Intermón Oxfam

La organización ha elaborado una serie de propuestas alternativas a las políticas de austeridad. Consuelo López, portavoz de Intermón Oxfam España reconoce que la capacidad de influencia de las organizaciones es limitada, sobre todo en España “por el aislamiento del Gobierno que no atiende a las demandas de la opinión pública”.

Pero frente al “mensaje de la austeridad, seguimos insistiendo”, dice López. Por eso la organización no solo ha querido denunciar las consecuencias de estas medidas, sino poner sobre el tablero, aquellas que creen podrían revertir la tendencia alcista de la pobreza y salvar el modelo social y de bienestar europeo.

1. Invertir en las personas y el crecimiento económico: priorizar programas de estímulo, centrarse en la creación de empleo y proteger la Ayuda Oficial al Desarrollo. Estos eran objetivos del Plan Europeo de Recuperación Económica, cuyo coste total era de 200.000 millones de euros para toda la UE. En 2010, muchos gobiernos pusieron fin a sus programas de estímulo. En ese tiempo, sin embargo, las ayudas al sector financiero ascendían a 4,5 billones de euros.

2. Invertir en servicios públicos que garanticen una educación y atención sanitaria públicas, universales y de calidad para todas las personas. Intermón Oxfam también propone que se garantice el acceso a viviendas dignas, seguras y asequibles mediante el aumento de inversión pública en la construcción de viviendas que además, generaría empleo.

3. Fortalecer la democracia institucional mediante la rendición de cuentas y favoreciendo la participación ciudadana. En este punto, la organización también cree necesario mejorar el diálogo social entre la patronal, los trabajadores y las autoridades públicas con el fin de luchar contra la reducción de salarios.

4. Sistemas fiscales justos. Para ello, proponen gravar la acumulación de riqueza, aplicar una tasa a las transacciones financieras y “combatir eficazmente” el fraude fiscal.

“Se trata de alternativas políticas viables. Por ejemplo en España, la puesta en marcha de un sistema universal de garantía de ingresos mínimos supondría 1.8000 millones de euros (además de los 843 que ya se destinan a este fin), y podría garantizar los ingresos mínimos de otros 407.000 hogares, beneficiando a 1.178.000 personas, actualmente fuera del sistema. Esos 1.800 millones suponen solo el 36% de los ingresos anuales que se estima que recaudaría el país por la tasa de transacciones financieras”, apunta el estudio.
Fuente: El País.